Por: Zaira Rosas
zairosas.22@gmail.com

La detención del exgobernador Ernesto Ruffo Appel por su presunta participación en una red de huachicol fiscal ha colocado nuevamente la palabra «huachicol» en la conversación pública.

Sin embargo, el verdadero valor de este caso no radica únicamente en la relevancia política del personaje involucrado, sino en la oportunidad para entender cómo ha evolucionado una de las economías ilícitas más rentables del país.

Durante años, el término huachicol evocó una imagen muy específica: tomas clandestinas, ductos perforados y combustible robado directamente a Pemex. Ese fenómeno sigue existiendo y continúa generando pérdidas importantes para la empresa productiva del Estado.

No obstante, el crimen organizado ha demostrado una notable capacidad de adaptación. Hoy, una parte del negocio ya no depende de perforar un ducto, sino de manipular documentos, aprovechar vacíos regulatorios y utilizar estructuras empresariales para evadir impuestos.

A esa modalidad se le conoce como huachicol fiscal. En términos generales, consiste en introducir combustibles al país declarándolos bajo una clasificación distinta, como aceites, lubricantes u otros derivados, para evitar el pago de impuestos, particularmente del IEPS. El combustible termina comercializándose como gasolina o diésel, pero con una ventaja de precio obtenida mediante evasión fiscal y contrabando.

La diferencia no es menor. Mientras el huachicol tradicional requiere controlar territorio y operar con violencia visible, el huachicol fiscal exige conocimientos de comercio exterior, logística, aduanas, facturación y redes empresariales. Es un delito menos espectacular, pero potencialmente más sofisticado.

Las cifras ayudan a dimensionar el problema. Especialistas del sector energético estiman que el combustible introducido ilegalmente puede representar entre el 30% y el 40% del mercado nacional de gasolinas y diésel, con pérdidas para el erario superiores a 150 mil millones de pesos anuales. Por su parte, el secretario de Hacienda ha señalado que el huachicol fiscal representa una amenaza que podría costar alrededor de 70 mil millones de pesos al año en recaudación, mientras que distintas autoridades reconocen que aún existe debate sobre el
monto total del daño económico.

En ese contexto debe entenderse el caso Ruffo. La investigación de la Fiscalía no gira alrededor del robo físico de combustible, sino de una presunta red de contrabando y evasión fiscal vinculada con importaciones irregulares de hidrocarburos. Entre los aseguramientos asociados a la investigación se encuentran más de 15 millones de litros de combustible y decenas de autotanques, uno de los mayores decomisos registrados en este tipo de operaciones. Como corresponde en un Estado de derecho, la responsabilidad penal de los involucrados deberá ser determinada por los tribunales y no por la opinión pública.

Más allá de este expediente, el mensaje es claro: el crimen organizado también evoluciona.

Aprende de regulación fiscal, de comercio internacional y de estructuras corporativas. En lugar de esconderse únicamente en zonas rurales o instalaciones clandestinas, puede operar entre facturas, pedimentos aduanales y cadenas logísticas aparentemente legales.

Ese cambio obliga también a transformar la respuesta del Estado. Combatir el huachicol ya no consiste únicamente en vigilar ductos o desplegar fuerzas de seguridad. Exige fortalecer las aduanas, mejorar la inteligencia financiera, compartir información entre autoridades fiscales y aduaneras, y desarrollar capacidades para seguir el rastro del dinero con el mismo rigor con el que antes se buscaban tomas clandestinas.

Quizá esa sea la principal enseñanza del caso. Los delitos de alto impacto rara vez son tan simples como parecen en los titulares. Detrás de un nombre conocido suele existir una estructura mucho más amplia que involucra incentivos económicos, fallas institucionales y redes de operación cada vez más sofisticadas.

Entender ese contexto no significa prejuzgar a nadie; significa comprender que, para enfrentar los desafíos actuales, debemos mirar más allá del personaje del momento y concentrarnos en la evolución del fenómeno que hace posible estos delitos.

La industria sin chimeneas tiene esa gran virtud que pocos sectores económicos poseen: Tiene la “V” de vuelta que todos quisieran para recuperar con rapidez lo que se invierte correctamente.

El turismo regresa con cada peso destinado a infraestructura, promoción o conectividad, y suele hacerlo multiplicado en empleo, consumo y desarrollo regional. Por eso, muchas gracias a la CONCANACO SERVYTUR por reconocer el trabajo realizado en Tamaulipas; por supuesto que sería absurdo minimizarlo.

Que el Estado haya generado casi mil millones de pesos durante una sola campaña comercial habla de un mercado turístico vivo, competitivo y con capacidad de crecer, y que empresarios nacionales reconozcan el liderazgo institucional, también está chido.

Pero me recuerda aquellos regaños que me ganaba de mi mamá cuando llegaba muy contento a presumirle que había sacado un 10 en Civismo y que no me habían suspendido ni ganado un citatorio por mala conducta en todo el bimestre. Y hoy en la adultez —por cierto, igual de inmadura que en mi infancia— medito y reconozco cómo no se iba a enojar doña Maricel si estudiar era lo único a lo que me dedicaba. Ir a la escuela, para obtener una calificación aprobatoria, es lo menos que podría darle a mi señora madre.

Así precisamente al Gobierno de Tamaulipas, no porque las cifras sean alentadoras significa que ya aprobaron el semestre, no, por el contrario, para eso están y por eso hoy existe la obligación de elevar la conversación.

Perfecto, allí está el reconocimiento, pero, al paso de los meses, va a terminar convertido en un recuerdo más en fotografías o PDF, sin embargo, la infraestructura permanece durante generaciones.

¿Qué legado turístico dejará esta administración cuando concluya su mandato?

Tampico presume una de las playas urbanas más visitadas del golfo de México. Miramar rompe récords prácticamente cada temporada vacacional. Sin embargo, conforme aumenta el flujo de visitantes, también crecen las exigencias que la infraestructura todavía no alcanza a resolver, y la hediondez impregna las fosas nasales.

La zona costera necesita un sistema hidrosanitario moderno que acompañe ese crecimiento. No basta con mantener limpia la playa. No, el turismo sostenible no se construye con campañas publicitarias.

Se construye debajo de la tierra, en tuberías, plantas de tratamiento, colectores pluviales, vialidades y servicios públicos capaces de soportar una economía turística permanente.

Pero el sur no es exclusivo; lo mismo ocurre en el resto del estado.

Todos hablan de Aldama como el nuevo paraíso de los cenotes. Las imágenes recorren redes sociales y las recomendaciones se multiplican. Pero llegar sigue representando una travesía que poco corresponde al potencial del destino.

El Cerro del Bernal continúa siendo una de las postales naturales más impresionantes del noreste mexicano, aunque los accesos carreteros todavía no reflejan la importancia turística que podría alcanzar.

La Biosfera El Cielo posee reconocimiento internacional por su biodiversidad. Sin embargo, el reto continúa siendo el mismo desde hace décadas: facilitar el acceso sin comprometer la conservación ambiental.

Tula conserva el prestigio de Pueblo Mágico; Mier trabaja para consolidarse; Gómez Farías, Hidalgo y González aspiran legítimamente a incorporarse a esa lista, pero…. ¡va!

Ahí es donde Tamaulipas necesita pensar menos en el siguiente periodo gubernamental y más en los siguientes cincuenta años.

Porque Cancún no nació de una campaña de promoción.

Nació de un proyecto integral donde primero llegaron carreteras, aeropuertos, agua potable, drenaje sanitario, electricidad y planeación urbana.

Después llegaron los turistas.

Tamaulipas posee playas, naturaleza, gastronomía, historia, reservas ecológicas, pesca deportiva, turismo religioso y aventura.

Lo tiene prácticamente todo.

Lo que falta es convertir ese potencial en infraestructura permanente.

Los 929 millones de pesos generados durante La Gran Escapada demuestran que existe mercado.

Ahora corresponde construir las condiciones para que esa derrama deje de depender exclusivamente de temporadas vacacionales y se convierta en una actividad económica constante durante los doce meses del año.

Los gobiernos suelen celebrar ocupaciones hoteleras.

Los estadistas construyen destinos.

Esa es la diferencia… aquí todavía está al alcance de Tamaulipas.

En la intimidad… Los resultados de la estrategia de seguridad también merecen una lectura sin consignas. Entre enero de 2025 y junio de 2026 fueron asegurados más de 1.5 toneladas de metanfetamina, 1.05 toneladas de fentanilo, además de cocaína, cristal, marihuana, 1,090 armas de fuego, más de 166 mil cartuchos, 71 vehículos blindados artesanales y se concretó la detención de 1,805 personas.

Tampoco son decomisos dirigidos únicamente al consumo local. El volumen de metanfetamina y fentanilo revela una estrategia enfocada sobre las rutas del narcotráfico que alimentan el mercado estadounidense, justamente el principal punto de presión en la relación bilateral entre México y Estados Unidos.

Detrás de esos números existe un cambio evidente en la coordinación entre el Gobierno de México y Tamaulipas. La instrucción federal de fortalecer el combate a las drogas sintéticas encontró ejecución operativa en el estado y hoy los resultados comienzan a reflejarse en decomisos que afectan directamente la estructura financiera de las organizaciones criminales.

En seguridad, como en turismo, los resultados no se defienden con discursos.

Se sostienen todos los días.

davidcastellanost@hotmail.com
@dect1608

Cuántas veces hemos visto políticos enanitos que imaginan “el poder”; va acorde al tamaño del escritorio nuevo perrón que mandan comprar, pero también los superfuncionarios que, mientras más anillos de seguridad les rodean, más chidos se sienten, y claro, están aquellos de perfil bajo con resultados óptimos.

Esta semana, el gobierno de Américo Villarreal puso sobre el asfalto una inversión de más de 125 millones de pesos convertida en ruedas, motores y maquinaria; ah, pero además de todo, la presente administración estatal presume una deuda menor a la heredada.

Es bueno que Américo Villarreal Anaya y compañía vean el patrimonio público como un organismo vivo y no como una colección de bienes inventariados; por eso, no hay duda de que toda esta inversión en bienes materiales será puesta en marcha para mejorar cada rincón de Tamaulipas y la seguridad de los 43 municipios del estado, porque de lo contrario los vehículos hoy entregados un día aparecerán con una calcomanía que dirá: “Son puro cuento y boletines”. Recuerden, los fierros, al final, terminan delatando a sus dueños.

Si trabajan, cuentan una historia de servicio.

Si permanecen inmóviles, terminan siendo esculturas muy costosas de la burocracia.

En la intimidad… Como parte de las acciones orientadas a enriquecer la formación profesional de las y los estudiantes, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, acompañó a un grupo de jóvenes universitarios en una jornada académica realizada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Durante su estancia en el máximo tribunal del país, la comitiva universitaria y el rector fueron recibidos por el ministro Irving Espinosa Betanzo, quien brindó la bienvenida a las y los jóvenes y ofreció una perspectiva directa sobre las deliberaciones que definen el rumbo constitucional de México.

Esta visita tuvo como objetivo fortalecer el perfil jurídico del estudiantado de la carrera de Derecho, al vincular el conocimiento teórico con la práctica, permitiendo a las y los alumnos observar el funcionamiento de la estructura judicial y analizar criterios constitucionales que sientan precedentes en el marco legal vigente.

Además de ser una jornada de experiencias formativas, la actividad es parte de las estrategias impulsadas por la administración del rector Dámaso Anaya, orientadas a elevar la calidad educativa, promover el respeto al Estado de Derecho y facilitar a las y los futuros profesionistas espacios de diálogo fuera del aula en las instituciones más importantes del país.

davidcastellanost@hotmail.com
@dect1608

Cuántas veces hemos visto políticos enanitos que imaginan “el poder”; va acorde al tamaño del escritorio nuevo perrón que mandan comprar, pero también los superfuncionarios que, mientras más anillos de seguridad les rodean, más chidos se sienten, y claro, están aquellos de perfil bajo con resultados óptimos.

Esta semana, el gobierno de Américo Villarreal puso sobre el asfalto una inversión de más de 125 millones de pesos convertida en ruedas, motores y maquinaria; ah, pero además de todo, la presente administración estatal presume una deuda menor a la heredada.

Es bueno que Américo Villarreal Anaya y compañía vean el patrimonio público como un organismo vivo y no como una colección de bienes inventariados; por eso, no hay duda de que toda esta inversión en bienes materiales será puesta en marcha para mejorar cada rincón de Tamaulipas y la seguridad de los 43 municipios del estado, porque de lo contrario los vehículos hoy entregados un día aparecerán con una calcomanía que dirá: “Son puro cuento y boletines”. Recuerden, los fierros, al final, terminan delatando a sus dueños.

Si trabajan, cuentan una historia de servicio.

Si permanecen inmóviles, terminan siendo esculturas muy costosas de la burocracia.

En la intimidad… Como parte de las acciones orientadas a enriquecer la formación profesional de las y los estudiantes, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, acompañó a un grupo de jóvenes universitarios en una jornada académica realizada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Durante su estancia en el máximo tribunal del país, la comitiva universitaria y el rector fueron recibidos por el ministro Irving Espinosa Betanzo, quien brindó la bienvenida a las y los jóvenes y ofreció una perspectiva directa sobre las deliberaciones que definen el rumbo constitucional de México.

Esta visita tuvo como objetivo fortalecer el perfil jurídico del estudiantado de la carrera de Derecho, al vincular el conocimiento teórico con la práctica, permitiendo a las y los alumnos observar el funcionamiento de la estructura judicial y analizar criterios constitucionales que sientan precedentes en el marco legal vigente.

Además de ser una jornada de experiencias formativas, la actividad es parte de las estrategias impulsadas por la administración del rector Dámaso Anaya, orientadas a elevar la calidad educativa, promover el respeto al Estado de Derecho y facilitar a las y los futuros profesionistas espacios de diálogo fuera del aula en las instituciones más importantes del país.

davidcastellanost@hotmail.com
@dect1608

Por: Zaira Rosas
zairosas.22@gmail.com

En los últimos años, voces conservadoras como la de Charlie Kirk han vuelto a poner sobre la mesa una idea latente en grupos conservadores: que el avance de las mujeres habría ido demasiado lejos y que sería deseable regresar a un orden más “natural”, más doméstico y más obediente. Cuando alguien sugiere que las mujeres deberían renunciar a derechos conquistados; educación, trabajo remunerado, autonomía económica, participación política, no está defendiendo una simple preferencia moral. Está proponiendo una jerarquía social. Y eso
importa, porque los derechos no son un accesorio ideológico ni una moda generacional: son la base mínima de la libertad.

El fenómeno de las tradwives es la versión más estética de ese retroceso. En TikTok e Instagram abundan videos de mujeres que presentan la vida doméstica como una promesa de plenitud: cocinar, cuidar, obedecer, sostener el hogar mientras el hombre provee. No hay nada ilegítimo en que una mujer elija quedarse en casa; el problema aparece cuando esa elección se vende como destino ideal para todas. Los datos ayudan a poner el debate en perspectiva: según la Organización Internacional del Trabajo), las mujeres realizan alrededor del 76% del trabajo de cuidados no remunerado en el mundo, y el Banco Mundial estima que su participación en la fuerza laboral global ronda el 47%, frente a más del 70% en los hombres.

Es decir, la “vuelta al hogar” no ocurre en un vacío romántico, sino en un contexto donde el trabajo doméstico ya recae de forma desproporcionada sobre ellas.

Por eso tantas mujeres se oponen a esta narrativa. No porque desprecien la maternidad o la vida familiar, sino porque entienden que el feminismo no obligó a nadie a salir de casa: amplió el menú de opciones. Antes de las conquistas legales del siglo XX, millones de mujeres no podían votar, estudiar libremente, administrar sus bienes o aspirar a una independencia económica real. Hoy, la brecha salarial global sigue siendo de alrededor del 20%, lo que demuestra que la igualdad formal todavía no se traduce en igualdad material. Defender derechos no significa imponer carreras profesionales; significa garantizar que ninguna mujer dependa por completo de la voluntad de otro para vivir.

La idealización tradwife también oculta costos muy concretos. La dependencia económica limita la capacidad de salir de una relación abusiva, de ahorrar para la vejez o de enfrentar una crisis familiar sin quedar desprotegida. La OMS calcula que una de cada tres mujeres sufrirá violencia física o sexual a lo largo de su vida; en ese contexto, tener ingresos propios se vuelve una necesidad. Los videos de cocinas impecables y matrimonios perfectos rara vez muestran esa realidad.

Tampoco muestran el trabajo invisible que sostiene esa estética: horas de cuidado, limpieza, organización y renuncia personal que casi nunca se monetizan ni se reconocen.

El peligro se agrava porque internet convierte estas ideas en contenido aspiracional. Un estudio publicado en Science en 2018 mostró que las noticias falsas se difunden más rápido y más lejos que las verdaderas en redes sociales; no es difícil entender por qué los mensajes emocionales, nostálgicos o provocadores encuentran tanto terreno fértil. Los algoritmos premian el engagement, no la complejidad. Así, una visión profundamente desigual puede
presentarse como estilo de vida chic, como si la subordinación fuera una elección sofisticada y no una pérdida de poder. Cuando figuras públicas con gran alcance normalizan ese discurso, no solo opinan: moldean el sentido común.

Defender los derechos de las mujeres no implica despreciar el hogar, la maternidad o el matrimonio. Implica recordar que ninguna de esas decisiones debe convertirse en obligación, ni en un mandato o rol único. Una sociedad libre es aquella en la que cada quien decide su futuro sin invalidar las elecciones de otra, en medio de este panorama resulta peligroso pensar que los derechos son algo renunciable, pues han luchado generaciones para obtenerlos. Por eso hemos de desconfiar de cualquier movimiento que pida este retroceso, pues más allá de una tradición se volvería un atropello a quienes durante décadas han logrado la igualdad y El Progreso.