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Integrantes del Congreso Nacional Ciudadano (CONACI) han comenzado a interponer solicitudes de Amparo contra la Ley de Seguridad Interior desde finales del año pasado. Se declaran a la ofensiva contra la “represión” del presidente Enrique Peña Nieto mediante la “militarización” del país.

“Ya sabemos que el sistema político esta podrido, nos divide en colores, nos vende espejitos, nos lleva a su juego día con día, nos roba, saquea, se burla del pueblo y con nuestro dinero simula un democracia que es legitimada por un pueblo con hambre e ignorancia que cree que haciendo fila para votar por los mismos de siempre, va a cambiar el resultado” publicaron el 27 de diciembre pasado en su página web.

El CONACI con células activas en distintas entidades del país, advierte haber pasado de la protesta enérgica, de la marcha, de la presión social a la acción legal y con estos Amparos ponen su esperanza en el Poder Judicial, tras confirmar que el Ejecutivo y Legislativo únicamente son tiranos en contra del pueblo mexicano que cada vez tiene más pobres, menos empleo y escasas oportunidades de crecimiento. Hoy se amparan contra la “militarización” deseando que la Suprema Corte de Justicia reconozca que la Ley de Seguridad Interior es inconstitucional.

Los actos en reclamo basados en un supuesto análisis a la redacción de la ley impulsada por el Gobierno Federal van dirigidos sobre algunos artículos que a decir de los del CONACI son “contradictorios” y en este debate o intención de tumbar la dichosa ley, también se involucran  integrantes del CONACI celula Tampico.

Los artículos “contradictorios” son los siguientes:

a) Artículo 2 Ley de Seguridad Interior (en adelante LSI); “La Seguridad Interior es la condición proporciona el Estado mexicano que permite salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobiernos e instituciones, así como el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del orden constitucional, el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrático en todo el territorio nacional. Comprende el conjunto de órganos, procedimientos y acciones destinados para dichos fines, respetando los derechos humanos en todo el territorio nacional, así como para prestar auxilio y protección a las entidades federativas y los municipios, frente a riesgo y amenazas que comprometan o afectan la seguridad nacional en los términos de la presente ley.” ​

Por lo anterior el CONACI supone que: toda vez, que su contenido en esta ley ni supletoriamente en la Ley de Seguridad Nacional, ni la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la definición expresa de Institución o instituciones, por la cual cabe la ambigüedad del señalamiento dela palabra “Instituciones”, así como “su gobernabilidad”, por lo que al no ser claro qué es lo que se protege, determina una inexactitud de la semántica de la misma. Ya que toda vez que está dirigida prioritariamente al uso de las Fuerzas Armadas a todo aquello que discrecionalmente entiendan las Autoridades como “amenaza”, y que la motivación de la ésta ley, al salvaguardo, vigilancia y permanencia de la misma, no confiere sentido práctico de interpretación jurídica de la misma; dejando así incierta e ineficiente la creación y motivación de la misma ley como tal.

Y continúan desglosando…

b) El artículo 3 de la LSI, establece “En el ejercicio de las atribuciones de Seguridad Interior,  se observarán los principios previstos en el artículo 4 de la Ley de Seguridad Nacional y los de racionalidad, oportunidad, proporcionalidad, temporalidad, subsidiariedad y gradualidad, así como las obligaciones relativas al uso legítimo de la fuerza.”; así mismo el artículo 4 de la Ley de Seguridad Nacional, expresa lo siguiente: “La Seguridad Nacional se rige por los principios de legalidad, responsabilidad, respeto a los derechos fundamentales de protección a la persona humana y garantías individuales y sociales, confidencialidad, lealtad, eficiencia, coordinación y cooperación.”

Por lo que refieren es un acto violatorio y que vulnera la eficiencia del artículos 1, 29 y 35 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante “CPEUM” o “Carta Magna” o “Constitución Federal”), que refiere a la reducción o suspensión de garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente la situación en casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto; toda vez que aún y que la LSI, no emite una suspensión de garantías expresa, pero actúa de facto la aplicación de suspensión de garantías y restricciones de los derechos humanos, dejando dicha ley en su improcedencia ya que atenta sobre los derecho humanos propios y reconocidos por el artículo 1 de la CPEUM, así como los derechos políticos-civiles reconocidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de los Derechos Humanos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, mismas que el Estado Mexicano es firmante y se obligó a adecuar su derecho positivo en virtud del beneficio al hombre como ente de la sociedad y su funcionamiento primordial. Así también, la libertad expedida por la Constitución Federal, de participar las políticas públicas en lo individual y en lo colectivo y por ello, participar en temas de interés legítimo y adherente a dichas políticas que afectan la libertad como derecho fundamental de las personas de manera directa e indirectamente de las personas. Por ello, determinado en estos preceptos legales confiere al hombre como institución base de la sociedad y del Estado mismo.

c) Del mismo modo, el artículo 7 de la LSI, establece lo que se entenderá por cada uno de los términos referidos, sin embargo, no se encuentra ninguno que especifique textualmente “seguridad Interior”, “instituciones” “grave riesgo”, además se encuentra no clara la conceptualización de la definición del “Uso legítimo de la fuerza”, pues al no definirse “actos de resistencia”, deja situaciones dubitativas en el ejercicio del “Uso de la legítima fuerza”, si bien es claro que la ambigüedad, vicios en la redacción e imprecisión en la redacción del legislador no es motivo para la declaratoria de su inconstitucionalidad, resulta no ser consistente y al no existir el concepto redactado por el legislador en ninguna ley existente, entonces no es motivo de su aplicación y por lo conducente no se puede aplicar ni ejecutar lo que no existe.

d) Artículo 9 “La información que se genere con motivo de la aplicación de la presente ley, será considerada de Seguridad Nacional, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables”. El hecho textual del presente precepto legal, refiere a la persona que enmarque, hable, interactúe, emane, investigue,emita información que genere o refiera por motivos de esta ley, será motivo de la aplicación de la presente ley y por ende podrá ser considerado un “riesgo” a la LSI, por lo que, vulnera y atenta toda libertad de expresión y de acceso a la información pública, comprendidos en el numeral 6to. De la Constitución Federal. De esta ley desprende varios supuestos normativos, pues, en todo momento un derecho legítimo el tener conocimiento del desempeño de las funciones de cualquier órgano de gobierno, incluyendo las Fuerzas Armadas, en el principio contenido en el mismo numeral como de “máxima difusión”, a su vez esta misma ley representa un menoscabo a la información pública contenido en el apartado A del mismo precepto legal, pues, el Estado teniendo la capacidad discrecional de correlacionar cualquier actividad que detente o ponga en riesgo a las “Instituciones” y su “gobernabilidad”, podrá ser sujeta a investigaciones de cualquier clase como “inteligencia para la Seguridad Interior”, “Uso legítimo de la fuerza”, lo que lo vuelve un sujeto vulnerable y amedrentadopor el sistema del propio Estado y así lo vulnera sus derechos más legítimos y elementales de la libertad de expresión y acceso a la información pública.

e) En relación a los preceptos número 11 y 12, que en su literalidad expresa “Corresponde a las autoridades federales, incluyendo las Fuerzas Armadas, por sí o en coordinación de las demás órdenes de gobierno, identificar, prevenir, atender, reducir y contestar la Amenazas a Seguridad Interior.

El Presidente de la República podrá ordenar por sí o a petición de las legislaturas de las Entidades Federativas, o de su Ejecutivo en caso de receso de aquellas, la intervención de la Federación para la realización e implementación de Acciones de Seguridad Interior en el territorio de una Entidad Federativa o zona geográfica del país, previa emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, cuando se actualice alguna de las siguientes Amenazas a la Seguridad Interior y estas:

• Comprometan o superen las capacidades efectivas de las autoridades competentes para atenderla, o

• Se originen por la falta o insuficiente colaboración de las entidades federativas y municipios en la preservación de la Seguridad Nacional, de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 1 de la Ley de Seguridad Nacional.

Aquellas amenazas a la Seguridad Interior  que no requieran declaratoria en términos del presente artículo serán atendidas por las autoridades conforme a sus atribuciones y a las disposiciones legales que le resulten aplicables.” Así como el artículo 12 “En los casos a los que se refiere el artículo anterior, el Presidente de la República, previa consideración del Consejo de Seguridad Nacional, determinará la procedencia de la intervención de la Federación y expedirá, dentro de las setenta y dos horas siguientes, contadas a partir recibir solicitud, la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, la cual deberá modificarse por conducto de la Secretaría de Gobernación a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en los periódicos o gacetas oficiales de las entidades federativas afectadas.” Ambos artículos contravienen el artículo 21 Constitucional, pues ya que el ejercicio de investigación de los Delitos corresponde en todo momento al Ministerio Público y a las policías. Si bien, desempeñaran auxilio a las policías municipales y/o estatales, la participación y esencia de la declaratoria de Seguridad Interior e intervención de las Fuerzas Armadas es por verse rebasadas las policías del orden civil, por lo que la aplicación de las Fuerzas Armadas en labores de control y vigilancia es únicamente y por las fuerzas públicas civiles.

Además, en el cuarto párrafo del mismo artículo citado, expresa “La seguridad pública es una función a cargo de la federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva… (Ídem)” por ello, existiría una contradicción de funciones y que al mismo tiempo contraviene la Constitución Federal, y por ello vuelve inconstitucional la ley.

f) El artículo 30 de la LSI, “Las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas desarrollarán actividades de inteligencia en materia de Seguridad Interior en los ámbitos de sus respectivas competencias. Al realizar las tareas de inteligencia, las autoridades facultadas por esta Ley, podrán hacer uso de cualquier método lícito de recolección de información

Toda obtención de información de inteligencia se realizará con pleno respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.” Sin embargo, al referirse que “podrán hacer uso de cualquier método lícito de recolección de información”, no se especifica cuáles son los métodos lícitos para el ejercicio de la obtención de datos. Lo que al ser obscuro o ambiguo el proceso de su realización contraviene el artículo 16.Constitucional, lo cual resulta improcedente e inaplicable y además detenta y genera un menoscabo a la esfera jurídica de las personas.

De verdad que da gusto ver como los ciudadanos toman en cuenta las instituciones para combatir y luchar por lo que sugieren va contra los mexicanos, ahora habrá que esperar la resolución y respetar sea cual sea el fallo.

davidcastellanost@hotmail.com

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Opinión

Dámaso y el músculo sindical

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La firma del Contrato Colectivo de Trabajo 2025 entre la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y el Sindicato Único de Trabajadores (SUTUAT) no es simplemente un acto administrativo, sino un mensaje político, institucional y de gobernabilidad interna. El rector Dámaso Anaya Alvarado, al estampar su firma junto con la del secretario general sindical José Luis Castañón Ramos, no sólo selló un documento, selló también un compromiso que le asegura estabilidad operativa a la Universidad y certeza laboral a su planta trabajadora.

En el papel se habla de mejoras salariales, prestaciones y condiciones laborales. Pero en la realidad, lo que se refrenda es un pacto de confianza mutua que permite a la administración central de la UAT mantener una relación directa, sin fracturas, con la estructura sindical, tan influyente como necesaria para el buen curso académico y administrativo de la institución.

La inclusión del secretario de Trabajo y Conflictos del SUTUAT, Juan Gabriel Puga Limón, así como de representantes sindicales de las zonas norte, centro, sur y Mante, no es menor. Fue una firma respaldada por toda la estructura territorial del sindicato, lo que fortalece aún más la imagen de unidad que el rector busca proyectar en su gestión. Junto a su equipo de colaboradores —María Concepción Placencia Valadez, Eduardo García Fuentes, Ismael Quintanilla Acosta y Jesús Francisco Castillo Cedillo—, Dámaso Anaya dejó claro que la rectoría no improvisa, y que hay planeación y rumbo en la conducción de la universidad.

Este tipo de acuerdos son, además, parte de una estrategia más amplia: blindar a la UAT de conflictos internos en momentos donde el país y el estado avanzan en procesos de transformación política, educativa y social. Lo que pasa en la universidad pública más importante de Tamaulipas siempre tiene repercusiones fuera de sus aulas, y el rector parece tenerlo muy claro.

En la intimidad… A la mitad del camino de su gobierno, Américo Villarreal Anaya no sólo mantiene el rumbo, sino que reafirma una conducción de Estado basada en principios de justicia social, respeto a los derechos humanos y una visión profundamente humanista. Su mensaje, reciente y firme, da cuenta de un liderazgo sereno, pero decidido, con resultados tangibles que han impactado la vida pública de Tamaulipas.

No es menor haber reducido los delitos de alto impacto en más del 50 por ciento. No es casualidad que la pobreza extrema haya disminuido como no se había visto antes en la historia del estado. No es retórica el decir que Tamaulipas ha recuperado su lugar en el escenario nacional gracias a finanzas sanas, infraestructura estratégica y políticas públicas con rostro humano.

Américo ha devuelto a la política su sentido ético. Hoy en Tamaulipas se respira una gobernanza distinta, donde las instituciones están al servicio de la ciudadanía y donde las decisiones se toman con responsabilidad social, no desde la imposición ni el autoritarismo. Su administración ha sumado a todos los sectores, ha respetado la pluralidad y ha puesto énfasis en los que menos tienen, sin simulaciones.

El acompañamiento del Poder Judicial y el Poder Legislativo en su reciente informe es un símbolo de equilibrio republicano, y la mención de Claudia Sheinbaum como la primera presidenta de México no fue un gesto político, fue un acto de coherencia ideológica con el proyecto nacional de transformación.

Tamaulipas tiene rumbo. Tiene liderazgo. Y tiene gobernador. Uno que, lejos del espectáculo, trabaja. Uno que, en silencio, ha comenzado a reconstruir el pacto social, devolviendo dignidad, paz y esperanza a un pueblo que por años fue rehén de intereses ajenos al bien común.

davidcastellanost@hotmail.com
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Opinión

Justicia bajo voto, democracia bajo sospecha

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Los Estados Unidos Mexicanos, se tambalean; la república parece estar en peligro. El estado de derecho, llora -desconoce si es de alegría o tristeza-.

Al mismo tiempo Tamaulipas acaba de escribir una nueva página en su historia. En un acto inédito y sin precedentes en el país, el gobernador Américo Villarreal Anaya atestiguó la toma de protesta de 147 juezas, jueces, magistradas y magistrados que ahora integran un nuevo Poder Judicial, surgido del voto directo y “secreto” del pueblo.

El discurso oficial califica este suceso como un parteaguas, como la consolidación de una nueva era de legalidad y justicia, donde los tres Poderes del Estado gozan —al fin— de legitimidad democrática.

El mandatario estatal no escatimó en palabras al hablar de refundación histórica, fortaleza institucional y del entrelazamiento entre ley y justicia. Incluso afirmó que Tamaulipas ha hecho lo correcto al ser pionero en someter el Poder Judicial al escrutinio ciudadano, un paso que pocos estados del país se han atrevido a dar.

Pero entre las ovaciones, el aplauso fácil y la narrativa del cambio, persiste una sombra que muchos prefieren ignorar. La alineación entre los tres poderes del Estado —ejecutivo, legislativo y ahora judicial—, más que fortalecer la democracia, levanta sospechas sobre la verdadera independencia de la justicia en México, y Tamaulipas.

Es preocupante cuando quienes deben vigilarse entre sí operan en sintonía política y económica. En este nuevo entramado, el diputado Humberto Prieto Herrera, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso y quien tomó protesta a las y los juzgadores, comparte una alianza política con el propio gobernador. Este dato, no puede ni debe ser ignorado en una lectura objetiva de la coyuntura, ahora, el legislador está en una vitrina más amplia y robusta, una que va más allá de un cargo municipal.

Mientras tanto la nueva magistrada presidenta Tania Gisela Contreras fue enfática en su compromiso de no tolerar corrupción ni impunidad, y sostuvo que el nuevo Tribunal de Disciplina será implacable. Sus palabras, aunque contundentes, tienen que ser respaldadas con acciones sostenidas en el tiempo, especialmente ahora que el Poder Judicial se convierte en actor principal dentro de un esquema que más bien parece un sistema cerrado de lealtades políticas.

La participación ciudadana en la elección de los juzgadores es sin duda un ejercicio novedoso. Sin embargo, cuando la estructura misma que facilita esa participación está dominada por los mismos intereses que gobiernan desde el poder ejecutivo y el legislativo, se pierde el equilibrio. La legitimidad, como bien advirtió el propio Humberto Prieto, no es un privilegio, es una responsabilidad que debe ejercerse con independencia, no con obediencia al poder que la posibilitó.

Este nuevo Poder Judicial arranca su vida con el peso de una gran expectativa, pero también con el miedo legítimo de quienes ven cómo el Estado de Derecho podría haber sido sustituido por el derecho del Estado. Porque cuando los tres poderes se alinean bajo una sola voluntad, la democracia se convierte en un trámite, y la justicia en un espejo de quien la ejerce, no de quien la necesita.

En la intimidad… En medio de los ecos políticos y el nuevo rediseño institucional en Tamaulipas, la Universidad Autónoma de Tamaulipas sigue trabajando desde el territorio. En su reciente gira de trabajo en la Facultad de Enfermería de Nuevo Laredo, el rector Dámaso Anaya Alvarado firmó un convenio con el Sistema DIF de este municipio, encabezado por Claudette Canturosas Villarreal.

El acuerdo permitirá que estudiantes de Enfermería realicen prácticas profesionales en centros comunitarios, estancias infantiles y programas de salud, fortaleciendo su formación académica y humana. Durante su visita, el rector recorrió las instalaciones, conversó con estudiantes, personal docente y grupos estudiantiles involucrados en proyectos de salud comunitaria.

El programa “Un día con tu rector” se ha convertido en una ventana de diálogo directo con la comunidad universitaria. La Facultad de Enfermería en Nuevo Laredo destaca por su sólida planta docente, proyectos de responsabilidad social y programas que integran a los jóvenes en actividades que impactan positivamente a la comunidad.

Este tipo de iniciativas académicas muestran que aún existen espacios donde el compromiso social se mantiene vivo, y donde la formación de profesionales se vincula directamente con el bienestar de las familias tamaulipecas. Mientras en los altos círculos del poder se reconfiguran los equilibrios, en las aulas y laboratorios de la UAT se construye, silenciosamente, el futuro del estado.

davidcastellanost@hotmail.com
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La certeza jurídica también es bienestar

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Tampico comenzó a convertirse en el municipio que sabe a dónde VA. La más reciente muestra se dio en la Trigésima Séptima Sesión Ordinaria de Cabildo, donde se aprobaron acuerdos con visión de futuro, orientados a fortalecer el patrimonio municipal y garantizar el uso adecuado de los espacios públicos en beneficio de la ciudadanía.

Bajo la conducción de la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya, se autorizó la celebración de un contrato de comodato con la Oficina de Representación Estatal de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, con vigencia hasta 2027. Esta decisión no solo refleja sensibilidad social, sino también una gestión pública que apuesta por la educación como vehículo de transformación.

Pero lo más relevante fue la desincorporación y donación de dos predios municipales al INFONAVIT y al IMSS. Esto representa un paso decisivo para impulsar el desarrollo habitacional y fortalecer los servicios de salud. Es decir, el municipio deja de ser un simple administrador del territorio para convertirse en un agente activo del desarrollo urbano y humano.

Aquí es justo reconocer el trabajo técnico, discreto pero fundamental, de Carlos García Porres y su equipo. Aunque los reflectores apuntan a la alcaldesa, quien encabeza con firmeza y compromiso estos procesos, detrás hay un equipo operativo que entiende la importancia de otorgar certeza jurídica a los bienes del municipio. Y es en ese marco donde García Porres ha dado muestra de profesionalismo, visión administrativa y orden patrimonial.

En esta sesión, también se incorporaron diversos espacios educativos, sociales y comunitarios al patrimonio municipal: un jardín de niños, un parque, una iglesia y la Casa del Adulto Mayor, entre otros. Dejar en claro la propiedad legal de estos predios no es una cuestión burocrática; es, ni más ni menos, asegurar que su destino será siempre el servicio a la ciudadanía.

La alcaldesa informó que ya son 28 los predios municipales que cuentan con escrituras: plazas, parques, el Mercado Municipal, el Cementerio, espacios deportivos y múltiples áreas verdes. Esto significa que Tampico no solo protege sus espacios, sino que los consolida como parte de su identidad y patrimonio colectivo.

Este tipo de acciones permiten, como bien lo dijo Mónica Villarreal, ordenar, proteger y dar certeza legal a espacios de uso social y comunitario. Porque cuando un predio tiene escrituras a nombre del municipio, no hay manera de que el beneficio se desvíe; se garantiza su conservación, su cuidado y su uso correcto. Esa es la diferencia entre una administración reactiva y una con rumbo.

En estos tiempos donde los gobiernos locales andan preocupados por sus campañas financiadas por dinero ilícito, lo que ocurre en Tampico es un recordatorio de que sí se puede trabajar con orden, estrategia y responsabilidad. El desarrollo no siempre está en las grandes obras visibles; a veces, está en los procesos internos que consolidan el rumbo de una ciudad.

En la intimidad… La comunidad universitaria de Nuevo Laredo vivió una jornada especial con la visita del rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado.

Acompañado de la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal, encabezó la ceremonia de honores a la bandera y entregó la nueva techumbre en la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales.

La obra no solo embellece el campus, también lo transforma. Con esta nueva infraestructura, más de 2 800 estudiantes contarán con un espacio digno para actividades académicas, culturales, deportivas y cívicas. El rector lo dijo claro: esta techumbre es un símbolo de lo que se puede lograr con colaboración institucional.

Carmen Lilia Canturosas, firme en su compromiso con la educación, reiteró su respaldo a la UAT. Reconoció el liderazgo de Anaya Alvarado, quien ha sabido conducir a la universidad con un enfoque humanista y de resultados tangibles.

Durante la jornada universitaria “Un día con tu rector”, Dámaso Anaya recorrió instalaciones, dialogó con estudiantes, escuchó inquietudes del personal docente y administrativo, y conoció de cerca las nuevas carreras que ya son una realidad. También se destacó la rehabilitación de la Clínica Dental UNE, ubicada frente a la Facultad, que brindará atención a bajo costo tanto a estudiantes como a la comunidad.

Así, entre hechos concretos y un diálogo abierto, la UAT reafirma su compromiso con una educación de calidad, incluyente y cercana. Y en ese mismo espíritu, la ciudad de Nuevo Laredo sigue apostando por su capital más valioso: su gente joven.

davidcastellanost@hotmail.com
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La incompetencia y los cocodrilos

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La selva se ha trasladado al asfalto, y los cocodrilos han encontrado en las playas del sur de Tamaulipas su nuevo hábitat.

Lo ocurrido en Miramar no es anecdótico, es el resultado de años de negligencia, de una ausencia absoluta de política pública ambiental y de una descomposición institucional que ya no puede maquillarse con boletines turísticos ni con cifras alegres.

Segundo avistamiento en menos de 24 horas. Cocodrilos de más de dos metros nadando plácidamente entre las olas, a escasos metros de pescadores  deportivos, bañistas de todas las edades, turistas y familias. El paraíso turístico más representativo del estado de Tamaulipas convertido en un estanque salvaje.

Mientras los videos se viralizan y el miedo crece, la respuesta de los tres niveles de gobierno es el silencio. Ni una estrategia, ni una brigada, ni un protocolo activo. Ni siquiera aceptan su herencia, la  proliferación “jurásica”.

Lo que pasa en Miramar es la representación más cruda del abandono. El cocodrilo ya no es una amenaza silvestre; es un síntoma. El síntoma de lo que ocurre cuando el desarrollo urbano devora sin planeación, cuando las instituciones ambientales no regulan ni supervisan, y cuando las autoridades municipales, estatales y federales prefieren mirar hacia otro lado, como cuando los titulares de las dependencias  públicas y alcaldes se niegan a la exigencia del Sancho.. “panza”.

Ciudad Madero, Altamira, Tampico… el corredor turístico más importante de la entidad sigue al borde del colapso ecológico, pero también institucional. Porque en esta zona nadie asume su responsabilidad. La Profepa está ausente. Semarnat se diluye entre trámites inútiles. Y la Secretaría de Turismo prefiere callar, no sea que el miedo espante a los pocos visitantes que aún se atreven a pisar la arena.

Mientras los cocodrilos se pasean por las playas, los canales, las lagunas y hasta las colonias, el discurso oficial se dedica a simular normalidad. Una omisión prolongada y peligrosa. Ya no es un problema ambiental. Es un asunto de protección civil que sigue sin ser atendido con seriedad.

La falta de control sobre la fauna silvestre no es solo un error de política ambiental. Es una amenaza directa a la seguridad de la población. Y si la autoridad no actúa, lo que viene no será solo un susto en la playa, sino una tragedia que se pudo evitar.

Y mientras tanto, el sector empresarial calla. Los prestadores de servicios turísticos no exigen protocolos ni seguridad. Solo les preocupa mantener la fachada, esconder el riesgo, maquillar el desastre. Porque el miedo espanta, pero la verdad, al parecer, incomoda más.

En la intimidad… Este fin de semana, el Grupo Parlamentario de Morena y del Partido del Trabajo llevó a cabo su plenaria legislativa en Ciudad Mante. El evento, encabezado por el diputado Humberto Prieto Herrera, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, se enfocó en la planeación de la agenda legislativa que impulsarán durante el segundo año legislativo y el tercer periodo ordinario de sesiones, que arranca el 1 de octubre.

Durante la jornada, se compartieron propuestas y ponencias para integrar nuevas iniciativas y reformas. Prieto Herrera reconoció el respaldo institucional de la presidenta municipal de Ciudad Mante, Patricia Chío de la Garza, por brindar las condiciones necesarias para la realización del encuentro.

El Congreso busca mantener una presencia activa en distintos municipios, reforzando su compromiso con una agenda territorial que responda a las realidades locales.

Con estas acciones, Prieto Herrera continúa su labor legislativa en campo, consolidando una agenda que se alinea con los objetivos de la Cuarta Transformación. Pero mientras tanto, el sur de Tamaulipas sigue esperando respuestas urgentes en temas que no pueden seguir esperando al próximo periodo ordinario.

davidcastellanost@hotmail.com
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