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Faltaban menos de 24 horas para la visita del presidente Enrique Peña al sur de Tamaulipas, concretamente Altamira, cuando, parafraseando al astronauta interpretado por Tom Hanks en la película “Apollo XIII” (Ron Howard, 1995), alguien pudo haber gritado desde la casa de gobierno en la capital política del estado: “Vicky, tenemos un problema”.   Un conflicto de intereses por el reclamo legítimo del pago de viáticos por parte de elementos de la policía estatal “Fuerza Tamaulipas”, acabó convertido en una verdadera situación de crisis para el poder ejecutivo estatal. La entidad se quedó sin vigilancia local durante horas por algo que las autoridades estatales tuvieron diez largos meses para resolver. ¿Porqué es que se hizo tan “cardíaco” el cumplimiento de dicha prestación, de tal derecho legal a los efectivos policiales por parte del aparato gubernamental que encabeza Egidio Torre Cantú. ¿Cómo es que todo terminó degenerando en una noticia nacional, en una gran protesta de inconformidad precisamente enfrente de lo que equivale, en territorio tamaulipeco y guardada toda proporción, a la residencia oficial de Los Pinos? ¡Y justo en la víspera del arribo, en gira, del mandatario nacional, caramba!

Si en los años previos a la transición política, a la era de la alternancia en el poder federal que fue inaugurada en el año 2000, alguien hubiera vaticinado que en Tamaulipas algún día habría desacuerdos grandes, severos, entre un gobernador de este estado y un gobernante nacional emanado del mismo partido, seguramente el tal augurio habría provocado carcajadas tan sonoras y estridentes como las que soltó Roberto Madrazo Pintado cuando, siendo candidato del PRI a la presidencia tras haber dejado el liderazgo general de ese mismo partido, y de gira por Tampico, el compañero Manuel Sevilla, entonces en plenitud de sus facultades físicas, le preguntó, al término de una rueda de prensa, si acaso iría a aceptar “el triunfo de Andrés Manuel López Obrador” por encima de su candidatura, en caso de que se llegara a dar en los comicios de julio de aquel 2006, cosa que al final ocurrió, porque aún y cuando el tabasqueño no obtuvo la mayoría de los votos para ser presidente y perdió por una nariz y lentes calderonianos (en la tan recordada, cerrada y polémica elección que los pejistas llamarán por siempre del “pinche fraude”), sí le pudo ganar al abanderado priísta, haciéndolo caer hasta un inobjetable y lejano tercer lugar en el número de sufragios obtenidos.

En la actualidad, para nadie es un secreto en los círculos políticos, y más contundentemente en la cúpula del poder tamaulipeco, que hay un desentendimiento grave, y desde hace mucho, entre el mandatario nacional y Torre Cantú. Más de una columna política de un periódico estatal “golpeaban” al aparato peñanietista cuando todavía no cumplía ni su primer año en funciones, bajo el argumento de que se quería “imponer desde el centro”, teorizaban los analistas victorenses, una reforma electoral que “facilitaría la imposición de un candidato a gobernador centralista, más afín a los intereses del ejecutivo federal y de “sus negociaciones con la oposición, concretamente con el PAN, para entregar Tamaulipas”, sentenciaban como pronóstico los que así escribían en estas tierras. Tal atrevimiento por parte de la tierra que, igual que otros bastiones priístas, se volvió una suerte de “virreinato” en los doce años del panismo en el poder nacional, le costaría muy caro a un sistema político estatal que no terminó de entender, tras el 2012, que el gobierno federal ya no era contrario a la ideología de la cual ha emanado siempre, desde principios del siglo pasado, cuando la era posrevolucionaria, todo mandatario tamaulipeco. A partir de aquellos ayeres y hasta nuestros días, pasando por la “era del México moderno” y a diferencia de lo ocurrido con la llegada del nuevo milenio a nivel nacional, acá jamás nunca ha perdido el poder la organización política registrada como Partido Revolucionario Institucional.

En la mayoría de las últimas reuniones del Grupo de Coordinación Tamaulipas para la estrategia nacional de Seguridad en las cuales se ha requerido la presencia del presidente Peña o, por lo menos, del secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ninguno de los dos se ha hecho presente, y se ha delegado tal responsabilidad a funcionarios de segundo nivel. La suma de tal “detalle” al hecho ocurrido ayer por la tarde en Ciudad Victoria, sólo se equipara al primero y segundo año del mandato peñanietista, cuando los hechos violentos en territorio tamaulipeco empezaron a sucederse en forma tan notoria, alarmante y atroz como habían estado ocurriendo ya en los últimos años del gobierno calderonista, a partir de la explosión de violencia y criminalidad que se dio tras la separación de la organización delictiva local, y que hizo ver su clímax en el asesinato del que fue candidato priísta a la gubernatura, Rodolfo Torre Cantú… hermano del actual mandatario.

En el verano del año 14 de este nuevo siglo, el segundo de Peña Nieto, de plano se declaró incompetente de manera pública y oficial, en los hechos aunque no en el discurso, al ejecutivo estatal en materia de seguridad pública, y fue sólo tras el nuevo disparo en la guerra entre bandas, acaecido a partir del sábado 5 de abril de aquel 2014, cuando, dos meses después, se oficializó la aplicación de la Estrategia nacional para Tamaulipas en ese rubro, dejándose todo en manos de los mandos de las secretarías de Marina y la Defensa Nacional. Casi un bienio más tarde, con lo de ayer, se puede llegar a hacer conjeturas, especulaciones y hasta lanzar una que otra tesis. Lo cierto es que resulta bastante insólito el que una fuerza policial creada por el estado, pero abastecida principalmente con elementos “licenciados” (con permiso) para tales fines por las fuerzas federales, realicen una manifestación de semejantes proporciones enfrente de la residencia del mandatario estatal, justamente a unas horas de la gira que este martes efectuó por tierras tamaulipecas el ejecutivo federal. ¿De cuál de los dos lados pudo venir “la luz verde” para tal protesta? ¿Fue acaso algo espontáneo, no premeditado ni planeado desde ninguno de los citados frentes…? ¿Fue realmente una decisión de los efectivos que habrían actuado por sí solos…? ¿O el escenario ante cual estamos es un aviso de lo que viene? ¿Asistimos, quizás, a una escena en verdad inédita: al pataleo del último de “los virreyes”…?

Opinión

Entre ríos y resistencias

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Tamaulipas sigue en la mira de las autoridades de protección civil. Las lluvias constantes desde el pasado 24 de junio han elevado los niveles del río Guayalejo-Tamesí, encendiendo las alertas en el sur del estado.

La Coordinación Nacional de Protección Civil emitió un llamado preventivo que debe tomarse con absoluta seriedad.

El Consejo Estatal de Protección Civil ya se declaró en sesión permanente para coordinar esfuerzos entre los tres niveles de gobierno, anticipando un posible desbordamiento. Las estimaciones no son menores.

Según la Comisión Nacional del Agua, el caudal del Guayalejo-Tamesí ha alcanzado los 3 mil 239 metros cúbicos por segundo en la estación hidrométrica de Magiscatzin, con tránsito hacia el río Pánuco, y se prevé un gasto pico en las próximas 72 horas.

Esta situación coloca en riesgo a comunidades asentadas cerca de ríos y lagunas. Altamira, Tampico y Ciudad Madero figuran entre los municipios donde los efectos podrían sentirse con mayor fuerza.

En Altamira, la laguna Champayán ya advierte un incremento en sus niveles; en Tampico, la laguna del Chairel podría provocar encharcamientos; y en Madero, el Pánuco amenaza con arrastrar consigo la tranquilidad de las colonias ribereñas.

Las acciones de prevención se han activado bajo la consigna presidencial de la Gestión Integral del Riesgo. Las autoridades han desplegado personal a las zonas vulnerables, preparan evacuaciones preventivas y han posicionado equipo especializado en puntos estratégicos.

Además, ya están disponibles refugios temporales equipados para recibir a quienes deban abandonar sus viviendas.

Por ahora, el mensaje es claro: mantenerse informados a través de canales oficiales, no acercarse a las zonas de riesgo, tener lista una mochila de emergencia y, si es necesario, evacuar sin titubeos. El llamado también es a la responsabilidad ciudadana. Esta es una batalla donde la prevención puede marcar la diferencia entre una historia de resistencia o una tragedia.

Los números de contacto para reportar cualquier emergencia son el 911 y el 833-264-6445.

En la intimidad… En medio de la alerta por las lluvias, también hay buenas noticias que merecen celebrarse. La Universidad Autónoma de Tamaulipas, a través de la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales en Nuevo Laredo, entregó constancias a la primera generación de la Maestría en Administración e Innovación Digital, un posgrado diseñado para responder a las exigencias del entorno empresarial y tecnológico actual.

Once egresados recibieron el reconocimiento por su esfuerzo académico, en un evento encabezado por el director René Adrián Salinas Salinas, quien subrayó el compromiso de la UAT, bajo la visión humanista del rector Dámaso Anaya Alvarado, por ofrecer programas que contribuyan al desarrollo regional y nacional.

Este nuevo programa se distingue por su enfoque estratégico y su visión interdisciplinaria, abarcando temas como Inteligencia de Negocios, Marketing Digital, Comercio Electrónico y Seguridad Informática. Además, se entregaron reconocimientos a nuevos titulados de la Maestría en Negocios, la Maestría en Derecho con Énfasis en Procesos Orales y el Doctorado en Administración.

En estos tiempos, donde la tecnología y la gestión digital abren nuevas puertas, estos egresados son una bocanada de aire fresco para la sociedad tamaulipeca. Mientras unos luchan contra las crecientes aguas, otros construyen caminos hacia el progreso académico. Así se escribe la historia de nuestro estado, entre resistencias y avances.

davidcastellanost@hotmail.com
@dect1608

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Opinión

La lluvia no cesa, la unidad tampoco

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La solidaridad no se improvisa. En Tamaulipas, la tormenta tropical Barry dejó de ser un fenómeno meteorológico para convertirse en una prueba de carácter, de gobierno y de responsabilidad social.

Las lluvias persistentes y la crecida de los ríos Guayalejo, Tamesí y Pánuco pusieron en vilo a comunidades enteras del sur y la zona cañera del estado. Pero frente al riesgo, el Gobierno de Tamaulipas ha respondido con una estrategia de coordinación y alerta temprana que merece ser contada.

Américo Villarreal Anaya, gobernador del estado, no ha soltado las riendas de esta contingencia. Desde el primer momento, puso en marcha un protocolo de protección civil que involucró a las presidencias municipales y a las áreas especializadas en cada región. El mensaje es claro: no hay tiempo que perder, ni margen para la improvisación.

La llegada de Laura Velázquez Alzúa, coordinadora nacional de Protección Civil, la noche de este martes, no solo fortalece la presencia del Estado en el territorio, sino que confirma el respaldo de la federación a través del seguimiento puntual de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien se mantiene informada y en contacto directo con el gobierno estatal. Se nota que no estamos ante un protocolo de escritorio, sino ante una operación de emergencia con enfoque humano y logístico.

Los albergues habilitados están listos. Las zonas bajas han sido advertidas. Las autoridades insisten: hay que seguir las indicaciones de Protección Civil. Cada llamado no es un trámite, sino una acción de prevención.

Y aquí es donde se revela la dimensión de una administración pública que ha elegido la cercanía y la reacción rápida ante el peligro inminente.

La emergencia aún no termina. El suelo sigue húmedo, los ríos en constante observación. Pero lo que sí se puede afirmar con contundencia es que Tamaulipas está resistiendo con orden, con presencia institucional y con una ciudadanía que también ha sabido responder. No se trata de magnificar la acción gubernamental, sino de reconocer que cuando hay voluntad política, técnica y humana, las crisis se enfrentan mejor.

En la intimidad… La Universidad Autónoma de Tamaulipas, lejos de mirar desde la barrera, ha dado un paso al frente.

Su rector, Dámaso Anaya Alvarado, encabezó una reunión virtual con las direcciones de los campus de Tampico, Mante y Victoria, con un único objetivo: proteger a la comunidad universitaria y sumarse a las acciones en apoyo a la población.

No hubo demora. En el sur, el gimnasio del Centro Universitario fue convertido en albergue temporal para quienes buscan refugio. En Ciudad Mante, personal y recursos institucionales están ya al servicio de Protección Civil. Y más allá del despliegue de instalaciones, la UAT puso a disposición de la emergencia a su gente: médicos, enfermeros, voluntarios y estudiantes listos para colaborar en tareas de salud, logística y asistencia.

La universidad no solo forma profesionales. También forma comunidad. Y en esta contingencia, su respuesta ha sido ejemplar.

Cuando la lluvia amenaza con dividirnos, son estas decisiones las que nos unen.

davidcastellanost@hotmail.com
@dect1608

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Opinión

La diversidad no se reduce a múltiples colores

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Por: Zaira Rosas
zairosas.22@gmail.com

Imagina que te atrae una persona y esa atracción es vista como una enfermedad
mental. Que, por amar o vincularte afectivamente, se te niegue la entrada a ciertos
lugares o seas objeto de burlas, violencia o exclusión. Esto, por increíble que
parezca, fue una realidad cotidiana para muchas personas de la comunidad
LGBTIQ+ antes de los años 70. Y aunque los tiempos han cambiado, todavía hoy
la diversidad sexual puede ser motivo de múltiples formas de discriminación,
abiertas o encubiertas.
Junio es conocido como el mes del orgullo. No es una fiesta vacía ni un desfile de
colores sin historia: se conmemora una lucha de décadas. Un punto clave fue el
28 de junio de 1969, cuando en el bar Stonewall Inn, en Nueva York, miembros de
la comunidad resistieron una redada policial. Aquella noche marcó el inicio de un
movimiento revolucionario que dejó claro que nadie debía esconderse por amar
diferente. Desde entonces, cada año recordamos que la dignidad, el respeto y los
derechos no deberían estar en juego por la orientación sexual o identidad de
género.
En México, según datos del INEGI, al menos un 5.1% de la población se identifica
como parte de la comunidad LGBTIQ+. Esto equivale a más de cinco millones de
personas que, aunque no deberían tener que exigirlo, reclaman algo tan básico
como la igualdad de derechos y una representación respetuosa en todos los
espacios, desde el ámbito legal hasta los medios de comunicación.
Sin embargo, aún hay muchos retos. Uno de ellos es la resistencia al uso del
lenguaje inclusivo. Cada vez que alguien escribe “todxs” o “todes”, no faltan las
críticas que lo reducen a una “moda absurda” o un “atentado al idioma”. Pero el
lenguaje no es estático: evoluciona con la sociedad. El lenguaje inclusivo no
pretende destruir la gramática, sino visibilizar a quienes históricamente han sido
borrados del discurso. Es una herramienta para reconocer la existencia de
identidades no binarias y otras expresiones de género. Negarse a su uso no es
defender el español: es cerrar los ojos ante realidades que nos incomodan o que
simplemente no entendemos.
Otro punto importante es la forma en que muchas marcas “se suben al tren” de la
diversidad en junio, pero se bajan en cuanto termina el mes. Cambian sus
logotipos a los colores del arcoíris, lanzan campañas “inclusivas” y presumen su
compromiso con la comunidad, pero en la práctica no garantizan espacios seguros
para sus empleados diversos, ni promueven políticas de inclusión real. A esto se

le conoce como “lavado rosa” (o pinkwashing): una estrategia de marketing que
usa causas sociales para limpiar la imagen de las empresas, sin un compromiso
auténtico detrás. La diversidad no puede reducirse a una estrategia de ventas o a
un filtro en redes sociales.
Afortunadamente, ha habido avances. En México, el matrimonio igualitario ya es
legal en todo el país. Se han aprobado leyes contra terapias de conversión y
existen esfuerzos por reconocer la identidad de género en documentos oficiales.
Sin embargo, la violencia sigue siendo una constante. Según datos de
organizaciones civiles, México es uno de los países con más crímenes de odio por
orientación sexual o identidad de género en América Latina. El cambio legal es
importante, pero el cambio cultural es urgente.
La diversidad sexual no debería ser motivo de debate, sino de respeto. Es parte
de lo que somos como humanidad. Negarla o limitarla es negar la riqueza de
nuestras diferencias. La apertura hacia la diversidad no exige que todas las
personas cambien quiénes son, sino que comprendan que hay otras formas
válidas y dignas de existir. Que el amor no necesita permisos ni justificaciones. Y
que reconocer los derechos de otros no resta los propios.
La verdadera inclusión no ocurre con logos arcoíris ni con discursos políticamente
correctos, sino con acciones constantes, con voluntad para aprender, con empatía,
y con leyes que garanticen derechos, pero también con una sociedad que no
castigue la diferencia.
Porque la diversidad no se reduce a múltiples colores: se trata de vidas, historias,
luchas y dignidad. Y ninguna de ellas debería ser invisibilizada.

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Opinión

Cuando el Estado actúa, el crimen retrocede

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Este fin de semana quedó demostrado que, cuando las instituciones del Estado mexicano trabajan coordinadamente y sin protagonismos, el crimen organizado tambalea. La detención de 32 personas y el aseguramiento de una amplia gama de recursos operativos, financieros y logísticos de una estructura dedicada al robo de hidrocarburos desde 2015, es la muestra viva de que la inteligencia y la perseverancia vencen donde la impunidad alguna vez se impuso.

El anuncio no lo hizo un político en tribuna, ni se montó en el espectáculo mediático de la mañanera. Fue Omar García Harfuch, en representación del Gabinete de Seguridad Nacional, quien dio la cara un domingo por la tarde, en un momento estratégicamente elegido para dejar claro que esta operación fue técnica, no política; profesional, no improvisada. Una muestra de respeto a la inteligencia civil y militar, y una línea clara entre los que toman decisiones y los que actúan con eficacia.

Durante más de seis meses, se operaron tareas de inteligencia e investigación en Querétaro, Ciudad de México y Estado de México. El resultado: se desmanteló una organización criminal que, durante casi una década, robó hidrocarburo del Estado con impunidad.

Esta red criminal no solo tenía una estructura operativa, sino una arquitectura institucional paralela: tanques, remolques, cajas secas, vehículos blindados, armas de fuego, droga, medicamentos controlados y hasta animales exóticos. Esto no era una célula criminal, era un cártel huachicolero.

Entre los detenidos, destaca Cirio Sergio Rebollo Mendoza, conocido como “Don Checo”, de 55 años, líder absoluto del grupo; y Luis Miguel Ortega Maldonado, alias “Flaco de Oro”, de 40 años, su principal operador. Pero no actuaban solos. Aurelio “Gepeto” Hernández Lozano, ingeniero experto en estructuras de tanques, facilitaba las ventas; Diego Rebollo González llevaba logística; Heréndira “Yeye” Jacala García, tejía relaciones con autoridades y transportistas; e Israel “El Mil Millones” Molina Núñez fabricaba documentación falsa para maquillar la procedencia del hidrocarburo robado.

La operación culminó con la detención de estos personajes y el aseguramiento de 12 inmuebles, 21 tractocamiones, 14 semirremolques, 36 armas, casi 16 millones de pesos en efectivo, y la clausura de tomas clandestinas. Una intervención quirúrgica, con sello mexicano, pero también con el pulso firme y la asesoría silenciosa de agencias de inteligencia norteamericanas. La cooperación internacional fue discreta, como en los viejos tiempos del sexenio de Enrique Peña Nieto, pero con resultados medibles y contundentes.

Esta no fue una simple redada. Fue el desmantelamiento de una economía paralela. El mensaje es claro: ya no hay espacios seguros para el crimen organizado, ni siquiera en estructuras que parecían blindadas con poder económico, contactos y operaciones encubiertas.

En la intimidad… A los alcaldes de Altamira, Ciudad Madero y Tampico: Armando Martínez, Erasmo González y Mónica Villarreal, el mensaje es frontal. Si el auxilio de las fuerzas federales se ha vuelto un acto recurrente porque sus administraciones carecen de estructura, hombres y estrategia para atender incluso lo más básico, entonces no se quejen mañana cuando los mandos federales tomen decisiones más allá de sus escritorios.

Cuando el poder civil pierde la capacidad de servir, la autoridad real se reconfigura. La administración no es un ejercicio de fotografía y discurso. O retoman el control o lo delegan por omisión.

Porque, mientras ustedes celebran festivales o simulan operativos, el Estado —ese que no duerme, ese que sí actúa— está administrando ya lo que ustedes dejaron a la deriva ¡si no pueden con esto…!

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