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Integrantes del Congreso Nacional Ciudadano (CONACI) han comenzado a interponer solicitudes de Amparo contra la Ley de Seguridad Interior desde finales del año pasado. Se declaran a la ofensiva contra la “represión” del presidente Enrique Peña Nieto mediante la “militarización” del país.

“Ya sabemos que el sistema político esta podrido, nos divide en colores, nos vende espejitos, nos lleva a su juego día con día, nos roba, saquea, se burla del pueblo y con nuestro dinero simula un democracia que es legitimada por un pueblo con hambre e ignorancia que cree que haciendo fila para votar por los mismos de siempre, va a cambiar el resultado” publicaron el 27 de diciembre pasado en su página web.

El CONACI con células activas en distintas entidades del país, advierte haber pasado de la protesta enérgica, de la marcha, de la presión social a la acción legal y con estos Amparos ponen su esperanza en el Poder Judicial, tras confirmar que el Ejecutivo y Legislativo únicamente son tiranos en contra del pueblo mexicano que cada vez tiene más pobres, menos empleo y escasas oportunidades de crecimiento. Hoy se amparan contra la “militarización” deseando que la Suprema Corte de Justicia reconozca que la Ley de Seguridad Interior es inconstitucional.

Los actos en reclamo basados en un supuesto análisis a la redacción de la ley impulsada por el Gobierno Federal van dirigidos sobre algunos artículos que a decir de los del CONACI son “contradictorios” y en este debate o intención de tumbar la dichosa ley, también se involucran  integrantes del CONACI celula Tampico.

Los artículos “contradictorios” son los siguientes:

a) Artículo 2 Ley de Seguridad Interior (en adelante LSI); “La Seguridad Interior es la condición proporciona el Estado mexicano que permite salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobiernos e instituciones, así como el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del orden constitucional, el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrático en todo el territorio nacional. Comprende el conjunto de órganos, procedimientos y acciones destinados para dichos fines, respetando los derechos humanos en todo el territorio nacional, así como para prestar auxilio y protección a las entidades federativas y los municipios, frente a riesgo y amenazas que comprometan o afectan la seguridad nacional en los términos de la presente ley.” ​

Por lo anterior el CONACI supone que: toda vez, que su contenido en esta ley ni supletoriamente en la Ley de Seguridad Nacional, ni la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la definición expresa de Institución o instituciones, por la cual cabe la ambigüedad del señalamiento dela palabra “Instituciones”, así como “su gobernabilidad”, por lo que al no ser claro qué es lo que se protege, determina una inexactitud de la semántica de la misma. Ya que toda vez que está dirigida prioritariamente al uso de las Fuerzas Armadas a todo aquello que discrecionalmente entiendan las Autoridades como “amenaza”, y que la motivación de la ésta ley, al salvaguardo, vigilancia y permanencia de la misma, no confiere sentido práctico de interpretación jurídica de la misma; dejando así incierta e ineficiente la creación y motivación de la misma ley como tal.

Y continúan desglosando…

b) El artículo 3 de la LSI, establece “En el ejercicio de las atribuciones de Seguridad Interior,  se observarán los principios previstos en el artículo 4 de la Ley de Seguridad Nacional y los de racionalidad, oportunidad, proporcionalidad, temporalidad, subsidiariedad y gradualidad, así como las obligaciones relativas al uso legítimo de la fuerza.”; así mismo el artículo 4 de la Ley de Seguridad Nacional, expresa lo siguiente: “La Seguridad Nacional se rige por los principios de legalidad, responsabilidad, respeto a los derechos fundamentales de protección a la persona humana y garantías individuales y sociales, confidencialidad, lealtad, eficiencia, coordinación y cooperación.”

Por lo que refieren es un acto violatorio y que vulnera la eficiencia del artículos 1, 29 y 35 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante “CPEUM” o “Carta Magna” o “Constitución Federal”), que refiere a la reducción o suspensión de garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente la situación en casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto; toda vez que aún y que la LSI, no emite una suspensión de garantías expresa, pero actúa de facto la aplicación de suspensión de garantías y restricciones de los derechos humanos, dejando dicha ley en su improcedencia ya que atenta sobre los derecho humanos propios y reconocidos por el artículo 1 de la CPEUM, así como los derechos políticos-civiles reconocidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de los Derechos Humanos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, mismas que el Estado Mexicano es firmante y se obligó a adecuar su derecho positivo en virtud del beneficio al hombre como ente de la sociedad y su funcionamiento primordial. Así también, la libertad expedida por la Constitución Federal, de participar las políticas públicas en lo individual y en lo colectivo y por ello, participar en temas de interés legítimo y adherente a dichas políticas que afectan la libertad como derecho fundamental de las personas de manera directa e indirectamente de las personas. Por ello, determinado en estos preceptos legales confiere al hombre como institución base de la sociedad y del Estado mismo.

c) Del mismo modo, el artículo 7 de la LSI, establece lo que se entenderá por cada uno de los términos referidos, sin embargo, no se encuentra ninguno que especifique textualmente “seguridad Interior”, “instituciones” “grave riesgo”, además se encuentra no clara la conceptualización de la definición del “Uso legítimo de la fuerza”, pues al no definirse “actos de resistencia”, deja situaciones dubitativas en el ejercicio del “Uso de la legítima fuerza”, si bien es claro que la ambigüedad, vicios en la redacción e imprecisión en la redacción del legislador no es motivo para la declaratoria de su inconstitucionalidad, resulta no ser consistente y al no existir el concepto redactado por el legislador en ninguna ley existente, entonces no es motivo de su aplicación y por lo conducente no se puede aplicar ni ejecutar lo que no existe.

d) Artículo 9 “La información que se genere con motivo de la aplicación de la presente ley, será considerada de Seguridad Nacional, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables”. El hecho textual del presente precepto legal, refiere a la persona que enmarque, hable, interactúe, emane, investigue,emita información que genere o refiera por motivos de esta ley, será motivo de la aplicación de la presente ley y por ende podrá ser considerado un “riesgo” a la LSI, por lo que, vulnera y atenta toda libertad de expresión y de acceso a la información pública, comprendidos en el numeral 6to. De la Constitución Federal. De esta ley desprende varios supuestos normativos, pues, en todo momento un derecho legítimo el tener conocimiento del desempeño de las funciones de cualquier órgano de gobierno, incluyendo las Fuerzas Armadas, en el principio contenido en el mismo numeral como de “máxima difusión”, a su vez esta misma ley representa un menoscabo a la información pública contenido en el apartado A del mismo precepto legal, pues, el Estado teniendo la capacidad discrecional de correlacionar cualquier actividad que detente o ponga en riesgo a las “Instituciones” y su “gobernabilidad”, podrá ser sujeta a investigaciones de cualquier clase como “inteligencia para la Seguridad Interior”, “Uso legítimo de la fuerza”, lo que lo vuelve un sujeto vulnerable y amedrentadopor el sistema del propio Estado y así lo vulnera sus derechos más legítimos y elementales de la libertad de expresión y acceso a la información pública.

e) En relación a los preceptos número 11 y 12, que en su literalidad expresa “Corresponde a las autoridades federales, incluyendo las Fuerzas Armadas, por sí o en coordinación de las demás órdenes de gobierno, identificar, prevenir, atender, reducir y contestar la Amenazas a Seguridad Interior.

El Presidente de la República podrá ordenar por sí o a petición de las legislaturas de las Entidades Federativas, o de su Ejecutivo en caso de receso de aquellas, la intervención de la Federación para la realización e implementación de Acciones de Seguridad Interior en el territorio de una Entidad Federativa o zona geográfica del país, previa emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, cuando se actualice alguna de las siguientes Amenazas a la Seguridad Interior y estas:

• Comprometan o superen las capacidades efectivas de las autoridades competentes para atenderla, o

• Se originen por la falta o insuficiente colaboración de las entidades federativas y municipios en la preservación de la Seguridad Nacional, de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 1 de la Ley de Seguridad Nacional.

Aquellas amenazas a la Seguridad Interior  que no requieran declaratoria en términos del presente artículo serán atendidas por las autoridades conforme a sus atribuciones y a las disposiciones legales que le resulten aplicables.” Así como el artículo 12 “En los casos a los que se refiere el artículo anterior, el Presidente de la República, previa consideración del Consejo de Seguridad Nacional, determinará la procedencia de la intervención de la Federación y expedirá, dentro de las setenta y dos horas siguientes, contadas a partir recibir solicitud, la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, la cual deberá modificarse por conducto de la Secretaría de Gobernación a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en los periódicos o gacetas oficiales de las entidades federativas afectadas.” Ambos artículos contravienen el artículo 21 Constitucional, pues ya que el ejercicio de investigación de los Delitos corresponde en todo momento al Ministerio Público y a las policías. Si bien, desempeñaran auxilio a las policías municipales y/o estatales, la participación y esencia de la declaratoria de Seguridad Interior e intervención de las Fuerzas Armadas es por verse rebasadas las policías del orden civil, por lo que la aplicación de las Fuerzas Armadas en labores de control y vigilancia es únicamente y por las fuerzas públicas civiles.

Además, en el cuarto párrafo del mismo artículo citado, expresa “La seguridad pública es una función a cargo de la federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva… (Ídem)” por ello, existiría una contradicción de funciones y que al mismo tiempo contraviene la Constitución Federal, y por ello vuelve inconstitucional la ley.

f) El artículo 30 de la LSI, “Las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas desarrollarán actividades de inteligencia en materia de Seguridad Interior en los ámbitos de sus respectivas competencias. Al realizar las tareas de inteligencia, las autoridades facultadas por esta Ley, podrán hacer uso de cualquier método lícito de recolección de información

Toda obtención de información de inteligencia se realizará con pleno respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.” Sin embargo, al referirse que “podrán hacer uso de cualquier método lícito de recolección de información”, no se especifica cuáles son los métodos lícitos para el ejercicio de la obtención de datos. Lo que al ser obscuro o ambiguo el proceso de su realización contraviene el artículo 16.Constitucional, lo cual resulta improcedente e inaplicable y además detenta y genera un menoscabo a la esfera jurídica de las personas.

De verdad que da gusto ver como los ciudadanos toman en cuenta las instituciones para combatir y luchar por lo que sugieren va contra los mexicanos, ahora habrá que esperar la resolución y respetar sea cual sea el fallo.

davidcastellanost@hotmail.com

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Opinión

Sin poses ni rellenos

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Los jóvenes de la UAT toman el control y le dan cátedra a la vieja política. Seamos honestos, a los universitarios de hoy nadie les vende humo. Ellos saben perfectamente cuándo un evento es puro protocolo para la foto y cuándo hay algo real detrás. Por eso, lo que acaba de pasar en el Centro Universitario Tampico- Madero de la Universidad Autónoma de Tamaulipas merece mucha atención.

En la campaña “Abrigando Corazones 2026”, las ocho facultades y la nueva prepa demostraron que la empatía no es un #hashtag de moda, sino acción pura. Estudiantes, docentes y personal convirtieron sus propios salones y pasillos en centros de acopio reales, juntando cobijas y cobertores nuevos que van directo a proteger del frío a niños, abuelos y familias de ejidos y colonias populares. Ese es el verdadero músculo social de la juventud tamaulipeca.

Pero en el periodismo, además de contar lo que pasa, hay que saber leer la imagen. Y la postal que dejó la presidenta de Familia UAT, Isolda Rendón de Anaya, manda un mensaje durísimo contra esas viejas costumbres del poder.

En lugar de armar la clásica fotito acartonada que tanto aburre —ese donde vemos a rectores inaugurando torneos o ferias del libro rodeados de mandos militares, navales y políticos estatales que desplazan y borra de la foto a los alumnos—, Isolda caminó hombro con hombro, rodeada única y exclusivamente de jóvenes universitarios.

Ese gesto, rompe con el protocolo rancio de siempre. Devuelve la universidad a sus verdaderos dueños: los estudiantes. Cuando las autoridades entienden que el protagonismo es de los chavos y no de los funcionarios en turno, la institución recupera su alma y conecta de verdad con la calle.

En la intimidad… Mientras los jóvenes dan muestra de empatía en el sur, en los cuartos de guerra del sector salud en Ciudad Victoria se cocina un movimiento mayor para el próximo año. El gobernador Américo Villarreal Anaya acaba de ponerle fecha y números a una promesa clave: 430 consultorios del Servicio Universal de Salud (SUS)arrancarán operaciones en enero de 2027.

Según nos confirman desde el escritorio del secretario de Salud, Ricardo Gerardo Guerrero Morales, este despliegue forma parte de la estrategia nacional de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para que cualquier persona, tenga o no seguro social, reciba atención médica gratuita y sin trabas burocráticas.

En corto, los datos técnicos indican que la primera ola abrirá con 243 consultorios y 219 unidades, equipados con médicos, enfermería clínica, internet para expedientes digitales y 90 claves de medicamentos listos para surtirse, llevando consultas generales, control de enfermedades crónicas y pases a hospitales directamente a las zonas donde antes no llegaba ni el eco.

davidcastellanost@hotmail.com
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Opinión

Caso Debany y Xabiany… ¡acordado, es coincidencia!

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En el sur de Tamaulipas, dos resoluciones judiciales dictadas con horas de diferencia colocan bajo el mismo reflector a activistas, litigantes y al propio fiscal general Jesús Eduardo Govea Orozco, junto a Tania Gisela Contreras López.

Mientras en Tampico se vinculó a proceso a la activista Martha “N”, por ciberacoso y discriminación, en Altamira se le negó el cambio de medida cautelar a Danna Yanina “N”, compartiendo ambas defensas o acusaciones la figura de la abogada Dunia Magaly Ramírez Méndez. La coincidencia temporal y estratégica en trincheras opuestas desafía a la fiscalía a demostrar consistencia institucional frente a la opinión pública.

Por un lado, el miércoles 11 de noviembre de 2026, en los juzgados del sector La Divisoria en Tampico, la jueza de control Carmen Lee Luna determinó vincular a proceso a Martha “N”, activista y representante del colectivo Mujer Manglar. Tras una extensa audiencia que se prolongó durante once horas, la juzgadora consideró que existían elementos suficientes para continuar la investigación por la presunta relación de la activista con los delitos de ciberacoso y discriminación. Esta denuncia fue promovida por integrantes de la Barra de Juristas con Perspectiva de Género, agrupación en la que participa la abogada Dunia Magaly Ramírez Méndez como parte acusatoria.

Apenas 48 horas después, el viernes 13 de noviembre, alrededor de las 12:50 del mediodía, el escenario se trasladó al Centro Integral de Justicia de Altamira. En ese recinto, y tras una audiencia que también se extendió por varios días, la jueza de control María Ciria Mora González resolvió negar el cambio de medida cautelar a Danna Yanina, quien buscaba continuar su proceso legal bajo la modalidad de arraigo domiciliario. En este expediente, la defensa legal de la imputada también tiene la participación, precisamente, por la misma litigante, Dunia Magaly Ramírez Méndez.

La sucesión de ambos fallos abre diversas lecturas en la opinión pública y entre los especialistas del derecho en la entidad, poniendo bajo la lupa el actuar tanto del Poder Judicial comandado por Tania Contreras, como de la Fiscalía General de Justicia del Estado, encabezada por Jesús Eduardo Govea Orozco:
Hay quienes cuestionan el desarrollo de estos procesos. Señalan un contraste en la eficacia y el peso de los criterios aplicados. Desde esta óptica, se debate por qué los argumentos de la parte acusatoria lograron prosperar con éxito para vincular a proceso a una activista social, mientras que, días después, los argumentos defensivos de la misma representación legal resultaron insuficientes para obtener una medida cautelar menos restrictiva en otro caso -Debany- de alto perfil. Esto tiene atenta a la ciudadania sobre la consistencia de los criterios ministeriales y judiciales.

Sin embargo, por otro lado, desde una perspectiva estrictamente procesal, se argumenta que cada carpeta de investigación responde a hechos, delitos y pruebas completamente independientes entre sí. Bajo este enfoque, las decisiones tomadas por las juezas Carmen Lee Luna y María Ciria Mora González obedecen a la valoración autónoma de los datos de prueba presentados en cada audiencia específica, así como a los riesgos procesales particulares que evalúa la Fiscalía en cada expediente, sin que la identidad de los litigantes deba influir en el sentido de los fallos.

Claro, no pueden faltar las interpretaciones políticas o mediáticas en el desarrollo simultáneo de estos casos en Tampico y Altamira, aunque se refleja la complejidad del sistema penal acusatorio en Tamaulipas. La ciudadanía y los colectivos sociales mantienen la atención puesta en el desahogo de las siguientes etapas procesales, esperando que cada resolución se sustente con estricto apego a la ley y transparencia.

Sí, también hay aquellos que hablan de negociaciones, pero, tampoco han mostrado las pruebas 🙂

En la intimidad… Como resultado de las estrategias de vinculación educativa y fortalecimiento a la investigación temprana que impulsa el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, estudiantes del Club de Ciencias “Amor por la Ciencia” obtuvieron una acreditación internacional para representar a México en la Feria de Ciencia y Tecnología Girasoles 2027, que se celebrará en Paraguay.
El logro lo alcanzaron Brandon Daniel Barrientos Sánchez y Cristhian Almanza Carballo, alumnos de la Escuela Primaria Fernando San Pedro, bajo la asesoría del Dr. Orlando Josué Martínez Arvizu, catedrático de la Facultad de Comercio y Administración Tampico de la UAT, tras destacar con su proyecto “Plástico sin contaminar: Creando bioplástico ecológico” durante la ExpoCiencias Nacional 2026, efectuada en Monterrey, Nuevo León.
De acuerdo con el acta emitida por la Red Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología (REDMex) , con el aval del Gobierno de Nuevo León, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) y el Movimiento Internacional para el Recreo Científico y Técnico para América Latina (MILSET AMLAT), el proyecto universitario fue evaluado entre 490 propuestas provenientes de 27 estados de la República Mexicana, las cuales pasaron por el dictamen de 638 evaluadoras y evaluadores.
Durante su participación en Monterrey, los alumnos agradecieron el respaldo del rector Dámaso Anaya por promover iniciativas como el Club de Ciencias “Amor por la Ciencia”, espacio donde crearon su propuesta ecológica. Este programa de la UAT acerca la ciencia a niñas y niños de entre 6 y 12 años en diversas sedes de Tamaulipas mediante talleres lúdicos y experiencias prácticas que fomentan el pensamiento crítico y la búsqueda de soluciones sostenibles.
Previamente, los estudiantes aseguraron su pase a la etapa nacional al obtener el segundo lugar estatal en la ExpoCiencias Tamaulipas 2026, destacando por diseñar un bioplástico soluble en agua que busca reducir la contaminación por residuos plásticos.
Con estas acciones, la UAT reafirma su compromiso de despertar la vocación científica desde la educación básica, brindando herramientas que proyectan el talento de la niñez tamaulipeca hacia foros internacionales.

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La fragilidad detrás del “progreso”

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Por: Zaira Rosas

zairosas.22@gmail.com

Estados Unidos ha construido buena parte de su poderío sobre la innovación tecnológica. Desde la conquista del espacio hasta el desarrollo de la inteligencia artificial, el país se ha consolidado como referente de progreso, modernidad y capacidad de transformación. Sus empresas desarrollan tecnologías que redefinen industrias, mientras sus sistemas de infraestructura sostienen una de las

economías más influyentes del planeta.

Sin embargo, dos acontecimientos recientes nos recuerdan que ni el poder económico ni los avances tecnológicos garantizan la invulnerabilidad.

El pasado 13 de noviembre, una falla en los sistemas de comunicación del control aéreo estadounidense obligó a suspender durante casi cinco horas los despegues en todo el país. Miles de vuelos fueron cancelados o retrasados, afectando a pasajeros que, de un momento a otro, descubrieron que su posibilidad de trasladarse dependía del funcionamiento de una infraestructura tecnológica que rara vez cuestionamos.

Resulta paradójico que una nación capaz de desarrollar algunas de las tecnologías más sofisticadas del mundo continúe dependiendo de sistemas de control aéreo que arrastran décadas de rezago. De acuerdo con las autoridades, una actualización de equipos de telecomunicaciones habría provocado una sobrecarga en la red.

La causa exacta continúa bajo investigación, pero las consecuencias fueron inmediatas: aeropuertos paralizados, itinerarios interrumpidos y miles de personas sujetas a decisiones ajenas a su voluntad.

Casi simultáneamente, otro acontecimiento sacudió al sector tecnológico. Jensen Huang, cofundador y director ejecutivo de NVIDIA, renunció después de más de tres décadas al frente de una compañía fundamental para el desarrollo de la inteligencia artificial. Su salida ocurrió en medio de revelaciones sobre relaciones extramatrimoniales, incluida una con Alice Huang, una empresaria sospechosa de mantener vínculos con los servicios de inteligencia chinos.

Aunque no se ha demostrado públicamente que existiera espionaje ni filtración de información, el episodio abrió cuestionamientos sobre seguridad, conflictos de interés y responsabilidad corporativa.

Huang había construido una trayectoria extraordinaria. Bajo su liderazgo, NVIDIA pasó de fabricar procesadores gráficos a convertirse en una empresa estratégica para el futuro tecnológico mundial. Sin embargo, el prestigio acumulado durante décadas no impidió que decisiones personales pusieran en entredicho su liderazgo y la confianza depositada en él.

¿Qué tienen en común un sistema aéreo paralizado y la caída de uno de los empresarios más influyentes del mundo? Ambos exhiben distintas formas de vulnerabilidad detrás de estructuras que parecían extraordinariamente sólidas. En el primer caso, la fragilidad se encuentra en la infraestructura; en el segundo, en la condición humana de quien ejerce el poder.

Uno demuestra que los sistemas más complejos pueden depender de componentes aparentemente insignificantes; el otro, que las organizaciones más poderosas también están expuestas a las decisiones de quienes las dirigen.

Hemos asociado el progreso tecnológico con una promesa de control, eficiencia y seguridad. Cuanto más avanzamos, más confiamos en nuestra capacidad para anticipar riesgos y resolver problemas. Pero quizá esa confianza nos ha llevado a confundir sofisticación con infalibilidad.

Estos acontecimientos también deberían invitarnos a reflexionar sobre nuestra propia dependencia. Delegamos cada vez más decisiones, actividades y responsabilidades a sistemas que no comprendemos completamente, mientras depositamos enormes expectativas en las personas que lideran su desarrollo.

La tecnología seguirá transformando nuestra manera de vivir, trabajar y relacionarnos. Debemos reconocer la importancia que tiene en nuestro entorno, pero también comprender sus límites y exigir responsabilidad a quienes están al frente de esta industria, pues más allá de los algoritmos no podemos olvidar nuestras propias capacidades y lo que implica ser seres humanos.

Ambos casos demuestran que, sin importar el desarrollo generado, la sofisticación, la inteligencia de los sistemas, al final dentro de la tecnología y quien está detrás también hay una gran vulnerabilidad.

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El reto de la realidad cotidiana

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En el ejercicio periodístico, los números suelen ser tan fríos como reveladores, pero su verdadera dimensión se mide cuando aterrizan en el bolsillo y la tranquilidad de la gente. Durante la más reciente emisión dominical de Diálogos con Américo, el gobernador Américo Villarreal Anaya puso sobre la mesa una batería de datos económicos y financieros con los que busca ponerle nombre al tapado, perdón, sostener una premisa clara: en Tamaulipas se crece con orden.

Muy a discreción, pero no se trata de percepciones aisladas, sino de cifras que el propio Ejecutivo estatal respalda en reportes externos como, por ejemplo, lo dictado por el INEGI, que ubica a la entidad en el tercer lugar nacional en desarrollo industrial, apenas por debajo de gigantes manufactureros como el Estado de México y Nuevo León. A este indicador, se suma una disciplina financiera que (comenzó Adriana Lozano Rodríguez, y encumbró Carlos Irán Ramírez González), que, según evaluadoras internacionales e instituciones bancarias, ha permitido elevar en un 34 por ciento acumulado los ingresos propios sin recurrir a la creación o aumento de impuestos, logrando además condiciones crediticias favorables con una sobretasa de apenas 0.34 puntos porcentuales.

En el papel, el panorama resulta alentador y habla de un manejo hacendario que genera certidumbre ante los mercados. Sin embargo, el verdadero desafío para cualquier administración no se trata exclusivamente obtener buenas calificaciones crediticias o figurar en los primeros sitios de las tablas nacionales, sino en lograr que esa bonanza macroeconómica de que se habla se traduzca en bienestar tangible para el ciudadano de a pie, es decir, que se vea en el bolsillo para comprar la caguama sin remordimiento para que puedan seguir enfrentando los retos diarios de la inflación, la seguridad y la necesidad de servicios públicos eficientes.

El respaldo del gobierno federal que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum resulta pieza clave en este rompecabezas. La inserción de Tamaulipas en el llamado Plan México abre la puerta a inversiones de gran calado que prometen consolidar la vocación logística y energética del estado. Proyectos como los 40 mil millones de pesos destinados a la segunda etapa del Puerto del Norte, el desarrollo en aguas profundas del campo petrolero Trión con 24 pozos proyectados, la ampliación aduanera en Nuevo Laredo y la nueva carretera de cuatro carriles hacia la frontera y el puerto, dibujan un escenario de alta competitividad frente a Estados Unidos.

En el terreno de la infraestructura cotidiana, obras como la carretera Mante-Ocampo-Tula, ya en operación, o el avance del 70 por ciento en la segunda línea del acueducto de Ciudad Victoria y la modernización de los distritos de riego 025 y 026, responden a demandas históricas de conectividad y abasto de agua. Son proyectos necesarios, aunque la sociedad tamaulipeca mantendrá la lupa puesta en los tiempos de entrega, la calidad de ejecución y la transparencia en cada peso ejercido.

El mandatario hizo énfasis en la vertiente social de su administración, destacando el trabajo del Sistema DIF Tamaulipas, encabezado por la doctora María de Villarreal, a través de programas como Lazos de Bienestar. La reconstrucción del tejido social es, sin duda, la tarea más compleja y menos visible en el corto plazo, pero también la más urgente en un estado que busca dejar atrás años de desgaste institucional y social.

Al final del día, los indicadores positivos son una buena carta de presentación y un punto de partida sólido. No obstante, en política y en economía, los aplausos duran poco si el crecimiento no alcanza para todos. La expectativa queda abierta: que el orden financiero y las grandes inversiones se reflejen, sin excepciones, en cada rincón de Tamaulipas.

En la intimidad… Donde también se reporta actividad constante en territorio es en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Recientemente, a través de Familia UAT, la máxima casa de estudios sumó esfuerzos con el Sistema DIF Tamaulipas durante la brigada “Transformando Familias”, llevada a cabo en la Unidad Deportiva del Poblado Anáhuac, en el municipio de Valle Hermoso.

Bajo la gestión del rector Dámaso Anaya Alvarado y el impulso de la licenciada Isolda Rendón de Anaya al frente de Familia UAT, estudiantes de servicio social, docentes y voluntarios de las unidades académicas de Valle Hermoso, Reynosa Aztlán y la Facultad de Medicina Matamoros llevaron atención médica preventiva y orientación gratuita a los habitantes de la zona. Entre tomas de presión arterial, mediciones de peso y talla, y asesoría contra enfermedades crónico-degenerativas, la comunidad universitaria dejó claro que la vinculación social sigue siendo una herramienta efectiva para acercar la academia a las necesidades reales de las familias tamaulipecas.

davidcastellanot@hotmail.com
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