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Opinión

Sombras de Luna/ La Opinión de Zaira Rosas

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zairosas.22@gmail.com

En 2019 comenzó un capítulo que comprobaba diversos señalamientos al sexenio de Felipe Calderón, su fallida estrategia de seguridad en realidad tenía un vínculo muy cercano con el narcotráfico. Pues el encargado de la Secretaría de Seguridad Pública durante su administración, Genaro García Luna era detenido en Estados Unidos por cargos relacionados al tráfico de drogas en el periodo de 2006-2012, entre los que destacaban la recepción de sobornos millonarios por parte del Cartel de Sinaloa, a cargo de El Chapo Guzmán. A cambio de esos sobornos el Cartel tenía información privilegiada de investigaciones, acceso a vías seguras para el tráfico de drogas y quizás protección.

Esta teoría se ha presentado en obras literarias como “los corruptores”, se ha plasmado en series de televisión como “Narcos” y fue repetida incansables veces por los grupos de oposición del Partido Acción Nacional, sin embargo una vez más la realidad de México ha superado la ficción, no se trata sólo de un episodio donde el héroe se convierte en antihéroe, sino de un personaje clave en la política del país que ha estado ligado a más de una figura de liderazgo en México y a la par con el crimen organizado.

Más de tres años después de su detención, Genaro García Luna es declarado culpable, esto evidentemente debilita aún más a la posible oposición del gobierno en turno, pero también es una clara señal de alerta, no sólo para Felipe Calderón, quien fungía como presidente de la República en ese periodo. Es una alerta para México, porque demuestra los nexos que cualquier gobierno puede tener, mediante los cuales el poder no estaría en manos del Estado, sino del crimen organizado. Si la seguridad del país está al servicio de los criminales y no de los ciudadanos, probablemente no sea el único espacio de control y soborno donde los narcotraficantes están ganando espacio.

Las declaraciones que antaño resultaban inverosímiles se han comprobado mediante múltiples investigaciones, dejando ver que además de los sobornos se logró un enriquecimiento ilícito mediante el modus operandi favorito también del sexenio de Enrique Peña Nieto, las empresas fantasma y contratos triangulados que sirven para que los recursos públicos terminen en cuentas de quienes están en el poder, práctica tan conocida que aún en algunos espacios sigue vigente, pues las licitaciones siguen favoreciendo a los allegados de gobernantes en turno.

La condena de Genaro García Luna puede ir desde 20 años en prisión hasta la cadena perpetua, a lo cual considerando toda la información que puede brindar quizás se sume una nueva oportunidad de negociación como las que se le presentaron desde su detención, mismas que rechazó confiando en que podrían declararlo inocente. Ahora con la sentencia encima tendrá que replantear su postura. Tras la sentencia vendrán otras preguntas, si el entonces Secretario de Seguridad era tan cercano a los criminales, ¿Quién más tenía estos nexos?, ¿Por qué si se sabía de los vínculos no se le pedía la renuncia? Tal como ocurrió con El Chapo, comenzarán a verse nuevas redes que pongan en la mira a otros personajes.

Mientras tanto el costo a pagar también es político, si de por sí la oposición no se vislumbra en estos momentos, este veredicto sólo fortalece al gobierno en turno, sin dejar de lado que también en la actualidad habría que poner especial atención desde lo local a quienes están gobernando nuestro País y Estados, pues si lo que se consideraban teorías resultaron ciertas, hoy en día también hay personajes en México que deben explicaciones de su enriquecimiento, su presencia en videos recibiendo maletines de dinero e incluso la cercanía que puedan tener con criminales.

La sombra sigue presente, ya que Genaro García Luna no operó solo y algunos de los personajes vinculados a él podrían estar al frente de la seguridad de ámbitos locales o estatales, ahora le toca al gobierno actual revisar quiénes podrían seguir ejerciendo su poder como vínculo de protección e información al crimen organizado, ya que esto también fue notorio durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Ahora no basta con discursos de pureza y compromiso, se requieren evidencias de que verdaderamente hay una lucha contra este sistema de corrupción y que esa lucha no sea únicamente del país vecino.

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Opinión

Entre ríos y resistencias

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Tamaulipas sigue en la mira de las autoridades de protección civil. Las lluvias constantes desde el pasado 24 de junio han elevado los niveles del río Guayalejo-Tamesí, encendiendo las alertas en el sur del estado.

La Coordinación Nacional de Protección Civil emitió un llamado preventivo que debe tomarse con absoluta seriedad.

El Consejo Estatal de Protección Civil ya se declaró en sesión permanente para coordinar esfuerzos entre los tres niveles de gobierno, anticipando un posible desbordamiento. Las estimaciones no son menores.

Según la Comisión Nacional del Agua, el caudal del Guayalejo-Tamesí ha alcanzado los 3 mil 239 metros cúbicos por segundo en la estación hidrométrica de Magiscatzin, con tránsito hacia el río Pánuco, y se prevé un gasto pico en las próximas 72 horas.

Esta situación coloca en riesgo a comunidades asentadas cerca de ríos y lagunas. Altamira, Tampico y Ciudad Madero figuran entre los municipios donde los efectos podrían sentirse con mayor fuerza.

En Altamira, la laguna Champayán ya advierte un incremento en sus niveles; en Tampico, la laguna del Chairel podría provocar encharcamientos; y en Madero, el Pánuco amenaza con arrastrar consigo la tranquilidad de las colonias ribereñas.

Las acciones de prevención se han activado bajo la consigna presidencial de la Gestión Integral del Riesgo. Las autoridades han desplegado personal a las zonas vulnerables, preparan evacuaciones preventivas y han posicionado equipo especializado en puntos estratégicos.

Además, ya están disponibles refugios temporales equipados para recibir a quienes deban abandonar sus viviendas.

Por ahora, el mensaje es claro: mantenerse informados a través de canales oficiales, no acercarse a las zonas de riesgo, tener lista una mochila de emergencia y, si es necesario, evacuar sin titubeos. El llamado también es a la responsabilidad ciudadana. Esta es una batalla donde la prevención puede marcar la diferencia entre una historia de resistencia o una tragedia.

Los números de contacto para reportar cualquier emergencia son el 911 y el 833-264-6445.

En la intimidad… En medio de la alerta por las lluvias, también hay buenas noticias que merecen celebrarse. La Universidad Autónoma de Tamaulipas, a través de la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales en Nuevo Laredo, entregó constancias a la primera generación de la Maestría en Administración e Innovación Digital, un posgrado diseñado para responder a las exigencias del entorno empresarial y tecnológico actual.

Once egresados recibieron el reconocimiento por su esfuerzo académico, en un evento encabezado por el director René Adrián Salinas Salinas, quien subrayó el compromiso de la UAT, bajo la visión humanista del rector Dámaso Anaya Alvarado, por ofrecer programas que contribuyan al desarrollo regional y nacional.

Este nuevo programa se distingue por su enfoque estratégico y su visión interdisciplinaria, abarcando temas como Inteligencia de Negocios, Marketing Digital, Comercio Electrónico y Seguridad Informática. Además, se entregaron reconocimientos a nuevos titulados de la Maestría en Negocios, la Maestría en Derecho con Énfasis en Procesos Orales y el Doctorado en Administración.

En estos tiempos, donde la tecnología y la gestión digital abren nuevas puertas, estos egresados son una bocanada de aire fresco para la sociedad tamaulipeca. Mientras unos luchan contra las crecientes aguas, otros construyen caminos hacia el progreso académico. Así se escribe la historia de nuestro estado, entre resistencias y avances.

davidcastellanost@hotmail.com
@dect1608

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Opinión

La lluvia no cesa, la unidad tampoco

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La solidaridad no se improvisa. En Tamaulipas, la tormenta tropical Barry dejó de ser un fenómeno meteorológico para convertirse en una prueba de carácter, de gobierno y de responsabilidad social.

Las lluvias persistentes y la crecida de los ríos Guayalejo, Tamesí y Pánuco pusieron en vilo a comunidades enteras del sur y la zona cañera del estado. Pero frente al riesgo, el Gobierno de Tamaulipas ha respondido con una estrategia de coordinación y alerta temprana que merece ser contada.

Américo Villarreal Anaya, gobernador del estado, no ha soltado las riendas de esta contingencia. Desde el primer momento, puso en marcha un protocolo de protección civil que involucró a las presidencias municipales y a las áreas especializadas en cada región. El mensaje es claro: no hay tiempo que perder, ni margen para la improvisación.

La llegada de Laura Velázquez Alzúa, coordinadora nacional de Protección Civil, la noche de este martes, no solo fortalece la presencia del Estado en el territorio, sino que confirma el respaldo de la federación a través del seguimiento puntual de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien se mantiene informada y en contacto directo con el gobierno estatal. Se nota que no estamos ante un protocolo de escritorio, sino ante una operación de emergencia con enfoque humano y logístico.

Los albergues habilitados están listos. Las zonas bajas han sido advertidas. Las autoridades insisten: hay que seguir las indicaciones de Protección Civil. Cada llamado no es un trámite, sino una acción de prevención.

Y aquí es donde se revela la dimensión de una administración pública que ha elegido la cercanía y la reacción rápida ante el peligro inminente.

La emergencia aún no termina. El suelo sigue húmedo, los ríos en constante observación. Pero lo que sí se puede afirmar con contundencia es que Tamaulipas está resistiendo con orden, con presencia institucional y con una ciudadanía que también ha sabido responder. No se trata de magnificar la acción gubernamental, sino de reconocer que cuando hay voluntad política, técnica y humana, las crisis se enfrentan mejor.

En la intimidad… La Universidad Autónoma de Tamaulipas, lejos de mirar desde la barrera, ha dado un paso al frente.

Su rector, Dámaso Anaya Alvarado, encabezó una reunión virtual con las direcciones de los campus de Tampico, Mante y Victoria, con un único objetivo: proteger a la comunidad universitaria y sumarse a las acciones en apoyo a la población.

No hubo demora. En el sur, el gimnasio del Centro Universitario fue convertido en albergue temporal para quienes buscan refugio. En Ciudad Mante, personal y recursos institucionales están ya al servicio de Protección Civil. Y más allá del despliegue de instalaciones, la UAT puso a disposición de la emergencia a su gente: médicos, enfermeros, voluntarios y estudiantes listos para colaborar en tareas de salud, logística y asistencia.

La universidad no solo forma profesionales. También forma comunidad. Y en esta contingencia, su respuesta ha sido ejemplar.

Cuando la lluvia amenaza con dividirnos, son estas decisiones las que nos unen.

davidcastellanost@hotmail.com
@dect1608

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La diversidad no se reduce a múltiples colores

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Por: Zaira Rosas
zairosas.22@gmail.com

Imagina que te atrae una persona y esa atracción es vista como una enfermedad
mental. Que, por amar o vincularte afectivamente, se te niegue la entrada a ciertos
lugares o seas objeto de burlas, violencia o exclusión. Esto, por increíble que
parezca, fue una realidad cotidiana para muchas personas de la comunidad
LGBTIQ+ antes de los años 70. Y aunque los tiempos han cambiado, todavía hoy
la diversidad sexual puede ser motivo de múltiples formas de discriminación,
abiertas o encubiertas.
Junio es conocido como el mes del orgullo. No es una fiesta vacía ni un desfile de
colores sin historia: se conmemora una lucha de décadas. Un punto clave fue el
28 de junio de 1969, cuando en el bar Stonewall Inn, en Nueva York, miembros de
la comunidad resistieron una redada policial. Aquella noche marcó el inicio de un
movimiento revolucionario que dejó claro que nadie debía esconderse por amar
diferente. Desde entonces, cada año recordamos que la dignidad, el respeto y los
derechos no deberían estar en juego por la orientación sexual o identidad de
género.
En México, según datos del INEGI, al menos un 5.1% de la población se identifica
como parte de la comunidad LGBTIQ+. Esto equivale a más de cinco millones de
personas que, aunque no deberían tener que exigirlo, reclaman algo tan básico
como la igualdad de derechos y una representación respetuosa en todos los
espacios, desde el ámbito legal hasta los medios de comunicación.
Sin embargo, aún hay muchos retos. Uno de ellos es la resistencia al uso del
lenguaje inclusivo. Cada vez que alguien escribe “todxs” o “todes”, no faltan las
críticas que lo reducen a una “moda absurda” o un “atentado al idioma”. Pero el
lenguaje no es estático: evoluciona con la sociedad. El lenguaje inclusivo no
pretende destruir la gramática, sino visibilizar a quienes históricamente han sido
borrados del discurso. Es una herramienta para reconocer la existencia de
identidades no binarias y otras expresiones de género. Negarse a su uso no es
defender el español: es cerrar los ojos ante realidades que nos incomodan o que
simplemente no entendemos.
Otro punto importante es la forma en que muchas marcas “se suben al tren” de la
diversidad en junio, pero se bajan en cuanto termina el mes. Cambian sus
logotipos a los colores del arcoíris, lanzan campañas “inclusivas” y presumen su
compromiso con la comunidad, pero en la práctica no garantizan espacios seguros
para sus empleados diversos, ni promueven políticas de inclusión real. A esto se

le conoce como “lavado rosa” (o pinkwashing): una estrategia de marketing que
usa causas sociales para limpiar la imagen de las empresas, sin un compromiso
auténtico detrás. La diversidad no puede reducirse a una estrategia de ventas o a
un filtro en redes sociales.
Afortunadamente, ha habido avances. En México, el matrimonio igualitario ya es
legal en todo el país. Se han aprobado leyes contra terapias de conversión y
existen esfuerzos por reconocer la identidad de género en documentos oficiales.
Sin embargo, la violencia sigue siendo una constante. Según datos de
organizaciones civiles, México es uno de los países con más crímenes de odio por
orientación sexual o identidad de género en América Latina. El cambio legal es
importante, pero el cambio cultural es urgente.
La diversidad sexual no debería ser motivo de debate, sino de respeto. Es parte
de lo que somos como humanidad. Negarla o limitarla es negar la riqueza de
nuestras diferencias. La apertura hacia la diversidad no exige que todas las
personas cambien quiénes son, sino que comprendan que hay otras formas
válidas y dignas de existir. Que el amor no necesita permisos ni justificaciones. Y
que reconocer los derechos de otros no resta los propios.
La verdadera inclusión no ocurre con logos arcoíris ni con discursos políticamente
correctos, sino con acciones constantes, con voluntad para aprender, con empatía,
y con leyes que garanticen derechos, pero también con una sociedad que no
castigue la diferencia.
Porque la diversidad no se reduce a múltiples colores: se trata de vidas, historias,
luchas y dignidad. Y ninguna de ellas debería ser invisibilizada.

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Opinión

Cuando el Estado actúa, el crimen retrocede

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Este fin de semana quedó demostrado que, cuando las instituciones del Estado mexicano trabajan coordinadamente y sin protagonismos, el crimen organizado tambalea. La detención de 32 personas y el aseguramiento de una amplia gama de recursos operativos, financieros y logísticos de una estructura dedicada al robo de hidrocarburos desde 2015, es la muestra viva de que la inteligencia y la perseverancia vencen donde la impunidad alguna vez se impuso.

El anuncio no lo hizo un político en tribuna, ni se montó en el espectáculo mediático de la mañanera. Fue Omar García Harfuch, en representación del Gabinete de Seguridad Nacional, quien dio la cara un domingo por la tarde, en un momento estratégicamente elegido para dejar claro que esta operación fue técnica, no política; profesional, no improvisada. Una muestra de respeto a la inteligencia civil y militar, y una línea clara entre los que toman decisiones y los que actúan con eficacia.

Durante más de seis meses, se operaron tareas de inteligencia e investigación en Querétaro, Ciudad de México y Estado de México. El resultado: se desmanteló una organización criminal que, durante casi una década, robó hidrocarburo del Estado con impunidad.

Esta red criminal no solo tenía una estructura operativa, sino una arquitectura institucional paralela: tanques, remolques, cajas secas, vehículos blindados, armas de fuego, droga, medicamentos controlados y hasta animales exóticos. Esto no era una célula criminal, era un cártel huachicolero.

Entre los detenidos, destaca Cirio Sergio Rebollo Mendoza, conocido como “Don Checo”, de 55 años, líder absoluto del grupo; y Luis Miguel Ortega Maldonado, alias “Flaco de Oro”, de 40 años, su principal operador. Pero no actuaban solos. Aurelio “Gepeto” Hernández Lozano, ingeniero experto en estructuras de tanques, facilitaba las ventas; Diego Rebollo González llevaba logística; Heréndira “Yeye” Jacala García, tejía relaciones con autoridades y transportistas; e Israel “El Mil Millones” Molina Núñez fabricaba documentación falsa para maquillar la procedencia del hidrocarburo robado.

La operación culminó con la detención de estos personajes y el aseguramiento de 12 inmuebles, 21 tractocamiones, 14 semirremolques, 36 armas, casi 16 millones de pesos en efectivo, y la clausura de tomas clandestinas. Una intervención quirúrgica, con sello mexicano, pero también con el pulso firme y la asesoría silenciosa de agencias de inteligencia norteamericanas. La cooperación internacional fue discreta, como en los viejos tiempos del sexenio de Enrique Peña Nieto, pero con resultados medibles y contundentes.

Esta no fue una simple redada. Fue el desmantelamiento de una economía paralela. El mensaje es claro: ya no hay espacios seguros para el crimen organizado, ni siquiera en estructuras que parecían blindadas con poder económico, contactos y operaciones encubiertas.

En la intimidad… A los alcaldes de Altamira, Ciudad Madero y Tampico: Armando Martínez, Erasmo González y Mónica Villarreal, el mensaje es frontal. Si el auxilio de las fuerzas federales se ha vuelto un acto recurrente porque sus administraciones carecen de estructura, hombres y estrategia para atender incluso lo más básico, entonces no se quejen mañana cuando los mandos federales tomen decisiones más allá de sus escritorios.

Cuando el poder civil pierde la capacidad de servir, la autoridad real se reconfigura. La administración no es un ejercicio de fotografía y discurso. O retoman el control o lo delegan por omisión.

Porque, mientras ustedes celebran festivales o simulan operativos, el Estado —ese que no duerme, ese que sí actúa— está administrando ya lo que ustedes dejaron a la deriva ¡si no pueden con esto…!

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