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Opinión

El precio de una paz equívoca y desigual

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Por: Zaira Rosas
zairosas.22@gmail.com

Las imágenes de las favelas de Río de Janeiro tomadas desde el aire son tan potentes como dolorosas: techos de lámina, calles estrechas, humo, y el eco de los disparos que dejaron más de sesenta personas muertas en una sola jornada.
Una nueva masacre, una más en el largo historial de “operativos” que prometen devolver la seguridad, pero terminan repitiendo el mismo guion: cuerpos caídos en los márgenes, comunidades heridas y una justicia que nunca llega.
La reciente incursión en los complejos del Alemão y da Penha involucró a más de dos mil quinientos agentes. El objetivo oficial era desmantelar redes del narcotráfico, pero los resultados recuerdan más a una guerra interna que a una acción de seguridad pública. En Brasil, estas operaciones han sido justificadas por años como “necesarias”, aunque en la práctica se convierten en castigos colectivos sobre los más pobres. Y esa tendencia no es ajena a la región.
En gran parte de América Latina, la promesa de “recuperar la seguridad” se ha convertido en una excusa para normalizar la violencia institucional. Desde las favelas de Río hasta los barrios populares de San Salvador, el patrón se repite: políticas que priorizan el control y el miedo, mientras relegan la inversión social, la educación y las oportunidades. Lo que se presenta como una estrategia de orden, muchas veces encubre la renuncia del Estado a garantizar derechos de manera integral.
Cuando la policía entra disparando a zonas donde el Estado nunca llegó con escuelas o centros de salud, el mensaje es claro: para algunos, la presencia del Estado solo se manifiesta a través del uso de la fuerza. El problema no es la búsqueda de seguridad, sino el tipo de seguridad que estamos construyendo. Una seguridad entendida como eliminación del otro, no como construcción de comunidad.
Esta construcción ya se vio antes en las comunas de Colombia y hoy décadas después los estragos aún son palpables, recordando que la violencia nunca será el camino y la construcción de paz es una urgencia necesaria pero de nada sirve si esta se obtiene mediante la violencia y el uso constante de armas.
Las consecuencias en derechos humanos son profundas. Las familias viven bajo un miedo permanente; los jóvenes crecen estigmatizados por el solo hecho de nacer donde nacieron; y las mujeres, que cargan con la reconstrucción cotidiana tras cada operativo, quedan invisibles en las estadísticas.
Cada muerte sin investigación, cada detención arbitraria, cada allanamiento sin orden judicial erosiona no sólo la ley, sino la confianza colectiva.
El Salvador es el otro espejo. Su régimen de excepción ha sido presentado como un “modelo de éxito” por la reducción de homicidios, pero detrás de las cifras hay más de ochenta mil detenciones, miles de denuncias por tortura, muertes bajo custodia y un retroceso preocupante en libertades básicas. No hay democracia que pueda sostenerse si la paz se construye sobre el miedo.
México debería mirar con atención estos ejemplos antes de repetirlos. La tentación de militarizar la seguridad o de asumir que el fin justifica los medios siempre aparece en contextos de desesperación. Pero una política que sacrifica derechos en nombre de la paz, termina tarde o temprano, sacrificando también la paz misma.
El país necesita estrategias integrales que vayan más allá de la fuerza: inversión en comunidades, fortalecimiento policial civil, programas de reinserción que contemplen también la justicia restaurativa, transparencia judicial y, sobre todo, una visión de seguridad centrada en las personas, no en los territorios
conquistados.
La verdadera seguridad se mide no por el número de arrestos o de operativos exitosos, sino por la cantidad de vidas que logra preservar.
Mirar a las favelas brasileñas no debería servir para señalar con distancia, sino para anticipar lo que puede ocurrir cuando la desigualdad se combina con la impunidad y la política renuncia al diálogo. Que esa masacre nos recuerde que cada operativo que olvida los derechos humanos no es una victoria contra el crimen, sino una derrota del Estado.

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Opinión

Entre el triunfo y la persecución

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Por: Zaira Rosaszairosas.22@gmail.com

La presencia de Bad Bunny en el escenario del Super Bowl, ya sea como parte del
espectáculo o como figura central de la conversación cultural que rodea al evento,
trasciende lo musical y se convierte en un símbolo potente de las contradicciones
que viven hoy millones de personas latinas en Estados Unidos. No se trata
únicamente de un artista exitoso participando en el evento deportivo más visto del
momento, sino de lo que representa que un puertorriqueño, cantando
mayoritariamente en español y sin diluir su identidad, ocupe un espacio
históricamente reservado para una narrativa anglosajona dominante.

Bad Bunny no es una excepción aislada. Es el resultado de una transformación
cultural medible: según datos de la RIAA, la música latina ha crecido de forma
sostenida en la última década y representa ya una parte clave del mercado
musical estadounidense. Spotify ha reportado que Bad Bunny fue el artista más
escuchado a nivel global durante varios años consecutivos, demostrando que el
español no es una barrera, sino una fuerza cultural. Sin embargo, su visibilidad
también explica por qué existen opiniones tan divididas. Para algunos sectores, su
éxito es motivo de orgullo y representación; para otros, incomodidad y rechazo
ante un Estados Unidos que ya no se parece al imaginario tradicional.

Esa tensión se hizo explícita cuando Bad Bunny utilizó su discurso en los Grammy
para denunciar las políticas migratorias y pronunciar un claro “ICE out”, en
referencia al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. No fue un gesto
improvisado. ICE ha sido duramente criticado por organizaciones como Human
Rights Watch y la ACLU por prácticas que incluyen detenciones masivas,
separaciones familiares y deportaciones aceleradas, como la que pretenden
implementar con la familia de Liam, el niño que ICE usó como carnada y se volvió
un caso emblemático para analizar las violaciones a derechos humanos y la
movilidad de las personas.

De acuerdo con cifras oficiales del propio Departamento de Seguridad Nacional,
cientos de miles de personas son detenidas cada año por el servicio de Control de
Inmigración y Aduanas, muchas de ellas sin antecedentes penales graves. En ese
contexto, que un artista latino utilice una plataforma global para cuestionar ese
sistema es, para algunos, un acto de valentía; para otros, una “politización
innecesaria” del entretenimiento, sin embargo es innegable la incomodidad que su
posicionamiento genera a las políticas actuales, pues es de igual forma uno de los
artistas más escuchados que a la par refuerza la cultura que tanto se persigue.

Aquí es donde el contraste se vuelve más incómodo. Mientras artistas latinos
llenan estadios, encabezan listas de popularidad y aparecen en los eventos más
vistos del país, millones de personas migrantes —muchas provenientes de las

mismas regiones que celebran esos triunfos— viven bajo el miedo constante a la
deportación. Es la paradoja de un país que consume cultura latina, pero
criminaliza a personas con este origen. El éxito de Bad Bunny no borra esa
realidad; al contrario, la ilumina.

Por eso su presencia en un escenario como el Super Bowl no es neutral.
Representa una narrativa alternativa: la de quienes no piden permiso para existir
ni para hablar. Las reacciones negativas, muchas veces cargadas de xenofobia o
rechazo al español, revelan que el debate no es sobre música, sino sobre poder,
identidad y pertenencia.

Entre el triunfo y la persecución, Bad Bunny encarna una verdad incómoda: el
mismo país que aplaude a los latinos cuando entretienen, los persigue cuando
migran. Su voz, amplificada por escenarios globales, no resuelve esa
contradicción, pero obliga a mirarla de frente. Y quizá ahí radica su mayor impacto.

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Opinión

América en blanco… Bad Bunny y el idioma del poder

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No fue un espectáculo de medio tiempo. Fue un ritual de poder, un escaparate ideológico, una declaración cultural a todo el mundo. En el escenario más visto del planeta, Benito Antonio Martínez Ocasio —Bad Bunny— sostuvo sobre sus hombros algo más pesado que un show: la representación simbólica de millones de latinos que existen, trabajan y disputan sentido en Estados Unidos, pero, más allá de eso, el puertorriqueño no apareció para provocar, ni para confrontar, sino para decir lo que casi nadie se atreve a decir en voz alta sin gritarlo: God Bless America.

El festín latino encabezado por el puertorriqueño en un país atrapado en la discusión migratoria, polarizado por la política y fatigado por la retórica del miedo. Bad Bunny no gritó. Administró símbolos. No confrontó. Desarmó con cultura, y le puso orden al mensaje que pocos se atreven a observar.

Cuando citó “God Bless America”, no lo hizo como un acto de sumisión ni de ironía, sino como una reapropiación. La canción de Irving Berlin —oración civil, himno no oficial— apareció ahí como una súplica de paz en tiempos de fractura. No fue casual. Fue una forma de recordar que América no es una trinchera, sino una suma, y todo en medio de una coyuntura política convulsa en todo el planeta; allí ondeó una bandera blanca de paz.

Ese gesto cobró mayor profundidad al entrelazarse con “Die With a Smile”. La balada de Lady Gaga y Bruno Mars, transformada por el pulso latino, dejó de ser una historia íntima para convertirse en una idea colectiva: amar incluso cuando el mundo parece caminar hacia el colapso. El mensaje no fue romántico; fue político en su sentido más amplio: resistir sin odio, y sin miedo… aquí, habría agitado con sutileza esa misma bandera blanca.

La presencia de Ricky Martin, ¡espectacular! Su aparición no fue nostalgia ni cameo —por breve que haya sido su participación—. El boricua interpretó apenas unas líneas de “LO QUE LE PASÓ A HAWAii”, claro, de Bad Bunny quien le  cedió el micrófono para que cantara una de las canciones de protesta más claras de su repertorio. Ahí se colocó el punto más incómodo del espectáculo: la gentrificación, el despojo silencioso, la transformación de territorios en mercancía. Puerto Rico, Ciudad de México, Miami, Los Ángeles. El mapa no necesita ser dibujado: el fenómeno es compartido, y ese fragmento caló hondo en toda América y el mundo. Sí, barrios enteros de América Latina,  de Estados Unidos y Europa viven hoy la misma tensión entre capital, identidad y territorio.

Y nada fue casual; todo ocurrió sin caer en excesos. Bad Bunny, vestidó de blanco, Ricky Martín, igual, y Lady Gaga, de azul, como el cielo pero con elegancia, sin estridencias, ni exentresidades, sin consignas explícitas, sin agendas impostadas. Fue una decisión estética y ética. No cruzar la línea de la decencia ni de la provocación gratuita, eso también es una forma de posicionarse. En tiempos de humanos creyendose animales o renegando; el domingo la mesura se volvió una acción disruptiva.

Bad Bunny no negó la complejidad de la política pública estadounidense ni caricaturizó sus dilemas. Entendió algo esencial: que la cultura puede abrir conversaciones donde la política solo levanta muros. “Juntos somos América”. Y esa frase, mostrada en el ovoide se convirtió en un sello historico, de respeto,  empatia y entendimiento, porque  Bad Bunny no gritó, ordenó. No señaló enemigos, propuso convivencia en una  América que puede ser homogénea, pero, es plural, mestiza y contradictoria

Lo ocurrido en el Super Bowl fue un festín latino, sí. Pero, sobre todo, fue una demostración de poder. De cómo el idioma, la música y la identidad pueden ocupar espacios con elegacia y nivel. No fue rebeldía; fue pertenencia, amor y disputa bien ganada.

En la intimidad… Durante la quinta emisión del programa Diálogos con Américo, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, subrayó la relevancia del discurso pronunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 5 de febrero, en el marco del 109 Aniversario de la Constitución de 1917. Aseguró que se trata de un mensaje que permite dimensionar el sentido social de las reformas constitucionales y de las leyes secundarias impulsadas con el objetivo de recuperar la soberanía y el bienestar colectivo.

El mandatario destacó la importancia de conocer a fondo las 22 reformas constitucionales y las más de 50 modificaciones a leyes secundarias, al considerar que devuelven a la Constitución su vocación social.

En otro punto, Villarreal Anaya afirmó que la energía es la palanca del desarrollo en Tamaulipas. Recordó que el estado genera actualmente 8 mil 569 megawatts, de los cuales mil 722 provienen de fuentes limpias como la energía eólica. Añadió que existen condiciones para que la entidad retome el liderazgo nacional en este sector, con proyectos en gas, ciclo combinado, energía fotovoltaica y biocombustibles.

Destacó además la autorización de la Comisión Federal de Electricidad para la reclasificación de tarifas eléctricas en municipios como Güémez, Abasolo, El Mante, Padilla y González, beneficio que se reflejará en los recibos durante el próximo verano, así como el avance del programa de electrificación que permitirá llevar energía al 100 por ciento de los hogares tamaulipecos.

Diálogos con Américo, conducido por Héctor Cabrera, se transmite los domingos a las 18:00 horas a través del Sistema Estatal de Radio y Televisión Tamaulipas.

davidcastellanost@hotmail.com
@dect1608

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Opinión

Operativo enjambre en Tamaulipas

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El nuevo fiscal anticorrupción en Tamaulipas, Andrés Norberto García Repper Favila, después de ser designado este jueves en una sesión del congreso del estado, dejó abierta la posibilidad de que se realice en esta entidad el “Operativo Enjambre”.

Se trata de una estrategia implementada en 2024, encabezada por el Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch y que ha llevado a la detención de servidores públicos de diferentes nieles de gobierno e incluso a alcaldes de distintos municipios del país, principalmente del Estado de México, Michoacán y más recientemente el caso del alcalde de Tequila Jalisco.

El objetivo principal del Operativo Enjambre es desarticular redes criminales infiltradas en gobiernos locales, combatiendo la corrupción, la extorsión (cobro de piso), y los vínculos entre servidores públicos y grupos delictivos como el crimen organizado.

En Tamaulipas existen expedientes contra ex servidores públicos que están en proceso de investigación por diversos delitos.

El nuevo fiscal anticorrupción se comprometió a lo que dicen todos cuando llegan, a investigar parejo, sin filias ni fobias en la misma línea con la que ha actuado en estos temas la federación.

Pero aclaró que no se trata de dar palos de ciego, ni una cacería de brujas, dijo que se tiene que investigar con metodología y con ciencia.

Esperemos que cuando le lleguen nuevas denuncias por casos relacionados con corrupción y extorsión, realmente no le tiemble la mano, se integren los expedientes y  concluyan las investigaciones como mucha gente quiere que acaben, con los funcionarios corruptos y coludidos en la cárcel.

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Opinión

Evidentes abstenciones en el Congreso  

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No es común que la Suprema Corte voltee a ver hacia el norte sin que haya un litigio incómodo, una controversia constitucional o un expediente de por medio. Por eso, la firma de un convenio con la UAT, merece la pena detenerse, desconfiar un poco y luego analizar con cabeza fría.

La alianza entre la Universidad Autónoma de Tamaulipas y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), definitivamente  es el intento de la corte por recuperar su legitimidad social, claro, desde ese cambio extraño por “decreto presidencial”, se les perdió el respeto, y no podían seguir hablándose a sí misma desde el mármol; necesitaban bajar al territorio, a las aulas, a las regiones donde la justicia se vive —o se padece— todos los días.

Y por supuesto que debían elegir escuelas públicas de prestigio. La Universidad Autónoma de Tamaulipas, con todo y sus asegunes -como todas-  fue aceptada para jugar en las grandes ligas, y la idea universitaria de convertir el servicio social en una relación estructural con el Máximo Tribunal ¡ufff! Es como debutar con un golazo de chilena, así como los de Hugo Sánchez.

La apuesta por formar abogados que no solo sepan citar tesis aisladas, sino que entiendan cómo se construye una sentencia, cómo se procesa una denuncia y, sobre todo, cómo pesa la justicia cuando toca intereses reales.

El rector Dámaso Anaya Alvarado no vendió humo. Habló de visión institucional, y además, los datos respaldan el discurso: casi 200 estudiantes ya pasaron por instancias vinculadas a la Corte y otros 380 están en fila. En un estado como Tamaulipas, donde la ley suele llegar tarde o torcida, ese contacto temprano con la justicia constitucional puede marcar la diferencia entre el burócrata obediente y el jurista con criterio propio.

La presencia del ministro Irving Espinosa Betanzo y el respaldo explícito del presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, colocan este convenio en otra dimensión. La SCJN sabe que las universidades públicas son semilleros de legitimidad y la UAT si ya venía trabajando para seguir trascendiendo, esta firma le sienta en la mesa donde se toman las decisiones jurídicas del país.

En la intimidad… Mientras tanto, el poder se sigue acomodando con precisión.

La bancada de Morena y sus aliados en el Congreso local eligieron por mayoría a Andrés Norberto García-Repper Fávila como fiscal Anticorrupción, cerrando una pinza que comenzó en diciembre con la llegada de Jesús Govea Orozco a la Fiscalía General y se consolidó con la renovación del Poder Judicial encabezada por Tania Contreras tras la elección de 2025.

García Repper perdió la elección judicial, sí, incluso con acordeón en mano. Pero entendió algo que muchos no: en política no siempre gana el que llega primero, sino el que sabe esperar. Aceptó su lugar en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, se mantuvo dentro del sistema y aguardó su turno. Hoy cobra esa factura.

No es tamaulipeco, pero forma parte de un poderoso grupo político dentro del sistema tamaulipeco, además, demostró disciplina y paciencia, y ahora se gradúa como una pieza confiable para cerrar el círculo del poder en la entidad. 

Con Ejecutivo, Legislativo y ahora todo el andamiaje judicial alineado, Tamaulipas entra en una nueva etapa: la del control total. Aquí ya no se trata de equilibrios, sino de administración del poder. El opositor que quiera sobrevivir tendrá que ser, al menos, aceptable para el centro del país y para Palacio estatal.

El propio García Repper lo dejó claro, sin decirlo del todo:

“La Fiscalía Anticorrupción es un órgano técnico que investiga denuncias cuando las recibe; no es una instancia para persecuciones o cacerías de brujas”, podríamos creerle todo, la mitad o nada, pero, conociendo su retórica, fue bastante mesurado, y esa, es una buena señala para todos. 

En concreto:  habrá investigaciones, sí, pero con orden, con límites y con nombre y apellido bien medidos. En Tamaulipas, todo parece indicar que la justicia no será estridente. Será selectiva. Y eso, para bien o para mal, también es una definición de poder.

Las abstenciones lo dicen todo. 

davidcastellanost@hotmail.com

@dect1608

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