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Integrantes del Congreso Nacional Ciudadano (CONACI) han comenzado a interponer solicitudes de Amparo contra la Ley de Seguridad Interior desde finales del año pasado. Se declaran a la ofensiva contra la “represión” del presidente Enrique Peña Nieto mediante la “militarización” del país.

“Ya sabemos que el sistema político esta podrido, nos divide en colores, nos vende espejitos, nos lleva a su juego día con día, nos roba, saquea, se burla del pueblo y con nuestro dinero simula un democracia que es legitimada por un pueblo con hambre e ignorancia que cree que haciendo fila para votar por los mismos de siempre, va a cambiar el resultado” publicaron el 27 de diciembre pasado en su página web.

El CONACI con células activas en distintas entidades del país, advierte haber pasado de la protesta enérgica, de la marcha, de la presión social a la acción legal y con estos Amparos ponen su esperanza en el Poder Judicial, tras confirmar que el Ejecutivo y Legislativo únicamente son tiranos en contra del pueblo mexicano que cada vez tiene más pobres, menos empleo y escasas oportunidades de crecimiento. Hoy se amparan contra la “militarización” deseando que la Suprema Corte de Justicia reconozca que la Ley de Seguridad Interior es inconstitucional.

Los actos en reclamo basados en un supuesto análisis a la redacción de la ley impulsada por el Gobierno Federal van dirigidos sobre algunos artículos que a decir de los del CONACI son “contradictorios” y en este debate o intención de tumbar la dichosa ley, también se involucran  integrantes del CONACI celula Tampico.

Los artículos “contradictorios” son los siguientes:

a) Artículo 2 Ley de Seguridad Interior (en adelante LSI); “La Seguridad Interior es la condición proporciona el Estado mexicano que permite salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobiernos e instituciones, así como el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del orden constitucional, el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrático en todo el territorio nacional. Comprende el conjunto de órganos, procedimientos y acciones destinados para dichos fines, respetando los derechos humanos en todo el territorio nacional, así como para prestar auxilio y protección a las entidades federativas y los municipios, frente a riesgo y amenazas que comprometan o afectan la seguridad nacional en los términos de la presente ley.” ​

Por lo anterior el CONACI supone que: toda vez, que su contenido en esta ley ni supletoriamente en la Ley de Seguridad Nacional, ni la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la definición expresa de Institución o instituciones, por la cual cabe la ambigüedad del señalamiento dela palabra “Instituciones”, así como “su gobernabilidad”, por lo que al no ser claro qué es lo que se protege, determina una inexactitud de la semántica de la misma. Ya que toda vez que está dirigida prioritariamente al uso de las Fuerzas Armadas a todo aquello que discrecionalmente entiendan las Autoridades como “amenaza”, y que la motivación de la ésta ley, al salvaguardo, vigilancia y permanencia de la misma, no confiere sentido práctico de interpretación jurídica de la misma; dejando así incierta e ineficiente la creación y motivación de la misma ley como tal.

Y continúan desglosando…

b) El artículo 3 de la LSI, establece “En el ejercicio de las atribuciones de Seguridad Interior,  se observarán los principios previstos en el artículo 4 de la Ley de Seguridad Nacional y los de racionalidad, oportunidad, proporcionalidad, temporalidad, subsidiariedad y gradualidad, así como las obligaciones relativas al uso legítimo de la fuerza.”; así mismo el artículo 4 de la Ley de Seguridad Nacional, expresa lo siguiente: “La Seguridad Nacional se rige por los principios de legalidad, responsabilidad, respeto a los derechos fundamentales de protección a la persona humana y garantías individuales y sociales, confidencialidad, lealtad, eficiencia, coordinación y cooperación.”

Por lo que refieren es un acto violatorio y que vulnera la eficiencia del artículos 1, 29 y 35 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante “CPEUM” o “Carta Magna” o “Constitución Federal”), que refiere a la reducción o suspensión de garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente la situación en casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto; toda vez que aún y que la LSI, no emite una suspensión de garantías expresa, pero actúa de facto la aplicación de suspensión de garantías y restricciones de los derechos humanos, dejando dicha ley en su improcedencia ya que atenta sobre los derecho humanos propios y reconocidos por el artículo 1 de la CPEUM, así como los derechos políticos-civiles reconocidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de los Derechos Humanos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, mismas que el Estado Mexicano es firmante y se obligó a adecuar su derecho positivo en virtud del beneficio al hombre como ente de la sociedad y su funcionamiento primordial. Así también, la libertad expedida por la Constitución Federal, de participar las políticas públicas en lo individual y en lo colectivo y por ello, participar en temas de interés legítimo y adherente a dichas políticas que afectan la libertad como derecho fundamental de las personas de manera directa e indirectamente de las personas. Por ello, determinado en estos preceptos legales confiere al hombre como institución base de la sociedad y del Estado mismo.

c) Del mismo modo, el artículo 7 de la LSI, establece lo que se entenderá por cada uno de los términos referidos, sin embargo, no se encuentra ninguno que especifique textualmente “seguridad Interior”, “instituciones” “grave riesgo”, además se encuentra no clara la conceptualización de la definición del “Uso legítimo de la fuerza”, pues al no definirse “actos de resistencia”, deja situaciones dubitativas en el ejercicio del “Uso de la legítima fuerza”, si bien es claro que la ambigüedad, vicios en la redacción e imprecisión en la redacción del legislador no es motivo para la declaratoria de su inconstitucionalidad, resulta no ser consistente y al no existir el concepto redactado por el legislador en ninguna ley existente, entonces no es motivo de su aplicación y por lo conducente no se puede aplicar ni ejecutar lo que no existe.

d) Artículo 9 “La información que se genere con motivo de la aplicación de la presente ley, será considerada de Seguridad Nacional, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables”. El hecho textual del presente precepto legal, refiere a la persona que enmarque, hable, interactúe, emane, investigue,emita información que genere o refiera por motivos de esta ley, será motivo de la aplicación de la presente ley y por ende podrá ser considerado un “riesgo” a la LSI, por lo que, vulnera y atenta toda libertad de expresión y de acceso a la información pública, comprendidos en el numeral 6to. De la Constitución Federal. De esta ley desprende varios supuestos normativos, pues, en todo momento un derecho legítimo el tener conocimiento del desempeño de las funciones de cualquier órgano de gobierno, incluyendo las Fuerzas Armadas, en el principio contenido en el mismo numeral como de “máxima difusión”, a su vez esta misma ley representa un menoscabo a la información pública contenido en el apartado A del mismo precepto legal, pues, el Estado teniendo la capacidad discrecional de correlacionar cualquier actividad que detente o ponga en riesgo a las “Instituciones” y su “gobernabilidad”, podrá ser sujeta a investigaciones de cualquier clase como “inteligencia para la Seguridad Interior”, “Uso legítimo de la fuerza”, lo que lo vuelve un sujeto vulnerable y amedrentadopor el sistema del propio Estado y así lo vulnera sus derechos más legítimos y elementales de la libertad de expresión y acceso a la información pública.

e) En relación a los preceptos número 11 y 12, que en su literalidad expresa “Corresponde a las autoridades federales, incluyendo las Fuerzas Armadas, por sí o en coordinación de las demás órdenes de gobierno, identificar, prevenir, atender, reducir y contestar la Amenazas a Seguridad Interior.

El Presidente de la República podrá ordenar por sí o a petición de las legislaturas de las Entidades Federativas, o de su Ejecutivo en caso de receso de aquellas, la intervención de la Federación para la realización e implementación de Acciones de Seguridad Interior en el territorio de una Entidad Federativa o zona geográfica del país, previa emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, cuando se actualice alguna de las siguientes Amenazas a la Seguridad Interior y estas:

• Comprometan o superen las capacidades efectivas de las autoridades competentes para atenderla, o

• Se originen por la falta o insuficiente colaboración de las entidades federativas y municipios en la preservación de la Seguridad Nacional, de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 1 de la Ley de Seguridad Nacional.

Aquellas amenazas a la Seguridad Interior  que no requieran declaratoria en términos del presente artículo serán atendidas por las autoridades conforme a sus atribuciones y a las disposiciones legales que le resulten aplicables.” Así como el artículo 12 “En los casos a los que se refiere el artículo anterior, el Presidente de la República, previa consideración del Consejo de Seguridad Nacional, determinará la procedencia de la intervención de la Federación y expedirá, dentro de las setenta y dos horas siguientes, contadas a partir recibir solicitud, la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, la cual deberá modificarse por conducto de la Secretaría de Gobernación a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en los periódicos o gacetas oficiales de las entidades federativas afectadas.” Ambos artículos contravienen el artículo 21 Constitucional, pues ya que el ejercicio de investigación de los Delitos corresponde en todo momento al Ministerio Público y a las policías. Si bien, desempeñaran auxilio a las policías municipales y/o estatales, la participación y esencia de la declaratoria de Seguridad Interior e intervención de las Fuerzas Armadas es por verse rebasadas las policías del orden civil, por lo que la aplicación de las Fuerzas Armadas en labores de control y vigilancia es únicamente y por las fuerzas públicas civiles.

Además, en el cuarto párrafo del mismo artículo citado, expresa “La seguridad pública es una función a cargo de la federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva… (Ídem)” por ello, existiría una contradicción de funciones y que al mismo tiempo contraviene la Constitución Federal, y por ello vuelve inconstitucional la ley.

f) El artículo 30 de la LSI, “Las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas desarrollarán actividades de inteligencia en materia de Seguridad Interior en los ámbitos de sus respectivas competencias. Al realizar las tareas de inteligencia, las autoridades facultadas por esta Ley, podrán hacer uso de cualquier método lícito de recolección de información

Toda obtención de información de inteligencia se realizará con pleno respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.” Sin embargo, al referirse que “podrán hacer uso de cualquier método lícito de recolección de información”, no se especifica cuáles son los métodos lícitos para el ejercicio de la obtención de datos. Lo que al ser obscuro o ambiguo el proceso de su realización contraviene el artículo 16.Constitucional, lo cual resulta improcedente e inaplicable y además detenta y genera un menoscabo a la esfera jurídica de las personas.

De verdad que da gusto ver como los ciudadanos toman en cuenta las instituciones para combatir y luchar por lo que sugieren va contra los mexicanos, ahora habrá que esperar la resolución y respetar sea cual sea el fallo.

davidcastellanost@hotmail.com

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Opinión

Los chistes de Benjamín “el secretario”

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Las cifras oficiales del turismo en Tamaulipas durante 2025 ofrecen un punto de partida relevante para entender no sólo el comportamiento de los visitantes, sino el modelo económico que hoy sostiene al sector. Con 17 millones 417 mil 411 turistas y visitantes, el estado alcanzó un máximo histórico; sin embargo, el dato cobra verdadero sentido cuando se revisa su composición.

De ese total, 57.8 por ciento correspondió a turismo nacional, mientras que 40.8 por ciento fue turismo local. El turismo internacional representó apenas el 1.5 por ciento. Más que una debilidad, el dato confirma una realidad estructural: Tamaulipas es un destino que se mueve, fundamentalmente, por dinámicas internas y regionales.

Los principales emisores de turismo nacional fueron Nuevo León, con 3.8 millones de visitantes; San Luis Potosí, con 1.1 millones; la Ciudad de México, con 679 mil; Coahuila, con 366 mil; y Veracruz, con 261 mil. Se trata de flujos cercanos, constantes y mayoritariamente carreteros, que explican por qué el turismo tamaulipeco resiste ciclos económicos adversos y mantiene estabilidad a lo largo del año.

Este perfil tiene ventajas claras: continuidad, arraigo regional y menor volatilidad. Pero también plantea un límite que conviene reconocer con claridad. El turismo que llega es numeroso, pero no necesariamente el que mayor derrama económica genera. La baja proporción de visitantes internacionales sigue siendo el principal desafío para un estado que, por ubicación geográfica y conectividad, podría aspirar a una presencia más sólida en ese segmento.

Desde la Secretaría de Turismo se ha señalado que el mercado internacional —en especial el estadounidense— representa una oportunidad estratégica. La afirmación es correcta, pero el reto no es conceptual, sino operativo. La captación de turismo extranjero depende menos de campañas y más de condiciones sostenidas de seguridad, servicios, profesionalización y certidumbre urbana. Es un proceso de mediano plazo que exige constancia y coordinación institucional.

El dato duro es claro: Tamaulipas ya logró atraer visitantes; ahora el desafío es mejorar la calidad del ingreso turístico. No se trata de competir en volumen, sino en valor. El récord de 2025 debe entenderse como un piso, no como un punto de llegada.

En la intimidad… En paralelo a las cifras económicas, la agenda social avanza en otro registro, menos visible pero igualmente estratégico. Durante la reunión intermunicipal Salud en Todas las Políticas, realizada en Tampico, la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya expuso un enfoque centrado en la prevención y la coordinación institucional como ejes de la política pública en materia de salud.

Más allá del discurso, se presentaron acciones concretas: la recolección de 2 mil 744 toneladas de residuos, principalmente especiales; la incorporación de un triturador industrial de neumáticos para reducir riesgos sanitarios asociados al dengue; y la realización de jornadas médicas semanales en colonias prioritarias.

Un componente que destaca es la participación de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, cuyo papel ha ido más allá del acompañamiento formal. Bajo la conducción del rector Dámaso Anaya Alvarado, la UAT ha fortalecido programas de salud mental en escuelas secundarias públicas, extendiéndolos incluso al personal docente mediante esquemas de atención entre pares. Es un ejemplo de cómo la vinculación universitaria puede traducirse en impacto social directo cuando existe dirección institucional clara.

La coordinación con instancias federales y estatales, incluidas áreas de seguridad y salud, completa un esquema que apuesta por anticiparse a los problemas, no sólo reaccionar ante ellos.

Sin estridencias ni triunfalismos, los datos permiten una lectura puntual: Tamaulipas enfrenta retos estructurales, pero también dispone de bases reales —económicas, institucionales y académicas— para abordarlos. Reconocer ambas cosas, al mismo tiempo, es quizá el ejercicio más honesto que puede hacerse desde el periodismo.

Davidcastellanost@hotmail.com

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Opinión

A ver si es cierto… 

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El programa federal de conservación y bacheo carretero que se ejecutará a lo largo de 2026 pertenece a esa categoría de la esperanza. NO corta listones espectaculares ni inaugura puentes icónicos, pero aportará al sostén de la vida económica, social y de seguridad de Tamaulipas.

La Secretaría de Obras Públicas del estado ha confirmado que Tamaulipas queda integrado a la región noreste dentro del esquema nacional de conservación de la red federal. En un país donde el deterioro de las carreteras se convirtió durante años en una normalidad peligrosa, la decisión de invertir en mantenimiento es una señal de madurez institucional: entender que la infraestructura no se presume cuando se inaugura, sino cuando funciona.

El plan contempla trabajos dentro de una red nacional que supera los 52 mil kilómetros, con una inversión federal de 50 mil millones de pesos. Para el noreste —Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas y Tamaulipas— se destinan 7 mil 113 millones de pesos para atender 2 mil 110 kilómetros. En términos prácticos, eso significa menos accidentes, menores costos logísticos, mayor competitividad y rutas más seguras en corredores que conectan a Tamaulipas con Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, arterias vitales para el comercio exterior y el tránsito regional.

Aquí vale subrayar algo que pocas veces se dice con claridad: una carretera en mal estado no es solo un problema de movilidad; es un impuesto oculto a la economía familiar y empresarial. Aumenta el desgaste vehicular, eleva tiempos de traslado, encarece el transporte de mercancías y, en contextos como el nuestro, impacta incluso en la seguridad pública. La conservación carretera es, también, una política social silenciosa.

Otro punto relevante es el empleo. La atención de tramos prioritarios y corredores estratégicos genera trabajo local, dinamiza economías regionales y activa cadenas productivas que van desde la construcción hasta los servicios. No es la obra espectacular, pero es la obra que sostiene.

El reto, por supuesto, no está en el anuncio sino en la ejecución: calidad, transparencia y vigilancia social. Que el mantenimiento no sea cosmético ni temporal, que los recursos lleguen al asfalto y no se diluyan en inercias administrativas. En ese punto, la exigencia ciudadana no es oposición; es corresponsabilidad.

Porque si algo ha aprendido Tamaulipas es que la infraestructura no se defiende con discursos, se defiende con resultados medibles y carreteras que resisten el paso del tiempo, del clima y del tráfico pesado.

En la intimidad… Mientras la obra que no luce avanza en silencio, Tampico recibió una ovación internacional. El Premio Excelencias Turísticas, otorgado al Jazz Internacional Tampico Fest 2025 en el marco de la FITUR 2026 en Madrid, coloca al puerto en una vitrina global donde pocos destinos mexicanos logran permanecer por mérito propio.

No es un premio menor ni una casualidad. El festival —realizado del 20 al 24 de octubre— ofreció conciertos gratuitos de artistas nacionales e internacionales y confirmó algo que los tampiqueños saben desde hace décadas: la cultura también es política pública cuando se convierte en identidad, turismo y economía. Tampico, con su arquitectura y atmósfera histórica, vuelve a ser reconocido como el Nuevo Orleans mexicano, no por nostalgia, sino por propuesta.

En la Feria Internacional de Turismo, donde convergen más de 161 países y alrededor de 250 mil visitantes, Tamaulipas mostró lo que a veces se nos olvida defender: historia, gastronomía, artesanías y destinos con personalidad propia. En un mundo saturado de ofertas turísticas genéricas, la autenticidad es el verdadero valor agregado.

Carreteras que conectan y cultura que proyecta. Infraestructura que sostiene y música que convoca. Ese es el Tamaulipas que merece ser leído con respeto por los funcionarios y reconocido por la ciudadanía: el que entiende que el desarrollo no siempre hace ruido, pero cuando se articula bien, deja huella.

davidcastellanost@hotmail.com

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Opinión

Morena tiene miedo a EUA, pero esto está más cerca de lo que creen

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En política, como en la tauromaquia, no basta con salir al ruedo vestido de luces: hay que saber templar, citar y mandar. Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del PAN, salió a la plaza de Tamaulipas con el capote arrastrando… y el toro, lejos de embestirle noble, le pasó por encima.

La falta de oficio quedó exhibida cuando el CEN permitió que el vendaval interno creciera sin barreras. Pasó el 2025 y la convocatoria para renovar el Comité Directivo Estatal nunca apareció. El reloj avanzó, el 2026 brincó al ruedo y el PAN tamaulipeco quedó a la deriva, convertido en una plaza sin alguacilillo ni juez de callejón. Mientras tanto, El Truko y otros panistas de poca monta se pasearon por la entidad como novilleros sin alternativa: amarres, dimes y diretes, gritos desde las barreras y ningún acuerdo formal. Mucho ruido, poca lidia.

La consecuencia era previsible: la confrontación abierta entre Francisco Javier García Cabeza de Vaca y César Augusto Verástegui Ostos se volvió conversación de sobremesa, de café… y hasta de quienes comercian huachicol, felices de ver al panismo entretenido en su propia carnicería. Eran un gobierno naciente, eso, siempre facilita la embestida retórica: errores tempranos, promesas sobreactuadas y flancos abiertos. El panismo tenía con qué. Pero nadie tomó la muleta.

Romero Herrera tiró el capote y se fue a la barrera. Tamaulipas —una entidad que pudo ser trampolín, maquinaria territorial y caballo de picar contra la 4T— fue soltada a su suerte. Y eso que, nos guste o no, a Cabeza de Vaca no se le ve tan mal en el territorio.

Para colmo, vino la función de Lía Limón: tibia, sin fondo y sin emoción. Y el desaire fue de plaza llena: al enlistar a los gobernadores “de orgullo y prestigio panista”, omitió a Francisco Javier García Cabeza de Vaca. No lo nombró. No lo reconoció. No lo volteó a ver. Curioso, tratándose de uno de los tamaulipecos que más dinero —miles, millones— le metió a la interna que llevó a Jorge Romero a la dirigencia nacional. Quizá el dirigente olvidó informarle a Lía… o quizá el olvido fue perfectamente calculado.

Hoy el ruedo vuelve a moverse. Porque mientras la banda del Truko se acomoda la montera, aparece Omeheira López Reyna, y el ambiente cambia. No es vaquilla ni toro de regalo. Es animal serio, con trapío, recorrido largo y mirada fija.

Militante activa desde hace 40 años, Omeheira es cuidadosa, precavida, elocuente y mesurada. Pero cuando decide apretar la muleta, manda y somete. Su irrupción no es sólo una disputa por la dirigencia estatal: es la evidencia de que sí hay con qué plantarse frente a la fórmula de Verástegui Ostos.

Su historial no admite regateos: diputada federal en la primera mitad del sexenio de Felipe Calderón; presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en San Lázaro; titular de la Unidad de Derechos Humanos en Gobernación con Francisco Blake Mora; responsable de la Unidad contra la Trata de Personas de la CNDH; directora y brazo derecho de Mariana Gómez en el DIF Tamaulipas, etapa de reconocimientos nacionales; y recientemente magistrada del Poder Judicial del Estado hasta la entrada en vigor de la reforma judicial 4T. Eso no es relleno de cartel: es currículum de plaza grande.

Los boletos están vendidos. La corrida será de cartel clásico, con bravura, pases largos y rejoneo fino. Será, eso sí, como las francesas: sin muerte, porque nadie quiere cargar con el cadáver político. Pero que no se engañe nadie: habrá cornadas, habrá sustos y habrá arrastres morales.

Y mientras Jorge Romero observa desde lejos, el PAN en Tamaulipas se juega algo más que una dirigencia: se juega si todavía sabe lidiar toros… o si ya sólo sabe verlos desde el tendido.

En la intimidad… Tampico se alista para otra clase de destreza, una donde no hay gritos de plaza ni embestidas políticas, sino precisión, temple y pulso firme. La gran final del #MTMéxico, la competencia de maniobras para operadores de tractocamión quinta rueda —considerada la más importante del continente—, se realizará el 31 de enero de 2026 en el Expo Tampico.

La entrada será gratuita, y el público podrá vivir una jornada completa con música en vivo, dinámicas, exhibiciones y sorpresas. No es un evento menor: MT México nació en 2020 como una serie de competencias regionales para reconocer y dignificar la labor de los operadores del transporte de carga, esos profesionales que mueven al país mientras casi nadie los ve.

En cinco años y 15 ediciones regionales, el certamen ha reunido a más de 1,283 competidores, hombres y mujeres, y a 510 empresas, consolidándose como un auténtico festival del transporte con alcance continental. Aquí no hay improvisados: hay oficio, práctica y respeto por la técnica.

A la final nacional llegarán los ganadores de las cuatro regiones del circuito: Noroeste (Tijuana), Noreste (Allende), Frontera (Nuevo Laredo) y Golfo-Centro (Orizaba), quienes competirán en tres categorías: Sleeper Cab, Cab Over y Doble Articulado (Full), buscando el título de los mejores operadores del país.

Las actividades arrancarán el 30 de enero con una cena de presentación y reconocimiento a los finalistas. La competencia oficial será el sábado 31, de 11:00 a 18:00 horas, con exhibiciones para toda la familia. Habrá unidades clásicas, demostraciones mecánicas, zonas recreativas infantiles, áreas de parrilla y promociones de patrocinadores.

Organizadores como Canacar México, junto con diversas asociaciones del sector, agradecieron al gobierno municipal de Tampico las facilidades otorgadas y subrayaron la relevancia de este encuentro para visibilizar la profesionalización del transporte de carga, pieza clave de la logística y del comercio nacional e internacional.

Copresentado por Freightliner México y Kenworth Mexicana, el evento promete música en vivo, grandes marcas, regalos y experiencias únicas. Tampico vuelve a colocarse en el mapa, esta vez como punto de convergencia nacional para quienes saben que, tanto en la política como en el volante, el arte está en el control, no en la fuerza bruta.

davidcastellanost@hotmail.com
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Opinión

Claudia: Reconoce el trabajo y liderazgo del Síndico Petrolero

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Por Mario Prieto.

El Resbalón.

Claudia Sheinbaum se convirtió, en la pasada campaña, en la candidata del sindicato petrolero. Ellos fueron de los primeros que no solo la destaparon, sino que le levantaron la mano, la apoyaron y no descansaron hasta verla convertida en la primera mujer presidenta de México.

Por eso existe una muy buena relación entre la actual presidenta de este país y el líder nacional del sindicato petrolero, Ricardo Aldana. Existe una relación de trabajo y respeto mutuo.

Durante el festejo del Día del Trabajo del 2024, se pronunciaron a favor de la actual presidenta de este país, y eso es algo que no se le olvida a doña Claudia y que nunca se le va a olvidar.

Ricardo Aldana y cada uno de sus secretarios generales en el país se la jugaron desde un principio con Claudia, y esa excelente relación continúa hasta este momento, porque desde Palacio Nacional han visto todo el empeño y dedicación, pero principalmente la importancia que tienen los trabajadores petroleros para que sigan marchando, a veces contra viento y marea, cada una de las refinerías de nuestro país.

El año pasado, durante el festejo del 18 de marzo, Sheinbaum Pardo recordó que las empresas extranjeras le dijeron al presidente Lázaro Cárdenas que nunca iba a salir adelante la industria petrolera en México sin su apoyo.

Desde Minatitlán, Veracruz, durante un encuentro en el estadio de béisbol “18 de marzo de 1938”, sede del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Sheinbaum Pardo recordó que las empresas extranjeras dijeron al presidente Lázaro Cárdenas “que nunca iba a poder salir adelante la industria petrolera en México sin su apoyo”.

Pero no contaban —abundó— con la garra, con el coraje de las mexicanas y los mexicanos, y de los trabajadores petroleros de México, que sacaron adelante la industria más importante durante tantos años de nuestro país”, palabras que arrancaron los aplausos de los presentes, a quienes dijo: “Hoy vengo a decirles a las y los trabajadores petroleros que vamos a sacar adelante a Pemex, como ya lo inició el presidente López Obrador”.

Y es precisamente todo esto lo que mantiene unos lazos entre la primera presidenta de México y el líder nacional del sindicato petrolero, Ricardo Aldana Prieto.

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