Tampico Tamps.- Setenta y siete amparos promovidos ante la instancia federal son los que han estado impidiendo que se ejerza acción penal en contra del otrora presidente del Consejo de Administración del Gremio Unido de Alijadores  (GUA), Ramón Martínez Del Ángel, según lo dieron a conocer este fin de semana en rueda de prensa los integrantes del grupo de socios del mismo corporativo que interpusieron hace ya más de 3 años una demanda por abuso de confianza, señalándolo a él como principal implicado.

«Son 77 amparos solicitados únicamente y de manera personal por Ramón Martínez… él cada que tiene que venir a firmar el libro de procesados tramita un amparo, o cuando debe hacerse presente por alguna cuestión del mismo juzgado, independientemente del grupo de José Cedillo y los demás restantes cómplices», refiere Magdaleno Juárez, uno de los cooperativistas que reclaman la devolución de bienes inmuebles y dinero en efectivo que dejaron de pertenecer al GUA durante la gestión del exlíder.

Señala que ha sido el juez tercero de lo penal, Ricardo Silva Salinas, quien ha certificado que es esa la cantidad de amparos solicitados por Martínez Del Ángel, aunque ya en total, contando las veces que han apelado al mismo recurso los otros presuntos responsables que figuran en el expediente número 24/2012, serían más de 90 los «salvoconductos» de dicha índole tramitados por todos ellos.

Indica que por ello están pidiéndoles a las autoridades, y concretamente a los jueces de distrito, «que ya no sean tan benévolos con él, porque también es un delito el estar otorgando tantos amparos, creo que ni los licenciados que representan a ese grupo y al mismo Ramón están extralimitándose en la ley de amparo… todos los amparos que él ha solicitado últimamente son en contra de una orden de reaprehensión que salga, cuando él venga a firmar y que la lleguen a ejecutar, ese es el temor de Ramón», menciona.

Asegura que él y sus compañeros tienen fundados motivos para exponer lo anterior, dado que los autos de formal prisión que se les ha dictado ya a los implicados han sido ahora sometidos a revisión, ello debido a que los juzgados ante los cuales se interpuso el amparo así lo solicitaron al juez de la causa penal, pero para que se reconsidere futuras ordenes de arresto por otros delitos que pueda llegar a configurar, como el fraude o incluso el robo.

A Ramón Martínez, quien figuró por varios años como presidente de lo que llegó a ser el Corporativo Alijadores, lo acusan de haber vendido en forma fraudulenta un número importante de propiedades del  GUA, incluido el propio edificio sede, una histórica construcción catalogada por el INAH como patrimonio arquitectónico de Tampico, y además lo señalan de haber endeudado a tal extremo a esa sociedad de ex cooperativistas, que instancias como la Secretaría de Hacienda y el Instituto Mexicano del Seguro Social debieron embargar algunos de esos inmuebles, cuyo valor total está calculado en más de 2 mil millones de pesos.

El GUA tuvo sus orígenes en los primeros años del siglo pasado, cuando la lucha sindical surgió en México, con la Casa del Obrero Mundial, que tenía su despacho en Tampico, y el agrupamiento de todos los trabajadores portuarios que empezaron a pelear por condiciones laborales más justas, un salario digno y trato humano, lo que derivó en una cruenta batalla que hizo mártires a personajes convertidos hoy en símbolos de la causa del trabajador portuario, y de los «alijadores» en particular, como Isauro Alfaro Otero.