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Integrantes del Congreso Nacional Ciudadano (CONACI) han comenzado a interponer solicitudes de Amparo contra la Ley de Seguridad Interior desde finales del año pasado. Se declaran a la ofensiva contra la “represión” del presidente Enrique Peña Nieto mediante la “militarización” del país.

“Ya sabemos que el sistema político esta podrido, nos divide en colores, nos vende espejitos, nos lleva a su juego día con día, nos roba, saquea, se burla del pueblo y con nuestro dinero simula un democracia que es legitimada por un pueblo con hambre e ignorancia que cree que haciendo fila para votar por los mismos de siempre, va a cambiar el resultado” publicaron el 27 de diciembre pasado en su página web.

El CONACI con células activas en distintas entidades del país, advierte haber pasado de la protesta enérgica, de la marcha, de la presión social a la acción legal y con estos Amparos ponen su esperanza en el Poder Judicial, tras confirmar que el Ejecutivo y Legislativo únicamente son tiranos en contra del pueblo mexicano que cada vez tiene más pobres, menos empleo y escasas oportunidades de crecimiento. Hoy se amparan contra la “militarización” deseando que la Suprema Corte de Justicia reconozca que la Ley de Seguridad Interior es inconstitucional.

Los actos en reclamo basados en un supuesto análisis a la redacción de la ley impulsada por el Gobierno Federal van dirigidos sobre algunos artículos que a decir de los del CONACI son “contradictorios” y en este debate o intención de tumbar la dichosa ley, también se involucran  integrantes del CONACI celula Tampico.

Los artículos “contradictorios” son los siguientes:

a) Artículo 2 Ley de Seguridad Interior (en adelante LSI); “La Seguridad Interior es la condición proporciona el Estado mexicano que permite salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobiernos e instituciones, así como el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del orden constitucional, el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrático en todo el territorio nacional. Comprende el conjunto de órganos, procedimientos y acciones destinados para dichos fines, respetando los derechos humanos en todo el territorio nacional, así como para prestar auxilio y protección a las entidades federativas y los municipios, frente a riesgo y amenazas que comprometan o afectan la seguridad nacional en los términos de la presente ley.” ​

Por lo anterior el CONACI supone que: toda vez, que su contenido en esta ley ni supletoriamente en la Ley de Seguridad Nacional, ni la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la definición expresa de Institución o instituciones, por la cual cabe la ambigüedad del señalamiento dela palabra “Instituciones”, así como “su gobernabilidad”, por lo que al no ser claro qué es lo que se protege, determina una inexactitud de la semántica de la misma. Ya que toda vez que está dirigida prioritariamente al uso de las Fuerzas Armadas a todo aquello que discrecionalmente entiendan las Autoridades como “amenaza”, y que la motivación de la ésta ley, al salvaguardo, vigilancia y permanencia de la misma, no confiere sentido práctico de interpretación jurídica de la misma; dejando así incierta e ineficiente la creación y motivación de la misma ley como tal.

Y continúan desglosando…

b) El artículo 3 de la LSI, establece “En el ejercicio de las atribuciones de Seguridad Interior,  se observarán los principios previstos en el artículo 4 de la Ley de Seguridad Nacional y los de racionalidad, oportunidad, proporcionalidad, temporalidad, subsidiariedad y gradualidad, así como las obligaciones relativas al uso legítimo de la fuerza.”; así mismo el artículo 4 de la Ley de Seguridad Nacional, expresa lo siguiente: “La Seguridad Nacional se rige por los principios de legalidad, responsabilidad, respeto a los derechos fundamentales de protección a la persona humana y garantías individuales y sociales, confidencialidad, lealtad, eficiencia, coordinación y cooperación.”

Por lo que refieren es un acto violatorio y que vulnera la eficiencia del artículos 1, 29 y 35 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante “CPEUM” o “Carta Magna” o “Constitución Federal”), que refiere a la reducción o suspensión de garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente la situación en casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto; toda vez que aún y que la LSI, no emite una suspensión de garantías expresa, pero actúa de facto la aplicación de suspensión de garantías y restricciones de los derechos humanos, dejando dicha ley en su improcedencia ya que atenta sobre los derecho humanos propios y reconocidos por el artículo 1 de la CPEUM, así como los derechos políticos-civiles reconocidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de los Derechos Humanos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, mismas que el Estado Mexicano es firmante y se obligó a adecuar su derecho positivo en virtud del beneficio al hombre como ente de la sociedad y su funcionamiento primordial. Así también, la libertad expedida por la Constitución Federal, de participar las políticas públicas en lo individual y en lo colectivo y por ello, participar en temas de interés legítimo y adherente a dichas políticas que afectan la libertad como derecho fundamental de las personas de manera directa e indirectamente de las personas. Por ello, determinado en estos preceptos legales confiere al hombre como institución base de la sociedad y del Estado mismo.

c) Del mismo modo, el artículo 7 de la LSI, establece lo que se entenderá por cada uno de los términos referidos, sin embargo, no se encuentra ninguno que especifique textualmente “seguridad Interior”, “instituciones” “grave riesgo”, además se encuentra no clara la conceptualización de la definición del “Uso legítimo de la fuerza”, pues al no definirse “actos de resistencia”, deja situaciones dubitativas en el ejercicio del “Uso de la legítima fuerza”, si bien es claro que la ambigüedad, vicios en la redacción e imprecisión en la redacción del legislador no es motivo para la declaratoria de su inconstitucionalidad, resulta no ser consistente y al no existir el concepto redactado por el legislador en ninguna ley existente, entonces no es motivo de su aplicación y por lo conducente no se puede aplicar ni ejecutar lo que no existe.

d) Artículo 9 “La información que se genere con motivo de la aplicación de la presente ley, será considerada de Seguridad Nacional, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables”. El hecho textual del presente precepto legal, refiere a la persona que enmarque, hable, interactúe, emane, investigue,emita información que genere o refiera por motivos de esta ley, será motivo de la aplicación de la presente ley y por ende podrá ser considerado un “riesgo” a la LSI, por lo que, vulnera y atenta toda libertad de expresión y de acceso a la información pública, comprendidos en el numeral 6to. De la Constitución Federal. De esta ley desprende varios supuestos normativos, pues, en todo momento un derecho legítimo el tener conocimiento del desempeño de las funciones de cualquier órgano de gobierno, incluyendo las Fuerzas Armadas, en el principio contenido en el mismo numeral como de “máxima difusión”, a su vez esta misma ley representa un menoscabo a la información pública contenido en el apartado A del mismo precepto legal, pues, el Estado teniendo la capacidad discrecional de correlacionar cualquier actividad que detente o ponga en riesgo a las “Instituciones” y su “gobernabilidad”, podrá ser sujeta a investigaciones de cualquier clase como “inteligencia para la Seguridad Interior”, “Uso legítimo de la fuerza”, lo que lo vuelve un sujeto vulnerable y amedrentadopor el sistema del propio Estado y así lo vulnera sus derechos más legítimos y elementales de la libertad de expresión y acceso a la información pública.

e) En relación a los preceptos número 11 y 12, que en su literalidad expresa “Corresponde a las autoridades federales, incluyendo las Fuerzas Armadas, por sí o en coordinación de las demás órdenes de gobierno, identificar, prevenir, atender, reducir y contestar la Amenazas a Seguridad Interior.

El Presidente de la República podrá ordenar por sí o a petición de las legislaturas de las Entidades Federativas, o de su Ejecutivo en caso de receso de aquellas, la intervención de la Federación para la realización e implementación de Acciones de Seguridad Interior en el territorio de una Entidad Federativa o zona geográfica del país, previa emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, cuando se actualice alguna de las siguientes Amenazas a la Seguridad Interior y estas:

• Comprometan o superen las capacidades efectivas de las autoridades competentes para atenderla, o

• Se originen por la falta o insuficiente colaboración de las entidades federativas y municipios en la preservación de la Seguridad Nacional, de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 1 de la Ley de Seguridad Nacional.

Aquellas amenazas a la Seguridad Interior  que no requieran declaratoria en términos del presente artículo serán atendidas por las autoridades conforme a sus atribuciones y a las disposiciones legales que le resulten aplicables.” Así como el artículo 12 “En los casos a los que se refiere el artículo anterior, el Presidente de la República, previa consideración del Consejo de Seguridad Nacional, determinará la procedencia de la intervención de la Federación y expedirá, dentro de las setenta y dos horas siguientes, contadas a partir recibir solicitud, la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, la cual deberá modificarse por conducto de la Secretaría de Gobernación a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en los periódicos o gacetas oficiales de las entidades federativas afectadas.” Ambos artículos contravienen el artículo 21 Constitucional, pues ya que el ejercicio de investigación de los Delitos corresponde en todo momento al Ministerio Público y a las policías. Si bien, desempeñaran auxilio a las policías municipales y/o estatales, la participación y esencia de la declaratoria de Seguridad Interior e intervención de las Fuerzas Armadas es por verse rebasadas las policías del orden civil, por lo que la aplicación de las Fuerzas Armadas en labores de control y vigilancia es únicamente y por las fuerzas públicas civiles.

Además, en el cuarto párrafo del mismo artículo citado, expresa “La seguridad pública es una función a cargo de la federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva… (Ídem)” por ello, existiría una contradicción de funciones y que al mismo tiempo contraviene la Constitución Federal, y por ello vuelve inconstitucional la ley.

f) El artículo 30 de la LSI, “Las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas desarrollarán actividades de inteligencia en materia de Seguridad Interior en los ámbitos de sus respectivas competencias. Al realizar las tareas de inteligencia, las autoridades facultadas por esta Ley, podrán hacer uso de cualquier método lícito de recolección de información

Toda obtención de información de inteligencia se realizará con pleno respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.” Sin embargo, al referirse que “podrán hacer uso de cualquier método lícito de recolección de información”, no se especifica cuáles son los métodos lícitos para el ejercicio de la obtención de datos. Lo que al ser obscuro o ambiguo el proceso de su realización contraviene el artículo 16.Constitucional, lo cual resulta improcedente e inaplicable y además detenta y genera un menoscabo a la esfera jurídica de las personas.

De verdad que da gusto ver como los ciudadanos toman en cuenta las instituciones para combatir y luchar por lo que sugieren va contra los mexicanos, ahora habrá que esperar la resolución y respetar sea cual sea el fallo.

davidcastellanost@hotmail.com

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Opinión

Montserrat Arcos “la risita” Velázquez

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Con Américo Villarreal Anaya, la rendición de cuentas se ha convertido en un punto clave para el gobierno de la Cuarta Transformación en Tamaulipas. Así lo expresó la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Norma Angélica Pedraza Melo, durante el Primer Informe de Gobierno de Jorge Humberto Hinojosa García, alcalde de Casas.

El informe de Hinojosa García dejó claro que el municipio avanza con apoyo del gobierno estatal en distintos frentes. Sí, eso mismo dijeron todos los alcaldes morenistas, no hay dudas, pero, las pruebas ocupan ser más contundentes. Desde la inversión en vivienda y espacios deportivos, hasta la construcción de un área de rehabilitación para quienes no pueden trasladarse al CREE en Ciudad Victoria, la gestión municipal de Hinojosa, intenta abrir camino a una transformación que toque a todos los habitantes.

La apuesta por la educación también estuvo presente. El alcalde presumió convenios con la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y esto, gracias al respaldo del rector Dámaso Anaya Alvarado, con lo que se garantizan becas para los estudiantes de Casas, un esfuerzo que habla de visión a futuro en una tierra donde las oportunidades suelen ser escasas.

Por su parte, Pedraza Melo detalló que el gobierno de Tamaulipas ha invertido 47.5 millones de pesos en obra pública y 38.5 millones de pesos en apoyos rurales, asistencia social, uniformes, útiles y mobiliario, alcanzando una suma de 86 millones de pesos en beneficio del municipio. El anuncio posiciona a Casas dentro de la agenda estatal y muestra el músculo financiero que la administración de Américo Villarreal despliega en distintos puntos de la entidad.

No fue la única representación política que tuvo la secretaria. Pedraza Melo también llevó la voz del gobernador en los informes de las alcaldesas Mariela López Sosa en Xicoténcatl y Gaudisela Ramírez Zavala en San Carlos, confirmando que el ejercicio de rendición de cuentas se convierte en un escaparate donde el gobierno estatal marca presencia, supervisa avances y refuerza su discurso de transparencia.

En la intimidad… Montserrat Arcos Velázquez tuvo nombre, prestigio y respeto. Su astucia le dio brillo en la política local y nacional, generando admiración en el rancho. Sin embargo, su reciente aparición en el informe de Erasmo González Robledo terminó por exhibirla como el hazmerreír de Madero. La carcajada fue compartida por panistas, morenistas, priístas y hasta por los tres emecistas que sobreviven en la plaza.

El informe de Erasmo resultó exitoso. Sus números, avances y datos consolidan la idea de que apenas viene lo mejor para Ciudad Madero. La presencia de Monserrat y su errático comportamiento de los últimos meses, incluidos sus ataques públicos al PRI, la han convertido en “la risita” del municipio, ahora la ven y en automatico provoca una risita burlona en la gente, entre los empresarios y politicos; los más atrevidos la miran a ella y de reojo voltean a ver a Erasmo, asi como de: “te pasas, para qué la metes aquí”, Monse, cavo su tumba en Madero desde que fue diputada local, pero, se le dejo creer que podia seguir transitando como si nada. Hoy, de diputada federal pasó a botana barata, como si fuera un camarón seco.

davidcastellanost@hotmail.com
X: @dect1608

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Opinión

La transformación no alcanzó al enemigo: la corrupción

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Por: Zaira Rosas
zairosas.22@gmail.com

Dos escándalos sacuden los cimientos de morena, por un lado, el caso de
huachicol fiscal que involucra al ex titular de marina Rafael Ojeda Durán, este caso
no es menor, pues salpica gravemente a las fuerzas armadas en un caso de
corrupción profunda. En la otra cara de la moneda tenemos la detención de
Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de seguridad de Adán Augusto López,
mientras fue gobernador de Tabasco.
El segundo caso hace cuestionar las decisiones de una transformación fallida
pues fue como secretario de seguridad en Tabasco que Hernán Bermúdez
Requena operaba la organización criminal, “La barredora”, mientras tanto el ahora
líder del senado ha tratado de deslindarse y declarado que está dispuesto a
participar en la investigación y que él mismo pidió que se investigara a su ex
colaborador.
Y si lo anterior no fuese suficiente para opacar los números positivos en materia
de seguridad de la actual gestión presidencial, tenemos los gastos desmedidos de
miembros del partido que se presenta como el defensor de los pobres, desde los
viajes con cenas de más de 40 mil pesos a Tokio, hasta quienes dicen que la
austeridad es solo para el gobierno y no para gastos personales.
El problema nunca ha sido el partido político en turno. El verdadero enemigo es la
corrupción estructural de México. Según el Índice de Percepción de la Corrupción
2023 de Transparencia Internacional, México ocupa el lugar 126 de 180 países,
con una calificación de 31 puntos sobre 100, por debajo de naciones como
Colombia, Etiopía o Gambia. Es decir, la percepción de corrupción en el país sigue
siendo altísima pese a las promesas de transformación.
El costo tampoco es menor. El Banco Mundial estima que la corrupción en México
representa entre el 2% y el 10% del PIB anual, lo que equivale a billones de pesos
que podrían invertirse en salud, educación o infraestructura. La ASF (Auditoría
Superior de la Federación) reportó en su informe de 2022 irregularidades por más
de 64 mil millones de pesos en el ejercicio del gasto público.
En cuanto al caso de huachicol fiscal, las cifras son alarmantes: solo en 2023, el
SAT detectó pérdidas por más de 64 mil millones de pesos debido a la facturación
falsa y contrabando de combustibles. La violencia asociada no es menor. En los
últimos dos años han fallecido al menos cinco personas relacionadas con aduanas
y procesos de ingreso de hidrocarburos y fentanilo; la última, Adrián Omar del
Ángel, murió durante una práctica de tiro real en circunstancias cuestionables.

Los hechos anteriores además de develar que la transformación no alcanzó para
combatir la corrupción, develan que las fuerzas armadas están llevadas por
personas que son igual de corruptibles que quienes se han desempeñado en otros
cargos, por lo que sin importar quien está al frente seguimos sin poder confiar en
las distintas redes de seguridad.
Llega entonces el cuestionamiento constante ¿cómo combatir el cáncer de la
corrupción en el país? No basta con el combate como discurso, se requiere de
fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas, transparentar los procesos no
solo en las reformas y propuestas fiscales, sino también establecer mecanismos
de vigilancia al interior de las diversas dependencias.
La corrupción es el mayor obstáculo para cualquier proyecto de nación, pero no es
invencible. Si algo han demostrado los primeros resultados en materia de
seguridad es que, con estrategias claras y consistentes, sí es posible transformar
realidades. El desafío ahora es trasladar esa misma voluntad al combate de la
impunidad y la influencia del crimen organizado, con instituciones sólidas y con
una ciudadanía vigilante que no permita retrocesos. Ahí se juega la verdadera
transformación.

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Opinión

SEMAR Capítulo 2 mil

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En el tercer trimestre de 2025, la Secretaría de Marina Armada de México se topó con un tsunami financiero que nadie en la cubierta de mando había previsto. De la nada, los pagos a proveedores se suspendieron, dejando a la deriva una deuda nacional estimada en al menos 400 millones de pesos. En el sur de Tamaulipas, la marejada alcanza ya los 20 millones, cifra que ha comenzado a hundir a empresarios locales que, asfixiados por la falta de liquidez, se han visto obligados a despedir personal.

La Primera Zona Naval, que siempre había sido un bastión de disciplina, hoy navega con el lastre de pasivos impagos: material, suministros y servicios ya entregados desde meses atrás permanecen en bodegas invisibles, a la espera de que el timón administrativo les dé rumbo. Los proveedores han hecho agua, incapaces de sostener con recursos propios la operación de contratos que deberían haber sido saldados puntualmente.

El oleaje de esta tormenta no se formó de la nada. La Secretaría de la Función Pública mantiene un expediente en el que se detalla cómo, entre enero y mayo de 2024, la Marina pagó más de 40 millones de pesos por medicamentos y material médico que jamás llegaron a puerto. La investigación de la Inspección y Contraloría General apuntó en su momento al Capitán Germán Díaz Olivier, pero el faro de la corrupción ya había sido detectado mucho antes. En 2021, por lo menos 43 empresas fantasma se llevaron más de 215 millones bajo un esquema de operaciones simuladas.

Hoy, toda esa resaca golpea al Almirante Secretario Raymundo Pedro Morales Ángeles, quien recibió en octubre de 2024 la confianza total de la comandante suprema, Claudia Sheinbaum Pardo. El mando parecía sólido, pero la nave que debía avanzar con rumbo firme hacia la defensa de la soberanía, ha terminado naufragando en un mar de deudas, dudas y desesperanza.

Los empresarios tamaulipecos, que por años sostuvieron la operación de la Marina con la certeza de pagos oportunos, ahora sienten el agua al cuello. La flota de pequeñas y medianas compañías locales, dedicadas a surtir desde alimentos hasta insumos técnicos, está a punto de irse a pique. La crisis financiera de la SEMAR no es ya un rumor de marejada; es un golpe de mar que amenaza con fracturar la relación entre la institución y quienes le dan soporte logístico.

En la intimidad… El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, Humberto Prieto Herrera, encabezó en la Ciudad de México una cena de recaudación de fondos en apoyo a la Casa de la Cultura de Tamaulipas. La velada, celebrada el 8 de septiembre, tuvo como propósito proyectar fuera del estado las raíces y tradiciones tamaulipecas.

Prieto Herrera estuvo acompañado por legisladores federales, locales y senadores, quienes se sumaron al patronato como muestra de respaldo. La noche contó con la participación de la soprano victorense Cynthia Sánchez y una exposición de arte que reunió a creadores tamaulipecos. La organización del evento corrió a cargo del presidente del patronato, José Hernández Cabriales.

El diputado reafirmó su compromiso con el impulso cultural y con el fortalecimiento del vínculo entre Tamaulipas y la comunidad radicada en la capital del país.

davidcastellanost@hotmail.com
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Le hacen la campaña al cabezón que vive a salto de mata

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Hay formas y hay fondos. Lo que no hay, es valor. Al menos no en la comitiva de diputados tamaulipecos que viajaron en bola hasta la Ciudad de México para armar una conferencia de prensa en San Lázaro y exhibir lo que todos ya sabíamos: que el exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca mantiene un tufo a corrupción que no se le borra ni con el perfume más caro de Texas.

Y no es que “Cerbero” Cabeza de Vaca sea una blanca paloma. No, jamás. Es un auténtico perro de tres cabezas, que ladró, mordió y desgarró, sí, también defendió a Tamaulipas durante seis años.  Nadie le quita su historial, pero, lo que de verdad causa una carcajada, una risa agria, es ver cómo esta jauría legislativa morenista se arma de valor… pero solo cuando están lejos. Muy lejos del epicentro político tamaulipeco. Muy lejos de su gente. Muy lejos del calor de las plazas, de los mercados, de las colonias, de las verdaderas trincheras.

En San Lázaro se sienten seguros. Allá se plantan, rodeados, cobijados, cuidados por otros fuereños, para señalar a un exgobernador que, guste o no, fue el primer panista en gobernar Tamaulipas. Y como si lo que dijeran fuera una novedad, lanzan acusaciones como si estuviéramos en pañales informativos. De verdad, se necesita mucho descaro para usar el foro de otro Congreso para denunciar lo que no se atreven a señalar en casa, en el Pleno local, donde verdaderamente importa.

Pero no todos caen en el saco de la cobardía. Mención aparte y con toda justicia merecen la diputada de Tampico, Úrsula Patricia Salazar Mojica, y el legislador de Reynosa, Humberto Prieto Herrera. Ellos, sí. Desde hace ya muchos ayeres, desde sus curules locales, se han fajado. En cortito, de frente, sin miedo y sin pedir permiso han enfrentado al exmandatario. No esperaron que fueran tiempos electorales ni hicieron comparsa en comitivas de veinte. No montaron shows ni buscaron reflectores en tierras lejanas. Desde sus trincheras han señalado, han denunciado y han insistido. Se han jugado el pellejo político en defensa de Tamaulipas. A ellos, sí hay que reconocérselos.

Y regresando al punto: ¿qué sentido tiene una conferencia en San Lázaro para hablar de desvíos en la Secretaría de Salud estatal que ya están denunciados? ¿Qué gana Tamaulipas con ese tipo de activismo de exportación? Porque de justicia no se vive en discursos, ni se persigue a corruptos con boletines de prensa.

La justicia verdadera no se tuitea. Se persigue. Se documenta. Se encarcela. Se ejecuta.

Si tan seguros están de los nexos entre Cabeza de Vaca y los Carmona Angulo, si las cifras de desvío alcanzan los mil quinientos millones de pesos —más de siete mil millones según la ASF—, entonces actúen aquí. Sostengan las denuncias en la tribuna local, en las fiscalías, en los tribunales. No con palabras prestadas, ni desde atriles ajenos.

Tamaulipas no necesita coros. Necesita guerreros. Legisladores que no esperen rodearse de veinte para señalar a uno.

Es cierto, hay una guerra mediática. Hay manipulación. Pero también hay verdad. Y la verdad, por incómoda que sea, debe defenderse desde casa, no desde un Congreso federal que no tiene injerencia en la vida institucional del estado libre y soberano de Tamaulipas. Porque lo demás, lo que se hace en la CDMX, no es justicia, es espectáculo. Y barato.

En la intimidad… La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción confirmó este 9 de septiembre de 2025 la sentencia contra Mario “N”, ex titular de la Secretaría de Educación en Tamaulipas, por los delitos de ejercicio ilícito de servicio público y peculado. La condena: 19 años de prisión, inhabilitación para ejercer cargos públicos, multa de 55 UMAS, suspensión de derechos civiles y políticos, y una reparación de daño por más de ocho millones de pesos.

Esto, sí es justicia.

La audiencia de lectura y explicación de sentencia fue programada para el próximo 12 de septiembre a las 15:00 horas.

La Fiscalía refrenda su compromiso con la procuración de justicia en el estado. Habrá que ver cuántos más de los del sexenio azul terminan con uniforme naranja. Porque las conferencias no hacen justicia. Las sentencias, sí.

davidcastellanost@hotmail.com
@dect1608

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