Por: Zaira Rosas
zairosas.22@gmail.com

El reciente suceso que marcó al proyecto del Tren Interoceánico tras el trágico
descarrilamiento del 28 de diciembre de 2025 en Oaxaca parece haber encontrado
un blanco sencillo para las exigencias de respuesta inmediata: la detención de los
presuntos responsables, especialmente del conductor y del supervisor de turno.

La Fiscalía General de la República (FGR) determinó que el tren circulaba a exceso
de velocidad —65 km/h en una curva donde la norma establece 50 km/h— y basó
gran parte de su dictamen en los datos recuperados de la “caja negra” y otros
peritajes técnicos. Con ello, se detuvo primero al maquinista y después al jefe de
despachadores, quienes ahora enfrentan cargos por homicidio y lesiones
culposas, además de haber sido vinculados a proceso con prisión preventiva.

Para muchos, la pronta acción de la FGR y el respaldo público de la presidenta de
la República buscan transmitir una idea de justicia eficaz y transparente. La
versión oficial insiste en que las conclusiones son producto de peritajes científicos
y que la evidencia apunta al factor humano como detonante directo del accidente.

El exceso de velocidad es una constante que coincide entre las personas
sobrevivientes y quienes llegaron a ayudar a los heridos, de igual forma respecto a
las suposiciones de fallas técnicas graves en la infraestructura y el sistema de
frenado del tren han sido descartadas.

Sin embargo, alrededor de este enfoque de “culpabilidad individual” han florecido
críticas de periodistas, analistas y actores políticos que señalan riesgos de
simplificar la lectura de los hechos. Algunos sectores, como legisladores de la
oposición, han señalado que la detención de los conductores podría convertirse en
un “chivo expiatorio” si no se investiga de fondo el entramado que posibilitó el
accidente, desde la construcción de la infraestructura hasta su operación. El
proyecto del Tren Interoceánico no solo fue una obra emblemática para la
administración federal, sino también un despliegue de contratos, obras y
decisiones políticas complejas que ya habían sido cuestionadas antes del
siniestro.

Diversos reportes y análisis periodísticos han recordado que la Auditoría Superior
de la Federación (ASF) ya había señalado irregularidades y deficiencias técnicas
en tramos de la línea antes del accidente, incluyendo falta de estudios adecuados,
posibles omisiones en los diseños y preocupaciones sobre la geometría de la vía
en zonas críticas como las curvas pronunciadas de Nizanda. Más allá de la
velocidad del tren, estas observaciones ponen en tela de juicio si el diseño y la
supervisión técnica de las obras se hicieron conforme a las normas ferroviarias
actuales.

Las voces de sobrevivientes y testigos coinciden con la versión oficial, pero
también subraya el hecho de que este acontecimiento sugiere fallas en protocolos
de seguridad y advertencia, mismos que uno de los detenidos señala no haber
recibido la capacitación para ejecutarlos. El hecho de que el tren operara sin
seguro para pasajeros durante su primer año de funcionamiento ha sido otra pieza
controversial en el análisis público.

En este cruce de versiones hay una tensión evidente entre obtener respuestas
rápidas y asumir una investigación compleja que busque responsabilidades en
múltiples niveles. Detener al conductor y al supervisor puede ser parte del proceso
de justicia, sobre todo si efectivamente hubo negligencia humana directa. No
obstante, ¿es esta práctica suficiente para que pueda hablarse de un proceso
justo en sentido amplio? La justicia no solo se mide por cuántas detenciones se
realizan, sino por la profundidad y alcance de las investigaciones que permitan
identificar todas las causas —técnicas, administrativas y estructurales— que
pudieron haber contribuido al accidente.

Si el foco se limita a los operadores sin atender otras fallas previamente señaladas
desde el diseño, supervisión y administración del tren, se corre el riesgo de que la
responsabilidad final recaiga desproporcionadamente sobre individuos y no sobre
el sistema que también fue partícipe del accidente. Esto podría traducirse en la
impunidad, por lo que más allá de la detención del conductor, lo que se requiere
para que haya justicia verdadera es un proceso integral y transparente, que
examine tanto el actuar humano como las condiciones materiales y organizativas
que permitieron la tragedia.

En el sur de Tamaulipas hay problemas que no admiten maquillaje ni discursos cómodos. Los socavones son uno de ellos. No se negocian con la retórica ni se posponen con boletines. Están ahí, abriéndose paso bajo calles, avenidas y colonias enteras, recordándonos que durante décadas se dejó envejecer una infraestructura vital hasta llevarla al límite.

A ver. Sin rodeos: todo el crédito del avance es para el gobernador Américo Villarreal Anaya. No porque el problema haya desaparecido —sería falso afirmarlo— sino porque, frente a la adversidad técnica, financiera y política, decidió respaldar a la actual administración de la COMAPA Sur cuando lo fácil era soltarla y convertirla en chivo expiatorio, y eso que motivos y cuadros había de sobra.

Los números no mienten. Durante 2025, la COMAPA Zona Sur destinó 218.4 millones de pesos a la atención de 268 socavones en la zona conurbada. No fue una decisión estética ni electoral, fue una reorientación forzada por la realidad: el subsuelo colapsando representa un riesgo directo para la vida de las personas. De esos hundimientos, 122 se localizaron en Tampico y 146 en Ciudad Madero. Se atendieron 74 en Tampico (64.3%) y 94 en Madero (60.6%). Incluso, entre el 21 y el 27 de enero, aparecieron dos más, como recordatorio de que el problema sigue vivo.

Atender socavones implicó sacrificar otras obras. Recursos que estaban previstos para redes hidráulicas, distribución y pavimentación tuvieron que canalizarse a tapar literalmente los hoyos del pasado. Esa es la parte incómoda que pocos quieren decir: gobernar también es elegir qué se deja de hacer para evitar una tragedia mayor.

Y aun así, en medio de ese escenario adverso, la COMAPA Sur cerró 2025 con un dato que rompe inercias históricas: 26.5 kilómetros de drenaje sanitario instalados, cuando el promedio anual de administraciones anteriores rondaba apenas los cinco kilómetros. No es un milagro. Es gestión bajo presión.

La gerencia general del organismo, ha sido claro al señalar que estos resultados se explican por una reorganización operativa en una red con más de medio siglo de antigüedad. Priorizar los socavones fue una decisión de seguridad comunitaria, no de lucimiento personal.

Todo esto se informa, además, a horas de un corte programado en el suministro de agua potable, que afectará a más de cien colonias de Tampico y Ciudad Madero a partir de las 20:00 horas de este sábado, con restablecimiento paulatino el domingo. La molestia ciudadana es comprensible. Pero también lo es la necesidad de intervenir un sistema que ya no soporta parches improvisados.

Aquí está el punto central: sin respaldo político, la COMAPA Sur no habría tenido margen para reorientar recursos ni para sostener decisiones impopulares pero necesarias. Américo Villarreal entendió que gobernar no siempre da aplausos inmediatos, pero sí evita desgracias futuras. Y eso, en estos tiempos, no es menor.

En la intimidad… La Universidad Autónoma de Tamaulipas dio ayer una señal de estabilidad institucional. La Asamblea Universitaria aprobó el presupuesto para el ejercicio 2026, presentado por el rector Dámaso Anaya Alvarado, tras haber sido previamente analizado y avalado por el Honorable Patronato Universitario.

Con fundamento en el artículo 30, fracción VIII, del Estatuto Orgánico de la UAT, el rector expuso ante el pleno el proyecto de ingresos y egresos, subrayando que se trata de una herramienta central para la conducción ordenada de la vida universitaria, bajo criterios de transparencia, rendición de cuentas, equilibrio presupuestal y apego a la normatividad.

Tras el análisis y la deliberación correspondientes, la Asamblea refrendó su respaldo a la planeación financiera, avalando decisiones orientadas al desarrollo institucional. En su mensaje, Dámaso Anaya destacó que el crecimiento de la UAT ha sido gradual y ordenado: primero en infraestructura, luego en matrícula y, actualmente, con un énfasis claro en el posgrado, la investigación y la producción académica.

La planeación aprobada permitirá atender el crecimiento sostenido de la comunidad estudiantil, mejorar las condiciones de enseñanza y fortalecer la vinculación con los sectores productivos y los distintos niveles de gobierno.

La sesión fue presidida por el rector y contó con la participación de integrantes del gabinete de Rectoría, directores, docentes y estudiantes asambleístas de las 26 dependencias académicas de la UAT, con presencia de las zonas sur, centro y norte del estado, tanto de manera presencial como a distancia. Una fotografía de orden financiero en tiempos donde no sobra.

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Las cifras oficiales del turismo en Tamaulipas durante 2025 ofrecen un punto de partida relevante para entender no sólo el comportamiento de los visitantes, sino el modelo económico que hoy sostiene al sector. Con 17 millones 417 mil 411 turistas y visitantes, el estado alcanzó un máximo histórico; sin embargo, el dato cobra verdadero sentido cuando se revisa su composición.

De ese total, 57.8 por ciento correspondió a turismo nacional, mientras que 40.8 por ciento fue turismo local. El turismo internacional representó apenas el 1.5 por ciento. Más que una debilidad, el dato confirma una realidad estructural: Tamaulipas es un destino que se mueve, fundamentalmente, por dinámicas internas y regionales.

Los principales emisores de turismo nacional fueron Nuevo León, con 3.8 millones de visitantes; San Luis Potosí, con 1.1 millones; la Ciudad de México, con 679 mil; Coahuila, con 366 mil; y Veracruz, con 261 mil. Se trata de flujos cercanos, constantes y mayoritariamente carreteros, que explican por qué el turismo tamaulipeco resiste ciclos económicos adversos y mantiene estabilidad a lo largo del año.

Este perfil tiene ventajas claras: continuidad, arraigo regional y menor volatilidad. Pero también plantea un límite que conviene reconocer con claridad. El turismo que llega es numeroso, pero no necesariamente el que mayor derrama económica genera. La baja proporción de visitantes internacionales sigue siendo el principal desafío para un estado que, por ubicación geográfica y conectividad, podría aspirar a una presencia más sólida en ese segmento.

Desde la Secretaría de Turismo se ha señalado que el mercado internacional —en especial el estadounidense— representa una oportunidad estratégica. La afirmación es correcta, pero el reto no es conceptual, sino operativo. La captación de turismo extranjero depende menos de campañas y más de condiciones sostenidas de seguridad, servicios, profesionalización y certidumbre urbana. Es un proceso de mediano plazo que exige constancia y coordinación institucional.

El dato duro es claro: Tamaulipas ya logró atraer visitantes; ahora el desafío es mejorar la calidad del ingreso turístico. No se trata de competir en volumen, sino en valor. El récord de 2025 debe entenderse como un piso, no como un punto de llegada.

En la intimidad… En paralelo a las cifras económicas, la agenda social avanza en otro registro, menos visible pero igualmente estratégico. Durante la reunión intermunicipal Salud en Todas las Políticas, realizada en Tampico, la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya expuso un enfoque centrado en la prevención y la coordinación institucional como ejes de la política pública en materia de salud.

Más allá del discurso, se presentaron acciones concretas: la recolección de 2 mil 744 toneladas de residuos, principalmente especiales; la incorporación de un triturador industrial de neumáticos para reducir riesgos sanitarios asociados al dengue; y la realización de jornadas médicas semanales en colonias prioritarias.

Un componente que destaca es la participación de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, cuyo papel ha ido más allá del acompañamiento formal. Bajo la conducción del rector Dámaso Anaya Alvarado, la UAT ha fortalecido programas de salud mental en escuelas secundarias públicas, extendiéndolos incluso al personal docente mediante esquemas de atención entre pares. Es un ejemplo de cómo la vinculación universitaria puede traducirse en impacto social directo cuando existe dirección institucional clara.

La coordinación con instancias federales y estatales, incluidas áreas de seguridad y salud, completa un esquema que apuesta por anticiparse a los problemas, no sólo reaccionar ante ellos.

Sin estridencias ni triunfalismos, los datos permiten una lectura puntual: Tamaulipas enfrenta retos estructurales, pero también dispone de bases reales —económicas, institucionales y académicas— para abordarlos. Reconocer ambas cosas, al mismo tiempo, es quizá el ejercicio más honesto que puede hacerse desde el periodismo.

Davidcastellanost@hotmail.com

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El programa federal de conservación y bacheo carretero que se ejecutará a lo largo de 2026 pertenece a esa categoría de la esperanza. NO corta listones espectaculares ni inaugura puentes icónicos, pero aportará al sostén de la vida económica, social y de seguridad de Tamaulipas.

La Secretaría de Obras Públicas del estado ha confirmado que Tamaulipas queda integrado a la región noreste dentro del esquema nacional de conservación de la red federal. En un país donde el deterioro de las carreteras se convirtió durante años en una normalidad peligrosa, la decisión de invertir en mantenimiento es una señal de madurez institucional: entender que la infraestructura no se presume cuando se inaugura, sino cuando funciona.

El plan contempla trabajos dentro de una red nacional que supera los 52 mil kilómetros, con una inversión federal de 50 mil millones de pesos. Para el noreste —Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas y Tamaulipas— se destinan 7 mil 113 millones de pesos para atender 2 mil 110 kilómetros. En términos prácticos, eso significa menos accidentes, menores costos logísticos, mayor competitividad y rutas más seguras en corredores que conectan a Tamaulipas con Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, arterias vitales para el comercio exterior y el tránsito regional.

Aquí vale subrayar algo que pocas veces se dice con claridad: una carretera en mal estado no es solo un problema de movilidad; es un impuesto oculto a la economía familiar y empresarial. Aumenta el desgaste vehicular, eleva tiempos de traslado, encarece el transporte de mercancías y, en contextos como el nuestro, impacta incluso en la seguridad pública. La conservación carretera es, también, una política social silenciosa.

Otro punto relevante es el empleo. La atención de tramos prioritarios y corredores estratégicos genera trabajo local, dinamiza economías regionales y activa cadenas productivas que van desde la construcción hasta los servicios. No es la obra espectacular, pero es la obra que sostiene.

El reto, por supuesto, no está en el anuncio sino en la ejecución: calidad, transparencia y vigilancia social. Que el mantenimiento no sea cosmético ni temporal, que los recursos lleguen al asfalto y no se diluyan en inercias administrativas. En ese punto, la exigencia ciudadana no es oposición; es corresponsabilidad.

Porque si algo ha aprendido Tamaulipas es que la infraestructura no se defiende con discursos, se defiende con resultados medibles y carreteras que resisten el paso del tiempo, del clima y del tráfico pesado.

En la intimidad… Mientras la obra que no luce avanza en silencio, Tampico recibió una ovación internacional. El Premio Excelencias Turísticas, otorgado al Jazz Internacional Tampico Fest 2025 en el marco de la FITUR 2026 en Madrid, coloca al puerto en una vitrina global donde pocos destinos mexicanos logran permanecer por mérito propio.

No es un premio menor ni una casualidad. El festival —realizado del 20 al 24 de octubre— ofreció conciertos gratuitos de artistas nacionales e internacionales y confirmó algo que los tampiqueños saben desde hace décadas: la cultura también es política pública cuando se convierte en identidad, turismo y economía. Tampico, con su arquitectura y atmósfera histórica, vuelve a ser reconocido como el Nuevo Orleans mexicano, no por nostalgia, sino por propuesta.

En la Feria Internacional de Turismo, donde convergen más de 161 países y alrededor de 250 mil visitantes, Tamaulipas mostró lo que a veces se nos olvida defender: historia, gastronomía, artesanías y destinos con personalidad propia. En un mundo saturado de ofertas turísticas genéricas, la autenticidad es el verdadero valor agregado.

Carreteras que conectan y cultura que proyecta. Infraestructura que sostiene y música que convoca. Ese es el Tamaulipas que merece ser leído con respeto por los funcionarios y reconocido por la ciudadanía: el que entiende que el desarrollo no siempre hace ruido, pero cuando se articula bien, deja huella.

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