Por: Zaira Rosas
zairosas.22@gmail.com

Rubén Rocha Moya es probablemente uno de los nombres que más titulares han
acaparado en la semana, encabeza la lista de 10 funcionarios públicos señalados
por el gobierno de Estados Unidos de tener vínculos con el narcotráfico. Estos
señalamientos llegan a reforzar la agenda del país vecino que se ha empeñado en
desmantelar la corrupción de otras naciones con tal de desviar la atención de
asuntos propios.
Esta narrativa ha sido constantemente rechazada por el gobierno de México,
principalmente cuando los afectados en los señalamientos pertenecen a un mismo
partido, lo cual como bien ha señalado el mismo Rocha Moya, es un ataque
directo hacia la cuarta transformación. De ahí que la Presidenta defienda por
sobre todo la Soberanía Nacional y que la Secretaría de Relaciones Exteriores
siga exigiendo pruebas de culpabilidad respecto a las investigaciones.
Sin embargo, la respuesta institucional no ha disipado las dudas. Ante la presión
mediática y política, Rocha Moya solicitó licencia a su cargo, dejando como
gobernadora interina a Yeraldine Bonilla. Esta decisión ha abierto un nuevo
debate: para algunos, es un paso necesario mientras se esclarecen los hechos;
para otros, se trata de una estrategia que permite mantener cierto grado de
protección política, evitando consecuencias inmediatas como una eventual
extradición.
El contexto tampoco ayuda. En 2024, la detención de Ismael «El Mayo» Zambada
estuvo rodeada de versiones que apuntaban a una posible participación indirecta
de actores políticos locales, incluido el propio Rocha. A ello se suman los
señalamientos sobre la intervención del Cártel de Sinaloa en las elecciones de
2021, denuncias que la oposición llevó ante la Organización de los Estados
Americanos (OEA).
Aunque las autoridades electorales, como el Instituto Nacional Electoral,
sostuvieron que la violencia fue focalizada y no alteró los resultados, los datos son
inquietantes: 91 políticos asesinados durante ese proceso, incluidos 36
candidatos. Más que una narrativa, se trata de una evidencia de que el crimen
organizado ha logrado influir —directa o indirectamente— en la vida democrática
del país.
A este escenario se suma otro elemento delicado: la muerte de dos agentes de la
CIA en Chihuahua, quienes realizaban labores de investigación sin conocimiento
del gobierno federal. La colaboración con autoridades locales, como la
administración de Maru Campos, abre cuestionamientos sobre los límites de la
cooperación internacional y la consistencia del discurso soberanista.

En paralelo, sectores de la derecha han aprovechado este contexto para
posicionar la idea de un “narcogobierno”, utilizando las acusaciones como
herramienta de desgaste político contra la figura más emblemática del movimiento:
Andrés Manuel López Obrador. No obstante, reducir todo a una conspiración
externa sería tan ingenuo como negar la existencia de un problema estructural.
De cara a 2027, cuando al menos 17 entidades renovarán gubernaturas, el
verdadero desafío no será únicamente contener la presión internacional o las
narrativas opositoras, sino enfrentar una realidad incómoda: la infiltración del
crimen organizado en procesos electorales y estructuras de poder no es nueva, ni
exclusiva de un partido.
México debe defender su soberanía, sí, pero no solo frente a otros países, sino
también frente a los intereses criminales que han demostrado capacidad para
influir en candidaturas, campañas y gobiernos. Negar esta realidad bajo el
argumento de la unidad nacional solo profundiza el problema. La disyuntiva no es
entre creer o no en las acusaciones, sino entre asumir con responsabilidad la
magnitud del desafío o seguir atrapados en una guerra de perspectivas y el control
de las mismas.
Si algo está en juego en este momento no es solo la imagen de un gobierno o de
un partido, sino la viabilidad misma de la democracia mexicana frente a quienes,
desde dentro y fuera, buscan moldearla a su favor.

El estado de Tamaulipas poco a poco supera la tormenta que oscureció su horizonte y futuro durante años. Hoy, gracias al esfuerzo coordinado entre los tres niveles de gobierno que se viene fortaleciendo desde el 2012 y a la fecha, ha permitido ver una luz de esperanza –y no es broma, aunque parezca una frase muy trillada–. El asunto es que la gobernanza se dio a la  tarea de construir su riqueza natural en un paradero turístico.

Pero esa acción tan arriesgada es debatir con todo, es arrebatar la conversación. Es decirle al visitante —y al propio tamaulipeco— que aquí también hay belleza, identidad, futuro y la oportunidad de ofrecer una nueva historia.

El anuncio del secretario de Turismo, Benjamín Hernández Rodríguez, sobre el desarrollo de nuevos paraderos turísticos no se queda en la superficie. Particularmente, el caso de Miquihuana resulta simbólico. No es el destino tradicional, no es el escaparate inmediato. Es, más bien, una invitación a mirar hacia adentro: montañas, bosques, silencio… y una posibilidad distinta de turismo.

NO politicemos, que se fortalezca la infraestructura, que se edifique. Que el turismo se extienda y sea factor de cambio, porque, hoy el visitante no busca solo hospedaje, busca experiencia. Senderismo, ciclismo de montaña, contacto real con la naturaleza. Busca autenticidad. Y en ese terreno, Tamaulipas tiene ventaja si sabe jugarla.

Los paradores turísticos, bien planteados, pueden convertirse en nodos estratégicos: conectan caminos, ordenan flujos, generan empleo local y, sobre todo, dan sentido a regiones que históricamente han estado fuera del mapa turístico nacional.

La administración de Américo Villarreal Anaya parece entenderlo. Hay una narrativa en construcción: inversión sostenida, visión de largo plazo y una apuesta por diversificar la oferta turística.

El éxito de estos proyectos no dependerá de la obra en sí, sino de su operación. De la capacidad de mantenerlos, de integrarlos a las comunidades, de evitar que se conviertan en elefantes blancos o en espacios desconectados de la realidad local.

Si logran consolidarse, estos paradores pueden cambiar el mapa turístico del estado. Si no, serán una buena intención más.

Por lo pronto, la señal está ahí: Tamaulipas quiere dejar de ser visto solo desde sus problemas y empezar a ser reconocido por su potencial.

En la intimidad… Mientras el turismo intenta abrir nuevas rutas, en otro frente igual de estratégico se está gestando una transformación silenciosa pero profunda: la ciencia.

La Universidad Autónoma de Tamaulipas no solo está creciendo, está redefiniendo su papel en el desarrollo del estado. Bajo la rectoría de Dámaso Anaya Alvarado, la institución ha logrado duplicar su capacidad científica en apenas dos años, al pasar de poco más de cien proyectos a más de 200 en 2025.

No es un dato menor. Es una declaración de rumbo.

Lo relevante no es solo el número, sino el enfoque: investigación orientada a resolver problemas concretos. Desde salud pública hasta sostenibilidad ambiental, pasando por modelos productivos y cultura de paz. Es decir, una ciencia que deja el laboratorio para instalarse en la vida cotidiana.

La vinculación con los tres niveles de gobierno, en proyectos como el Puerto Seco en Ciudad Victoria o el Puerto del Norte en Matamoros, revela otra dimensión: la academia como actor estratégico en la toma de decisiones.

Más del 80 % de sus cuerpos académicos en consolidación, crecimiento sostenido en posgrados y una producción científica en expansión dibujan a una universidad que entendió algo clave: el conocimiento que no impacta, se queda corto.

Tamaulipas, entre paradores turísticos y laboratorios universitarios, parece estar apostando a algo más profundo que la coyuntura: a construir futuro.

davidcastellanost@hotmail.com
@dect1608

La historia de terror que atraviesan los 47 trabajadores federales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en Tamaulipas es más que un simple conflicto laboral. Es una retórica fallida que evidencia el fondo de una contradicción institucional.

La dependencia encargada de vigilar que se respeten los derechos laborales… no puede garantizar los de su propio personal.

Aunque han guardado silencio por varios meses, lo de hoy es insostenible. Semanas sin pago, y no es la primera vez. Ha ocurrido antes. Han sufrido hasta tres meses sin salario, dicen. Sin retroactividad. Sin explicación clara.

Y ahora, una transición. Opaca y represora, comentaron los trabajadores federales, pues dicen que solo a través de una videollamada. Les bajaron instrucción. Un cambio de esquema, y punto. Van a pasar del orden federal al estatal. Sin reglas claras. Sin certezas. Sin garantías laborales.

El secretario Marath Baruch Bolaños López no ha dado la cara. Y ese silencio pesa más que cualquier pecado que haya cometido con anterioridad el mismo PRI en toda su historia.

No se trata de un simple ajuste administrativo. Es la estabilidad de personas que llevan décadas en el servicio público. Hay casos de más de 30 años de antigüedad. Trayectorias completas que hoy se reducen a una condición: firma o te quedas sin ingreso.

Renunciar a la antigüedad. A la compensación. A derechos adquiridos.

Aceptar un salario menor.

Firmar contratos temporales.

Trabajar, en los hechos, en condiciones de informalidad… dentro de una institución que sanciona precisamente eso.

La ironía… Los trabajadores de la STPS exigen a empresas que otorguen prestaciones, que respeten la ley, que garanticen estabilidad… mientras ellos no tienen nada de eso.

Ni siquiera porque el artículo 123 constitucional lo deja en claro: La irrenunciabilidad de derechos no es negociable. Y la progresividad laboral no va con los retrocesos.

La jurisprudencia es clara: en procesos de reestructuración, los derechos deben respetarse íntegramente.

Aquí pretenden que ocurra lo contrario.

Se reduce salario. Se eliminan prestaciones. Se borra antigüedad.

Se precariza.

Y se hace con presión.

Con la urgencia del trabajador que necesita cobrar para sostener a su familia.

Porque si el Estado puede desdibujar derechos laborales bajo el argumento de una “transición”, entonces cualquier empresa podría intentar lo mismo.

En la intimidad…. Mientras en un frente se discuten derechos laborales que se diluyen, en otro se construyen políticas públicas que, al menos en papel, buscan sostener a la población.

En Tampico, la administración de Mónica Villarreal Anaya ha apostado por un modelo concreto en materia de salud: atender la diabetes con seguimiento real, no con campañas de ocasión.

El Centro de Control de Diabetes (CECODIAT), en Morelos y Borreguera, ya tiene números que respaldan el discurso: más de 800 consultas diabetológicas, 992 de nutrición y un 56 por ciento de control metabólico en pacientes registrados.

En México la diabetes sigue siendo una de las principales causas de muerte, hablar de control —no de atención aislada— es hablar de política pública bien enfocada.

davidcastellanost@hotmail.com
@dect1608

Por: Zaira Rosas
zairosas.22@gmail.com

Era 2013 cuando conocí en persona a Rossana Reguillo. Acababa de leer un libro suyo donde analizaba a los policías en México; su narrativa bastó para volverme su admiradora y querer entender el mundo como ella lo hacía.

Ese texto reunía entrevistas con policías en Guadalajara, pero revelaba algo más profundo: la inseguridad en México no es un fenómeno lineal, sino un entramado de voces, contextos y silencios.

Para comprenderla, decía implícitamente, hay que escuchar a todas sus personas, conocer su vida y las motivaciones detrás de cada acto.

La vida intelectual de Reguillo estuvo marcada por una curiosidad inagotable y un compromiso ético con la realidad. Fue catedrática en el ITESO y formó parte del Consejo Consultivo de Comunicación de la IBERO Puebla. Sin embargo, su influencia desbordó las aulas. Siempre se mantuvo cercana a las juventudes, no desde la condescendencia, sino desde el reconocimiento de su potencia crítica y creativa.

Escuchaba, cuestionaba y acompañaba, la primera vez que pude escucharle parecía ser alguien que nos conociera de toda la vida y pese a su gran sabiduría se mostró atenta a nuestras inquietudes y nunca soberbia.

Su mayor acierto —y quizá su legado más poderoso— fue la capacidad de mirar de frente el horror sin simplificarlo. En sus análisis sobre violencia, desapariciones, narcotráfico y desigualdad, evitó las narrativas cómodas.

En lugar de eso, construyó relatos complejos donde cabían el dolor, la resistencia y las contradicciones de México. Supo leer los signos de su tiempo, tanto en las calles como en los espacios digitales.

Por eso impulsó proyectos como el Signa Lab, donde exploró cómo se construyen las conversaciones públicas en internet y cómo circula la información en contextos de crisis.

Reguillo entendía que narrar es también disputar el sentido. Sus textos no solo describían la realidad: la interrogaban. ¿Quién tiene derecho a contar la historia? ¿Qué voces quedan fuera? ¿Cómo se construye el miedo? En sus escritos sobre México, la violencia nunca fue un espectáculo, sino una pregunta abierta que exigía responsabilidad colectiva.

Nos enseñó que detrás de cada cifra hay vidas, y detrás de cada discurso, intereses.

Honrar su legado hoy implica más que recordarla: exige actuar. Para las juventudes, su ejemplo ofrece varias rutas. Primero, informarse con rigor y no conformarse con explicaciones superficiales. Segundo, escuchar activamente, especialmente a quienes han sido históricamente silenciados. Tercero, apropiarse de los espacios digitales con conciencia crítica, entendiendo que también ahí se construye la realidad social. Y, sobre todo, atreverse a cuestionar incluso las propias certezas.

En un contexto saturado de información, mantener la criticidad es un acto político. Reguillo nos enseñó a analizar siempre todas las partes, a desconfiar de las versiones únicas y a buscar las conexiones profundas entre los fenómenos. Su legado invita a mirar más allá de lo evidente y a asumir la responsabilidad de pensar el mundo en colectivo.

La revolución de ideas puede tener lugar en múltiples espacios, incluso en las plataformas digitales donde los discursos pueden desafiar el autoritarismo, cerrar los ojos ante la complejidad de nuevas formas de comunicación, sería traicionar su memoria.

En cambio, honrarla implica sostener la incomodidad de las preguntas difíciles, defender el pensamiento crítico y poner por delante el bien común.

Porque, como ella mostró a lo largo de su vida, entender es el primer paso para transformar la realidad que nos trastoca aunque no siempre parezca que algo lejano también nos afecta.