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Integrantes del Congreso Nacional Ciudadano (CONACI) han comenzado a interponer solicitudes de Amparo contra la Ley de Seguridad Interior desde finales del año pasado. Se declaran a la ofensiva contra la “represión” del presidente Enrique Peña Nieto mediante la “militarización” del país.

“Ya sabemos que el sistema político esta podrido, nos divide en colores, nos vende espejitos, nos lleva a su juego día con día, nos roba, saquea, se burla del pueblo y con nuestro dinero simula un democracia que es legitimada por un pueblo con hambre e ignorancia que cree que haciendo fila para votar por los mismos de siempre, va a cambiar el resultado” publicaron el 27 de diciembre pasado en su página web.

El CONACI con células activas en distintas entidades del país, advierte haber pasado de la protesta enérgica, de la marcha, de la presión social a la acción legal y con estos Amparos ponen su esperanza en el Poder Judicial, tras confirmar que el Ejecutivo y Legislativo únicamente son tiranos en contra del pueblo mexicano que cada vez tiene más pobres, menos empleo y escasas oportunidades de crecimiento. Hoy se amparan contra la “militarización” deseando que la Suprema Corte de Justicia reconozca que la Ley de Seguridad Interior es inconstitucional.

Los actos en reclamo basados en un supuesto análisis a la redacción de la ley impulsada por el Gobierno Federal van dirigidos sobre algunos artículos que a decir de los del CONACI son “contradictorios” y en este debate o intención de tumbar la dichosa ley, también se involucran  integrantes del CONACI celula Tampico.

Los artículos “contradictorios” son los siguientes:

a) Artículo 2 Ley de Seguridad Interior (en adelante LSI); “La Seguridad Interior es la condición proporciona el Estado mexicano que permite salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobiernos e instituciones, así como el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del orden constitucional, el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrático en todo el territorio nacional. Comprende el conjunto de órganos, procedimientos y acciones destinados para dichos fines, respetando los derechos humanos en todo el territorio nacional, así como para prestar auxilio y protección a las entidades federativas y los municipios, frente a riesgo y amenazas que comprometan o afectan la seguridad nacional en los términos de la presente ley.” ​

Por lo anterior el CONACI supone que: toda vez, que su contenido en esta ley ni supletoriamente en la Ley de Seguridad Nacional, ni la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la definición expresa de Institución o instituciones, por la cual cabe la ambigüedad del señalamiento dela palabra “Instituciones”, así como “su gobernabilidad”, por lo que al no ser claro qué es lo que se protege, determina una inexactitud de la semántica de la misma. Ya que toda vez que está dirigida prioritariamente al uso de las Fuerzas Armadas a todo aquello que discrecionalmente entiendan las Autoridades como “amenaza”, y que la motivación de la ésta ley, al salvaguardo, vigilancia y permanencia de la misma, no confiere sentido práctico de interpretación jurídica de la misma; dejando así incierta e ineficiente la creación y motivación de la misma ley como tal.

Y continúan desglosando…

b) El artículo 3 de la LSI, establece “En el ejercicio de las atribuciones de Seguridad Interior,  se observarán los principios previstos en el artículo 4 de la Ley de Seguridad Nacional y los de racionalidad, oportunidad, proporcionalidad, temporalidad, subsidiariedad y gradualidad, así como las obligaciones relativas al uso legítimo de la fuerza.”; así mismo el artículo 4 de la Ley de Seguridad Nacional, expresa lo siguiente: “La Seguridad Nacional se rige por los principios de legalidad, responsabilidad, respeto a los derechos fundamentales de protección a la persona humana y garantías individuales y sociales, confidencialidad, lealtad, eficiencia, coordinación y cooperación.”

Por lo que refieren es un acto violatorio y que vulnera la eficiencia del artículos 1, 29 y 35 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante “CPEUM” o “Carta Magna” o “Constitución Federal”), que refiere a la reducción o suspensión de garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente la situación en casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto; toda vez que aún y que la LSI, no emite una suspensión de garantías expresa, pero actúa de facto la aplicación de suspensión de garantías y restricciones de los derechos humanos, dejando dicha ley en su improcedencia ya que atenta sobre los derecho humanos propios y reconocidos por el artículo 1 de la CPEUM, así como los derechos políticos-civiles reconocidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de los Derechos Humanos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, mismas que el Estado Mexicano es firmante y se obligó a adecuar su derecho positivo en virtud del beneficio al hombre como ente de la sociedad y su funcionamiento primordial. Así también, la libertad expedida por la Constitución Federal, de participar las políticas públicas en lo individual y en lo colectivo y por ello, participar en temas de interés legítimo y adherente a dichas políticas que afectan la libertad como derecho fundamental de las personas de manera directa e indirectamente de las personas. Por ello, determinado en estos preceptos legales confiere al hombre como institución base de la sociedad y del Estado mismo.

c) Del mismo modo, el artículo 7 de la LSI, establece lo que se entenderá por cada uno de los términos referidos, sin embargo, no se encuentra ninguno que especifique textualmente “seguridad Interior”, “instituciones” “grave riesgo”, además se encuentra no clara la conceptualización de la definición del “Uso legítimo de la fuerza”, pues al no definirse “actos de resistencia”, deja situaciones dubitativas en el ejercicio del “Uso de la legítima fuerza”, si bien es claro que la ambigüedad, vicios en la redacción e imprecisión en la redacción del legislador no es motivo para la declaratoria de su inconstitucionalidad, resulta no ser consistente y al no existir el concepto redactado por el legislador en ninguna ley existente, entonces no es motivo de su aplicación y por lo conducente no se puede aplicar ni ejecutar lo que no existe.

d) Artículo 9 “La información que se genere con motivo de la aplicación de la presente ley, será considerada de Seguridad Nacional, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables”. El hecho textual del presente precepto legal, refiere a la persona que enmarque, hable, interactúe, emane, investigue,emita información que genere o refiera por motivos de esta ley, será motivo de la aplicación de la presente ley y por ende podrá ser considerado un “riesgo” a la LSI, por lo que, vulnera y atenta toda libertad de expresión y de acceso a la información pública, comprendidos en el numeral 6to. De la Constitución Federal. De esta ley desprende varios supuestos normativos, pues, en todo momento un derecho legítimo el tener conocimiento del desempeño de las funciones de cualquier órgano de gobierno, incluyendo las Fuerzas Armadas, en el principio contenido en el mismo numeral como de “máxima difusión”, a su vez esta misma ley representa un menoscabo a la información pública contenido en el apartado A del mismo precepto legal, pues, el Estado teniendo la capacidad discrecional de correlacionar cualquier actividad que detente o ponga en riesgo a las “Instituciones” y su “gobernabilidad”, podrá ser sujeta a investigaciones de cualquier clase como “inteligencia para la Seguridad Interior”, “Uso legítimo de la fuerza”, lo que lo vuelve un sujeto vulnerable y amedrentadopor el sistema del propio Estado y así lo vulnera sus derechos más legítimos y elementales de la libertad de expresión y acceso a la información pública.

e) En relación a los preceptos número 11 y 12, que en su literalidad expresa “Corresponde a las autoridades federales, incluyendo las Fuerzas Armadas, por sí o en coordinación de las demás órdenes de gobierno, identificar, prevenir, atender, reducir y contestar la Amenazas a Seguridad Interior.

El Presidente de la República podrá ordenar por sí o a petición de las legislaturas de las Entidades Federativas, o de su Ejecutivo en caso de receso de aquellas, la intervención de la Federación para la realización e implementación de Acciones de Seguridad Interior en el territorio de una Entidad Federativa o zona geográfica del país, previa emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, cuando se actualice alguna de las siguientes Amenazas a la Seguridad Interior y estas:

• Comprometan o superen las capacidades efectivas de las autoridades competentes para atenderla, o

• Se originen por la falta o insuficiente colaboración de las entidades federativas y municipios en la preservación de la Seguridad Nacional, de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 1 de la Ley de Seguridad Nacional.

Aquellas amenazas a la Seguridad Interior  que no requieran declaratoria en términos del presente artículo serán atendidas por las autoridades conforme a sus atribuciones y a las disposiciones legales que le resulten aplicables.” Así como el artículo 12 “En los casos a los que se refiere el artículo anterior, el Presidente de la República, previa consideración del Consejo de Seguridad Nacional, determinará la procedencia de la intervención de la Federación y expedirá, dentro de las setenta y dos horas siguientes, contadas a partir recibir solicitud, la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, la cual deberá modificarse por conducto de la Secretaría de Gobernación a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en los periódicos o gacetas oficiales de las entidades federativas afectadas.” Ambos artículos contravienen el artículo 21 Constitucional, pues ya que el ejercicio de investigación de los Delitos corresponde en todo momento al Ministerio Público y a las policías. Si bien, desempeñaran auxilio a las policías municipales y/o estatales, la participación y esencia de la declaratoria de Seguridad Interior e intervención de las Fuerzas Armadas es por verse rebasadas las policías del orden civil, por lo que la aplicación de las Fuerzas Armadas en labores de control y vigilancia es únicamente y por las fuerzas públicas civiles.

Además, en el cuarto párrafo del mismo artículo citado, expresa “La seguridad pública es una función a cargo de la federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva… (Ídem)” por ello, existiría una contradicción de funciones y que al mismo tiempo contraviene la Constitución Federal, y por ello vuelve inconstitucional la ley.

f) El artículo 30 de la LSI, “Las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas desarrollarán actividades de inteligencia en materia de Seguridad Interior en los ámbitos de sus respectivas competencias. Al realizar las tareas de inteligencia, las autoridades facultadas por esta Ley, podrán hacer uso de cualquier método lícito de recolección de información

Toda obtención de información de inteligencia se realizará con pleno respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.” Sin embargo, al referirse que “podrán hacer uso de cualquier método lícito de recolección de información”, no se especifica cuáles son los métodos lícitos para el ejercicio de la obtención de datos. Lo que al ser obscuro o ambiguo el proceso de su realización contraviene el artículo 16.Constitucional, lo cual resulta improcedente e inaplicable y además detenta y genera un menoscabo a la esfera jurídica de las personas.

De verdad que da gusto ver como los ciudadanos toman en cuenta las instituciones para combatir y luchar por lo que sugieren va contra los mexicanos, ahora habrá que esperar la resolución y respetar sea cual sea el fallo.

davidcastellanost@hotmail.com

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Opinión

El dilema pendiente en los CEDES

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En Tamaulipas, hablar del sistema penitenciario obliga a salir de la zona de confort. Ni todo es fracaso, ni todo es avance. En medio, sí, casi siempre porque su realidad es compleja, incómoda y medible. Asi, en todo el país, solo que en lugares aun más fea, turbia y lugubre la vida en su interior.

El gobierno de Américo Villarreal Anaya ha destinado más de 9.3 millones de pesos para fortalecer la infraestructura tecnológica en los Centros de Ejecución de Sanciones. Cámaras, sistemas de videovigilancia y mecanismos de inhibición de señal forman parte de una apuesta que, en el papel, apunta a mejorar el control interno y reducir riesgos.

A ello se suman 12 millones de pesos adicionales, canalizados a través del FASP 2025, para el arrendamiento de 25 vehículos que buscan optimizar la operación en los cinco CEDES del estado. Ambulancias, vans, sedanes y pick-ups que, más allá del inventario, reflejan una intención de modernizar la logística penitenciaria.

Ha cifras que van a favor del jefe del ejecutivo estatal: 4 mil 500 personas privadas de la libertad recibieron uniformes, calzado y artículos básicos; se brindaron cerca de 13 mil 500 servicios de salud; se registraron 256 acciones educativas y más de 22 mil actividades deportivas. Además, mil 290 internos accedieron a capacitación laboral y más de mil 100 participaron en actividades culturales.
Pero, ¿esto reduce la reincidencia delictiva?

Ojala que la cantidad de uniformes entregados y los talleres impartidos, sirvan para transformar conductas y evitar que quienes egresan del CEDES vuelvan, a delinquir y regresen tras las rejas.
Invertir en infraestructura y servicios es apenas el primer paso. Lo que sigue —y donde históricamente han fallado los gobiernos— es construir mecanismos de evaluación reales, transparentes y sostenidos en el tiempo. Sin ellos, cualquier avance corre el riesgo de quedarse en estadística.

En México, pero, sobre todo en Tamaulipas necesita un sistema penitenciario que funcione más allá de los informes. Uno que no sólo contenga, sino que verdaderamente reintegre.
Y eso, hasta hoy, sigue siendo una deuda estructural.

En la intimidad…. A partir del 1 y hasta el 30 de abril, el Servicio de Administración Tributaria abre el periodo para la Declaración Anual 2025 de personas físicas. Un trámite que, como cada año, combina obligación fiscal y prueba de paciencia.

El SAT ha incorporado mejoras: precarga de información, detección de inconsistencias y nuevas herramientas para deducciones. En el papel, el proceso es más ágil. En la práctica, dependerá —como siempre— de la experiencia de cada contribuyente frente al sistema.

Hay reglas claras: deberán declarar quienes superen los 400 mil pesos anuales por salarios, quienes hayan tenido más de un empleador o ingresos adicionales. También hay matices, como los contribuyentes en RESICO, que podrían estar exentos según su situación.

El dato relevante no es menor: si el saldo a favor supera los 10 mil pesos, será obligatorio el uso de la e.firma. Y si hay impuesto a pagar, podrá cubrirse en hasta seis parcialidades, siempre que se cumpla en tiempo.

Más allá de la técnica, el mensaje es simple: el cumplimiento fiscal ya no admite postergaciones. El SAT ha cerrado márgenes y automatizado procesos.

En un país donde históricamente la cultura tributaria ha sido frágil, abril vuelve a recordarnos que la formalidad no es opcional.

Es, cada vez más, inevitable.

davidcastellanost@hotmail.com
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La verdad, aunque duela

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Bajo los salones sobrios del Club Naval Sur, donde la disciplina castrense se mezcla con la liturgia institucional, el alto mando de la Secretaría de Marina Armada de México delineó, una de las posturas más claras de los últimos años en torno a la relación con los medios de comunicación: la verdad como principio operativo, incluso cuando sea incómoda.

En  el encuentro con medios de comunicación el almirante secretario, Raymundo Pedro Morales Ángeles, no apeló a discursos grandilocuentes. Optó, en cambio, por una narrativa de corresponsabilidad: periodistas y marinos —dijo— no sólo comparten información, sino también el peso de lo que implica comunicarla en un país donde la confianza institucional sigue siendo un activo en disputa.

“Agradezco mucho que estén con nosotros… ustedes nos ayudan mucho en la labor cotidiana de informar”, expresó el titular de Marina, al reconocer una relación que —según sus propias palabras— ha evolucionado de la cobertura distante a una cercanía que se construye en campo, en emergencias y en la rutina operativa.

El mensaje no se quedó en la cortesía. Morales Ángeles fijó postura en un terreno que suele ser incómodo para el servicio público: la transparencia sin matices. “No apostamos a la mentira o al ocultar información… tarde o temprano las verdades salen a la luz y es mejor decirlas a tiempo”, sostuvo, en una declaración que, más que protocolaria, pareció un deslinde frente a inercias históricas dentro y fuera del aparato gubernamental.

La referencia no fue abstracta. Al evocar las inundaciones que afectaron a cinco estados el año pasado, el almirante recordó la magnitud de la respuesta naval, particularmente en Veracruz, donde —dijo— la Marina coordinó los puentes aéreos “más grandes que se han hecho en la historia” de la institución. La operación, resuelta en poco más de un mes, fue presentada como ejemplo de eficacia, pero también como argumento para reforzar la necesidad de que la ciudadanía conozca, en tiempo real, el destino y alcance de los recursos públicos.

En ese punto, el discurso adquirió un tono más estructural. La transparencia, subrayó, no es una concesión, sino una obligación inherente al uso de recursos que pertenecen a la sociedad. “Debemos trabajar para que la sociedad sepa en dónde se gasta su recurso… todo lo que hacemos se realiza con cargo al presupuesto del Estado mexicano”, puntualizó.

El almirante no eludió, tampoco, el terreno de la percepción pública. Reconoció que la Marina se mantiene como una de las instituciones con mayor confianza en el país, pero advirtió que ese capital no es permanente. “Hay que construirlo todos los días”, dijo, al tiempo que vinculó esa tarea con la claridad informativa y la sinergia con los medios.

Más allá del protocolo, el encuentro dejó ver una relación que, aunque institucional, se nutre de una dinámica menos rígida de lo que aparenta. En palabras del propio secretario, los periodistas han sido testigos —y en cierta medida partícipes— de las jornadas, riesgos y pérdidas de la vida naval. Una cercanía que, según afirmó, se traduce en una narrativa más consciente de lo que significa servir en el mar, en el aire o en tierra.

Nadie discute que en la actualidad la información se disputa entre la inmediatez y la veracidad, pero, el mensaje del alto mando naval fue directo: la credibilidad no se administra, se ejerce. Y en ese ejercicio, tanto la Marina como los medios —cada uno desde su trinchera— comparten una responsabilidad que va más allá del titular, de  una nota o contenido que “genere tráfico”

En la intimidad… Al rendir su Cuarto Informe, el gobernador Américo Villarreal Anaya afirmó que la transformación en Tamaulipas se traduce en hechos que buscan cerrar brechas, acompañar preferentemente a quienes más lo necesitan y forma parte de un movimiento nacional que tiene rumbo y profundo sentido social, tras ratificar que esta transformación se construye colectivamente, con trabajo, disciplina y convicción.

En su mensaje, ante miles de tamaulipecos y tamaulipecas en el Polyforum de esta capital, el gobernador del Estado exhortó a seguir unidos y alertas para evitar la reacción de aquellos que pretenden, desde el anonimato y las noticias falsas, abrir de nuevo el espacio a las oligarquías.

“El despertar de conciencias lo necesitamos ahora para neutralizar a las oligarquías que se refugian aún en la mentira, la manipulación, en el espejismo de las pantallas, en el espacio digital de la infocracia y que son a todas luces enemigos hostiles de la verdad, el derecho, la igualdad y la prosperidad compartida”, expresó.

Puso énfasis en que Tamaulipas ha asumido la visión humanista con todo compromiso y responsabilidad, pero también como parte de un movimiento con un proyecto nacional que hoy tiene rumbo y un profundo sentido social.

«Ahí está la esencia de este gobierno, lo que hemos perseguido por tres años y medio y donde vamos a continuar con firmeza, con un profundo sentido humanista y con la fuerza de la esperanza que nos señala que el trabajo diario tiene sentido. Ese sentido que nos reafirma que lo que hacemos es bueno y que permitirá a nuestros hijos e hijas, nietas y nietos tener un mejor futuro del que a nosotros nos tocó iniciar».

davidcastellanost@hotmail.com

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Tamaulipas, y su nueva prueVA de realidad

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Desde los primeros años de la función pública, los informes de gobierno tienen una virtud… y un riesgo.

La virtud: En definitiva, es el saber ordenar el discruso.
El riesgo: Que la serpentina del discurso termine sustituyendo a la realidad y se convierta en un confeti de a peso el kilo.

Este lunes, el gobernador Américo Villarreal Anaya presentará su Cuarto Informe en el Polyforum de Ciudad Victoria. Llegará con un mensaje claro: en Tamaulipas hay rumbo.

La administración estatal ha colocado sobre la mesa proyectos que, de concretarse, pueden redefinir la lógica económica de la entidad: la autopista Mante-Ocampo-Tula, el Puerto del Norte en Matamoros y la segunda línea del acueducto de la presa Vicente Guerrero a la capital.

También hay un discurso insistente sobre finanzas sanas, control del gasto y confianza del sector financiero. En un país donde el desorden presupuestal suele ser la regla, ese argumento tiene peso.

Y, además, un sello político: el de un gobierno que se asume humanista y alineado al proyecto nacional que encabeza Claudia Sheinbaum Pardo, eso, sin importar las pugnas internas que tanto daño le hacen a cualquier estructura gubernamental.
Hasta ahí, los avances.

Pero un informe no se mide por lo que promete consolidar, sino por lo que ya logró resistir. Ahí está la diferencia.

Porque gobernar no es solo anunciar infraestructura, ni sostener indicadores macroeconómicos. Es traducir esas decisiones en condiciones concretas para la gente: movilidad, agua, seguridad, certeza.

Y ese es el punto donde todo gobierno empieza a ser evaluado con mayor severidad.

El cuarto año no es de arranque. Es de validación.

El Polyforum estará lleno. Habrá cifras, imágenes, narrativa. Eso forma parte del ejercicio político; es más, allá estarán hasta los alcaldes que no son queridos por el gobernador, y los otros, los que no hacen nada en todo el año y aprovechan este tipo de eventos para salirse de paseo a la capital, claro, todo pagado.

Pero el verdadero informe no ocurre en el escenario.
Ocurre afuera. En la percepción de una ciudadanía que ya no se conforma con la promesa de transformación, sino que exige evidencia cotidiana de que esa transformación está ocurriendo.

Ahí es donde se sostiene —o se cae— cualquier proyecto de gobierno.

Tamaulipas tiene hoy una administración que presume orden, transparencia, honestidad  y planeación.

El reto es que esos cuatro elementos se traduzcan en resultados que no necesiten explicación, ni discurso, ¡amén!

En la intimidad… Donde el discurso sí encuentra respaldo tangible es en la actividad productiva.

En el Centro de Convenciones Expo Tampico, la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya encabezó la LXIV Asamblea General Ordinaria y la XV Muestra Internacional de Ganado Cebú, un evento que confirma la vigencia de uno de los sectores más sólidos del estado: la ganadería.
Acompañada por Oscar Thomas Obregón y Wilberth Díaz Erosa, la edil no sólo destacó la calidad genética del hato ganadero, sino algo más relevante: la capacidad de Tampico para convertirse en punto de encuentro de inversión, logística y comercio.

La presencia de Juan Manuel Conde y productores de distintos niveles confirma que, más allá del discurso político, hay sectores que siguen generando valor real.

Y eso, en cualquier gobierno, es lo que termina pesando.

davidcastellanost@hotmail.com
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Opinión

El rumbo energético de México

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Por: Zaira Rosas

zairosas.22@gmail.com

El rumbo energético de México vive una tensión evidente: apostar por la construcción de refinerías y el fortalecimiento de la industria petrolera, o acelerar la transición hacia energías limpias. No es un debate menor. En él se juega no solo el desarrollo económico del país, sino también su autonomía, su papel internacional y su responsabilidad ambiental.

En los últimos años, proyectos como la refinería de Dos Bocas han simbolizado la apuesta por recuperar la capacidad de refinación nacional, reducir importaciones y fortalecer a Pemex.

Esta estrategia responde a una lógica clara: la soberanía energética. En un contexto donde México aún depende en gran medida del gas importado —alrededor del 75%—, garantizar el abasto interno es una prioridad política y económica. Sin embargo, esta visión convive con compromisos internacionales que obligan a reducir emisiones y aumentar la participación de
energías limpias en la matriz energética.

El problema no es elegir entre petróleo o energías renovables, sino entender que el equilibrio es inevitable. La transición energética no ocurre de la noche a la mañana. Incluso países con mayores recursos tecnológicos siguen dependiendo de los hidrocarburos. En este sentido, el caso de Cuba es ilustrativo: su limitada infraestructura y restricciones económicas han evidenciado los riesgos de no contar con un sistema energético diversificado y resiliente.

Apostar únicamente por una fuente —sea fósil o renovable— puede generar vulnerabilidades críticas.

México, por tanto, necesita una estrategia híbrida. Mantener la producción y procesamiento de petróleo es fundamental para sostener la economía en el corto y mediano plazo, pero también lo es invertir decididamente en energías limpias, almacenamiento y modernización de la red eléctrica. El propio gobierno ha planteado este doble camino: fortalecer a Pemex y, al mismo tiempo, impulsar fuentes renovables y reducir el impacto ambiental. La contradicción no está en la estrategia, sino en su ejecución.

En este contexto, la incorporación de Cuauhtémoc Cárdenas al frente de una comisión consultiva del petróleo abre un debate interesante. Por un lado, su figura representa una tradición histórica ligada a la defensa de la soberanía energética, heredada del legado cardenista. Por otro, su nombramiento plantea dudas: ¿se trata de una decisión estratégica basada en experiencia, o de un recurso simbólico para legitimar políticas actuales?

La comisión tendrá como objetivo analizar tendencias y emitir recomendaciones para el futuro energético del país. En teoría, esto podría aportar una visión de largo plazo en un momento de transición global. Pero también existe el riesgo de que se privilegie una mirada anclada en el pasado, cuando el reto actual exige innovación, apertura tecnológica y adaptación a nuevos paradigmas energéticos.

Finalmente, ningún debate energético en México puede ignorar un tema estructural: la corrupción en Pemex. Durante décadas, la asignación opaca de contratos, la ineficiencia administrativa y los intereses políticos han limitado su potencial. Sin atender este problema de fondo, cualquier inversión —ya sea en refinerías o en energías limpias— corre el riesgo de diluirse.

La verdadera evolución energética del país no depende únicamente de elegir entre petróleo o energías renovables. Depende de construir instituciones transparentes, decisiones técnicas por encima de intereses políticos y una visión de largo plazo que entienda que la soberanía no se opone a la innovación. México no necesita volver al pasado ni saltar ciegamente al futuro: necesita aprender a transitar entre ambos.

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