“Accidentes”, sobran, lo que falta es Estado. Al menos 60 siniestros vehiculares asociados al alcohol se registran cada mes en Tamaulipas. Más de 400 al año. No son cifras inventadas: son la quinta causa de muerte en el estado y, al mismo tiempo, una de las formas más claras de morir que pudieron evitarse. Aun así, el fenómeno se repite con una regularidad que se normaliza.

Y esa es la dimensión del problema que obligó a la diputada Úrsula Patricia Salazar Mojica a presentar una iniciativa de reforma al Código Penal, con un objetivo directo: endurecer las sanciones contra quienes conduzcan bajo los efectos del alcohol u otras sustancias y provoquen la muerte de terceros.

Tamaulipas registra un repunte cercano al 45 por ciento en accidentes relacionados con conductores ebrios, particularmente entre jóvenes. Es decir, no sólo no se ha contenido el problema: está creciendo. Y lo hace en un contexto donde la consecuencia jurídica sigue siendo débil o inexistente.

“La conducción en estado de ebriedad no es un accidente”, dijo la legisladora. Y tiene razón. No lo es. Es una decisión. Una cadena de decisiones que comienza con el consumo y termina, muchas veces, con la muerte de alguien más. El problema es que el sistema de justicia sigue tratándolo como si fuera un descuido.

Precisamente esa es la gran falla del sistema. La ley habla de justicia pronta, completa e imparcial —como lo establece el artículo 17 constitucional— pero, la realidad en Tamaulipas muestra otra cosa: conductores que huyen, investigaciones que no concluyen y sanciones que no corresponden a la gravedad del daño.

La iniciativa conocida como “Ley Ezequiel” no surge de una súper idea. Surge de un patrón. De casos donde el responsable escapa. De expedientes que se diluyen. De familias que no encuentran justicia.

El planteamiento incluye reforzar operativos de alcoholímetro y campañas de prevención. Pero esos mecanismos ya existen. El problema no es su ausencia, sino su intermitencia. Su aplicación selectiva. Su incapacidad para convertirse en una política constante y efectiva. Al ciudadano se le tiene que dar en donde le duele.

En Tamaulipas, como en buena parte del país, el alcohol al volante no sólo mata. También exhibe. Exhibe la fragilidad de las instituciones, la tolerancia social al riesgo y la falta de consecuencias reales.

El caso que motivó esta iniciativa —la muerte de Ezequiel— es repetición. Es estadística. Es síntoma.

En la intimidad… Mientras el Congreso discute cómo castigar la irresponsabilidad al volante, el gobierno de Américo Villarreal Anaya presume resultados en otra dimensión: la del turismo y la seguridad.

Más de 2.2 millones de visitantes llegaron a Tamaulipas durante Semana Santa. La cifra no es menor. Confirma que, al menos en percepción, el estado logró sostener condiciones de tranquilidad en sus principales destinos, particularmente en el sur, donde la vigilancia se concentró en playa Miramar.

El propio mandatario llamó a no soltar el ritmo. “Hay que consolidar este impulso”, dijo frente a su gabinete. Y los datos lo respaldan: diversificación turística, presencia en Pueblos Mágicos, crecimiento en destinos de naturaleza.

Pero hay un contraste inevitable. Mientras el estado logra atraer visitantes con operativos, logística y coordinación institucional, en las calles persiste una falla más básica: garantizar que quien toma un volante bajo los efectos del alcohol enfrente consecuencias reales.

Porque la seguridad no sólo se mide en turistas que llegan.
También en ciudadanos que regresan a casa.

davidcastellanost@hotmail.com
@dect1608

Por: Zaira Rosas
zairosas.22@gmail.com

Propósitos irreales, constantes vitaminas sin un análisis previo del cuerpo, tratamientos milagrosos para regenerar el cuerpo, terapias alternativas sin sustento que prometen erradicar enfermedades terminales, así es la era wellness de la que todos queremos ser parte, es normal añorar nuestra mejor versión, pero,

¿cuánto nos informamos al respecto para no caer en estafas?

El deseo de vivir mejor nunca había sido tan visible como ahora. Redes sociales, publicidad y discursos motivacionales nos repiten a diario que el bienestar está al alcance de cualquier persona: basta con tomar cierto suplemento, someterse a una terapia novedosa o seguir el tratamiento de moda. En teoría, la era wellness promueve hábitos saludables, autocuidado y prevención. En la práctica, también ha abierto la puerta a un mercado poco regulado donde la salud puede convertirse en un negocio riesgoso.

El reciente caso de los sueros vitaminados en Hermosillo, Sonora, donde cuatro personas murieron tras recibir este tipo de tratamiento, puso en evidencia un problema que desde hace tiempo crece silenciosamente: procedimientos médicos o estéticos aplicados fuera de clínicas certificadas y, en muchos casos, por personas que no cuentan con la formación necesaria.

Aunque los sueros intravenosos se promocionan como una forma rápida de “revitalizar” el organismo, lo cierto es que introducir sustancias directamente al torrente sanguíneo implica riesgos importantes si no existe un diagnóstico previo ni supervisión médica durante el mismo tratamiento.

Lo preocupante es que este tipo de prácticas no son aisladas. En distintas ciudades proliferan spas, consultorios improvisados o centros de bienestar que ofrecen desde vitaminas intravenosas hasta terapias “detox”, hormonas antienvejecimiento o tratamientos que prometen regenerar el cuerpo en pocas sesiones. Muchos de ellos se promocionan con testimonios emotivos y una estética atractiva que transmite confianza, pero pocas veces presentan evidencia científica o certificaciones verificables.

Parte del problema es cultural. En una sociedad que premia la productividad, la juventud y la apariencia física, la promesa de soluciones rápidas resulta irresistible. Además, existe una creciente desconfianza hacia la medicina tradicional que algunos discursos aprovechan para posicionar terapias alternativas como si fueran sustitutos absolutos de la atención médica. El resultado es una mezcla peligrosa: desinformación, marketing emocional y falta de regulación.

También influye la velocidad con la que circula la información. En redes sociales, una recomendación puede volverse viral en cuestión de horas. Influencers, celebridades o creadores de contenido comparten rutinas, suplementos o procedimientos sin necesariamente comprender sus implicaciones médicas. Lo que para algunos puede parecer un simple consejo de bienestar, para otros puede convertirse en una decisión de salud tomada sin la orientación adecuada.

Esto no significa que el interés por el bienestar sea negativo. Cuidar la alimentación, hacer ejercicio, atender la salud mental o buscar terapias complementarias con respaldo profesional son prácticas valiosas. El problema surge cuando el bienestar se transforma en un producto que promete resultados milagrosos sin evidencia ni responsabilidad.

Frente a este panorama, la mejor herramienta sigue siendo la información. Antes de someterse a cualquier tratamiento, es fundamental verificar que quien lo ofrece tenga formación médica o certificaciones oficiales, investigar los posibles riesgos y evitar procedimientos que prometan resultados inmediatos o extraordinarios. La salud no debería depender de modas ni de recomendaciones virales.

Buscar sentirse mejor es legítimo y necesario. Pero el bienestar real no se construye a partir de atajos ni de promesas mágicas. Implica decisiones informadas, profesionales capacitados y un enfoque responsable del cuidado personal. En tiempos donde el wellness se vende como estilo de vida, quizá el acto más saludable sea aprender a cuestionar, investigar y elegir con criterio antes de poner el cuerpo —y la salud— en manos equivocadas.

En Tamaulipas, la seguridad se anuncia puede anunciar de mil maneras, pero, siempre, invariablemente esta a prueba.

El arranque del operativo de Semana Santa 2026, encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, llega en un momento en el que la confianza pública no admite simulaciones. El mensaje oficial es claro: hay coordinación, hay fuerza operativa y hay condiciones para recibir turismo.

Los números respaldan esa narrativa. Más de dos mil elementos de la Guardia Estatal, despliegue carretero, vigilancia aérea, presencia de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional. A eso se suman los cuerpos de auxilio, el sistema de salud y la operación turística con cobertura en miles de kilómetros.

El Estado, en apariencia, está en todas partes.
Pero en Tamaulipas, la presencia no siempre ha significado control.

El gobierno estatal ha insistido en que las playas se encuentran en condiciones óptimas, minimizando la presencia de hidrocarburos en el litoral. El dato no es menor. En plena temporada alta, cualquier señal de contaminación compromete no sólo la afluencia turística, sino la credibilidad institucional.

Y ahí es donde la narrativa oficial enfrenta su mayor desafío: sostenerse frente a la realidad.
Porque la seguridad no se mide en conferencias ni en cifras acumuladas. Se mide en la experiencia concreta del ciudadano: en la carretera sin sobresaltos, en la playa sin riesgos, en la capacidad de respuesta cuando algo falla.
El despliegue anunciado es, sin duda, uno de los más amplios de los últimos años. Pero también es, inevitablemente, una apuesta política. Si funciona, fortalecerá la percepción de gobernabilidad. Si falla, confirmará lo que muchos aún sospechan: que en Tamaulipas la estrategia sigue siendo reactiva, no estructural.
Hoy, el gobierno juega a ganar confianza. Y la confianza —esa sí— no se decreta.
Se construye o se pierde.

En la intimidad… Hay una forma de autoritarismo que se manifiesta con el simple hecho de cerrar una ventanilla.

En México, el derecho de petición está secuestrado. Aunque lo ampara la ley. El artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos obliga a toda autoridad a recibir y responder cualquier solicitud por escrito. No es opcional. No es negociable, pero…

Sin embargo, en oficinas públicas de todos los niveles de gobierno, ese derecho se ha convertido en un trámite condicionado. El ciudadano llega con un documento y se encuentra con un filtro ilegal: funcionarios que revisan, cuestionan y, si el contenido incomoda, simplemente niegan la recepción.

Así opera la discrecionalidad.
Se argumentan errores de forma inexistentes. Se exigen requisitos que la ley no contempla. Se condiciona el acceso a derechos fundamentales bajo criterios administrativos inventados.
No es ignorancia. Es control.
Porque impedir que un documento sea recibido es impedir que exista. Y lo que no existe en el sistema, no obliga, no incomoda, no genera consecuencias.

Ese es el verdadero fondo del problema.
Cuando una autoridad decide qué peticiones acepta y cuáles bloquea, deja de ser un ente público y se convierte en un filtro político. Y cuando eso ocurre de manera sistemática, lo que está en juego no es un trámite, es el Estado de derecho.

davidcastellanost@hotmail.com
@dect1608

¿Ya está listo para salir de paseo?
Le recomiendo algo: no baje la guardia.

Hoy, el crimen ya no solo revienta la puerta o hace boquetes en las paredes. Le manda un mensaje.

Para dimensionarlo con crudeza:
7 de cada 10 fraudes en el país ya ocurren por medios digitales.
Más de 13 millones de mexicanos han sido víctimas de phishing.
Se registran miles de millones de intentos de ciberataques cada año.

Y precisamente en estas vacaciones de Semana Santa —cuando más confiado se siente, cuando más comparte, cuando más se distrae— es cuando alguien más lo está observando para convertirlo en víctima.

Así es como México está enfrentando una nueva guerra.
No se libra en las calles.
No se escucha.
No se ve. Es digital.

Es una modalidad sin fronteras, invisible, donde el crimen ya no necesita proximidad física, porque ya habita en su celular.

Debe saber que en Tamaulipas, la curva es ascendente y preocupante. Al menos 400 “quejas” mensuales por fraudes, préstamos falsos y robo de cuentas de WhatsApp.

Una dinámica delincuencial que ya no distingue entre la zona sur —Tampico, Madero, Altamira— ni la frontera —Reynosa, Matamoros— ni la capital —Ciudad Victoria—. El problema es silencioso.

Y en periodos vacacionales como Semana Santa, el ciudadano baja la guardia. Viaja. Comparte ubicaciones. Publica en tiempo real. Responde mensajes sin verificar. Confía de más.

Mientras usted sube una historia, alguien puede estar intentando entrar a su cuenta.
Mientras responde un “hola, soy yo”, alguien más está clonando su identidad digital.

Se trata de un clic.

En la intimidad… Desde el municipio General Pánfilo Natera, en Zacatecas, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, colocó sobre la mesa uno de los ejes discursivos más claros del actual gobierno: el protagonismo político y social de las mujeres en la continuidad del proyecto de nación.

En el llamado segundo piso de la Cuarta Transformación, Montiel subrayó que “es tiempo de mujeres”, y puso como ejemplo la Pensión Mujeres Bienestar, dirigida a mexicanas de 60 a 64 años, como un reconocimiento institucional a décadas de trabajo no remunerado en el ámbito familiar y comunitario.

“Cuando llegó la Cuarta Transformación, también llegaron los Programas de Bienestar, los programas que han cumplido nuestro ideal que por el bien de todos, primero los pobres, esa es nuestra lucha central del proyecto de nación y en 2024 nuestro pueblo dijo que la transformación continuara, pero que la encabezara la primera mujer presidenta de México y nuestra presidenta se comprometió a que no llegaría sola, que llegaríamos todas con ella y así ha sido”, afirmó.

La funcionaria precisó que este programa fue instruido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como parte de sus compromisos de campaña. Actualmente, más de 3 millones de mujeres reciben un apoyo bimestral de 3 mil 100 pesos, entregado de manera directa a través de la Tarjeta Bienestar.

En Zacatecas, el alcance ya es tangible: 36 mil mujeres mayores de 60 años forman parte del padrón de beneficiarias.

Montiel fue más allá del dato operativo y colocó el enfoque político: en 2026, el gobierno federal destinará un billón de pesos a los Programas de Bienestar, consolidándolos como la columna vertebral del modelo social.

“Verlas a ustedes contentas y tranquilas de recibir un apoyo que quizás nunca habían recibido por todo su esfuerzo y su trabajo, es un orgullo”, sostuvo.

En medio de un país que también enfrenta nuevas formas de violencia —como la digital—, el contraste es inevitable: mientras una parte del Estado busca contener brechas históricas, otra realidad exige atención urgente en terrenos donde la ley aún corre detrás del delito.

Dos Méxicos que conviven.
Uno que transfiere recursos.
Otro que pierde seguridad… incluso sin darse cuenta.