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Integrantes del Congreso Nacional Ciudadano (CONACI) han comenzado a interponer solicitudes de Amparo contra la Ley de Seguridad Interior desde finales del año pasado. Se declaran a la ofensiva contra la “represión” del presidente Enrique Peña Nieto mediante la “militarización” del país.
“Ya sabemos que el sistema político esta podrido, nos divide en colores, nos vende espejitos, nos lleva a su juego día con día, nos roba, saquea, se burla del pueblo y con nuestro dinero simula un democracia que es legitimada por un pueblo con hambre e ignorancia que cree que haciendo fila para votar por los mismos de siempre, va a cambiar el resultado” publicaron el 27 de diciembre pasado en su página web.
El CONACI con células activas en distintas entidades del país, advierte haber pasado de la protesta enérgica, de la marcha, de la presión social a la acción legal y con estos Amparos ponen su esperanza en el Poder Judicial, tras confirmar que el Ejecutivo y Legislativo únicamente son tiranos en contra del pueblo mexicano que cada vez tiene más pobres, menos empleo y escasas oportunidades de crecimiento. Hoy se amparan contra la “militarización” deseando que la Suprema Corte de Justicia reconozca que la Ley de Seguridad Interior es inconstitucional.
Los actos en reclamo basados en un supuesto análisis a la redacción de la ley impulsada por el Gobierno Federal van dirigidos sobre algunos artículos que a decir de los del CONACI son “contradictorios” y en este debate o intención de tumbar la dichosa ley, también se involucran integrantes del CONACI celula Tampico.
Los artículos “contradictorios” son los siguientes:
a) Artículo 2 Ley de Seguridad Interior (en adelante LSI); “La Seguridad Interior es la condición proporciona el Estado mexicano que permite salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobiernos e instituciones, así como el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del orden constitucional, el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrático en todo el territorio nacional. Comprende el conjunto de órganos, procedimientos y acciones destinados para dichos fines, respetando los derechos humanos en todo el territorio nacional, así como para prestar auxilio y protección a las entidades federativas y los municipios, frente a riesgo y amenazas que comprometan o afectan la seguridad nacional en los términos de la presente ley.”
Por lo anterior el CONACI supone que: toda vez, que su contenido en esta ley ni supletoriamente en la Ley de Seguridad Nacional, ni la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la definición expresa de Institución o instituciones, por la cual cabe la ambigüedad del señalamiento dela palabra “Instituciones”, así como “su gobernabilidad”, por lo que al no ser claro qué es lo que se protege, determina una inexactitud de la semántica de la misma. Ya que toda vez que está dirigida prioritariamente al uso de las Fuerzas Armadas a todo aquello que discrecionalmente entiendan las Autoridades como “amenaza”, y que la motivación de la ésta ley, al salvaguardo, vigilancia y permanencia de la misma, no confiere sentido práctico de interpretación jurídica de la misma; dejando así incierta e ineficiente la creación y motivación de la misma ley como tal.
Y continúan desglosando…
b) El artículo 3 de la LSI, establece “En el ejercicio de las atribuciones de Seguridad Interior, se observarán los principios previstos en el artículo 4 de la Ley de Seguridad Nacional y los de racionalidad, oportunidad, proporcionalidad, temporalidad, subsidiariedad y gradualidad, así como las obligaciones relativas al uso legítimo de la fuerza.”; así mismo el artículo 4 de la Ley de Seguridad Nacional, expresa lo siguiente: “La Seguridad Nacional se rige por los principios de legalidad, responsabilidad, respeto a los derechos fundamentales de protección a la persona humana y garantías individuales y sociales, confidencialidad, lealtad, eficiencia, coordinación y cooperación.”
Por lo que refieren es un acto violatorio y que vulnera la eficiencia del artículos 1, 29 y 35 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante “CPEUM” o “Carta Magna” o “Constitución Federal”), que refiere a la reducción o suspensión de garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente la situación en casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto; toda vez que aún y que la LSI, no emite una suspensión de garantías expresa, pero actúa de facto la aplicación de suspensión de garantías y restricciones de los derechos humanos, dejando dicha ley en su improcedencia ya que atenta sobre los derecho humanos propios y reconocidos por el artículo 1 de la CPEUM, así como los derechos políticos-civiles reconocidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de los Derechos Humanos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, mismas que el Estado Mexicano es firmante y se obligó a adecuar su derecho positivo en virtud del beneficio al hombre como ente de la sociedad y su funcionamiento primordial. Así también, la libertad expedida por la Constitución Federal, de participar las políticas públicas en lo individual y en lo colectivo y por ello, participar en temas de interés legítimo y adherente a dichas políticas que afectan la libertad como derecho fundamental de las personas de manera directa e indirectamente de las personas. Por ello, determinado en estos preceptos legales confiere al hombre como institución base de la sociedad y del Estado mismo.
c) Del mismo modo, el artículo 7 de la LSI, establece lo que se entenderá por cada uno de los términos referidos, sin embargo, no se encuentra ninguno que especifique textualmente “seguridad Interior”, “instituciones” “grave riesgo”, además se encuentra no clara la conceptualización de la definición del “Uso legítimo de la fuerza”, pues al no definirse “actos de resistencia”, deja situaciones dubitativas en el ejercicio del “Uso de la legítima fuerza”, si bien es claro que la ambigüedad, vicios en la redacción e imprecisión en la redacción del legislador no es motivo para la declaratoria de su inconstitucionalidad, resulta no ser consistente y al no existir el concepto redactado por el legislador en ninguna ley existente, entonces no es motivo de su aplicación y por lo conducente no se puede aplicar ni ejecutar lo que no existe.
d) Artículo 9 “La información que se genere con motivo de la aplicación de la presente ley, será considerada de Seguridad Nacional, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables”. El hecho textual del presente precepto legal, refiere a la persona que enmarque, hable, interactúe, emane, investigue,emita información que genere o refiera por motivos de esta ley, será motivo de la aplicación de la presente ley y por ende podrá ser considerado un “riesgo” a la LSI, por lo que, vulnera y atenta toda libertad de expresión y de acceso a la información pública, comprendidos en el numeral 6to. De la Constitución Federal. De esta ley desprende varios supuestos normativos, pues, en todo momento un derecho legítimo el tener conocimiento del desempeño de las funciones de cualquier órgano de gobierno, incluyendo las Fuerzas Armadas, en el principio contenido en el mismo numeral como de “máxima difusión”, a su vez esta misma ley representa un menoscabo a la información pública contenido en el apartado A del mismo precepto legal, pues, el Estado teniendo la capacidad discrecional de correlacionar cualquier actividad que detente o ponga en riesgo a las “Instituciones” y su “gobernabilidad”, podrá ser sujeta a investigaciones de cualquier clase como “inteligencia para la Seguridad Interior”, “Uso legítimo de la fuerza”, lo que lo vuelve un sujeto vulnerable y amedrentadopor el sistema del propio Estado y así lo vulnera sus derechos más legítimos y elementales de la libertad de expresión y acceso a la información pública.
e) En relación a los preceptos número 11 y 12, que en su literalidad expresa “Corresponde a las autoridades federales, incluyendo las Fuerzas Armadas, por sí o en coordinación de las demás órdenes de gobierno, identificar, prevenir, atender, reducir y contestar la Amenazas a Seguridad Interior.
El Presidente de la República podrá ordenar por sí o a petición de las legislaturas de las Entidades Federativas, o de su Ejecutivo en caso de receso de aquellas, la intervención de la Federación para la realización e implementación de Acciones de Seguridad Interior en el territorio de una Entidad Federativa o zona geográfica del país, previa emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, cuando se actualice alguna de las siguientes Amenazas a la Seguridad Interior y estas:
• Comprometan o superen las capacidades efectivas de las autoridades competentes para atenderla, o
• Se originen por la falta o insuficiente colaboración de las entidades federativas y municipios en la preservación de la Seguridad Nacional, de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 1 de la Ley de Seguridad Nacional.
Aquellas amenazas a la Seguridad Interior que no requieran declaratoria en términos del presente artículo serán atendidas por las autoridades conforme a sus atribuciones y a las disposiciones legales que le resulten aplicables.” Así como el artículo 12 “En los casos a los que se refiere el artículo anterior, el Presidente de la República, previa consideración del Consejo de Seguridad Nacional, determinará la procedencia de la intervención de la Federación y expedirá, dentro de las setenta y dos horas siguientes, contadas a partir recibir solicitud, la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, la cual deberá modificarse por conducto de la Secretaría de Gobernación a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en los periódicos o gacetas oficiales de las entidades federativas afectadas.” Ambos artículos contravienen el artículo 21 Constitucional, pues ya que el ejercicio de investigación de los Delitos corresponde en todo momento al Ministerio Público y a las policías. Si bien, desempeñaran auxilio a las policías municipales y/o estatales, la participación y esencia de la declaratoria de Seguridad Interior e intervención de las Fuerzas Armadas es por verse rebasadas las policías del orden civil, por lo que la aplicación de las Fuerzas Armadas en labores de control y vigilancia es únicamente y por las fuerzas públicas civiles.
Además, en el cuarto párrafo del mismo artículo citado, expresa “La seguridad pública es una función a cargo de la federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva… (Ídem)” por ello, existiría una contradicción de funciones y que al mismo tiempo contraviene la Constitución Federal, y por ello vuelve inconstitucional la ley.
f) El artículo 30 de la LSI, “Las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas desarrollarán actividades de inteligencia en materia de Seguridad Interior en los ámbitos de sus respectivas competencias. Al realizar las tareas de inteligencia, las autoridades facultadas por esta Ley, podrán hacer uso de cualquier método lícito de recolección de información
Toda obtención de información de inteligencia se realizará con pleno respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.” Sin embargo, al referirse que “podrán hacer uso de cualquier método lícito de recolección de información”, no se especifica cuáles son los métodos lícitos para el ejercicio de la obtención de datos. Lo que al ser obscuro o ambiguo el proceso de su realización contraviene el artículo 16.Constitucional, lo cual resulta improcedente e inaplicable y además detenta y genera un menoscabo a la esfera jurídica de las personas.
De verdad que da gusto ver como los ciudadanos toman en cuenta las instituciones para combatir y luchar por lo que sugieren va contra los mexicanos, ahora habrá que esperar la resolución y respetar sea cual sea el fallo.
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Tamaulipas suele ser un laboratorio donde se pone a prueba la capacidad del Estado mexicano para sostener sectores estratégicos sin perder de vista los equilibrios regionales. ¿se acuerdan de las fosas clandestinas? Fuimos los primeros; ¿Del asesintado del candidato del PRI a la gubernatura?… bueno. Mientras buena parte del debate público gira en torno a seguridad, infraestructura, movilidad y huachicol; en el campo tamaulipeco se libra una batalla silenciosa, técnica y decisiva, se trata, de la defensa sanitaria del algodón, uno de los cultivos que han sostenido por décadas la economía agrícola del norte del país.
Durante la Reunión Anual del Programa Binacional de Erradicación del Gusano Rosado y del Picudo del Algodonero, coordinado entre SENASICA y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el Gobierno de Tamaulipas volvió a dejar claro que no abandonará esta trinchera. La presencia del subsecretario de Desarrollo Agrícola, Eliseo Camacho Nieto, en representación del secretario del ramo, marcó el tono del mensaje: el algodón sigue siendo prioridad estratégica y la sanidad vegetal no es negociable.
Camacho Nieto detalló los trabajos continuos para mantener libre de gusano rosado la zona productiva, así como para controlar el picudo, plaga histórica que amenaza la competitividad del cultivo. Habló de coordinación estrecha con SENASICA, SADER y el Comité Estatal de Sanidad Vegetal, un triángulo técnico que opera bajo presión constante ante la aparición de plagas emergentes que ya tocan territorio tamaulipeco.
En la mesa, representantes estatales y federales presentaron reportes, evaluaron avances y revisaron estrategias. No es solo un intercambio burocrático, sino la defensa de una cadena productiva que involucra a productores, industria y exportadores. La presencia de especialistas como Alfredo Vanoye Mota y Yazmin Zapata Contreras reafirmó que Tamaulipas está jugando en serio en la cancha de la bioseguridad agrícola.
Mientras tanto, en el sur del estado, otra dinámica avanza con igual determinación. Es el blindaje del corredor metropolitano Altamira–Tampico. Los esfuerzos no se limitan a seguridad pública; incluyen la protección del entorno natural, la prevención de riesgos y la coordinación institucional para sostener un territorio que combina industria petroquímica, movilidad turística y ecosistemas frágiles.
En Altamira, personal de la Guardia Estatal se integró a un recorrido de limpieza y supervisión en las dunas del Corredor Urbano Luis Donaldo Colosio, dentro de la Estrategia Nacional de Limpieza y Conservación de Playas y Costas. La intervención conjunta de Turismo estatal, Tránsito Municipal, Marina, DIF y la Secretaría de Ecología mostró que la vigilancia ambiental también es un componente de la seguridad regional. El gobierno municipal encabezado por Armando Martínez Manríquez ha entendido este ángulo, el de proteger el ecosistema costero es proteger la economía y el flujo turístico.
Ese enfoque coincide, por extensión, con lo que ocurre al otro lado del corredor metropolitano. El Ayuntamiento de Tampico activó el operativo “Navidad Segura, Tampico Te Cuida 2025”, una estructura interinstitucional de más de 31 dependencias que apunta a blindar la ciudad durante el periodo de mayor movilidad del año. El arranque, encabezado por la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya en la Laguna del Carpintero, dejó ver el peso estratégico de la zona: comercio nacional, logística del Golfo, transporte hacia la frontera e incluso la ruta migrante que cruza por Tamaulipas para llegar a Estados Unidos.
La alineación de la Marina, la Defensa, la Guardia Nacional y la Guardia Estatal proyectó un mensaje claro: el sur de Tamaulipas no disminuirá vigilancia. El operativo incluye patrullajes en corredores turísticos, accesos carreteros, puntos comerciales y el sistema lagunario, con la instrucción de reacción inmediata ante incidentes. Para un municipio que funciona como punto de equilibrio regional, mantener estabilidad no es solo una obligación, es un activo económico.
El blindaje de Tampico y la intervención ambiental en Altamira dialogan con la misma lógica que mueve al campo: proteger lo que genera vida económica. Desde el algodón del norte hasta las dunas de Miramar y los corredores turísticos del sur, Tamaulipas avanza en la idea de que seguridad, productividad y entorno son piezas del mismo rompecabezas.
En la intimidad… En los rincones menos visibles de la agenda pública también se mueven asuntos relevantes. En Altamira, durante el recorrido de limpieza de dunas, se vio a mandos locales afinando detalles con la Guardia Estatal para futuros operativos preventivos en Miramar. El trabajo interinstitucional fue tema constante de conversación mientras Marina, Ecología Municipal y DIF afinaban rutas de verificación.
Y en Tampico, discretamente, mientras concluía el arranque del operativo “Navidad Segura”, se comentaba entre mandos que la presencia coordinada de Fuerzas Armadas se mantendrá durante toda la temporada, incluso en horarios donde antes la vigilancia disminuía. El sur de Tamaulipas quiere cerrar el año con estabilidad.
davidcastellanost@hotmail.com
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El funcionario federal cruzó la línea que nadie en el sector salud, ni de ningún orden de gobierno o dependencia debería siquiera atreverse a mirar. El director general del IMSS decidió minimizar la crisis que ellos provocaron y se burló del sufrimiento con una frase que exhibe la fractura moral y política en la que vive el siempre disfrazado de guerrillero barato: “la solución es no enfermarnos”.
La declaración refleja no solo la incapacidad técnica, sino el profundo desdén hacia millones de derechohabientes que todos los días enfrentan pasillos saturados, farmacias vacías, médicos exhaustos, negligencias documentadas y una maquinaria burocrática que trata la salud como un trámite y no como un derecho constitucional.
Los derechohabientes escucharon esta frase por todo el país como lo que es, una provocación. Una serpentina y confeti al ataúd de quienes entierran familiares porque el medicamento nunca llegó. Una ofensa a quienes ven deteriorarse a un ser querido en un hospital que se cae a pedazos mientras el director general presume un supuesto “97% de surtimiento”.
La realidad contradice cada una de sus palabras. Familias enteras recorren farmacias privadas para conseguir antibióticos, analgésicos, antihipertensivos o insulina. Los pacientes con cáncer se enfrentan a periodos de desabasto que comprometen sus tratamientos. Madres y padres pagan de su bolsillo lo que el Estado ya descontó de su salario. En el IMSS, las cifras son argumentos de escritorio; el dolor es de carne y hueso, y para Zoé, una carcajada.
Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien sostiene a Robledo en el cargo lo hace con plena conciencia del daño y del mensaje que envía al país; la salud pública va a seguir administrándose con soberbia, simulación y desprecio hacia quienes dependen de ella. El director general del IMSS no solo deshonra la institución que dirige, también deshonra la memoria de quienes no sobrevivieron al abandono institucional, y de paso, se la lleva a usted y a todas entre su verborrea, porque aquí en México la presidenta con “a”, es la que manda, o qué, acaso es la débil de la que habló hace días Andrés Manuel ¿será?
En la intimidad… Mientras tanto, en Tamaulipas, la indignación se multiplicó. El martes por la noche, los fieles al líder sindical del SNTSS, Jorge González Ortiz, coronaron el absurdo. Tomaron las instalaciones del Hospital General Regional No. 6 en Ciudad Madero para celebrar una posada y el encendido de un pino navideño con juegos pirotécnicos, en plena explanada del hospital.
Bloquearon accesos, impidieron el paso de camillas y sillas de ruedas, colocaron carros alegóricos y montaron un festejo que hubiera sido normal en una plaza pública, no en un hospital donde cada minuto puede significar la vida de un paciente. La derechohabiencia lo vivió como una burla. Una fiesta sindical mientras adentro se lucha por la salud y la vida.
Ese desorden ocurrió ante la burla a las autoridades civiles y militares, porque aseveran que existe un pacto de impunidad que sostiene al sindicato, a su líder y a quienes desde la oficina central del IMSS permiten estos atropellos, lo más grave, es que en los pasillos se comenta que el director de Protección Civil de Ciudad Madero, Ricardo Aguirre, podría ser removido. No por incompetencia, sino porque su superior, Erasmo González Robledo, presidente municipal de Ciudad Madero, es amigo cercano de Zoé Robledo Aburto. Y cuando los intereses sindicales chocan con el interés público, ya sabemos quién pierde.
El IMSS está lastimado. Lo hieren sus directores, lo hieren sus líderes sindicales, lo hieren quienes deberían cuidarlo. La indignación social no es una moda: es el grito acumulado de un México cansado de que la salud sea un privilegio para pocos y un suplicio para millones.
La noche de la posada en el HGR 6 de Madero fue un retrato exacto del deterioro institucional. El personal sindicalizado se entregó al festejo sin medir riesgos ni consecuencias.
Pirotecnia detonada a metros de pacientes, música a todo volumen, bloqueos improvisados.
Los familiares de los pacientes quedaron relegados, y quienes necesitaban pasar con sillas de ruedas o camillas tuvieron que esperar porque la prioridad no era la salud, claro, era el lucimiento del líder sindical Jorge González Ortiz.
Lo ocurrido no fue una fiesta desmedida, fue una ofensa directa a los enfermos, a sus familias y a los trabajadores que sí cumplen con su deber.
Así funciona el IMSS de hoy en el Segundo Piso de la 4T con un director general que recomienda “no enfermarse” y un sindicato que celebra como si nada pasara.
davidcastellanost@hotmail.com
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La reciente baja en los homicidios dolosos en Tamaulipas no debe interpretarse como una estampita de triunfo o como esas estrellitas que pone en la frente de los niños la maestra del kinder, no, esas estadisticas se deben asumir como una tregua frágil que exige inteligencia real, reformas quirúrgicas y un entendimiento profundo de cómo muta la criminalidad en el noreste de México.
Entre enero y octubre de 2025, la entidad redujo en 43.2 por ciento su promedio diario de asesinatos. Un descenso significativo, sí, pero que no necesariamente refleja desarticulación criminal, sino ajustes tácticos, reacomodos y nuevas formas de operar. La violencia dejó de anunciarse con estruendo; ahora se mueve con sigilo, logística, drones, uno que otro coordinador de la policía estatal de la Secretaría de Seguridad Pública.
Por eso es que el gobernador Américo Villarreal Anaya no dudó en declarar que su administración mantendrá y ampliará la inversión en sistemas de inteligencia, acompañada de modificaciones legales que buscan cerrar espacios de impunidad. Son movimientos necesarios. La tipificación del simple hecho de portar ponchallantas y la prohibición para que chatarrerías reciban cobre sin acreditar origen apuntan a desmantelar engranajes que facilitan otros delitos, pero además, es un duro golpe a las finanzas delincuenciales.
Pero el desafío no está en las leyes, sino en su ejecución. Tamaulipas enfrenta un crimen organizado que ya no solo controla territorios, aunado a ello, administra economías paralelas, compra voluntades y se infiltra en mercados aparentemente inocuos. Los decomisos recientes de drones utilizados por grupos criminales exhiben que la disputa territorial ahora tiene componentes tecnológicos que requieren una inteligencia más sofisticada que el simple patrullaje, y qué decir de la banda de hampones que tenia un call center para extrosionar desde el CEDES Reynosa, en fin.
La Mesa de Seguridad, el enlace con el Congreso y la interlocución con el diputado Humberto Prieto Herrera pueden acelerar los ajustes normativos, pero el verdadero camino es más profundo todavía; se trata de cortar el financiamiento criminal, blindar los mercados vulnerables, reforzar capacidades municipales y profesionalizar cuerpos policiales que todavía dependen más de la intuición que de la analítica, por eso mismo, el estulto que pretenda municipalizar las policias no es más que un emisor de la delincuencia, y si no lo es, eso indican sus intenciones.
Bajar la incidencia es un logro, pero, mantener la gobernabilidad, un reto que no cualquiere puede en Tamaulipas, y sobre todo, construir paz es la gran deuda de todos.
En la intimidad… Mientras la agenda pública gira en torno a drones, normativas y mesas de seguridad, lejos de los reflectores el rector Dámaso Anaya Alvarado empuja una transformación igual de importante, aunque menos estridente, “El Plan de Cultura de Paz 2026”, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.
Talleres en facultades, diagnósticos participativos y la mano directa de la Defensoría de los Derechos de los Universitarios están delineando un documento que busca algo que el sector público suele olvidar: escuchar primero, actuar después.
La UAT quiere fortalecer la convivencia, asegurar entornos libres de violencia, atender la salud emocional y reforzar una cultura de igualdad y no discriminación. Es un movimiento lento, académico, profundamente humano, pero necesario para cualquier estado que aspire a consolidar paz más allá del discurso.
A veces, mientras la seguridad se discute en mesas estratégicas, la paz verdadera se está construyendo en un salón de clases.
Por cierto, ahora si que se pusieron de acuerdo porque la tercera de los Villarreal, me refiero a la Presidenta Municipal de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, encabezó este lunes la Ceremonia Cívica de Honores a la Bandera en la Escuela Secundaria General No. 4 “Andrés Araujo Araujo”, donde además dio inicio la segunda etapa del Programa “Salud Socioemocional”, iniciativa orientada a fortalecer el bienestar emocional y la sana convivencia entre estudiantes.
La alcaldesa destacó la importancia de dar continuidad a este programa, impulsado por el Ayuntamiento de Tampico en coordinación con la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FADYCS) de la UAT, con el apoyo de estudiantes de la Licenciatura en Psicología.
“Estamos convencidos de que el bienestar emocional de nuestras y nuestros jóvenes es fundamental para construir una ciudad más unida, empática, y con mejores oportunidades. Por eso, este programa beneficiará a un promedio de 8, 144 alumnos y ampliando su cobertura a 638 docentes de trece secundarias publicas de nuestro municipio», expresó.
La autoridad municipal reiteró el compromiso de su administración con la educación, señalando que se continúa apoyando a las escuelas en necesidades como equipamiento de aires acondicionados e impermeabilización, al considerar que la educación es clave para el desarrollo de Tampico.
En su intervención, la directora de la FADYCS, Dra. Elda Ruth de los Reyes Villarreal, subrayó que se está brindando atención integral a la salud mental desde la adolescencia hasta la etapa adulta, y que Tampico es el primer municipio en recibir este programa, con la intención de extenderlo posteriormente a otras localidades.
davidcastellanost@hotmail.com
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Por: Zaira Rosas
zairosas.22@gmail.com
Andrés Manuel López Obrador vuelve a los titulares, pero no solo como una figura política ni como el ex presidente de México. Vuelve como escritor con la obra titulada “Grandeza”, el primero de una serie dual, cuya continuación se titulará “Gloria”. Podríamos hablar de su ejercicio literario en sí, sin embargo, más allá de su contenido, ha reactivado conversaciones sobre su presencia pública y sobre los temas que siempre han atravesado su discurso: la identidad nacional, las raíces
indígenas y la disputa constante por la narrativa política del país.
El regreso de AMLO, marca el escenario nacional, en medio de fuertes cuestionamientos al poder, movimientos nuevos surgiendo desde la inconformidad, no es casualidad que reitere su proceso de jubilación, pero también el constante apoyo al mando en turno, pues sostiene que volvería a las calles si la soberanía o la democracia se vieran amenazadas o para defender a Sheinbaum
de un golpe de Estado.
Lo primero que salta a la vista es que López Obrador vuelve uniéndose a una larga tradición de políticos que escriben para interpretar su paso por el poder. Sin embargo, en su caso, la intención parece ir más allá del balance gubernamental. Desde el título mismo, “Grandeza” apunta a la búsqueda de un relato sobre México que reivindique la fuerza moral del pueblo, especialmente de aquellos que han sido históricamente invisibilizados. Aquí, AMLO retoma uno de los ejes centrales de su discurso: la reivindicación de los pueblos indígenas como base ética y cultural del país.
Este punto merece detenernos. México presume su diversidad cultural, pero la mayoría de sus políticas, instituciones y espacios de visibilidad siguen operando desde parámetros occidentales. AMLO insiste en mirar hacia las raíces indígenas no solo como un acto de reconocimiento, sino como una apuesta de futuro. La pregunta es si esta insistencia realmente se traduce en políticas transformadoras o si queda en el terreno simbólico. Lo cierto es que, en un país que suele desplazar a los pueblos originarios a un plano folclórico, cualquier llamado a asumir su vigencia política y cultural es necesario, incluso cuando viene acompañado de controversias.
La visibilidad de las culturas indígenas hoy importa porque pone en tensión nuestra forma de entender el desarrollo. En tiempos en los que seguimos midiendo el progreso por indicadores económicos, recordar que existen otras formas de organización social, otras maneras de relacionarnos con la tierra y otras narrativas de comunidad, resulta un gesto revolucionario. Este recordatorio, aunque provenga de una figura política, con un posicionamiento claro de izquierda, tiene fuerza simbólica y debería ser tomado en cuenta por cualquier administración presente o futura.
Poner atención a las culturas y pueblos indígenas es centrarnos también en el origen de México, pues la cosmovisión de cada cultura también abre panoramas de diálogo hacia nuevas formas de organización e incluso de autocuidado. Estas perspectivas nos ayudarían a vislumbrar otras maneras de llevar a cabo lo que hoy entendemos como progreso.
Ahora bien, ¿qué significa políticamente la aparición de AMLO en este momento? Su libro funciona como un recordatorio de que sigue ahí, observando, opinando, moldeando. No es un ataque directo a la gestión actual, pero tampoco un retiro silencioso. Para algunos, su regreso complica la consolidación del nuevo liderazgo político; para otros, su presencia garantiza que la agenda social que impulsó no se diluya. Lo cierto es que su figura aún moviliza emociones, tanto de respaldo como de rechazo, y en un país donde la percepción pesa tanto como la estructura, eso tiene impacto.
En última instancia, “Grandeza” y la reaparición de AMLO nos recuerdan que México sigue en disputa: por su narrativa histórica, por su identidad cultural y por el rumbo político que debe asumir. Y quizás esa sea la parte más valiosa de este regreso: obligarnos a mirar de frente nuestras raíces y preguntarnos si, como país, estamos listos para construir grandeza en plural, no solo en discurso.
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