● Altamira maneja un presupuesto anual cercano a los 2 mil millones de pesos, sin
embargo, no existe recurso etiquetado específicamente para la atención de
siniestros como los ocurridos este domingo al sur de la ciudad.

Por Agustín Peña Cruz | Noticiaspc.com.mx
Ciudad Altamira, Tamps.- La activación del Plan DN-III-E durante el incendio registrado en
las inmediaciones del Fraccionamiento San Ángel, en un mesón ubicado al sur de la ciudad,
fue solicitada por un alto mando de la Secretaría de Marina (SEMAR), luego de que el
gobierno municipal minimizará la magnitud del siniestro que afectó al menos a 20 viviendas.
La falta de respuesta oportuna y eficiente por parte del ayuntamiento dejó expuesta la
incapacidad de las autoridades locales para atender emergencias de esta naturaleza.
El incendio, que se prolongó por más de cuatro horas, obligó a la intervención directa del
Secretario Estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González de la Fuente, por
instrucciones expresas del gobernador Américo Villarreal Anaya.
Una fuente precisó que desde la SEMAR se informó que, de no ser contenidas las llamas,
sería necesaria la movilización de un helicóptero Hércules, el cual se abastecería de agua
desde Playa Miramar para sofocar el fuego, (maniobras que se realizaron). Esta situación,
extraordinaria en su naturaleza, evidencia la omisión de responsabilidades por parte del
gobierno local y la ausencia de protocolos efectivos de respuesta inmediata.
Los primeros en llegar al lugar del siniestro fueron los integrantes de la agrupación altruista
“Bomberos Voluntarios de Tamaulipas A.C.”, quienes a pesar de operar sin respaldo
institucional, asumieron la primera línea de respuesta.

Cabe precisar que, esta organización ha sido sistemáticamente descalificada y desatendida
por el alcalde Armando Martínez Manríquez, quien insiste en que el municipio cuenta con un
cuerpo de “Bomberos Municipal”; sin embargo, dicha dependencia carece de camiones,
equipo operativo y su infraestructura sufrió la demolición aunque se promete una
construcción. Las promesas del alcalde de rehabilitar dichas instalaciones han quedado en
declaraciones vacías, incumpliendo con lo dispuesto en el artículo 115, fracción II, inciso h)
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que obliga a los municipios a
prestar servicios públicos esenciales, entre ellos la protección civil y atención a
emergencias.
Cuestionado por los medios de comunicación sobre la participación de los cuerpos de
emergencia, el alcalde eludió toda responsabilidad al limitarse a señalar que diversas
dependencias —de la iniciativa privada, Gobierno del Estado, Guardia Estatal, Marina y
Protección Civil, entre otras— habían intervenido. La omisión en la rendición de cuentas y la
falta de claridad presupuestal dejan entrever un manejo opaco de los recursos públicos en
momentos críticos para la ciudadanía.

Altamira maneja un presupuesto anual cercano a los 2 mil millones de pesos, sin embargo,
no existe recurso etiquetado específicamente para la atención de siniestros como los
ocurridos este domingo al sur de la ciudad.
Ante los cuestionamientos sobre la partida presupuestal asignada al cuerpo de bomberos, el
alcalde respondió con molestia e incomodidad, evidenciando desconocimiento o falta de
voluntad para transparentar la información pública relativa a la protección de la vida y el
patrimonio de los ciudadanos.
Pese a ostentar un doctorado en Administración Pública, el alcalde ha sido rebasado por la
ineficiencia en la planeación técnica de un municipio considerado puerto industrial en
expansión. Las carencias evidenciadas durante este siniestro revelan la falta de prevención
y la omisión de responsabilidades que colocan a Altamira bajo la lupa nacional, no por sus
avances, sino por la negligencia que derivó en la intervención de alto nivel de la SEMAR,
quien, ante el vacío de autoridad local, activó el Plan DN-III-E para salvaguardar a la
población.