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Integrantes del Congreso Nacional Ciudadano (CONACI) han comenzado a interponer solicitudes de Amparo contra la Ley de Seguridad Interior desde finales del año pasado. Se declaran a la ofensiva contra la “represión” del presidente Enrique Peña Nieto mediante la “militarización” del país.

“Ya sabemos que el sistema político esta podrido, nos divide en colores, nos vende espejitos, nos lleva a su juego día con día, nos roba, saquea, se burla del pueblo y con nuestro dinero simula un democracia que es legitimada por un pueblo con hambre e ignorancia que cree que haciendo fila para votar por los mismos de siempre, va a cambiar el resultado” publicaron el 27 de diciembre pasado en su página web.

El CONACI con células activas en distintas entidades del país, advierte haber pasado de la protesta enérgica, de la marcha, de la presión social a la acción legal y con estos Amparos ponen su esperanza en el Poder Judicial, tras confirmar que el Ejecutivo y Legislativo únicamente son tiranos en contra del pueblo mexicano que cada vez tiene más pobres, menos empleo y escasas oportunidades de crecimiento. Hoy se amparan contra la “militarización” deseando que la Suprema Corte de Justicia reconozca que la Ley de Seguridad Interior es inconstitucional.

Los actos en reclamo basados en un supuesto análisis a la redacción de la ley impulsada por el Gobierno Federal van dirigidos sobre algunos artículos que a decir de los del CONACI son “contradictorios” y en este debate o intención de tumbar la dichosa ley, también se involucran  integrantes del CONACI celula Tampico.

Los artículos “contradictorios” son los siguientes:

a) Artículo 2 Ley de Seguridad Interior (en adelante LSI); “La Seguridad Interior es la condición proporciona el Estado mexicano que permite salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobiernos e instituciones, así como el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del orden constitucional, el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrático en todo el territorio nacional. Comprende el conjunto de órganos, procedimientos y acciones destinados para dichos fines, respetando los derechos humanos en todo el territorio nacional, así como para prestar auxilio y protección a las entidades federativas y los municipios, frente a riesgo y amenazas que comprometan o afectan la seguridad nacional en los términos de la presente ley.” ​

Por lo anterior el CONACI supone que: toda vez, que su contenido en esta ley ni supletoriamente en la Ley de Seguridad Nacional, ni la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la definición expresa de Institución o instituciones, por la cual cabe la ambigüedad del señalamiento dela palabra “Instituciones”, así como “su gobernabilidad”, por lo que al no ser claro qué es lo que se protege, determina una inexactitud de la semántica de la misma. Ya que toda vez que está dirigida prioritariamente al uso de las Fuerzas Armadas a todo aquello que discrecionalmente entiendan las Autoridades como “amenaza”, y que la motivación de la ésta ley, al salvaguardo, vigilancia y permanencia de la misma, no confiere sentido práctico de interpretación jurídica de la misma; dejando así incierta e ineficiente la creación y motivación de la misma ley como tal.

Y continúan desglosando…

b) El artículo 3 de la LSI, establece “En el ejercicio de las atribuciones de Seguridad Interior,  se observarán los principios previstos en el artículo 4 de la Ley de Seguridad Nacional y los de racionalidad, oportunidad, proporcionalidad, temporalidad, subsidiariedad y gradualidad, así como las obligaciones relativas al uso legítimo de la fuerza.”; así mismo el artículo 4 de la Ley de Seguridad Nacional, expresa lo siguiente: “La Seguridad Nacional se rige por los principios de legalidad, responsabilidad, respeto a los derechos fundamentales de protección a la persona humana y garantías individuales y sociales, confidencialidad, lealtad, eficiencia, coordinación y cooperación.”

Por lo que refieren es un acto violatorio y que vulnera la eficiencia del artículos 1, 29 y 35 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante “CPEUM” o “Carta Magna” o “Constitución Federal”), que refiere a la reducción o suspensión de garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente la situación en casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto; toda vez que aún y que la LSI, no emite una suspensión de garantías expresa, pero actúa de facto la aplicación de suspensión de garantías y restricciones de los derechos humanos, dejando dicha ley en su improcedencia ya que atenta sobre los derecho humanos propios y reconocidos por el artículo 1 de la CPEUM, así como los derechos políticos-civiles reconocidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de los Derechos Humanos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, mismas que el Estado Mexicano es firmante y se obligó a adecuar su derecho positivo en virtud del beneficio al hombre como ente de la sociedad y su funcionamiento primordial. Así también, la libertad expedida por la Constitución Federal, de participar las políticas públicas en lo individual y en lo colectivo y por ello, participar en temas de interés legítimo y adherente a dichas políticas que afectan la libertad como derecho fundamental de las personas de manera directa e indirectamente de las personas. Por ello, determinado en estos preceptos legales confiere al hombre como institución base de la sociedad y del Estado mismo.

c) Del mismo modo, el artículo 7 de la LSI, establece lo que se entenderá por cada uno de los términos referidos, sin embargo, no se encuentra ninguno que especifique textualmente “seguridad Interior”, “instituciones” “grave riesgo”, además se encuentra no clara la conceptualización de la definición del “Uso legítimo de la fuerza”, pues al no definirse “actos de resistencia”, deja situaciones dubitativas en el ejercicio del “Uso de la legítima fuerza”, si bien es claro que la ambigüedad, vicios en la redacción e imprecisión en la redacción del legislador no es motivo para la declaratoria de su inconstitucionalidad, resulta no ser consistente y al no existir el concepto redactado por el legislador en ninguna ley existente, entonces no es motivo de su aplicación y por lo conducente no se puede aplicar ni ejecutar lo que no existe.

d) Artículo 9 “La información que se genere con motivo de la aplicación de la presente ley, será considerada de Seguridad Nacional, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables”. El hecho textual del presente precepto legal, refiere a la persona que enmarque, hable, interactúe, emane, investigue,emita información que genere o refiera por motivos de esta ley, será motivo de la aplicación de la presente ley y por ende podrá ser considerado un “riesgo” a la LSI, por lo que, vulnera y atenta toda libertad de expresión y de acceso a la información pública, comprendidos en el numeral 6to. De la Constitución Federal. De esta ley desprende varios supuestos normativos, pues, en todo momento un derecho legítimo el tener conocimiento del desempeño de las funciones de cualquier órgano de gobierno, incluyendo las Fuerzas Armadas, en el principio contenido en el mismo numeral como de “máxima difusión”, a su vez esta misma ley representa un menoscabo a la información pública contenido en el apartado A del mismo precepto legal, pues, el Estado teniendo la capacidad discrecional de correlacionar cualquier actividad que detente o ponga en riesgo a las “Instituciones” y su “gobernabilidad”, podrá ser sujeta a investigaciones de cualquier clase como “inteligencia para la Seguridad Interior”, “Uso legítimo de la fuerza”, lo que lo vuelve un sujeto vulnerable y amedrentadopor el sistema del propio Estado y así lo vulnera sus derechos más legítimos y elementales de la libertad de expresión y acceso a la información pública.

e) En relación a los preceptos número 11 y 12, que en su literalidad expresa “Corresponde a las autoridades federales, incluyendo las Fuerzas Armadas, por sí o en coordinación de las demás órdenes de gobierno, identificar, prevenir, atender, reducir y contestar la Amenazas a Seguridad Interior.

El Presidente de la República podrá ordenar por sí o a petición de las legislaturas de las Entidades Federativas, o de su Ejecutivo en caso de receso de aquellas, la intervención de la Federación para la realización e implementación de Acciones de Seguridad Interior en el territorio de una Entidad Federativa o zona geográfica del país, previa emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, cuando se actualice alguna de las siguientes Amenazas a la Seguridad Interior y estas:

• Comprometan o superen las capacidades efectivas de las autoridades competentes para atenderla, o

• Se originen por la falta o insuficiente colaboración de las entidades federativas y municipios en la preservación de la Seguridad Nacional, de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 1 de la Ley de Seguridad Nacional.

Aquellas amenazas a la Seguridad Interior  que no requieran declaratoria en términos del presente artículo serán atendidas por las autoridades conforme a sus atribuciones y a las disposiciones legales que le resulten aplicables.” Así como el artículo 12 “En los casos a los que se refiere el artículo anterior, el Presidente de la República, previa consideración del Consejo de Seguridad Nacional, determinará la procedencia de la intervención de la Federación y expedirá, dentro de las setenta y dos horas siguientes, contadas a partir recibir solicitud, la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, la cual deberá modificarse por conducto de la Secretaría de Gobernación a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en los periódicos o gacetas oficiales de las entidades federativas afectadas.” Ambos artículos contravienen el artículo 21 Constitucional, pues ya que el ejercicio de investigación de los Delitos corresponde en todo momento al Ministerio Público y a las policías. Si bien, desempeñaran auxilio a las policías municipales y/o estatales, la participación y esencia de la declaratoria de Seguridad Interior e intervención de las Fuerzas Armadas es por verse rebasadas las policías del orden civil, por lo que la aplicación de las Fuerzas Armadas en labores de control y vigilancia es únicamente y por las fuerzas públicas civiles.

Además, en el cuarto párrafo del mismo artículo citado, expresa “La seguridad pública es una función a cargo de la federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva… (Ídem)” por ello, existiría una contradicción de funciones y que al mismo tiempo contraviene la Constitución Federal, y por ello vuelve inconstitucional la ley.

f) El artículo 30 de la LSI, “Las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas desarrollarán actividades de inteligencia en materia de Seguridad Interior en los ámbitos de sus respectivas competencias. Al realizar las tareas de inteligencia, las autoridades facultadas por esta Ley, podrán hacer uso de cualquier método lícito de recolección de información

Toda obtención de información de inteligencia se realizará con pleno respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.” Sin embargo, al referirse que “podrán hacer uso de cualquier método lícito de recolección de información”, no se especifica cuáles son los métodos lícitos para el ejercicio de la obtención de datos. Lo que al ser obscuro o ambiguo el proceso de su realización contraviene el artículo 16.Constitucional, lo cual resulta improcedente e inaplicable y además detenta y genera un menoscabo a la esfera jurídica de las personas.

De verdad que da gusto ver como los ciudadanos toman en cuenta las instituciones para combatir y luchar por lo que sugieren va contra los mexicanos, ahora habrá que esperar la resolución y respetar sea cual sea el fallo.

davidcastellanost@hotmail.com

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Opinión

Gran noticia

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La conclusión de un hospital es una gran noticia. Pero el periodismo también obliga a mirar un poco más allá del corte de listón, de las fotografías oficiales y de los discursos que suelen acompañar las grandes obras públicas.

El nuevo Hospital General del ISSSTE en Tampico está prácticamente terminado. El 98 por ciento de avance anunciado por el director general del instituto, Martí Batres, coloca al proyecto como el más adelantado de la estrategia nacional de infraestructura hospitalaria.

En el sur de Tamaulipas durante años miles de trabajadores al servicio del Estado y sus familias han lidiado con mapaches e instalaciones rebasadas, consultas diferidas y traslados innecesarios para estudios especializados, la construcción de este hospital representa mucho más que una obra de concreto. Representa la posibilidad de recuperar: la confianza.

Las 150 camas, los 35 consultorios, los cinco quirófanos, el resonador magnético y la contratación de más de seiscientos especialistas hablan de un proyecto ambicioso. Pero la verdadera dimensión del hospital comenzará a escribirse el día que abra sus puertas. Será entonces cuando los ciudadanos evalúen si la inversión cumplió con su propósito o si quedó atrapada en la larga lista de buenas intenciones que tantas veces han acompañado a la salud pública mexicana.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha decidido mantener la inversión en infraestructura hospitalaria como una prioridad de su administración. La enfermedad no distingue colores, tampoco credenciales políticas.

En la capital de las huastecas no se necesitan únicamente edificios modernos. Se esperan médicos suficientes, medicamentos disponibles, equipos funcionando y citas que lleguen antes que el padecimiento avance. La infraestructura es indispensable, pero la calidad del servicio termina definiendo el éxito o el fracaso de cualquier sistema de salud.

En Tamaulipas también hay una coordinación institucional que merece mencionarse. El gobernador Américo Villarreal conoce el sistema sanitario desde antes de la política y ha insistido en fortalecer la capacidad hospitalaria del estado. La coincidencia de esfuerzos entre el gobierno estatal y la Federación explica, en buena medida, que proyectos largamente esperados hoy estén cerca de convertirse en realidad.

Sin embargo, las administraciones cambian y los hospitales permanecen. Lo verdaderamente importante no será quién aparezca en la placa inaugural, sino quién encuentre alivio detrás de esas paredes dentro de cinco, diez o veinte años.

Si este hospital logra evitar traslados, reducir tiempos de espera y ofrecer atención digna a miles de familias del sur de Tamaulipas y de la Huasteca, entonces habrá valido cada peso invertido. Si además consigue recuperar la credibilidad de quienes durante años sintieron que la salud pública caminaba siempre un paso detrás de sus necesidades, el logro será todavía mayor.

En la intimidad… La Universidad Autónoma de Tamaulipas acaba de tomar una decisión que, aunque no ocupe las primeras planas, tiene un profundo significado institucional. La ratificación del doctor José de Jesús Guzmán Morales al frente de la Defensoría de los Derechos Universitarios envía una señal de estabilidad en un tema que no admite improvisaciones.

El rector Dámaso Anaya Alvarado ha insistido en que una universidad no puede presumir únicamente edificios nuevos o programas académicos renovados. También debe garantizar que quienes estudian y trabajan en ella encuentren espacios seguros, reglas claras y mecanismos confiables para hacer valer sus derechos.

Esa visión merece destacarse.

La Defensoría no existe para generar confrontaciones; existe para evitar que los conflictos crezcan, para escuchar antes de juzgar y para recordar que la autoridad también encuentra fortaleza cuando acepta ser observada.

Las universidades forman profesionistas, pero también forman ciudadanía.

Y cuando una institución fortalece sus mecanismos de justicia interna, no solo protege a su comunidad; fortalece su propia credibilidad.

Ahí, muchas veces, comienza la verdadera autonomía.

davidcastellanost@hotmail.com
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Opinión

La semiótica de la alcaldesa

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Romantizar a un personaje asociado con el homicidio y el suicidio resulta, definitivamente, una decisión desafortunada, y eso parece estar sucediendo en la entidad desde Nuevo Laredo hasta Palacio de Gobierno del Estado y el Sistema DIF Tamaulipas.

Lo sucedido el fin de semana no creo que haya sido involuntario; bueno, quisiera creer que “olvidaron” la semiótica y, por consiguiente, lo importante que puede ser el comunicar con imágenes y gestos. El equipo de asesores  de Carmen Lilia se equivocó.

Definitivamente, puede ser un error político de un día, pero, en un momento de mayor relevancia, sí, más cercano a las definiciones de candidaturas y cuando los grupos internos se confronten, le podrán restregar duro lo que hasta hoy quedó atrapado en una fotografía que, si bien no le tumba “la candidatura”, se la puede desgastar.

Eso ocurrió este fin de semana en Nuevo Laredo.

Mientras supervisaba actividades oficiales, la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal apareció portando una playera con la leyenda de «La maestra de la escuela», personaje popularizado por el viejo corrido de Laurita Garza.

Laurita Garza no representa una historia de superación, ni de justicia social, ni de emancipación femenina. Su historia es la de una mujer que asesina al hombre que amaba y posteriormente decide quitarse la vida. Un crimen pasional convertido durante décadas en canción popular. 

¿Qué, no hay problema? ¡Caray! Apenas comienza.

No porque la música regional deba desaparecer. No porque los corridos deban prohibirse. Mucho menos porque una servidora pública pierda su derecho a vestir como desee fuera de su vida institucional.

El problema aparece cuando el símbolo deja de pertenecer a la esfera privada y se convierte en comunicación pública.

Toda alcaldesa habla incluso cuando guarda silencio.

Toda fotografía comunica incluso cuando nadie escribe un discurso.

Y esa imagen de Laurita Pin- Up con pistola en mano y un cigarillo encendido comunica exactamente lo contrario de lo que hoy necesita Tamaulipas.

Vivimos en uno de los estados que más ha luchado por desprenderse de la narrativa nacional que durante años lo identificó con la violencia, las desapariciones, el miedo y la presencia del crimen organizado. Allá en Nuevo Laredo, asesinaron a Benjamín Galván Gómez en 2014 y esa apología se la pueden restregar más adelante. A Tamaulipas le ha costado inversiones, turismo y generaciones enteras reconstruir una percepción distinta.

Por eso, romantizar —aunque sea involuntariamente— a un personaje asociado con un homicidio resulta, cuando menos, una decisión desafortunada.

Aquí aparece una segunda reflexión, quizá igual de delicada.

La imagen apenas provocó conversación en la mesa del café.

No hubo grandes debates.

No se convirtió en tendencia nacional.

No ocupó las primeras planas.

Eso puede parecer una buena noticia para su equipo de comunicación.

Yo creo exactamente lo contrario.

Porque quien aspira a gobernar Tamaulipas necesita estar permanentemente bajo el reflector político. Si un error de esa dimensión apenas genera discusión, quizá el problema no sea la fotografía.

Quizá el problema sea que la conversación pública de Tamaulipas todavía no gira alrededor de Carmen Lilia.

En la intimidad… Mientras algunos equipos de comunicación desperdician capital político en polémicas perfectamente evitables, el Gobierno de Tamaulipas parece haber entendido dónde se jugará realmente el desarrollo de las próximas décadas: en el agua.

Hay anuncios que no generan aplausos inmediatos porque no caben en un video de treinta segundos. Sin embargo, terminan cambiando la historia de una región.

El proyecto de El Moralillo, el PLIGÓN, la expansión del tratamiento de aguas residuales en PITAR y la reutilización industrial del agua pertenecen justamente a esa categoría.

Si esos proyectos llegan a concretarse, nadie preguntará dentro de treinta años cuántas conferencias de prensa ofreció un gobernador. Preguntarán quién garantizó que Tampico, Ciudad Madero y Altamira siguieran teniendo agua cuando el resto del país comenzaba a disputársela.

Ahí es donde debería concentrarse buena parte del capital político de esta administración.

Tamaulipas lleva décadas extrayendo riqueza de su territorio: petróleo, gas, puertos, comercio exterior, agricultura y energía. Es tiempo de que esa riqueza deje infraestructura permanente.

La costa tamaulipeca sigue esperando un sistema hidrosanitario digno de un destino internacional. Miramar necesita infraestructura que acompañe su crecimiento. Aldama continúa esperando accesos modernos hacia sus cenotes. El Bernal aún reclama caminos seguros que lo conviertan en un verdadero polo turístico.

Los reconocimientos siempre serán bienvenidos.

Pero los gobiernos no entran a la historia por las placas inaugurales.

Permanecen por las obras que siguen funcionando cuando ya nadie recuerda quién cortó el listón.

davidcastellanost@hotmail.com

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Opinión

Huachicol fiscal, la evolución del crimen

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Por: Zaira Rosas
zairosas.22@gmail.com

La detención del exgobernador Ernesto Ruffo Appel por su presunta participación en una red de huachicol fiscal ha colocado nuevamente la palabra «huachicol» en la conversación pública.

Sin embargo, el verdadero valor de este caso no radica únicamente en la relevancia política del personaje involucrado, sino en la oportunidad para entender cómo ha evolucionado una de las economías ilícitas más rentables del país.

Durante años, el término huachicol evocó una imagen muy específica: tomas clandestinas, ductos perforados y combustible robado directamente a Pemex. Ese fenómeno sigue existiendo y continúa generando pérdidas importantes para la empresa productiva del Estado.

No obstante, el crimen organizado ha demostrado una notable capacidad de adaptación. Hoy, una parte del negocio ya no depende de perforar un ducto, sino de manipular documentos, aprovechar vacíos regulatorios y utilizar estructuras empresariales para evadir impuestos.

A esa modalidad se le conoce como huachicol fiscal. En términos generales, consiste en introducir combustibles al país declarándolos bajo una clasificación distinta, como aceites, lubricantes u otros derivados, para evitar el pago de impuestos, particularmente del IEPS. El combustible termina comercializándose como gasolina o diésel, pero con una ventaja de precio obtenida mediante evasión fiscal y contrabando.

La diferencia no es menor. Mientras el huachicol tradicional requiere controlar territorio y operar con violencia visible, el huachicol fiscal exige conocimientos de comercio exterior, logística, aduanas, facturación y redes empresariales. Es un delito menos espectacular, pero potencialmente más sofisticado.

Las cifras ayudan a dimensionar el problema. Especialistas del sector energético estiman que el combustible introducido ilegalmente puede representar entre el 30% y el 40% del mercado nacional de gasolinas y diésel, con pérdidas para el erario superiores a 150 mil millones de pesos anuales. Por su parte, el secretario de Hacienda ha señalado que el huachicol fiscal representa una amenaza que podría costar alrededor de 70 mil millones de pesos al año en recaudación, mientras que distintas autoridades reconocen que aún existe debate sobre el
monto total del daño económico.

En ese contexto debe entenderse el caso Ruffo. La investigación de la Fiscalía no gira alrededor del robo físico de combustible, sino de una presunta red de contrabando y evasión fiscal vinculada con importaciones irregulares de hidrocarburos. Entre los aseguramientos asociados a la investigación se encuentran más de 15 millones de litros de combustible y decenas de autotanques, uno de los mayores decomisos registrados en este tipo de operaciones. Como corresponde en un Estado de derecho, la responsabilidad penal de los involucrados deberá ser determinada por los tribunales y no por la opinión pública.

Más allá de este expediente, el mensaje es claro: el crimen organizado también evoluciona.

Aprende de regulación fiscal, de comercio internacional y de estructuras corporativas. En lugar de esconderse únicamente en zonas rurales o instalaciones clandestinas, puede operar entre facturas, pedimentos aduanales y cadenas logísticas aparentemente legales.

Ese cambio obliga también a transformar la respuesta del Estado. Combatir el huachicol ya no consiste únicamente en vigilar ductos o desplegar fuerzas de seguridad. Exige fortalecer las aduanas, mejorar la inteligencia financiera, compartir información entre autoridades fiscales y aduaneras, y desarrollar capacidades para seguir el rastro del dinero con el mismo rigor con el que antes se buscaban tomas clandestinas.

Quizá esa sea la principal enseñanza del caso. Los delitos de alto impacto rara vez son tan simples como parecen en los titulares. Detrás de un nombre conocido suele existir una estructura mucho más amplia que involucra incentivos económicos, fallas institucionales y redes de operación cada vez más sofisticadas.

Entender ese contexto no significa prejuzgar a nadie; significa comprender que, para enfrentar los desafíos actuales, debemos mirar más allá del personaje del momento y concentrarnos en la evolución del fenómeno que hace posible estos delitos.

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Opinión

Un aplauso por cada kilómetro ampliado o construido

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La industria sin chimeneas tiene esa gran virtud que pocos sectores económicos poseen: Tiene la “V” de vuelta que todos quisieran para recuperar con rapidez lo que se invierte correctamente.

El turismo regresa con cada peso destinado a infraestructura, promoción o conectividad, y suele hacerlo multiplicado en empleo, consumo y desarrollo regional. Por eso, muchas gracias a la CONCANACO SERVYTUR por reconocer el trabajo realizado en Tamaulipas; por supuesto que sería absurdo minimizarlo.

Que el Estado haya generado casi mil millones de pesos durante una sola campaña comercial habla de un mercado turístico vivo, competitivo y con capacidad de crecer, y que empresarios nacionales reconozcan el liderazgo institucional, también está chido.

Pero me recuerda aquellos regaños que me ganaba de mi mamá cuando llegaba muy contento a presumirle que había sacado un 10 en Civismo y que no me habían suspendido ni ganado un citatorio por mala conducta en todo el bimestre. Y hoy en la adultez —por cierto, igual de inmadura que en mi infancia— medito y reconozco cómo no se iba a enojar doña Maricel si estudiar era lo único a lo que me dedicaba. Ir a la escuela, para obtener una calificación aprobatoria, es lo menos que podría darle a mi señora madre.

Así precisamente al Gobierno de Tamaulipas, no porque las cifras sean alentadoras significa que ya aprobaron el semestre, no, por el contrario, para eso están y por eso hoy existe la obligación de elevar la conversación.

Perfecto, allí está el reconocimiento, pero, al paso de los meses, va a terminar convertido en un recuerdo más en fotografías o PDF, sin embargo, la infraestructura permanece durante generaciones.

¿Qué legado turístico dejará esta administración cuando concluya su mandato?

Tampico presume una de las playas urbanas más visitadas del golfo de México. Miramar rompe récords prácticamente cada temporada vacacional. Sin embargo, conforme aumenta el flujo de visitantes, también crecen las exigencias que la infraestructura todavía no alcanza a resolver, y la hediondez impregna las fosas nasales.

La zona costera necesita un sistema hidrosanitario moderno que acompañe ese crecimiento. No basta con mantener limpia la playa. No, el turismo sostenible no se construye con campañas publicitarias.

Se construye debajo de la tierra, en tuberías, plantas de tratamiento, colectores pluviales, vialidades y servicios públicos capaces de soportar una economía turística permanente.

Pero el sur no es exclusivo; lo mismo ocurre en el resto del estado.

Todos hablan de Aldama como el nuevo paraíso de los cenotes. Las imágenes recorren redes sociales y las recomendaciones se multiplican. Pero llegar sigue representando una travesía que poco corresponde al potencial del destino.

El Cerro del Bernal continúa siendo una de las postales naturales más impresionantes del noreste mexicano, aunque los accesos carreteros todavía no reflejan la importancia turística que podría alcanzar.

La Biosfera El Cielo posee reconocimiento internacional por su biodiversidad. Sin embargo, el reto continúa siendo el mismo desde hace décadas: facilitar el acceso sin comprometer la conservación ambiental.

Tula conserva el prestigio de Pueblo Mágico; Mier trabaja para consolidarse; Gómez Farías, Hidalgo y González aspiran legítimamente a incorporarse a esa lista, pero…. ¡va!

Ahí es donde Tamaulipas necesita pensar menos en el siguiente periodo gubernamental y más en los siguientes cincuenta años.

Porque Cancún no nació de una campaña de promoción.

Nació de un proyecto integral donde primero llegaron carreteras, aeropuertos, agua potable, drenaje sanitario, electricidad y planeación urbana.

Después llegaron los turistas.

Tamaulipas posee playas, naturaleza, gastronomía, historia, reservas ecológicas, pesca deportiva, turismo religioso y aventura.

Lo tiene prácticamente todo.

Lo que falta es convertir ese potencial en infraestructura permanente.

Los 929 millones de pesos generados durante La Gran Escapada demuestran que existe mercado.

Ahora corresponde construir las condiciones para que esa derrama deje de depender exclusivamente de temporadas vacacionales y se convierta en una actividad económica constante durante los doce meses del año.

Los gobiernos suelen celebrar ocupaciones hoteleras.

Los estadistas construyen destinos.

Esa es la diferencia… aquí todavía está al alcance de Tamaulipas.

En la intimidad… Los resultados de la estrategia de seguridad también merecen una lectura sin consignas. Entre enero de 2025 y junio de 2026 fueron asegurados más de 1.5 toneladas de metanfetamina, 1.05 toneladas de fentanilo, además de cocaína, cristal, marihuana, 1,090 armas de fuego, más de 166 mil cartuchos, 71 vehículos blindados artesanales y se concretó la detención de 1,805 personas.

Tampoco son decomisos dirigidos únicamente al consumo local. El volumen de metanfetamina y fentanilo revela una estrategia enfocada sobre las rutas del narcotráfico que alimentan el mercado estadounidense, justamente el principal punto de presión en la relación bilateral entre México y Estados Unidos.

Detrás de esos números existe un cambio evidente en la coordinación entre el Gobierno de México y Tamaulipas. La instrucción federal de fortalecer el combate a las drogas sintéticas encontró ejecución operativa en el estado y hoy los resultados comienzan a reflejarse en decomisos que afectan directamente la estructura financiera de las organizaciones criminales.

En seguridad, como en turismo, los resultados no se defienden con discursos.

Se sostienen todos los días.

davidcastellanost@hotmail.com
@dect1608

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