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El capítulo de la transición histórica por el que atraviesa Tamaulipas, viene a culminar con un largo periodo de corrupción, narco política, asesinatos y violencia desenfrenada, para dar inicio a una nueva temporada, donde renacerá un gobierno de honestidad y transparencia, que traerá consigo la tan anhelada paz. En resumidas cuentas, esto fue lo que prometieron en campaña los del Partido Acción Nacional, compromisos que llevaron a Francisco Javier García Cabeza de Vaca a ganar la gubernatura el pasado 5 de junio.

El ahora gobernador electo que se la pasa haciendo miguis en el Estado de Texas, prometió administrar con tamaulipecos biennacidos que estarán al frente de las oficinas gubernamentales, personajes a quienes en un acto de estatura política, los legisladores locales, Olga Patricia Sosa Ruiz, Eduardo Hernández Chavarría y Ana María Herrera Guevara, desearon éxito en sus próximas encomiendas, esto durante su Tercer Informe de Actividades Legislativas, siendo particularmente la congresista Herrera Guevara, quien ante un auditorio plagado de priistas, deseo poner fin desde ahora a las diferencias idealistas por el bienestar de los tamaulipecos.

“el próximo primero de octubre, Tamaulipas inicia una nueva etapa en su vida política, desde aquí deseo el mayor de los éxitos al gobernador electo, Francisco Javier García Cabeza de Vaca en su nueva encomienda para que le siga prosperando a Tamaulipas; a los diputados que formaran parte a la Sexagésima tercera legislatura del estado, desde aquí les expreso mis mejores deseos para que cumplan cabalmente su encargo. El trabajo que hemos realizado en esta etapa histórica, sienta las bases para la modernización y democratización de los 43 municipios y del estado; es mi deseo que por encima de diferencias ideológicas prevalezca la armonía, el desarrollo y el bienestar de Tamaulipas”, dijo ante unas 700 personas, todas afines al Partido Revolucionario Institucional (PRI), quienes sintieron frio y no supieron si reconocer el acto de nivel político que demostró la diputada tampiqueña y líder de la Sección 33 del Sindicato petrolero.

Olga, Ana y Lalo, quienes se turnaron la oportunidad de hablar ante el mismo auditorio para informar sobre el quehacer legislativo en sus casi tres años como diputados, coincidieron en haber participado en una legislatura histórica que contribuyó para impulsar avances sustanciales en salud pública, cultura, seguridad, derechos humanos y preservación del ambiente entre otros temas, participando en más de 150 sesiones del Congreso, donde dejaron un legado histórico por el número de reformas aprobadas, como por los más de 1 mil 350 asuntos atendidos, de los cuales aprobaron 1 mil 240.

En la presente legislatura que está por concluir el próximo 30 de septiembre, estos tres diputados, apoyaron la reforma constitucional, impulsada por Enrique Pea Nieto, aquella que obligó a los partidos políticos a respetar el principio de paridad en el registro de candidaturas a miembros de ayuntamientos, que permitió en el reciente proceso electoral incrementar la participación de las mujeres en la vida política y democrática de Tamaulipas; dicha Reforma, ya dio resultados en la pasada contienda, ya que se incrementaron de 7 a 17 el número de alcaldesas electas en la entidad. Precisamente fue en este mismo periodo electoral, donde García Cabeza de Vaca, obtuvo la gubernatura.

Como parte del trabajo a destacar por los legisladores, podríamos apuntar que lograron tipificar el feminicidio, por lo que ahora en Tamaulipas, se tiene cero tolerancia al maltrato contra las mujeres con leyes más severas y acciones justas.

Tal vez los tres tampiqueños que representaron al PRI en el Congreso, abusaron diciendo que junto al resto de las distintas fuerzas políticas, llevaron una legislatura reformista y productiva; una legislatura abierta e itinerante, una legislatura que respondió con trabajo y responsabilidad a los retos y desafíos actuales que respondió al diálogo y los intereses de los tamaulipecos; pero algo sucedió que pocos percibieron esto, de lo contrario hubieran mantenido la mayoría en el siguiente periodo y no fue así; pero ni hablar, en esta ocasión fueron ellos los dueños del micrófono y dejaron claro que corresponderá a los que les sigan, impulsar una de tantas iniciativas que quedaron pendientes como la creación de un registro de deudores alimentarios en el estado de Tamaulipas que proteja a los niños, niñas y adolescentes hijos de parejas divorciadas y la legalización de los matrimonios igualitarios, tema al que le dieron vuelta aun y cuando había más de un diputadx que gusta del mismo sexo.

davidcastellanost@hotmail.com

 

Opinión

Gran noticia

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La conclusión de un hospital es una gran noticia. Pero el periodismo también obliga a mirar un poco más allá del corte de listón, de las fotografías oficiales y de los discursos que suelen acompañar las grandes obras públicas.

El nuevo Hospital General del ISSSTE en Tampico está prácticamente terminado. El 98 por ciento de avance anunciado por el director general del instituto, Martí Batres, coloca al proyecto como el más adelantado de la estrategia nacional de infraestructura hospitalaria.

En el sur de Tamaulipas durante años miles de trabajadores al servicio del Estado y sus familias han lidiado con mapaches e instalaciones rebasadas, consultas diferidas y traslados innecesarios para estudios especializados, la construcción de este hospital representa mucho más que una obra de concreto. Representa la posibilidad de recuperar: la confianza.

Las 150 camas, los 35 consultorios, los cinco quirófanos, el resonador magnético y la contratación de más de seiscientos especialistas hablan de un proyecto ambicioso. Pero la verdadera dimensión del hospital comenzará a escribirse el día que abra sus puertas. Será entonces cuando los ciudadanos evalúen si la inversión cumplió con su propósito o si quedó atrapada en la larga lista de buenas intenciones que tantas veces han acompañado a la salud pública mexicana.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha decidido mantener la inversión en infraestructura hospitalaria como una prioridad de su administración. La enfermedad no distingue colores, tampoco credenciales políticas.

En la capital de las huastecas no se necesitan únicamente edificios modernos. Se esperan médicos suficientes, medicamentos disponibles, equipos funcionando y citas que lleguen antes que el padecimiento avance. La infraestructura es indispensable, pero la calidad del servicio termina definiendo el éxito o el fracaso de cualquier sistema de salud.

En Tamaulipas también hay una coordinación institucional que merece mencionarse. El gobernador Américo Villarreal conoce el sistema sanitario desde antes de la política y ha insistido en fortalecer la capacidad hospitalaria del estado. La coincidencia de esfuerzos entre el gobierno estatal y la Federación explica, en buena medida, que proyectos largamente esperados hoy estén cerca de convertirse en realidad.

Sin embargo, las administraciones cambian y los hospitales permanecen. Lo verdaderamente importante no será quién aparezca en la placa inaugural, sino quién encuentre alivio detrás de esas paredes dentro de cinco, diez o veinte años.

Si este hospital logra evitar traslados, reducir tiempos de espera y ofrecer atención digna a miles de familias del sur de Tamaulipas y de la Huasteca, entonces habrá valido cada peso invertido. Si además consigue recuperar la credibilidad de quienes durante años sintieron que la salud pública caminaba siempre un paso detrás de sus necesidades, el logro será todavía mayor.

En la intimidad… La Universidad Autónoma de Tamaulipas acaba de tomar una decisión que, aunque no ocupe las primeras planas, tiene un profundo significado institucional. La ratificación del doctor José de Jesús Guzmán Morales al frente de la Defensoría de los Derechos Universitarios envía una señal de estabilidad en un tema que no admite improvisaciones.

El rector Dámaso Anaya Alvarado ha insistido en que una universidad no puede presumir únicamente edificios nuevos o programas académicos renovados. También debe garantizar que quienes estudian y trabajan en ella encuentren espacios seguros, reglas claras y mecanismos confiables para hacer valer sus derechos.

Esa visión merece destacarse.

La Defensoría no existe para generar confrontaciones; existe para evitar que los conflictos crezcan, para escuchar antes de juzgar y para recordar que la autoridad también encuentra fortaleza cuando acepta ser observada.

Las universidades forman profesionistas, pero también forman ciudadanía.

Y cuando una institución fortalece sus mecanismos de justicia interna, no solo protege a su comunidad; fortalece su propia credibilidad.

Ahí, muchas veces, comienza la verdadera autonomía.

davidcastellanost@hotmail.com
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Opinión

La semiótica de la alcaldesa

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Romantizar a un personaje asociado con el homicidio y el suicidio resulta, definitivamente, una decisión desafortunada, y eso parece estar sucediendo en la entidad desde Nuevo Laredo hasta Palacio de Gobierno del Estado y el Sistema DIF Tamaulipas.

Lo sucedido el fin de semana no creo que haya sido involuntario; bueno, quisiera creer que “olvidaron” la semiótica y, por consiguiente, lo importante que puede ser el comunicar con imágenes y gestos. El equipo de asesores  de Carmen Lilia se equivocó.

Definitivamente, puede ser un error político de un día, pero, en un momento de mayor relevancia, sí, más cercano a las definiciones de candidaturas y cuando los grupos internos se confronten, le podrán restregar duro lo que hasta hoy quedó atrapado en una fotografía que, si bien no le tumba “la candidatura”, se la puede desgastar.

Eso ocurrió este fin de semana en Nuevo Laredo.

Mientras supervisaba actividades oficiales, la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal apareció portando una playera con la leyenda de «La maestra de la escuela», personaje popularizado por el viejo corrido de Laurita Garza.

Laurita Garza no representa una historia de superación, ni de justicia social, ni de emancipación femenina. Su historia es la de una mujer que asesina al hombre que amaba y posteriormente decide quitarse la vida. Un crimen pasional convertido durante décadas en canción popular. 

¿Qué, no hay problema? ¡Caray! Apenas comienza.

No porque la música regional deba desaparecer. No porque los corridos deban prohibirse. Mucho menos porque una servidora pública pierda su derecho a vestir como desee fuera de su vida institucional.

El problema aparece cuando el símbolo deja de pertenecer a la esfera privada y se convierte en comunicación pública.

Toda alcaldesa habla incluso cuando guarda silencio.

Toda fotografía comunica incluso cuando nadie escribe un discurso.

Y esa imagen de Laurita Pin- Up con pistola en mano y un cigarillo encendido comunica exactamente lo contrario de lo que hoy necesita Tamaulipas.

Vivimos en uno de los estados que más ha luchado por desprenderse de la narrativa nacional que durante años lo identificó con la violencia, las desapariciones, el miedo y la presencia del crimen organizado. Allá en Nuevo Laredo, asesinaron a Benjamín Galván Gómez en 2014 y esa apología se la pueden restregar más adelante. A Tamaulipas le ha costado inversiones, turismo y generaciones enteras reconstruir una percepción distinta.

Por eso, romantizar —aunque sea involuntariamente— a un personaje asociado con un homicidio resulta, cuando menos, una decisión desafortunada.

Aquí aparece una segunda reflexión, quizá igual de delicada.

La imagen apenas provocó conversación en la mesa del café.

No hubo grandes debates.

No se convirtió en tendencia nacional.

No ocupó las primeras planas.

Eso puede parecer una buena noticia para su equipo de comunicación.

Yo creo exactamente lo contrario.

Porque quien aspira a gobernar Tamaulipas necesita estar permanentemente bajo el reflector político. Si un error de esa dimensión apenas genera discusión, quizá el problema no sea la fotografía.

Quizá el problema sea que la conversación pública de Tamaulipas todavía no gira alrededor de Carmen Lilia.

En la intimidad… Mientras algunos equipos de comunicación desperdician capital político en polémicas perfectamente evitables, el Gobierno de Tamaulipas parece haber entendido dónde se jugará realmente el desarrollo de las próximas décadas: en el agua.

Hay anuncios que no generan aplausos inmediatos porque no caben en un video de treinta segundos. Sin embargo, terminan cambiando la historia de una región.

El proyecto de El Moralillo, el PLIGÓN, la expansión del tratamiento de aguas residuales en PITAR y la reutilización industrial del agua pertenecen justamente a esa categoría.

Si esos proyectos llegan a concretarse, nadie preguntará dentro de treinta años cuántas conferencias de prensa ofreció un gobernador. Preguntarán quién garantizó que Tampico, Ciudad Madero y Altamira siguieran teniendo agua cuando el resto del país comenzaba a disputársela.

Ahí es donde debería concentrarse buena parte del capital político de esta administración.

Tamaulipas lleva décadas extrayendo riqueza de su territorio: petróleo, gas, puertos, comercio exterior, agricultura y energía. Es tiempo de que esa riqueza deje infraestructura permanente.

La costa tamaulipeca sigue esperando un sistema hidrosanitario digno de un destino internacional. Miramar necesita infraestructura que acompañe su crecimiento. Aldama continúa esperando accesos modernos hacia sus cenotes. El Bernal aún reclama caminos seguros que lo conviertan en un verdadero polo turístico.

Los reconocimientos siempre serán bienvenidos.

Pero los gobiernos no entran a la historia por las placas inaugurales.

Permanecen por las obras que siguen funcionando cuando ya nadie recuerda quién cortó el listón.

davidcastellanost@hotmail.com

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Opinión

Huachicol fiscal, la evolución del crimen

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Por: Zaira Rosas
zairosas.22@gmail.com

La detención del exgobernador Ernesto Ruffo Appel por su presunta participación en una red de huachicol fiscal ha colocado nuevamente la palabra «huachicol» en la conversación pública.

Sin embargo, el verdadero valor de este caso no radica únicamente en la relevancia política del personaje involucrado, sino en la oportunidad para entender cómo ha evolucionado una de las economías ilícitas más rentables del país.

Durante años, el término huachicol evocó una imagen muy específica: tomas clandestinas, ductos perforados y combustible robado directamente a Pemex. Ese fenómeno sigue existiendo y continúa generando pérdidas importantes para la empresa productiva del Estado.

No obstante, el crimen organizado ha demostrado una notable capacidad de adaptación. Hoy, una parte del negocio ya no depende de perforar un ducto, sino de manipular documentos, aprovechar vacíos regulatorios y utilizar estructuras empresariales para evadir impuestos.

A esa modalidad se le conoce como huachicol fiscal. En términos generales, consiste en introducir combustibles al país declarándolos bajo una clasificación distinta, como aceites, lubricantes u otros derivados, para evitar el pago de impuestos, particularmente del IEPS. El combustible termina comercializándose como gasolina o diésel, pero con una ventaja de precio obtenida mediante evasión fiscal y contrabando.

La diferencia no es menor. Mientras el huachicol tradicional requiere controlar territorio y operar con violencia visible, el huachicol fiscal exige conocimientos de comercio exterior, logística, aduanas, facturación y redes empresariales. Es un delito menos espectacular, pero potencialmente más sofisticado.

Las cifras ayudan a dimensionar el problema. Especialistas del sector energético estiman que el combustible introducido ilegalmente puede representar entre el 30% y el 40% del mercado nacional de gasolinas y diésel, con pérdidas para el erario superiores a 150 mil millones de pesos anuales. Por su parte, el secretario de Hacienda ha señalado que el huachicol fiscal representa una amenaza que podría costar alrededor de 70 mil millones de pesos al año en recaudación, mientras que distintas autoridades reconocen que aún existe debate sobre el
monto total del daño económico.

En ese contexto debe entenderse el caso Ruffo. La investigación de la Fiscalía no gira alrededor del robo físico de combustible, sino de una presunta red de contrabando y evasión fiscal vinculada con importaciones irregulares de hidrocarburos. Entre los aseguramientos asociados a la investigación se encuentran más de 15 millones de litros de combustible y decenas de autotanques, uno de los mayores decomisos registrados en este tipo de operaciones. Como corresponde en un Estado de derecho, la responsabilidad penal de los involucrados deberá ser determinada por los tribunales y no por la opinión pública.

Más allá de este expediente, el mensaje es claro: el crimen organizado también evoluciona.

Aprende de regulación fiscal, de comercio internacional y de estructuras corporativas. En lugar de esconderse únicamente en zonas rurales o instalaciones clandestinas, puede operar entre facturas, pedimentos aduanales y cadenas logísticas aparentemente legales.

Ese cambio obliga también a transformar la respuesta del Estado. Combatir el huachicol ya no consiste únicamente en vigilar ductos o desplegar fuerzas de seguridad. Exige fortalecer las aduanas, mejorar la inteligencia financiera, compartir información entre autoridades fiscales y aduaneras, y desarrollar capacidades para seguir el rastro del dinero con el mismo rigor con el que antes se buscaban tomas clandestinas.

Quizá esa sea la principal enseñanza del caso. Los delitos de alto impacto rara vez son tan simples como parecen en los titulares. Detrás de un nombre conocido suele existir una estructura mucho más amplia que involucra incentivos económicos, fallas institucionales y redes de operación cada vez más sofisticadas.

Entender ese contexto no significa prejuzgar a nadie; significa comprender que, para enfrentar los desafíos actuales, debemos mirar más allá del personaje del momento y concentrarnos en la evolución del fenómeno que hace posible estos delitos.

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Opinión

Un aplauso por cada kilómetro ampliado o construido

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La industria sin chimeneas tiene esa gran virtud que pocos sectores económicos poseen: Tiene la “V” de vuelta que todos quisieran para recuperar con rapidez lo que se invierte correctamente.

El turismo regresa con cada peso destinado a infraestructura, promoción o conectividad, y suele hacerlo multiplicado en empleo, consumo y desarrollo regional. Por eso, muchas gracias a la CONCANACO SERVYTUR por reconocer el trabajo realizado en Tamaulipas; por supuesto que sería absurdo minimizarlo.

Que el Estado haya generado casi mil millones de pesos durante una sola campaña comercial habla de un mercado turístico vivo, competitivo y con capacidad de crecer, y que empresarios nacionales reconozcan el liderazgo institucional, también está chido.

Pero me recuerda aquellos regaños que me ganaba de mi mamá cuando llegaba muy contento a presumirle que había sacado un 10 en Civismo y que no me habían suspendido ni ganado un citatorio por mala conducta en todo el bimestre. Y hoy en la adultez —por cierto, igual de inmadura que en mi infancia— medito y reconozco cómo no se iba a enojar doña Maricel si estudiar era lo único a lo que me dedicaba. Ir a la escuela, para obtener una calificación aprobatoria, es lo menos que podría darle a mi señora madre.

Así precisamente al Gobierno de Tamaulipas, no porque las cifras sean alentadoras significa que ya aprobaron el semestre, no, por el contrario, para eso están y por eso hoy existe la obligación de elevar la conversación.

Perfecto, allí está el reconocimiento, pero, al paso de los meses, va a terminar convertido en un recuerdo más en fotografías o PDF, sin embargo, la infraestructura permanece durante generaciones.

¿Qué legado turístico dejará esta administración cuando concluya su mandato?

Tampico presume una de las playas urbanas más visitadas del golfo de México. Miramar rompe récords prácticamente cada temporada vacacional. Sin embargo, conforme aumenta el flujo de visitantes, también crecen las exigencias que la infraestructura todavía no alcanza a resolver, y la hediondez impregna las fosas nasales.

La zona costera necesita un sistema hidrosanitario moderno que acompañe ese crecimiento. No basta con mantener limpia la playa. No, el turismo sostenible no se construye con campañas publicitarias.

Se construye debajo de la tierra, en tuberías, plantas de tratamiento, colectores pluviales, vialidades y servicios públicos capaces de soportar una economía turística permanente.

Pero el sur no es exclusivo; lo mismo ocurre en el resto del estado.

Todos hablan de Aldama como el nuevo paraíso de los cenotes. Las imágenes recorren redes sociales y las recomendaciones se multiplican. Pero llegar sigue representando una travesía que poco corresponde al potencial del destino.

El Cerro del Bernal continúa siendo una de las postales naturales más impresionantes del noreste mexicano, aunque los accesos carreteros todavía no reflejan la importancia turística que podría alcanzar.

La Biosfera El Cielo posee reconocimiento internacional por su biodiversidad. Sin embargo, el reto continúa siendo el mismo desde hace décadas: facilitar el acceso sin comprometer la conservación ambiental.

Tula conserva el prestigio de Pueblo Mágico; Mier trabaja para consolidarse; Gómez Farías, Hidalgo y González aspiran legítimamente a incorporarse a esa lista, pero…. ¡va!

Ahí es donde Tamaulipas necesita pensar menos en el siguiente periodo gubernamental y más en los siguientes cincuenta años.

Porque Cancún no nació de una campaña de promoción.

Nació de un proyecto integral donde primero llegaron carreteras, aeropuertos, agua potable, drenaje sanitario, electricidad y planeación urbana.

Después llegaron los turistas.

Tamaulipas posee playas, naturaleza, gastronomía, historia, reservas ecológicas, pesca deportiva, turismo religioso y aventura.

Lo tiene prácticamente todo.

Lo que falta es convertir ese potencial en infraestructura permanente.

Los 929 millones de pesos generados durante La Gran Escapada demuestran que existe mercado.

Ahora corresponde construir las condiciones para que esa derrama deje de depender exclusivamente de temporadas vacacionales y se convierta en una actividad económica constante durante los doce meses del año.

Los gobiernos suelen celebrar ocupaciones hoteleras.

Los estadistas construyen destinos.

Esa es la diferencia… aquí todavía está al alcance de Tamaulipas.

En la intimidad… Los resultados de la estrategia de seguridad también merecen una lectura sin consignas. Entre enero de 2025 y junio de 2026 fueron asegurados más de 1.5 toneladas de metanfetamina, 1.05 toneladas de fentanilo, además de cocaína, cristal, marihuana, 1,090 armas de fuego, más de 166 mil cartuchos, 71 vehículos blindados artesanales y se concretó la detención de 1,805 personas.

Tampoco son decomisos dirigidos únicamente al consumo local. El volumen de metanfetamina y fentanilo revela una estrategia enfocada sobre las rutas del narcotráfico que alimentan el mercado estadounidense, justamente el principal punto de presión en la relación bilateral entre México y Estados Unidos.

Detrás de esos números existe un cambio evidente en la coordinación entre el Gobierno de México y Tamaulipas. La instrucción federal de fortalecer el combate a las drogas sintéticas encontró ejecución operativa en el estado y hoy los resultados comienzan a reflejarse en decomisos que afectan directamente la estructura financiera de las organizaciones criminales.

En seguridad, como en turismo, los resultados no se defienden con discursos.

Se sostienen todos los días.

davidcastellanost@hotmail.com
@dect1608

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