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Integrantes del Congreso Nacional Ciudadano (CONACI) han comenzado a interponer solicitudes de Amparo contra la Ley de Seguridad Interior desde finales del año pasado. Se declaran a la ofensiva contra la “represión” del presidente Enrique Peña Nieto mediante la “militarización” del país.

“Ya sabemos que el sistema político esta podrido, nos divide en colores, nos vende espejitos, nos lleva a su juego día con día, nos roba, saquea, se burla del pueblo y con nuestro dinero simula un democracia que es legitimada por un pueblo con hambre e ignorancia que cree que haciendo fila para votar por los mismos de siempre, va a cambiar el resultado” publicaron el 27 de diciembre pasado en su página web.

El CONACI con células activas en distintas entidades del país, advierte haber pasado de la protesta enérgica, de la marcha, de la presión social a la acción legal y con estos Amparos ponen su esperanza en el Poder Judicial, tras confirmar que el Ejecutivo y Legislativo únicamente son tiranos en contra del pueblo mexicano que cada vez tiene más pobres, menos empleo y escasas oportunidades de crecimiento. Hoy se amparan contra la “militarización” deseando que la Suprema Corte de Justicia reconozca que la Ley de Seguridad Interior es inconstitucional.

Los actos en reclamo basados en un supuesto análisis a la redacción de la ley impulsada por el Gobierno Federal van dirigidos sobre algunos artículos que a decir de los del CONACI son “contradictorios” y en este debate o intención de tumbar la dichosa ley, también se involucran  integrantes del CONACI celula Tampico.

Los artículos “contradictorios” son los siguientes:

a) Artículo 2 Ley de Seguridad Interior (en adelante LSI); “La Seguridad Interior es la condición proporciona el Estado mexicano que permite salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobiernos e instituciones, así como el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del orden constitucional, el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrático en todo el territorio nacional. Comprende el conjunto de órganos, procedimientos y acciones destinados para dichos fines, respetando los derechos humanos en todo el territorio nacional, así como para prestar auxilio y protección a las entidades federativas y los municipios, frente a riesgo y amenazas que comprometan o afectan la seguridad nacional en los términos de la presente ley.” ​

Por lo anterior el CONACI supone que: toda vez, que su contenido en esta ley ni supletoriamente en la Ley de Seguridad Nacional, ni la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la definición expresa de Institución o instituciones, por la cual cabe la ambigüedad del señalamiento dela palabra “Instituciones”, así como “su gobernabilidad”, por lo que al no ser claro qué es lo que se protege, determina una inexactitud de la semántica de la misma. Ya que toda vez que está dirigida prioritariamente al uso de las Fuerzas Armadas a todo aquello que discrecionalmente entiendan las Autoridades como “amenaza”, y que la motivación de la ésta ley, al salvaguardo, vigilancia y permanencia de la misma, no confiere sentido práctico de interpretación jurídica de la misma; dejando así incierta e ineficiente la creación y motivación de la misma ley como tal.

Y continúan desglosando…

b) El artículo 3 de la LSI, establece “En el ejercicio de las atribuciones de Seguridad Interior,  se observarán los principios previstos en el artículo 4 de la Ley de Seguridad Nacional y los de racionalidad, oportunidad, proporcionalidad, temporalidad, subsidiariedad y gradualidad, así como las obligaciones relativas al uso legítimo de la fuerza.”; así mismo el artículo 4 de la Ley de Seguridad Nacional, expresa lo siguiente: “La Seguridad Nacional se rige por los principios de legalidad, responsabilidad, respeto a los derechos fundamentales de protección a la persona humana y garantías individuales y sociales, confidencialidad, lealtad, eficiencia, coordinación y cooperación.”

Por lo que refieren es un acto violatorio y que vulnera la eficiencia del artículos 1, 29 y 35 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante “CPEUM” o “Carta Magna” o “Constitución Federal”), que refiere a la reducción o suspensión de garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente la situación en casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto; toda vez que aún y que la LSI, no emite una suspensión de garantías expresa, pero actúa de facto la aplicación de suspensión de garantías y restricciones de los derechos humanos, dejando dicha ley en su improcedencia ya que atenta sobre los derecho humanos propios y reconocidos por el artículo 1 de la CPEUM, así como los derechos políticos-civiles reconocidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de los Derechos Humanos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, mismas que el Estado Mexicano es firmante y se obligó a adecuar su derecho positivo en virtud del beneficio al hombre como ente de la sociedad y su funcionamiento primordial. Así también, la libertad expedida por la Constitución Federal, de participar las políticas públicas en lo individual y en lo colectivo y por ello, participar en temas de interés legítimo y adherente a dichas políticas que afectan la libertad como derecho fundamental de las personas de manera directa e indirectamente de las personas. Por ello, determinado en estos preceptos legales confiere al hombre como institución base de la sociedad y del Estado mismo.

c) Del mismo modo, el artículo 7 de la LSI, establece lo que se entenderá por cada uno de los términos referidos, sin embargo, no se encuentra ninguno que especifique textualmente “seguridad Interior”, “instituciones” “grave riesgo”, además se encuentra no clara la conceptualización de la definición del “Uso legítimo de la fuerza”, pues al no definirse “actos de resistencia”, deja situaciones dubitativas en el ejercicio del “Uso de la legítima fuerza”, si bien es claro que la ambigüedad, vicios en la redacción e imprecisión en la redacción del legislador no es motivo para la declaratoria de su inconstitucionalidad, resulta no ser consistente y al no existir el concepto redactado por el legislador en ninguna ley existente, entonces no es motivo de su aplicación y por lo conducente no se puede aplicar ni ejecutar lo que no existe.

d) Artículo 9 “La información que se genere con motivo de la aplicación de la presente ley, será considerada de Seguridad Nacional, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables”. El hecho textual del presente precepto legal, refiere a la persona que enmarque, hable, interactúe, emane, investigue,emita información que genere o refiera por motivos de esta ley, será motivo de la aplicación de la presente ley y por ende podrá ser considerado un “riesgo” a la LSI, por lo que, vulnera y atenta toda libertad de expresión y de acceso a la información pública, comprendidos en el numeral 6to. De la Constitución Federal. De esta ley desprende varios supuestos normativos, pues, en todo momento un derecho legítimo el tener conocimiento del desempeño de las funciones de cualquier órgano de gobierno, incluyendo las Fuerzas Armadas, en el principio contenido en el mismo numeral como de “máxima difusión”, a su vez esta misma ley representa un menoscabo a la información pública contenido en el apartado A del mismo precepto legal, pues, el Estado teniendo la capacidad discrecional de correlacionar cualquier actividad que detente o ponga en riesgo a las “Instituciones” y su “gobernabilidad”, podrá ser sujeta a investigaciones de cualquier clase como “inteligencia para la Seguridad Interior”, “Uso legítimo de la fuerza”, lo que lo vuelve un sujeto vulnerable y amedrentadopor el sistema del propio Estado y así lo vulnera sus derechos más legítimos y elementales de la libertad de expresión y acceso a la información pública.

e) En relación a los preceptos número 11 y 12, que en su literalidad expresa “Corresponde a las autoridades federales, incluyendo las Fuerzas Armadas, por sí o en coordinación de las demás órdenes de gobierno, identificar, prevenir, atender, reducir y contestar la Amenazas a Seguridad Interior.

El Presidente de la República podrá ordenar por sí o a petición de las legislaturas de las Entidades Federativas, o de su Ejecutivo en caso de receso de aquellas, la intervención de la Federación para la realización e implementación de Acciones de Seguridad Interior en el territorio de una Entidad Federativa o zona geográfica del país, previa emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, cuando se actualice alguna de las siguientes Amenazas a la Seguridad Interior y estas:

• Comprometan o superen las capacidades efectivas de las autoridades competentes para atenderla, o

• Se originen por la falta o insuficiente colaboración de las entidades federativas y municipios en la preservación de la Seguridad Nacional, de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 1 de la Ley de Seguridad Nacional.

Aquellas amenazas a la Seguridad Interior  que no requieran declaratoria en términos del presente artículo serán atendidas por las autoridades conforme a sus atribuciones y a las disposiciones legales que le resulten aplicables.” Así como el artículo 12 “En los casos a los que se refiere el artículo anterior, el Presidente de la República, previa consideración del Consejo de Seguridad Nacional, determinará la procedencia de la intervención de la Federación y expedirá, dentro de las setenta y dos horas siguientes, contadas a partir recibir solicitud, la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, la cual deberá modificarse por conducto de la Secretaría de Gobernación a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en los periódicos o gacetas oficiales de las entidades federativas afectadas.” Ambos artículos contravienen el artículo 21 Constitucional, pues ya que el ejercicio de investigación de los Delitos corresponde en todo momento al Ministerio Público y a las policías. Si bien, desempeñaran auxilio a las policías municipales y/o estatales, la participación y esencia de la declaratoria de Seguridad Interior e intervención de las Fuerzas Armadas es por verse rebasadas las policías del orden civil, por lo que la aplicación de las Fuerzas Armadas en labores de control y vigilancia es únicamente y por las fuerzas públicas civiles.

Además, en el cuarto párrafo del mismo artículo citado, expresa “La seguridad pública es una función a cargo de la federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva… (Ídem)” por ello, existiría una contradicción de funciones y que al mismo tiempo contraviene la Constitución Federal, y por ello vuelve inconstitucional la ley.

f) El artículo 30 de la LSI, “Las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas desarrollarán actividades de inteligencia en materia de Seguridad Interior en los ámbitos de sus respectivas competencias. Al realizar las tareas de inteligencia, las autoridades facultadas por esta Ley, podrán hacer uso de cualquier método lícito de recolección de información

Toda obtención de información de inteligencia se realizará con pleno respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.” Sin embargo, al referirse que “podrán hacer uso de cualquier método lícito de recolección de información”, no se especifica cuáles son los métodos lícitos para el ejercicio de la obtención de datos. Lo que al ser obscuro o ambiguo el proceso de su realización contraviene el artículo 16.Constitucional, lo cual resulta improcedente e inaplicable y además detenta y genera un menoscabo a la esfera jurídica de las personas.

De verdad que da gusto ver como los ciudadanos toman en cuenta las instituciones para combatir y luchar por lo que sugieren va contra los mexicanos, ahora habrá que esperar la resolución y respetar sea cual sea el fallo.

davidcastellanost@hotmail.com

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Opinión

¿Ocurrencias o de realidades?

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Qué fácil es perderse en la pirotecnia de la grilla barata, esa que tanto le gusta al sistema para distraer el ojo ciudadano. Mientras en la zona metropolitana de Tampico, la alcaldesa Mónica Zacil Villarreal Anaya tiene que estirar la liga del debate turístico y empresarial frente a un grupúsculo de pseudoambientalistas —esos que descubren el amor por la naturaleza sólo cuando hay presupuesto o reflectores de por medio—, en la acera de enfrente, Erasmo González Robledo implora al cielo que cierren las llaves de la lluvia. Sí, el edil clama por un cese al agua para no ahogar su ambicioso proyecto de obra pública, demostrando que la planeación urbana en estos tiempos a veces depende más de la fe meteorológica que de la ingeniería, eso si, trae más de 200 millones de pesos para celebrar sus logros en este rubro del puro 2026.

Y si de la frontera sur viajamos al norte tamaulipeco; los tejedores de intrigas andan desatados. Intentan sembrar la discordia, amarrar navajas y armar un ring mediático entre Carmen Lilia Canturosas Villarreal y Ninfa Cantú Deándar. Pero se toparon con pared.

Con la firmeza que la caracteriza, y sin un ápice de temor, la secretaria dejó las cosas claras, pulcras y contundentes: ella y su familia nuclear aprecian, respetan y avalan el empeño, ahínco y entrega que los Canturosas le meten a su tierra. Al que quería ver sangre, le dieron una lección de madurez política.

Así, mientras Tamaulipas comienza a desbordarse en pasiones, celos y berrinches climáticos, en el piso más alto de la política social no se hace caso a los chismes de lavadero. Las baterías están puestas en lo que verdaderamente importa: el tejido social.

La doctora María de Villarreal, presidenta del DIF Tamaulipas, demostró una vez más que el verdadero poder radica en servir y no en el ruido. Sin hacer caso a rumores, el DIF Estatal acaba de asestar un golpe de autoridad humanista al entregar 1 millón 200 mil pesos en apoyos económicos y reconocimientos a seis organizaciones de la sociedad civil, ganadoras de la convocatoria Lazos del Bienestar 2026.

Esto no es discurso hueco de campaña; son datos duros. La directora general del organismo, Patricia Lara Ayala, lo puso sobre la mesa con claridad: bajo el liderazgo del gobernador, el doctor Américo Villarreal Anaya, el ser humano vuelve a estar en el centro de la política pública. Este programa no es una ocurrencia de escritorio; ya ha beneficiado a 247 mil personas mediante un acompañamiento real en 12 polígonos de 10 municipios tamaulipecos.

Cuando el gobierno y la sociedad civil caminan juntos, las costuras del estado se fortalecen. Las seis asociaciones que hoy reciben 200 mil pesos cada una no van a simular; van a transformar vidas:El Asilo de Nuestra Señora de Lourdes, Cáritas de Tampico y la Posada del Peregrino en la zona sur.

Nuestra Casita en Altamira.

Un Espacio Digno para Aprender y el proyecto de Fortalecimiento de Espacios Dignos en Matamoros.

En la intimidad..: Al final del día, la grilla puede nacer en Altamira, pero, se extingue y las obras quedan. Mientras los sospechosos de siempre siguen buscando la fractura y el aplauso fácil, la justicia social en Tamaulipas se construye con billetazo limpio a las causas nobles y con las manos limpias de quienes sí trabajan por la comunidad.

La invitación del DIF está abierta para las asociaciones que quieran sumarse. A los demás… que sigan amarrando navajas, que el presupuesto del bienestar ya tiene rumbo claro.

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Opinión

La tropa del… Nuevo Laredo

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“Todo, todo es diferente: todo, todo es diferente”, decia Juan Gabriel. La frontera tamaulipeca siempre ha tenido la peculiaridad de vivir en un ecosistema de realidades paralelas. Mientras de un lado del río Bravo el eco de las agencias de seguridad estadounidenses retumba como granadazo, acá en territorio mexicano el verbo gringo hace lo que el viento a Juárez.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos asestó un golpe sobre la mesa al imponer sanciones financieras a cuatro personas y 11 empresas presuntamente vinculadas al Cártel del Noreste. Para Washington, el CDN es un grupo terrorista extranjero con un fuerte y peligroso arraigo en Nuevo Laredo, Tamaulipas ¿neta?

Ante el estruendo del bombazo acusatorio qué lástima como esquirla al sector empresarial, el Gobierno de Tamaulipas reaccionó con el predecible “operativo del pronunciamiento”, pero, marcó una sana distancia, desvinculándose de cualquier negociación con las firmas señaladas. Sin embargo, la autoridad estatal no logró desmarcar a los neolaredenses, y mucho menos a sus representantes populares, del supuesto e histórico arraigo que el grupo criminal mantiene en la región.

El silencio en esa delgada línea a veces la convierte en una filosa e infalible guillotina en pleno proceso electoral 2026-2027.

Pero aún así, mientras el Departamento del Tesoro dibuja un mapa de vínculos financieros y redes criminales, el eje del poder transformador en Nuevo Laredo: la agenda pública, las sonrisas y los abrazos deben continuar al ritmo que marca el gobernador, por eso, Américo Villarreal Anaya y el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, encabezaron una comitiva de alta diplomacia institucional en la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales.

Ahí, se inauguró una plazoleta y se develó la escultura “La huella de COVECO. Un legado para las nuevas generaciones”. En ese auditorio, ante más de 3,000 estudiantes que buscan abrirse paso en una de las fronteras más complejas del mundo, el mandatario estatal habló de los cuatro pilares de la formación moderna: acceso a la información, investigación, acción social y, paradójicamente, el escrutinio para identificar datos veraces.

El rector encomió la alianza estratégica con el Ejecutivo y aplaudió el respaldo empresarial a través de la Fundación UAT, presidida por Eduardo Garza Robles —donante de la obra artística que fusiona al coyote, el venado y el correcaminos—. «Audacia, sensibilidad y determinación», fueron las cualidades universitarias que se ensalzaron bajo el sol neolaredense.

La paradoja es brutal. Por un lado, la UAT y el Gobierno del Estado intentan sembrar un «ancla de identidad, pertenencia y vocación de servicio» para rescatar el tejido social de una juventud que exige oportunidades. Por el otro, el aparato financiero de la superpotencia vecina nos recuerda que las estructuras delictivas siguen operando e infiltrándose en las venas económicas de la misma ciudad.

Fortalecer la identidad universitaria con obras de vanguardia es un paso trascendental y necesario; negar la importancia de la educación sería un error. Pero el verdadero reto para el gobernador Villarreal Anaya y para las autoridades locales no está en el corte del listón de unas oficinas de vinculación, sino en garantizar que esos 3,000 estudiantes de Comercio no terminen atrapados entre las trampas que lanza el dinero malo y la ley  del plomo.

En la intimidad… La rehabilitación del parque Valladolid, en la colonia Insurgentes, abre una oportunidad para mirar más allá de la inauguración encabezada por Mónica Villarreal Anaya. El Ayuntamiento reporta 51 parques intervenidos de un total de 117 registrados en Tampico. Es decir, la administración ha avanzado en casi la mitad de estos espacios, una cifra que empieza a dibujar una política pública con alcance municipal.

En el Valladolid se rehabilitaron mil 200 metros cuadrados, se repararon accesos, instalaron bancas y mesas de picnic, colocaron juegos infantiles y recuperaron áreas verdes. Son acciones concretas, necesarias, aunque su verdadero será cuando las familias verdaderamente le den vida a ese  lugar, los niños lo hagan suyo y la comunidad encuentre motivos para cuidarlo.

La recuperación de parques también tiene una dimensión social. No resuelve por sí solo los problemas de seguridad ni recompone automáticamente el tejido comunitario, pero ofrece condiciones para que la convivencia vuelva a ocurrir.

El reto para Mónica Villarreal consiste ahora en sostener lo rehabilitado. Pintar, instalar juegos y recuperar jardines es apenas una parte del trabajo. La otra, menos vistosa y más exigente, es garantizar mantenimiento, iluminación, limpieza y vigilancia, sin permitir que los espacios recién recuperados regresen al deterioro por falta de atención.

Cincuenta y un parques representan un avance; los 66 restantes, una tarea pendiente. La diferencia entre una obra de gobierno y una transformación duradera estará en la continuidad.

Al final, el éxito del parque Valladolid no dependerá de cuántas autoridades acudieron a su reinauguración, sino de cuántas familias regresen mañana. Y pasado mañana. Ahí, lejos del discurso oficial, comenzará la verdadera evaluación.

davidcastellanost@hotmail.com

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Opinión

¿De qué tienen miedo los aspirantes de Morena en el sur de Tamaulipas?

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José Luis García Castillo / #Opinión

Tanto se anunció el proceso para elegir coordinadores estatales, distritales y municipales de Morena, que ahora llama la atención el silencio de quienes antes parecían muy animados a participar.

Los registros para las coordinaciones distritales, relacionadas con las diputaciones federales, ya concluyeron y, al menos públicamente, no se han conocido anuncios de figuras políticas de Tamaulipas que hayan formalizado su participación.

Con las coordinaciones municipales, vinculadas al proceso para definir perfiles rumbo a las diputaciones locales y alcaldías, ocurre algo similar: hasta ahora no hay nombres que se hayan hecho públicos en el sur del estado.

¿Qué estará pasando al interior del partido que no pueden hablar de su registro o no quieren adelantarse? ¿Qué estarán esperando? ¿Alguna autorización? ¿El visto bueno?

A nivel nacional han trascendido inconformidades por algunas decisiones internas, pero falta saber si existe una situación similar en Tamaulipas.

El próximo año estarán en juego 36 diputaciones locales, ocho federales y las 43 presidencias municipales.

Hay mucho en juego y el silencio también genera preguntas.

Al final, serán los ciudadanos quienes decidan con su voto libre, razonado y secreto.

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Opinión

¿De veras estamos como Dinamarca?

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Por.- Alberto Dávila / #Opinión

En México, la salud pública se ha convertido en una de las grandes contradicciones del discurso político. Mientras desde los escritorios se presume la transformación del sistema sanitario, en los hospitales del IMSS, IMSS-Bienestar, ISSSTE, PEMEX y los centros de salud de todo el país, pacientes y trabajadores enfrentan una realidad que no se resuelve con conferencias ni declaraciones: faltan medicamentos, escasean los insumos y, en demasiadas ocasiones, no existen las condiciones mínimas para brindar una atención digna. La pregunta es inevitable: ¿de veras estamos como Dinamarca o solamente nos quieren vender esa imagen?

El problema no termina en una receta que el paciente debe surtir por su cuenta. También están los médicos, enfermeras, camilleros y demás trabajadores que, ante la falta de herramientas, materiales y equipo básico, terminan poniendo dinero de su bolsillo para sacar adelante sus jornadas. Es decir, el Estado no garantiza plenamente los recursos para trabajar, pero el personal de salud hace lo posible por no dejar desprotegida a la población. Eso no es eficiencia administrativa; es trasladar las deficiencias institucionales a quienes menos deberían cargar con ellas.

En el IMSS y el ISSSTE, instituciones que durante décadas han sido fundamentales para millones de familias, las quejas por la atención y el abasto siguen golpeando la confianza de los derechohabientes. En IMSS-Bienestar, el reto de ofrecer servicios a quienes no cuentan con seguridad social exige presupuesto suficiente, organización y capacidad operativa. Y en PEMEX, donde la atención médica forma parte de las prestaciones de sus trabajadores y sus familias, también existe una enorme responsabilidad institucional. Cambiar nombres, estructuras o logotipos no sirve de mucho si el paciente sigue saliendo con una receta sin surtir.

Aquí es donde la discusión deja de ser administrativa y se vuelve política. Porque cada medicamento que no llega, cada insumo que falta y cada equipo que no funciona obliga a preguntar quién planeó, quién compró, quién distribuyó y quién supervisó. No basta con culpar al pasado ni con señalar a los gobiernos anteriores como explicación permanente. Quien gobierna tiene la obligación de responder por el presente. Y si los recursos públicos son limitados, corresponde explicar con claridad cómo se utilizan, dónde están las prioridades y por qué las necesidades más elementales siguen sin resolverse.

Lo más grave es que el costo de estas fallas no se mide únicamente en presupuestos o estadísticas, sino en la angustia de una madre que busca un medicamento para su hijo, en el paciente que debe comprar material que esperaba encontrar en el hospital y en el trabajador que enfrenta una jornada complicada sin contar con todo lo necesario. La salud no puede depender de la capacidad económica de cada familia ni de la buena voluntad de quienes trabajan en los hospitales. Tampoco puede sostenerse indefinidamente a costa del sacrificio personal del personal sanitario. La vocación ayuda, pero no sustituye al presupuesto, la planeación ni la responsabilidad pública.

Por eso, ¿de veras estamos como Dinamarca? La pregunta ya no es una provocación, sino una exigencia de resultados. Un sistema de salud digno no se construye con propaganda ni con promesas, sino con medicamentos disponibles, instalaciones funcionales, personal suficiente, salarios justos y trabajadores que no tengan que comprar de su bolsillo las herramientas para cumplir con su deber. Si el discurso oficial habla de transformación, que la transformación se note en las farmacias hospitalarias, en los consultorios y en las salas de urgencias. Porque cuando la enfermedad llega, al ciudadano no le sirven los discursos: necesita atención, necesita medicamentos y necesita respuestas. Y de eso, hasta ahora, es de lo que más se exige cuentas.

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