Connect with us

@dect1608

Integrantes del Congreso Nacional Ciudadano (CONACI) han comenzado a interponer solicitudes de Amparo contra la Ley de Seguridad Interior desde finales del año pasado. Se declaran a la ofensiva contra la “represión” del presidente Enrique Peña Nieto mediante la “militarización” del país.

“Ya sabemos que el sistema político esta podrido, nos divide en colores, nos vende espejitos, nos lleva a su juego día con día, nos roba, saquea, se burla del pueblo y con nuestro dinero simula un democracia que es legitimada por un pueblo con hambre e ignorancia que cree que haciendo fila para votar por los mismos de siempre, va a cambiar el resultado” publicaron el 27 de diciembre pasado en su página web.

El CONACI con células activas en distintas entidades del país, advierte haber pasado de la protesta enérgica, de la marcha, de la presión social a la acción legal y con estos Amparos ponen su esperanza en el Poder Judicial, tras confirmar que el Ejecutivo y Legislativo únicamente son tiranos en contra del pueblo mexicano que cada vez tiene más pobres, menos empleo y escasas oportunidades de crecimiento. Hoy se amparan contra la “militarización” deseando que la Suprema Corte de Justicia reconozca que la Ley de Seguridad Interior es inconstitucional.

Los actos en reclamo basados en un supuesto análisis a la redacción de la ley impulsada por el Gobierno Federal van dirigidos sobre algunos artículos que a decir de los del CONACI son “contradictorios” y en este debate o intención de tumbar la dichosa ley, también se involucran  integrantes del CONACI celula Tampico.

Los artículos “contradictorios” son los siguientes:

a) Artículo 2 Ley de Seguridad Interior (en adelante LSI); “La Seguridad Interior es la condición proporciona el Estado mexicano que permite salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobiernos e instituciones, así como el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del orden constitucional, el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrático en todo el territorio nacional. Comprende el conjunto de órganos, procedimientos y acciones destinados para dichos fines, respetando los derechos humanos en todo el territorio nacional, así como para prestar auxilio y protección a las entidades federativas y los municipios, frente a riesgo y amenazas que comprometan o afectan la seguridad nacional en los términos de la presente ley.” ​

Por lo anterior el CONACI supone que: toda vez, que su contenido en esta ley ni supletoriamente en la Ley de Seguridad Nacional, ni la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la definición expresa de Institución o instituciones, por la cual cabe la ambigüedad del señalamiento dela palabra “Instituciones”, así como “su gobernabilidad”, por lo que al no ser claro qué es lo que se protege, determina una inexactitud de la semántica de la misma. Ya que toda vez que está dirigida prioritariamente al uso de las Fuerzas Armadas a todo aquello que discrecionalmente entiendan las Autoridades como “amenaza”, y que la motivación de la ésta ley, al salvaguardo, vigilancia y permanencia de la misma, no confiere sentido práctico de interpretación jurídica de la misma; dejando así incierta e ineficiente la creación y motivación de la misma ley como tal.

Y continúan desglosando…

b) El artículo 3 de la LSI, establece “En el ejercicio de las atribuciones de Seguridad Interior,  se observarán los principios previstos en el artículo 4 de la Ley de Seguridad Nacional y los de racionalidad, oportunidad, proporcionalidad, temporalidad, subsidiariedad y gradualidad, así como las obligaciones relativas al uso legítimo de la fuerza.”; así mismo el artículo 4 de la Ley de Seguridad Nacional, expresa lo siguiente: “La Seguridad Nacional se rige por los principios de legalidad, responsabilidad, respeto a los derechos fundamentales de protección a la persona humana y garantías individuales y sociales, confidencialidad, lealtad, eficiencia, coordinación y cooperación.”

Por lo que refieren es un acto violatorio y que vulnera la eficiencia del artículos 1, 29 y 35 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante “CPEUM” o “Carta Magna” o “Constitución Federal”), que refiere a la reducción o suspensión de garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente la situación en casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto; toda vez que aún y que la LSI, no emite una suspensión de garantías expresa, pero actúa de facto la aplicación de suspensión de garantías y restricciones de los derechos humanos, dejando dicha ley en su improcedencia ya que atenta sobre los derecho humanos propios y reconocidos por el artículo 1 de la CPEUM, así como los derechos políticos-civiles reconocidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de los Derechos Humanos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, mismas que el Estado Mexicano es firmante y se obligó a adecuar su derecho positivo en virtud del beneficio al hombre como ente de la sociedad y su funcionamiento primordial. Así también, la libertad expedida por la Constitución Federal, de participar las políticas públicas en lo individual y en lo colectivo y por ello, participar en temas de interés legítimo y adherente a dichas políticas que afectan la libertad como derecho fundamental de las personas de manera directa e indirectamente de las personas. Por ello, determinado en estos preceptos legales confiere al hombre como institución base de la sociedad y del Estado mismo.

c) Del mismo modo, el artículo 7 de la LSI, establece lo que se entenderá por cada uno de los términos referidos, sin embargo, no se encuentra ninguno que especifique textualmente “seguridad Interior”, “instituciones” “grave riesgo”, además se encuentra no clara la conceptualización de la definición del “Uso legítimo de la fuerza”, pues al no definirse “actos de resistencia”, deja situaciones dubitativas en el ejercicio del “Uso de la legítima fuerza”, si bien es claro que la ambigüedad, vicios en la redacción e imprecisión en la redacción del legislador no es motivo para la declaratoria de su inconstitucionalidad, resulta no ser consistente y al no existir el concepto redactado por el legislador en ninguna ley existente, entonces no es motivo de su aplicación y por lo conducente no se puede aplicar ni ejecutar lo que no existe.

d) Artículo 9 “La información que se genere con motivo de la aplicación de la presente ley, será considerada de Seguridad Nacional, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables”. El hecho textual del presente precepto legal, refiere a la persona que enmarque, hable, interactúe, emane, investigue,emita información que genere o refiera por motivos de esta ley, será motivo de la aplicación de la presente ley y por ende podrá ser considerado un “riesgo” a la LSI, por lo que, vulnera y atenta toda libertad de expresión y de acceso a la información pública, comprendidos en el numeral 6to. De la Constitución Federal. De esta ley desprende varios supuestos normativos, pues, en todo momento un derecho legítimo el tener conocimiento del desempeño de las funciones de cualquier órgano de gobierno, incluyendo las Fuerzas Armadas, en el principio contenido en el mismo numeral como de “máxima difusión”, a su vez esta misma ley representa un menoscabo a la información pública contenido en el apartado A del mismo precepto legal, pues, el Estado teniendo la capacidad discrecional de correlacionar cualquier actividad que detente o ponga en riesgo a las “Instituciones” y su “gobernabilidad”, podrá ser sujeta a investigaciones de cualquier clase como “inteligencia para la Seguridad Interior”, “Uso legítimo de la fuerza”, lo que lo vuelve un sujeto vulnerable y amedrentadopor el sistema del propio Estado y así lo vulnera sus derechos más legítimos y elementales de la libertad de expresión y acceso a la información pública.

e) En relación a los preceptos número 11 y 12, que en su literalidad expresa “Corresponde a las autoridades federales, incluyendo las Fuerzas Armadas, por sí o en coordinación de las demás órdenes de gobierno, identificar, prevenir, atender, reducir y contestar la Amenazas a Seguridad Interior.

El Presidente de la República podrá ordenar por sí o a petición de las legislaturas de las Entidades Federativas, o de su Ejecutivo en caso de receso de aquellas, la intervención de la Federación para la realización e implementación de Acciones de Seguridad Interior en el territorio de una Entidad Federativa o zona geográfica del país, previa emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, cuando se actualice alguna de las siguientes Amenazas a la Seguridad Interior y estas:

• Comprometan o superen las capacidades efectivas de las autoridades competentes para atenderla, o

• Se originen por la falta o insuficiente colaboración de las entidades federativas y municipios en la preservación de la Seguridad Nacional, de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 1 de la Ley de Seguridad Nacional.

Aquellas amenazas a la Seguridad Interior  que no requieran declaratoria en términos del presente artículo serán atendidas por las autoridades conforme a sus atribuciones y a las disposiciones legales que le resulten aplicables.” Así como el artículo 12 “En los casos a los que se refiere el artículo anterior, el Presidente de la República, previa consideración del Consejo de Seguridad Nacional, determinará la procedencia de la intervención de la Federación y expedirá, dentro de las setenta y dos horas siguientes, contadas a partir recibir solicitud, la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, la cual deberá modificarse por conducto de la Secretaría de Gobernación a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en los periódicos o gacetas oficiales de las entidades federativas afectadas.” Ambos artículos contravienen el artículo 21 Constitucional, pues ya que el ejercicio de investigación de los Delitos corresponde en todo momento al Ministerio Público y a las policías. Si bien, desempeñaran auxilio a las policías municipales y/o estatales, la participación y esencia de la declaratoria de Seguridad Interior e intervención de las Fuerzas Armadas es por verse rebasadas las policías del orden civil, por lo que la aplicación de las Fuerzas Armadas en labores de control y vigilancia es únicamente y por las fuerzas públicas civiles.

Además, en el cuarto párrafo del mismo artículo citado, expresa “La seguridad pública es una función a cargo de la federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva… (Ídem)” por ello, existiría una contradicción de funciones y que al mismo tiempo contraviene la Constitución Federal, y por ello vuelve inconstitucional la ley.

f) El artículo 30 de la LSI, “Las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas desarrollarán actividades de inteligencia en materia de Seguridad Interior en los ámbitos de sus respectivas competencias. Al realizar las tareas de inteligencia, las autoridades facultadas por esta Ley, podrán hacer uso de cualquier método lícito de recolección de información

Toda obtención de información de inteligencia se realizará con pleno respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.” Sin embargo, al referirse que “podrán hacer uso de cualquier método lícito de recolección de información”, no se especifica cuáles son los métodos lícitos para el ejercicio de la obtención de datos. Lo que al ser obscuro o ambiguo el proceso de su realización contraviene el artículo 16.Constitucional, lo cual resulta improcedente e inaplicable y además detenta y genera un menoscabo a la esfera jurídica de las personas.

De verdad que da gusto ver como los ciudadanos toman en cuenta las instituciones para combatir y luchar por lo que sugieren va contra los mexicanos, ahora habrá que esperar la resolución y respetar sea cual sea el fallo.

davidcastellanost@hotmail.com

Continua leyendo
Pulsa para comentar

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Opinión

El diputado que ya se les apareció en el mes del susto

Publicado

el

En el tablero político de Tamaulipas, donde los nombres se barajan con cautela y los proyectos se miden más por silencios que por anuncios, el diputado Humberto Prieto Herrera acaba de dar un golpe de autoridad que pocos esperaban y muchos ahora observan con atención. El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local fue calificado por la revista especializada CongresistasMex como el mejor legislador local del país, una distinción que no se entrega por simpatía, sino por resultados.

El estudio, realizado entre el 1 de agosto de 2024 y el 30 de septiembre de 2025, recogió la opinión ciudadana sobre desempeño legislativo, acuerdos parlamentarios, gestión e impacto social. Y ahí, el tamaulipeco se colocó en la cima. Su nombre apareció junto al de figuras nacionales con peso político propio, pero fue él, desde el norte del país, quien capturó el primer lugar en reconocimiento público y eficiencia parlamentaria.

Humberto Prieto Herrera —de temple mesurado y verbo sereno—, simpático el muchacho, ha construido una trayectoria que no se alimenta del ruido ni del escándalo, sino de decisiones firmes que, si bien no siempre complacen a todos, han sido respetadas incluso por sus adversarios. Quienes lo conocen en corto dicen que “nunca cierra puertas”, y eso, en la política de pasillos y lealtades cambiantes, vale más que cualquier discurso. Eso, lo escuché en  Monterrey, un día que comía en La Torrada, y un par de políticos de Reynosa, hablaban del Prieto, de eso allá por el 2019.

El asunto es que entre los logros que lo colocaron en esa posición de honor destacan quince iniciativas en materia de transparencia y seguridad fronteriza, además de gestiones que destinaron 20 millones de pesos para mujeres emprendedoras en zonas rurales. Son datos duros, concretos, que comienzan a perfilar a Prieto no solo como operador político eficaz, sino como figura con proyección más allá del Congreso.

En los tiempos políticos que corren, donde cada gesto se interpreta como preludio, el ascenso de Humberto Prieto a la conversación pública no es casualidad. Octubre apenas comienza, pero el diputado ya se les apareció a varios del gabinete y del partido. En el mes del Halloween, su nombre se suma —de manera inevitable— al cartel de los candidateables a suceder a Américo Villarreal Anaya. No porque se imponga, sino porque su trayectoria, su perfil negociador y su constancia lo colocan ahí, con legitimidad, además, ha sabido demostrar lealtades al gobernador.

Y quizá, como suele ocurrir con los políticos que avanzan sin aspavientos, muchos no lo vieron venir. Pero el susto ya está dado.

En la intimidad…  La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), bajo la dirección del rector Dámaso Anaya Alvarado, consolida un modelo institucional donde la seguridad integral se entiende como un pilar de desarrollo académico. La casa de estudios ha reforzado sus protocolos en todos sus campus, desde la seguridad física hasta la cibernética, en coordinación con autoridades estatales y de protección civil.

A través de la Dirección de Protección Universitaria, la UAT ofrece asistencia vial, atención prehospitalaria, vigilancia institucional y capacitación de brigadas internas. En paralelo, la Dirección de Infraestructura Tecnológica implementa sistemas avanzados de protección digital para evitar vulneraciones que afecten el entorno académico.

La universidad fue acreditada con el sello “C3! Cyber: Cultura, Conciencia y Comunicación en Ciberseguridad”, un reconocimiento que avala su liderazgo nacional en materia de ciberseguridad educativa.

En lo humano, la institución mantiene su compromiso de acompañamiento emocional a través de unidades de apoyo psicológico y la Defensoría de los Derechos Universitarios, encargada de tutelar la integridad y la dignidad de cada miembro de la comunidad.

Con esta política de protección integral, la UAT se reafirma como una universidad moderna, segura y humanista, donde la educación no se limita al aula, sino que abarca la tranquilidad y el bienestar de toda su comunidad.

davidcastellanost@hotmail.com
@dect1608

Continua leyendo

Opinión

Es un genocidio, no una guerra

Publicado

el

Por: Zaira Rosas

zairosas.22@gmail.com

Más de 67 mil personas, en su mayoría mujeres y niños han muerto a causa del
conflicto entre Israel y Palestina, van casi dos años de esta masacre y aunque se
atisba un poco de esperanza con las declaraciones de Donald Trump, presidente
del país que representa el mayor aliado de Israel, es claro que el mundo no presta
atención suficiente la realidad. Un genocidio está teniendo lugar y como sociedad
tenemos que actuar de manera urgente.
Desde el 7 de octubre de 2023 en Palestina sólo conocen el dolor y el caos, las
personas mueren de hambre, por falta de medicinas y quienes han logrado
escapar narran el infierno de no saber estar en paz aún lejos de las bombas y el
asedio constante. ¿Cómo es que ante tantos muertos y atentados contra los
derechos humanos sigamos considerando ajeno el dolor?
Esto no se trata de puntos de vista o posturas, se trata de humanidad y empatía,
como la que tuvo la Global Sumud Flotilla, compuesta por 44 embarcaciones que
buscaba enviar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, misma que fue
brutalmente frenada por Israel al catalogar a los civiles que viajaban en los barcos
como terroristas y detenerlos bajo múltiples métodos de tortura.
En los barcos van múltiples activistas, la más conocida Greta Thunberg, a quien
arrastraron del cabello para dar una lección al resto de detenidos, han dado poca
agua y alimentos, tiene 22 años y aún sabiendo lo que podía enfrentar no ha
dejado de hacer eco de la necesidad de ayuda a las personas de Palestina, no por
apoyar una postura política, sino por simple humanidad.
En la Global Sumud Flotilla también iban 6 mexicanos, a quienes el gobierno de
México pide puedan regresar adecuadamente a su país, pues tal como dijo la
presidenta Claudia Sheinbaum, no cometieron ningún crimen.
El monarca de España también se ha pronunciado ante organismos
internacionales pidiendo que se detenga el genocidio y es que cuando todo haya
pasado ¿podremos decirnos humanos después de haber permitido tales horrores?
Una postura diplomática por parte de más naciones es urgente, la ONU ha emitido
recomendaciones y hay sanciones hacia Israel, sin embargo, resultan insuficientes
ante el aún apoyo mostrado por Estados Unidos.
Si las naciones exigen el cese de acompañamiento por parte de Estados Unidos
verdaderamente podríamos hablar de esperanza para las familias que aún luchan
por sobrevivir entre los escombros. Tal como lo declaró el ministro de finanzas
israelí Bezalel Smotrich. “Estamos rompiendo Gaza y dejándola convertida en una
pila de escombros, con una destrucción completa y sin precedentes en el mundo.

Y el mundo todavía no nos ha parado” ¿Hasta cuándo actuaremos en conjunto
para detener los atentados?
Este lunes comenzará de nuevo una negociación entre Israel y Hamas, donde se
espera pueda haber un cese real al fuego que ha acabado en su mayoría con
civiles y destrozado más del 90% de Gaza. Son 20 puntos los que estarán en
juego donde el más destacado ha sido la liberación de rehenes y secuestrados en
ambas vías, sin embargo, hay puntos controversiales que hablan sobre el
gobierno de Palestina y la propuesta de establecer un grupo internacional liderado
por Trump donde también participaría el ex ministro británico Tony Blair.
Hoy más que nunca, la humanidad se pone a prueba. No basta con mirar las
noticias y lamentar las imágenes que inundan las redes; el silencio y la indiferencia
también son cómplices de la barbarie. Lo que ocurre en Palestina no es un
conflicto lejano, es un reflejo del fracaso colectivo de nuestra empatía. Cada vida
perdida nos recuerda que el dolor no tiene fronteras y que guardar neutralidad
ante un genocidio es renunciar a la esencia misma de ser humanos.

Continua leyendo

Opinión

El poder no se presta, ni se comparte, ni se renuncia

Publicado

el

El poder que otorgan las urnas tiene un peso indelegable. No es título honorífico, ni bálsamo para repartir privilegios; es responsabilidad directa, decisión propia, liderazgo inequívoco. Cuando un personaje político lo confunde con un préstamo, lo comparte sin transparencia o lo cede a terceros ajenos al mandato, el electorado pierde, la juridicidad se resquebraja, y la historia juzga sin miramientos.

Francisco Javier García Cabeza de Vaca forjó su llegada al poder como primer panista en gobernar Tamaulipas, un estado complejo por su posición estratégica y su exposición al crimen organizado, tráfico ilegal y otros flagelos. Su gobierno acumuló aciertos: seguridad, inversiones, promoción energética. Pero su gran error personal fue permitir que su poder fuera “administrado” por otros, en particular sus hermanos. El público veía decisiones tomadas por figuras cercanas, pero no electas, decisiones que repercutían en lo político y lo público. Esa pérdida de mando directo cobró factura: la oposición, los morenistas, lo siguen usando como bandera, como ejemplo de un poder compartido mal entendido, que engendra impunidad y confusión.

María Magdalena Peraza Guerra, “la maestra”, es otro caso. En su primera administración municipal, como alcaldesa panista, tuvo una gestión reconocida —con fallas, como cualquier gobierno— pero con autoridad propia. En su segundo mandato, recargó muchas decisiones en su sobrino Luis Peraza Basáñez y en el tesorero Edgar Ánimas Del Ángel. No fueron electos para liderar, pero asumieron roles de poder ejecutivo informal. Cuando los errores cometidos por estos terceros se reflejan en resultados deficientes, la ciudadanía ve a la alcaldesa, no a ellos, como responsable. En su afán, quizá, de multiplicar apoyos o extender el control familiar, Peraza dejó de asumir directa y públicamente la responsabilidad de cada tropiezo. Eso le pasó factura. El pueblo no votó por los allegados, votó por ella.

Ejemplos hay muchos: Enrique Peña Nieto con Luis Videgaray; Vicente Fox Quesada con sus hijastros; Felipe Calderón y el peso de decisiones de otros; Andrés Manuel López Obrador, al final, siendo vehemente crítico, terminó defendiendo decisiones de colaboradores con conflictos o cuestionamientos profundos. En todos ellos se repite el patrón: cuando el titular del poder delega demasiado, cuando permite que quienes no fueron electos medien con el mando, se diluye la rendición de cuentas.

Ahora pienso en Tampico. En la alcaldesa Mónica Zacil Villarreal Anaya recae un momento histórico: ser la segunda mujer presidenta municipal de Tampico, con expectativas enormes, con ojos que la juzgarán como a pocas. Por ningún motivo debe compartir su poder, ni siquiera de broma, ni permitir que decisiones clave se tomen en despachos ajenos al suyo o mediadas por familiares, allegados, que no enfrentaron elecciones pero pueden terminar marcando la gestión.

Los aciertos y los errores quedarán inscritos bajo su nombre. No habrá exención. Lo bueno, si fue suyo, será reconocido; lo malo, también. No basta con articulados discursos ni promesas electorales; el liderazgo real se muestra en las decisiones propias, en la responsabilidad directa, en la capacidad de defender cada obra, cada servicio, cada política pública. Tampico merece autoridades que asuman, que se hagan cargo, que no permitan sombras ni intermediarios con poder real.

En la intimidad… Comparte el rector logros y proyectos con estudiantes de la Facultad de Derecho Victoria.
Al encabezar un recorrido en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria, el rector Dámaso Anaya Alvarado dialogó con estudiantes, docentes y directivos para informar sobre los logros recientes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y para escuchar las necesidades de la comunidad universitaria.

En la jornada ‘Un día con tu rector’, fue recibido por el director Edy Izaguirre Treviño y titulares de coordinaciones. Se mostró decidido a reforzar el proyecto institucional, generar mayores oportunidades para la juventud estudiantil.

Reafirmó compromisos con las licenciaturas de Derecho, Ciencias de la Comunicación, Negocios Internacionales y Turismo; con los posgrados y la investigación de la Facultad. También expuso logros académicos, científicos y de vinculación, incluyendo proyectos con el Gobierno del Estado, convenios con la UNAM, con universidades de España y Colombia. Se presentó el Congreso Internacional de Turismo y Gastronomía Rural AMESTUR 2026 que se realizará en Ciudad Victoria, 7 y 8 de mayo.

Durante su recorrido, visitó aulas, centro de cómputo, el centro gastronómico. Aprovechó para convivir con estudiantes, darles la bienvenida a los de nuevo ingreso, y motivarlos a aprovechar los servicios universitarios. Mostró interés en conocer directamente sus inquietudes, y dejó claro que crecimiento institucional en matrícula y diversificación de oferta siguen siendo ejes de su gestión.

davidcastellanost@hotmail.com
@dect1608

Continua leyendo

Opinión

Dámaso y el músculo sindical

Publicado

el

La firma del Contrato Colectivo de Trabajo 2025 entre la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y el Sindicato Único de Trabajadores (SUTUAT) no es simplemente un acto administrativo, sino un mensaje político, institucional y de gobernabilidad interna. El rector Dámaso Anaya Alvarado, al estampar su firma junto con la del secretario general sindical José Luis Castañón Ramos, no sólo selló un documento, selló también un compromiso que le asegura estabilidad operativa a la Universidad y certeza laboral a su planta trabajadora.

En el papel se habla de mejoras salariales, prestaciones y condiciones laborales. Pero en la realidad, lo que se refrenda es un pacto de confianza mutua que permite a la administración central de la UAT mantener una relación directa, sin fracturas, con la estructura sindical, tan influyente como necesaria para el buen curso académico y administrativo de la institución.

La inclusión del secretario de Trabajo y Conflictos del SUTUAT, Juan Gabriel Puga Limón, así como de representantes sindicales de las zonas norte, centro, sur y Mante, no es menor. Fue una firma respaldada por toda la estructura territorial del sindicato, lo que fortalece aún más la imagen de unidad que el rector busca proyectar en su gestión. Junto a su equipo de colaboradores —María Concepción Placencia Valadez, Eduardo García Fuentes, Ismael Quintanilla Acosta y Jesús Francisco Castillo Cedillo—, Dámaso Anaya dejó claro que la rectoría no improvisa, y que hay planeación y rumbo en la conducción de la universidad.

Este tipo de acuerdos son, además, parte de una estrategia más amplia: blindar a la UAT de conflictos internos en momentos donde el país y el estado avanzan en procesos de transformación política, educativa y social. Lo que pasa en la universidad pública más importante de Tamaulipas siempre tiene repercusiones fuera de sus aulas, y el rector parece tenerlo muy claro.

En la intimidad… A la mitad del camino de su gobierno, Américo Villarreal Anaya no sólo mantiene el rumbo, sino que reafirma una conducción de Estado basada en principios de justicia social, respeto a los derechos humanos y una visión profundamente humanista. Su mensaje, reciente y firme, da cuenta de un liderazgo sereno, pero decidido, con resultados tangibles que han impactado la vida pública de Tamaulipas.

No es menor haber reducido los delitos de alto impacto en más del 50 por ciento. No es casualidad que la pobreza extrema haya disminuido como no se había visto antes en la historia del estado. No es retórica el decir que Tamaulipas ha recuperado su lugar en el escenario nacional gracias a finanzas sanas, infraestructura estratégica y políticas públicas con rostro humano.

Américo ha devuelto a la política su sentido ético. Hoy en Tamaulipas se respira una gobernanza distinta, donde las instituciones están al servicio de la ciudadanía y donde las decisiones se toman con responsabilidad social, no desde la imposición ni el autoritarismo. Su administración ha sumado a todos los sectores, ha respetado la pluralidad y ha puesto énfasis en los que menos tienen, sin simulaciones.

El acompañamiento del Poder Judicial y el Poder Legislativo en su reciente informe es un símbolo de equilibrio republicano, y la mención de Claudia Sheinbaum como la primera presidenta de México no fue un gesto político, fue un acto de coherencia ideológica con el proyecto nacional de transformación.

Tamaulipas tiene rumbo. Tiene liderazgo. Y tiene gobernador. Uno que, lejos del espectáculo, trabaja. Uno que, en silencio, ha comenzado a reconstruir el pacto social, devolviendo dignidad, paz y esperanza a un pueblo que por años fue rehén de intereses ajenos al bien común.

davidcastellanost@hotmail.com
@dect1608

Continua leyendo

Populares