Connect with us

@dect1608

Integrantes del Congreso Nacional Ciudadano (CONACI) han comenzado a interponer solicitudes de Amparo contra la Ley de Seguridad Interior desde finales del año pasado. Se declaran a la ofensiva contra la “represión” del presidente Enrique Peña Nieto mediante la “militarización” del país.

“Ya sabemos que el sistema político esta podrido, nos divide en colores, nos vende espejitos, nos lleva a su juego día con día, nos roba, saquea, se burla del pueblo y con nuestro dinero simula un democracia que es legitimada por un pueblo con hambre e ignorancia que cree que haciendo fila para votar por los mismos de siempre, va a cambiar el resultado” publicaron el 27 de diciembre pasado en su página web.

El CONACI con células activas en distintas entidades del país, advierte haber pasado de la protesta enérgica, de la marcha, de la presión social a la acción legal y con estos Amparos ponen su esperanza en el Poder Judicial, tras confirmar que el Ejecutivo y Legislativo únicamente son tiranos en contra del pueblo mexicano que cada vez tiene más pobres, menos empleo y escasas oportunidades de crecimiento. Hoy se amparan contra la “militarización” deseando que la Suprema Corte de Justicia reconozca que la Ley de Seguridad Interior es inconstitucional.

Los actos en reclamo basados en un supuesto análisis a la redacción de la ley impulsada por el Gobierno Federal van dirigidos sobre algunos artículos que a decir de los del CONACI son “contradictorios” y en este debate o intención de tumbar la dichosa ley, también se involucran  integrantes del CONACI celula Tampico.

Los artículos “contradictorios” son los siguientes:

a) Artículo 2 Ley de Seguridad Interior (en adelante LSI); “La Seguridad Interior es la condición proporciona el Estado mexicano que permite salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobiernos e instituciones, así como el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del orden constitucional, el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrático en todo el territorio nacional. Comprende el conjunto de órganos, procedimientos y acciones destinados para dichos fines, respetando los derechos humanos en todo el territorio nacional, así como para prestar auxilio y protección a las entidades federativas y los municipios, frente a riesgo y amenazas que comprometan o afectan la seguridad nacional en los términos de la presente ley.” ​

Por lo anterior el CONACI supone que: toda vez, que su contenido en esta ley ni supletoriamente en la Ley de Seguridad Nacional, ni la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la definición expresa de Institución o instituciones, por la cual cabe la ambigüedad del señalamiento dela palabra “Instituciones”, así como “su gobernabilidad”, por lo que al no ser claro qué es lo que se protege, determina una inexactitud de la semántica de la misma. Ya que toda vez que está dirigida prioritariamente al uso de las Fuerzas Armadas a todo aquello que discrecionalmente entiendan las Autoridades como “amenaza”, y que la motivación de la ésta ley, al salvaguardo, vigilancia y permanencia de la misma, no confiere sentido práctico de interpretación jurídica de la misma; dejando así incierta e ineficiente la creación y motivación de la misma ley como tal.

Y continúan desglosando…

b) El artículo 3 de la LSI, establece “En el ejercicio de las atribuciones de Seguridad Interior,  se observarán los principios previstos en el artículo 4 de la Ley de Seguridad Nacional y los de racionalidad, oportunidad, proporcionalidad, temporalidad, subsidiariedad y gradualidad, así como las obligaciones relativas al uso legítimo de la fuerza.”; así mismo el artículo 4 de la Ley de Seguridad Nacional, expresa lo siguiente: “La Seguridad Nacional se rige por los principios de legalidad, responsabilidad, respeto a los derechos fundamentales de protección a la persona humana y garantías individuales y sociales, confidencialidad, lealtad, eficiencia, coordinación y cooperación.”

Por lo que refieren es un acto violatorio y que vulnera la eficiencia del artículos 1, 29 y 35 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante “CPEUM” o “Carta Magna” o “Constitución Federal”), que refiere a la reducción o suspensión de garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente la situación en casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto; toda vez que aún y que la LSI, no emite una suspensión de garantías expresa, pero actúa de facto la aplicación de suspensión de garantías y restricciones de los derechos humanos, dejando dicha ley en su improcedencia ya que atenta sobre los derecho humanos propios y reconocidos por el artículo 1 de la CPEUM, así como los derechos políticos-civiles reconocidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de los Derechos Humanos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, mismas que el Estado Mexicano es firmante y se obligó a adecuar su derecho positivo en virtud del beneficio al hombre como ente de la sociedad y su funcionamiento primordial. Así también, la libertad expedida por la Constitución Federal, de participar las políticas públicas en lo individual y en lo colectivo y por ello, participar en temas de interés legítimo y adherente a dichas políticas que afectan la libertad como derecho fundamental de las personas de manera directa e indirectamente de las personas. Por ello, determinado en estos preceptos legales confiere al hombre como institución base de la sociedad y del Estado mismo.

c) Del mismo modo, el artículo 7 de la LSI, establece lo que se entenderá por cada uno de los términos referidos, sin embargo, no se encuentra ninguno que especifique textualmente “seguridad Interior”, “instituciones” “grave riesgo”, además se encuentra no clara la conceptualización de la definición del “Uso legítimo de la fuerza”, pues al no definirse “actos de resistencia”, deja situaciones dubitativas en el ejercicio del “Uso de la legítima fuerza”, si bien es claro que la ambigüedad, vicios en la redacción e imprecisión en la redacción del legislador no es motivo para la declaratoria de su inconstitucionalidad, resulta no ser consistente y al no existir el concepto redactado por el legislador en ninguna ley existente, entonces no es motivo de su aplicación y por lo conducente no se puede aplicar ni ejecutar lo que no existe.

d) Artículo 9 “La información que se genere con motivo de la aplicación de la presente ley, será considerada de Seguridad Nacional, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables”. El hecho textual del presente precepto legal, refiere a la persona que enmarque, hable, interactúe, emane, investigue,emita información que genere o refiera por motivos de esta ley, será motivo de la aplicación de la presente ley y por ende podrá ser considerado un “riesgo” a la LSI, por lo que, vulnera y atenta toda libertad de expresión y de acceso a la información pública, comprendidos en el numeral 6to. De la Constitución Federal. De esta ley desprende varios supuestos normativos, pues, en todo momento un derecho legítimo el tener conocimiento del desempeño de las funciones de cualquier órgano de gobierno, incluyendo las Fuerzas Armadas, en el principio contenido en el mismo numeral como de “máxima difusión”, a su vez esta misma ley representa un menoscabo a la información pública contenido en el apartado A del mismo precepto legal, pues, el Estado teniendo la capacidad discrecional de correlacionar cualquier actividad que detente o ponga en riesgo a las “Instituciones” y su “gobernabilidad”, podrá ser sujeta a investigaciones de cualquier clase como “inteligencia para la Seguridad Interior”, “Uso legítimo de la fuerza”, lo que lo vuelve un sujeto vulnerable y amedrentadopor el sistema del propio Estado y así lo vulnera sus derechos más legítimos y elementales de la libertad de expresión y acceso a la información pública.

e) En relación a los preceptos número 11 y 12, que en su literalidad expresa “Corresponde a las autoridades federales, incluyendo las Fuerzas Armadas, por sí o en coordinación de las demás órdenes de gobierno, identificar, prevenir, atender, reducir y contestar la Amenazas a Seguridad Interior.

El Presidente de la República podrá ordenar por sí o a petición de las legislaturas de las Entidades Federativas, o de su Ejecutivo en caso de receso de aquellas, la intervención de la Federación para la realización e implementación de Acciones de Seguridad Interior en el territorio de una Entidad Federativa o zona geográfica del país, previa emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, cuando se actualice alguna de las siguientes Amenazas a la Seguridad Interior y estas:

• Comprometan o superen las capacidades efectivas de las autoridades competentes para atenderla, o

• Se originen por la falta o insuficiente colaboración de las entidades federativas y municipios en la preservación de la Seguridad Nacional, de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 1 de la Ley de Seguridad Nacional.

Aquellas amenazas a la Seguridad Interior  que no requieran declaratoria en términos del presente artículo serán atendidas por las autoridades conforme a sus atribuciones y a las disposiciones legales que le resulten aplicables.” Así como el artículo 12 “En los casos a los que se refiere el artículo anterior, el Presidente de la República, previa consideración del Consejo de Seguridad Nacional, determinará la procedencia de la intervención de la Federación y expedirá, dentro de las setenta y dos horas siguientes, contadas a partir recibir solicitud, la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, la cual deberá modificarse por conducto de la Secretaría de Gobernación a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en los periódicos o gacetas oficiales de las entidades federativas afectadas.” Ambos artículos contravienen el artículo 21 Constitucional, pues ya que el ejercicio de investigación de los Delitos corresponde en todo momento al Ministerio Público y a las policías. Si bien, desempeñaran auxilio a las policías municipales y/o estatales, la participación y esencia de la declaratoria de Seguridad Interior e intervención de las Fuerzas Armadas es por verse rebasadas las policías del orden civil, por lo que la aplicación de las Fuerzas Armadas en labores de control y vigilancia es únicamente y por las fuerzas públicas civiles.

Además, en el cuarto párrafo del mismo artículo citado, expresa “La seguridad pública es una función a cargo de la federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva… (Ídem)” por ello, existiría una contradicción de funciones y que al mismo tiempo contraviene la Constitución Federal, y por ello vuelve inconstitucional la ley.

f) El artículo 30 de la LSI, “Las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas desarrollarán actividades de inteligencia en materia de Seguridad Interior en los ámbitos de sus respectivas competencias. Al realizar las tareas de inteligencia, las autoridades facultadas por esta Ley, podrán hacer uso de cualquier método lícito de recolección de información

Toda obtención de información de inteligencia se realizará con pleno respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.” Sin embargo, al referirse que “podrán hacer uso de cualquier método lícito de recolección de información”, no se especifica cuáles son los métodos lícitos para el ejercicio de la obtención de datos. Lo que al ser obscuro o ambiguo el proceso de su realización contraviene el artículo 16.Constitucional, lo cual resulta improcedente e inaplicable y además detenta y genera un menoscabo a la esfera jurídica de las personas.

De verdad que da gusto ver como los ciudadanos toman en cuenta las instituciones para combatir y luchar por lo que sugieren va contra los mexicanos, ahora habrá que esperar la resolución y respetar sea cual sea el fallo.

davidcastellanost@hotmail.com

Continua leyendo
Pulsa para comentar

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Opinión

Entre ríos y resistencias

Publicado

el

Tamaulipas sigue en la mira de las autoridades de protección civil. Las lluvias constantes desde el pasado 24 de junio han elevado los niveles del río Guayalejo-Tamesí, encendiendo las alertas en el sur del estado.

La Coordinación Nacional de Protección Civil emitió un llamado preventivo que debe tomarse con absoluta seriedad.

El Consejo Estatal de Protección Civil ya se declaró en sesión permanente para coordinar esfuerzos entre los tres niveles de gobierno, anticipando un posible desbordamiento. Las estimaciones no son menores.

Según la Comisión Nacional del Agua, el caudal del Guayalejo-Tamesí ha alcanzado los 3 mil 239 metros cúbicos por segundo en la estación hidrométrica de Magiscatzin, con tránsito hacia el río Pánuco, y se prevé un gasto pico en las próximas 72 horas.

Esta situación coloca en riesgo a comunidades asentadas cerca de ríos y lagunas. Altamira, Tampico y Ciudad Madero figuran entre los municipios donde los efectos podrían sentirse con mayor fuerza.

En Altamira, la laguna Champayán ya advierte un incremento en sus niveles; en Tampico, la laguna del Chairel podría provocar encharcamientos; y en Madero, el Pánuco amenaza con arrastrar consigo la tranquilidad de las colonias ribereñas.

Las acciones de prevención se han activado bajo la consigna presidencial de la Gestión Integral del Riesgo. Las autoridades han desplegado personal a las zonas vulnerables, preparan evacuaciones preventivas y han posicionado equipo especializado en puntos estratégicos.

Además, ya están disponibles refugios temporales equipados para recibir a quienes deban abandonar sus viviendas.

Por ahora, el mensaje es claro: mantenerse informados a través de canales oficiales, no acercarse a las zonas de riesgo, tener lista una mochila de emergencia y, si es necesario, evacuar sin titubeos. El llamado también es a la responsabilidad ciudadana. Esta es una batalla donde la prevención puede marcar la diferencia entre una historia de resistencia o una tragedia.

Los números de contacto para reportar cualquier emergencia son el 911 y el 833-264-6445.

En la intimidad… En medio de la alerta por las lluvias, también hay buenas noticias que merecen celebrarse. La Universidad Autónoma de Tamaulipas, a través de la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales en Nuevo Laredo, entregó constancias a la primera generación de la Maestría en Administración e Innovación Digital, un posgrado diseñado para responder a las exigencias del entorno empresarial y tecnológico actual.

Once egresados recibieron el reconocimiento por su esfuerzo académico, en un evento encabezado por el director René Adrián Salinas Salinas, quien subrayó el compromiso de la UAT, bajo la visión humanista del rector Dámaso Anaya Alvarado, por ofrecer programas que contribuyan al desarrollo regional y nacional.

Este nuevo programa se distingue por su enfoque estratégico y su visión interdisciplinaria, abarcando temas como Inteligencia de Negocios, Marketing Digital, Comercio Electrónico y Seguridad Informática. Además, se entregaron reconocimientos a nuevos titulados de la Maestría en Negocios, la Maestría en Derecho con Énfasis en Procesos Orales y el Doctorado en Administración.

En estos tiempos, donde la tecnología y la gestión digital abren nuevas puertas, estos egresados son una bocanada de aire fresco para la sociedad tamaulipeca. Mientras unos luchan contra las crecientes aguas, otros construyen caminos hacia el progreso académico. Así se escribe la historia de nuestro estado, entre resistencias y avances.

davidcastellanost@hotmail.com
@dect1608

Continua leyendo

Opinión

La lluvia no cesa, la unidad tampoco

Publicado

el

La solidaridad no se improvisa. En Tamaulipas, la tormenta tropical Barry dejó de ser un fenómeno meteorológico para convertirse en una prueba de carácter, de gobierno y de responsabilidad social.

Las lluvias persistentes y la crecida de los ríos Guayalejo, Tamesí y Pánuco pusieron en vilo a comunidades enteras del sur y la zona cañera del estado. Pero frente al riesgo, el Gobierno de Tamaulipas ha respondido con una estrategia de coordinación y alerta temprana que merece ser contada.

Américo Villarreal Anaya, gobernador del estado, no ha soltado las riendas de esta contingencia. Desde el primer momento, puso en marcha un protocolo de protección civil que involucró a las presidencias municipales y a las áreas especializadas en cada región. El mensaje es claro: no hay tiempo que perder, ni margen para la improvisación.

La llegada de Laura Velázquez Alzúa, coordinadora nacional de Protección Civil, la noche de este martes, no solo fortalece la presencia del Estado en el territorio, sino que confirma el respaldo de la federación a través del seguimiento puntual de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien se mantiene informada y en contacto directo con el gobierno estatal. Se nota que no estamos ante un protocolo de escritorio, sino ante una operación de emergencia con enfoque humano y logístico.

Los albergues habilitados están listos. Las zonas bajas han sido advertidas. Las autoridades insisten: hay que seguir las indicaciones de Protección Civil. Cada llamado no es un trámite, sino una acción de prevención.

Y aquí es donde se revela la dimensión de una administración pública que ha elegido la cercanía y la reacción rápida ante el peligro inminente.

La emergencia aún no termina. El suelo sigue húmedo, los ríos en constante observación. Pero lo que sí se puede afirmar con contundencia es que Tamaulipas está resistiendo con orden, con presencia institucional y con una ciudadanía que también ha sabido responder. No se trata de magnificar la acción gubernamental, sino de reconocer que cuando hay voluntad política, técnica y humana, las crisis se enfrentan mejor.

En la intimidad… La Universidad Autónoma de Tamaulipas, lejos de mirar desde la barrera, ha dado un paso al frente.

Su rector, Dámaso Anaya Alvarado, encabezó una reunión virtual con las direcciones de los campus de Tampico, Mante y Victoria, con un único objetivo: proteger a la comunidad universitaria y sumarse a las acciones en apoyo a la población.

No hubo demora. En el sur, el gimnasio del Centro Universitario fue convertido en albergue temporal para quienes buscan refugio. En Ciudad Mante, personal y recursos institucionales están ya al servicio de Protección Civil. Y más allá del despliegue de instalaciones, la UAT puso a disposición de la emergencia a su gente: médicos, enfermeros, voluntarios y estudiantes listos para colaborar en tareas de salud, logística y asistencia.

La universidad no solo forma profesionales. También forma comunidad. Y en esta contingencia, su respuesta ha sido ejemplar.

Cuando la lluvia amenaza con dividirnos, son estas decisiones las que nos unen.

davidcastellanost@hotmail.com
@dect1608

Continua leyendo

Opinión

La diversidad no se reduce a múltiples colores

Publicado

el

Por: Zaira Rosas
zairosas.22@gmail.com

Imagina que te atrae una persona y esa atracción es vista como una enfermedad
mental. Que, por amar o vincularte afectivamente, se te niegue la entrada a ciertos
lugares o seas objeto de burlas, violencia o exclusión. Esto, por increíble que
parezca, fue una realidad cotidiana para muchas personas de la comunidad
LGBTIQ+ antes de los años 70. Y aunque los tiempos han cambiado, todavía hoy
la diversidad sexual puede ser motivo de múltiples formas de discriminación,
abiertas o encubiertas.
Junio es conocido como el mes del orgullo. No es una fiesta vacía ni un desfile de
colores sin historia: se conmemora una lucha de décadas. Un punto clave fue el
28 de junio de 1969, cuando en el bar Stonewall Inn, en Nueva York, miembros de
la comunidad resistieron una redada policial. Aquella noche marcó el inicio de un
movimiento revolucionario que dejó claro que nadie debía esconderse por amar
diferente. Desde entonces, cada año recordamos que la dignidad, el respeto y los
derechos no deberían estar en juego por la orientación sexual o identidad de
género.
En México, según datos del INEGI, al menos un 5.1% de la población se identifica
como parte de la comunidad LGBTIQ+. Esto equivale a más de cinco millones de
personas que, aunque no deberían tener que exigirlo, reclaman algo tan básico
como la igualdad de derechos y una representación respetuosa en todos los
espacios, desde el ámbito legal hasta los medios de comunicación.
Sin embargo, aún hay muchos retos. Uno de ellos es la resistencia al uso del
lenguaje inclusivo. Cada vez que alguien escribe “todxs” o “todes”, no faltan las
críticas que lo reducen a una “moda absurda” o un “atentado al idioma”. Pero el
lenguaje no es estático: evoluciona con la sociedad. El lenguaje inclusivo no
pretende destruir la gramática, sino visibilizar a quienes históricamente han sido
borrados del discurso. Es una herramienta para reconocer la existencia de
identidades no binarias y otras expresiones de género. Negarse a su uso no es
defender el español: es cerrar los ojos ante realidades que nos incomodan o que
simplemente no entendemos.
Otro punto importante es la forma en que muchas marcas “se suben al tren” de la
diversidad en junio, pero se bajan en cuanto termina el mes. Cambian sus
logotipos a los colores del arcoíris, lanzan campañas “inclusivas” y presumen su
compromiso con la comunidad, pero en la práctica no garantizan espacios seguros
para sus empleados diversos, ni promueven políticas de inclusión real. A esto se

le conoce como “lavado rosa” (o pinkwashing): una estrategia de marketing que
usa causas sociales para limpiar la imagen de las empresas, sin un compromiso
auténtico detrás. La diversidad no puede reducirse a una estrategia de ventas o a
un filtro en redes sociales.
Afortunadamente, ha habido avances. En México, el matrimonio igualitario ya es
legal en todo el país. Se han aprobado leyes contra terapias de conversión y
existen esfuerzos por reconocer la identidad de género en documentos oficiales.
Sin embargo, la violencia sigue siendo una constante. Según datos de
organizaciones civiles, México es uno de los países con más crímenes de odio por
orientación sexual o identidad de género en América Latina. El cambio legal es
importante, pero el cambio cultural es urgente.
La diversidad sexual no debería ser motivo de debate, sino de respeto. Es parte
de lo que somos como humanidad. Negarla o limitarla es negar la riqueza de
nuestras diferencias. La apertura hacia la diversidad no exige que todas las
personas cambien quiénes son, sino que comprendan que hay otras formas
válidas y dignas de existir. Que el amor no necesita permisos ni justificaciones. Y
que reconocer los derechos de otros no resta los propios.
La verdadera inclusión no ocurre con logos arcoíris ni con discursos políticamente
correctos, sino con acciones constantes, con voluntad para aprender, con empatía,
y con leyes que garanticen derechos, pero también con una sociedad que no
castigue la diferencia.
Porque la diversidad no se reduce a múltiples colores: se trata de vidas, historias,
luchas y dignidad. Y ninguna de ellas debería ser invisibilizada.

Continua leyendo

Opinión

Cuando el Estado actúa, el crimen retrocede

Publicado

el

Este fin de semana quedó demostrado que, cuando las instituciones del Estado mexicano trabajan coordinadamente y sin protagonismos, el crimen organizado tambalea. La detención de 32 personas y el aseguramiento de una amplia gama de recursos operativos, financieros y logísticos de una estructura dedicada al robo de hidrocarburos desde 2015, es la muestra viva de que la inteligencia y la perseverancia vencen donde la impunidad alguna vez se impuso.

El anuncio no lo hizo un político en tribuna, ni se montó en el espectáculo mediático de la mañanera. Fue Omar García Harfuch, en representación del Gabinete de Seguridad Nacional, quien dio la cara un domingo por la tarde, en un momento estratégicamente elegido para dejar claro que esta operación fue técnica, no política; profesional, no improvisada. Una muestra de respeto a la inteligencia civil y militar, y una línea clara entre los que toman decisiones y los que actúan con eficacia.

Durante más de seis meses, se operaron tareas de inteligencia e investigación en Querétaro, Ciudad de México y Estado de México. El resultado: se desmanteló una organización criminal que, durante casi una década, robó hidrocarburo del Estado con impunidad.

Esta red criminal no solo tenía una estructura operativa, sino una arquitectura institucional paralela: tanques, remolques, cajas secas, vehículos blindados, armas de fuego, droga, medicamentos controlados y hasta animales exóticos. Esto no era una célula criminal, era un cártel huachicolero.

Entre los detenidos, destaca Cirio Sergio Rebollo Mendoza, conocido como “Don Checo”, de 55 años, líder absoluto del grupo; y Luis Miguel Ortega Maldonado, alias “Flaco de Oro”, de 40 años, su principal operador. Pero no actuaban solos. Aurelio “Gepeto” Hernández Lozano, ingeniero experto en estructuras de tanques, facilitaba las ventas; Diego Rebollo González llevaba logística; Heréndira “Yeye” Jacala García, tejía relaciones con autoridades y transportistas; e Israel “El Mil Millones” Molina Núñez fabricaba documentación falsa para maquillar la procedencia del hidrocarburo robado.

La operación culminó con la detención de estos personajes y el aseguramiento de 12 inmuebles, 21 tractocamiones, 14 semirremolques, 36 armas, casi 16 millones de pesos en efectivo, y la clausura de tomas clandestinas. Una intervención quirúrgica, con sello mexicano, pero también con el pulso firme y la asesoría silenciosa de agencias de inteligencia norteamericanas. La cooperación internacional fue discreta, como en los viejos tiempos del sexenio de Enrique Peña Nieto, pero con resultados medibles y contundentes.

Esta no fue una simple redada. Fue el desmantelamiento de una economía paralela. El mensaje es claro: ya no hay espacios seguros para el crimen organizado, ni siquiera en estructuras que parecían blindadas con poder económico, contactos y operaciones encubiertas.

En la intimidad… A los alcaldes de Altamira, Ciudad Madero y Tampico: Armando Martínez, Erasmo González y Mónica Villarreal, el mensaje es frontal. Si el auxilio de las fuerzas federales se ha vuelto un acto recurrente porque sus administraciones carecen de estructura, hombres y estrategia para atender incluso lo más básico, entonces no se quejen mañana cuando los mandos federales tomen decisiones más allá de sus escritorios.

Cuando el poder civil pierde la capacidad de servir, la autoridad real se reconfigura. La administración no es un ejercicio de fotografía y discurso. O retoman el control o lo delegan por omisión.

Porque, mientras ustedes celebran festivales o simulan operativos, el Estado —ese que no duerme, ese que sí actúa— está administrando ya lo que ustedes dejaron a la deriva ¡si no pueden con esto…!

Continua leyendo

Populares