En pleno siglo XXI, con la tecnología en manos de los ciudadanos y las redes sociales como un testigo constante, resulta inverosímil que los policías viales en México sigan aplicando prácticas de extorsión tan burdas y evidentes. Pero, ¿realmente se trata solo de agentes de tránsito mal pagados y sin capacitación? La respuesta es más compleja y mucho más preocupante.

Detrás de cada «mordida» hay una cadena de mando que inicia en las oficinas de gobierno, con políticos de saco y corbata, lentes de intelectual y peinado de niño bueno, que gestionan el gran negocio de la extorsión vial. Estos personajes son los verdaderos beneficiarios de la corrupción enquistada en la policía de tránsito.

Los agentes viales no son más que peones en un tablero controlado por comandantes y administradores que les imponen cuotas diarias. Es un secreto a voces que, para conservar su empleo, deben entregar una parte de lo recaudado a sus superiores, quienes a su vez responden ante altos funcionarios o incluso alcaldes que financian sus redes clientelares con el dinero de la extorsión.

El caso reciente en Ciudad Madero, Tamaulipas, ilustra la perversidad del sistema: un conductor infringe el reglamento de tránsito, negocia con el oficial y luego lo graba, exhibiendo a un servidor público que, aunque culpable de un acto de corrupción, también es víctima de un esquema mayor. ¿Quién lo obligó a recaudar dinero en lugar de hacer su trabajo? ¿Quién recibirá la mayor parte de ese dinero? La respuesta nos lleva directamente a la cúpula política y administrativa.

En México, la transformación de la seguridad vial no vendrá de los agentes de tránsito, quienes seguirán cumpliendo órdenes mientras su sustento dependa de ello. La verdadera revolución debe partir de los políticos con voluntad real de cambio, aquellos que se atrevan a cortar el flujo de dinero sucio que financia campañas y mantiene el status quo.

¿Quién pondrá el alto? ¿Los oficiales que temen perder su empleo o los gobernantes que lucran con la corrupción? Mientras la respuesta sea incierta, el ciudadano seguirá siendo la víctima de un sistema que se resiste a cambiar.

Quizás el súper exPolicía Federal, Héctor Enrique Treviño Pacheco, subdirector de Tránsito y Vialidad en Ciudad Madero, se le adelante al alcalde Erasmo González Robledo.

En la intimidad… Desde octubre del 2022 a la fecha, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Obras Públicas (SOP), ha ejecutado trabajos de pavimentación en 69,444 metros lineales en municipios de la frontera tamaulipeca.

Pedro Cepeda Anaya, titular de la SOP, informó que se han cubierto 483,245 m² con trabajos de pavimentación en ciudades como Camargo, Guerrero, Díaz Ordaz, Matamoros, Mier, Miguel Alemán, Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo y Valle Hermoso.

Estas acciones buscan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y optimizar la movilidad urbana, aunque sigue pendiente la garantía de que estas obras no terminen en nuevos botines para las redes de corrupción.

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Pamplimas. El expresidente Enrique Peña Nieto, tuvo la acertada decisión de homologar el número de emergencias para todo el país con la marcación 911, pero, ¿hacia dónde vamos? ¿Funciona?

Por eso, en un contexto donde la seguridad pública sigue siendo una prioridad inminente para los mexicanos y por supuesto todos los tamaulipecos, la reciente iniciativa presentada ante la Comisión de Seguridad Pública por el Diputado local por Tampico, Pepe Schekaibán, se perfila como un avance significativo en la mejora de los servicios de emergencia que los ciudadanos tanto requieren.

Con la  propuesta de modificación a la Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, el legislador panista está dando un paso crucial hacia la profesionalización de los operadores  encargados de la atención en las líneas de emergencia, como el 911 y el 089, servicios vitales en situaciones de crisis. Esta modificación tiene como eje central la creación del Servicio Profesional de Carrera, lo que implicará una mejora en las condiciones laborales de los empleados, con el objetivo claro de brindar un servicio más eficiente, sobre todo eso, más eficiente y de calidad para todos los tamaulipecos involucrados en una situación de riesgo.

¡Albricias! Y es que la profesionalización de los operadores de los servicios de emergencia es una necesidad urgente. La calidad de la atención al momento de una emergencia puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, y en este sentido, las medidas propuestas por Schekaibán Ongay, buscan poner a Tamaulipas a la vanguardia en cuanto a la atención ciudadana se refiere.

No es solo un beneficio para los usuarios de los servicios, sino también para los propios trabajadores del sistema de seguridad, quienes verán reconocidos sus esfuerzos con mejores condiciones laborales.

Propuestas como estas suceden cuando se deja atrás la elección, la ideología partidista y las diferencias de bancadas, por eso, es  importante subrayar que este tipo de iniciativas no solo buscan mejorar la infraestructura de seguridad del estado, sino que también reflejan un compromiso con el bienestar de los que residen en Tamaulipas, con o sin credencial de elector. Al incluir el Servicio Profesional de Carrera en la ley, se proporcionan las herramientas necesarias para que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública pueda garantizar una capacitación continua, lo que redundará en una atención más especializada y menos vulnerable a los vaivenes políticos o administrativos.

El diputado Schekaibán, en su calidad de Secretario de la Comisión de Seguridad Pública, ha sido claro al manifestar que los tamaulipecos exigen y merecen servicios de calidad. Esta es una responsabilidad que recae en la labor legislativa y, en consecuencia, en las reformas legales que permitan que el poder ejecutivo implemente los cambios necesarios.

La reforma, que fue aprobada por unanimidad en la comisión de Seguridad Pública, ya se encamina a su votación en el pleno, lo que indica que se trata de un tema que cuenta con el respaldo de todos los actores políticos comprometidos con el bienestar de los tamaulipecos.

En resumen, la iniciativa presentada por Schekaibán y respaldada por otros legisladores tiene el potencial de transformar los servicios de emergencia en Tamaulipas. De ser aprobada en el pleno, sin duda, marcará un antes y un después en la atención a los ciudadanos, llevando al estado un paso más cerca de ser un referente en seguridad pública a nivel nacional. Y lo más importante, se le da voz y respuesta a las necesidades de la gente, esos tamaulipecos que esperan que las emergencias sean atendidas con eficacia, rapidez y, por supuesto, profesionalismo.

En la intimidad…  Con la finalidad de coordinar acciones conjuntas entre los municipios de la zona conurbada y la Administradora del Sistema Portuario Nacional -ASIPONA- este día, la Presidenta municipal Mónica Villarreal Anaya participó en una reunión institucional efectuada en las instalaciones de la Primera Región Naval Militar de Ciudad Madero.

Al encuentro, presidido por el Vicealmirante Juan Carlos Vera Salinas, Comandante de la Primera Región Naval, asistieron también los alcaldes de Altamira y Ciudad Madero, Armando Martínez Manríquez y Erasmo González Robledo, respectivamente, así como la titular de la Capitanía de Puerto, Marysol Esparza Aguinaga; y el Director de la ASIPONA Altamira, Vicealmirante Fidel Maldonado López; además de representantes de la Secretaría de Marina; y la Dirección de Aduanas.

El propósito de la reunión fue para conocer e implementar estrategias de colaboración conjuntas destinadas a optimizar tareas de seguridad, así como proyectos y programas de desarrollo urbano, turístico y social en los municipios sur tamaulipecos.

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El anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el despliegue de 10 mil soldados en la frontera entre México y Estados Unidos, tras una llamada telefónica con el presidente Donald Trump, ha abierto un nuevo capítulo en la relación bilateral entre ambos países. En un primer vistazo, la imagen evocada parece la de una creciente tensión, un show de fuerzas y decisiones geopolíticas que nos invitan a preguntarnos si estamos ante una crisis inminente o ante una pieza más en el ajedrez de la diplomacia internacional.

Lo cierto es que, más allá de la espectacularidad de los números, el manejo de este anuncio y la estrategia detrás de la intervención de tropas parece ser un ejercicio bien calculado, algo que por supuesto ambos mandatarios entendieron: la política es, ante todo, un juego de “estirar la liga” sin dejar que se rompa. Y en este caso, ni México ni Estados Unidos se han «rompido».

El gobierno mexicano, por un lado, no ha caído en el error de ceder ante las amenazas de Trump de imponer aranceles a los productos mexicanos. Al contrario, ha logrado evitar la imposición de medidas económicas destructivas, mientras proyecta una respuesta firme ante las preocupaciones sobre el tráfico de fentanilo y la seguridad fronteriza. Por su parte, Trump, quien se mostró interesado en asegurar que México cumpla con sus compromisos, no ha dado muestras de que sus exigencias vayan a llevarlo a un conflicto frontal con su vecino.

Ambos gobiernos tienen la obligación de manejar los intereses nacionales sin perder de vista el contexto regional e internacional. México, por ejemplo, necesita cuidar su economía y evitar que los aranceles deriven en un golpe letal a sectores clave, como el automotriz o el agrícola. En el otro lado, Estados Unidos, con la presión de la crisis del fentanilo, no puede permitirse ser percibido como débil ante una amenaza que ha costado miles de vidas y que, en su narrativa, tiene sus raíces en territorio mexicano.

El despliegue de soldados, más que una amenaza militar directa, parece ser una pieza negociadora. Ambos países han dejado claro que, aunque la política exterior puede ser tensa y complicada, la verdadera batalla se libra en el terreno de la economía, la seguridad y el respeto mutuo. En este sentido, el juego no ha sido tanto de demostrar fuerza sino de establecer límites y mostrar que, más allá de los gestos rimbombantes, la disposición para negociar sigue siendo la clave.

De aquí en adelante, la verdadera prueba será cómo ambos gobiernos aborden la guerra contra el fentanilo y la respuesta de Trump una vez que se venza el plazo de un mes acordado. Si la cooperación entre los dos países logra salir fortalecida en ese contexto, la llamada de la que todos hablamos hoy puede ser vista como un éxito en el largo plazo. Sin embargo, no podemos perder de vista que, como siempre en la política internacional, el diablo está en los detalles. Los compromisos deben ser más que palabras vacías; deben traducirse en resultados tangibles.

En la intimidad… Y mientras tanto, dentro de nuestras fronteras, en un plano más local, COMAPA Altamira también ha dado de qué hablar. Con su campaña “Regularízate”, la institución demuestra que la política y la economía, aunque distantes de los grandes foros internacionales, también pueden ser fuentes de soluciones efectivas para el ciudadano común.

Durante el mes de febrero, Omar Hernandez Leines, gerente general de la COMAPA Altamira ofrece un 100% de descuento en recargos y gastos adicionales, una estrategia que no solo alivia a los contribuyentes, sino que refuerza el sentido de comunidad en tiempos de incertidumbre económica.

Es una muestra clara de que, al igual que en el ámbito internacional, el enfoque estratégico también puede ser una herramienta de bienestar colectivo. Al final del día, las pequeñas decisiones que impactan en la vida de las personas también son parte de esa gran partida de ajedrez que es la política.

En un mundo lleno de tensiones, a veces es necesario recordarnos que, al igual que los grandes actores internacionales, todos jugamos para ganar. Y en este caso, el programa “Regularízate”, respaldado también, por el alcalde Armando Martinez Manríquez,  es una jugada que, sin duda, beneficia a todos.

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En un contexto donde la figura del político es constantemente cuestionada por la lejanía con sus representados, es alentador  encontrar a aquellos que, lejos de resguardarse en su oficina o agendas repletas de compromisos, deciden invertir su tiempo en una labor tangible y cercana a la gente.

Este es el caso de Humberto Prieto Herrera, diputado presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Tamaulipas, quien ha demostrado que el servicio público no se limita a los pasillos del Congreso, sino que se vive, se respira y se siente en las calles.

Durante la última semana, Prieto Herrera ha aprovechado su tiempo, en gran parte dedicado a las responsabilidades legislativas, para atender directamente a los ciudadanos de Reynosa que necesitan apoyos médicos especiales, como sillas de ruedas, andaderas y bastones. Un gesto que, en tiempos donde las promesas vacías se han vuelto moneda corriente, resalta por su autenticidad y cercanía con la gente.

Es importante señalar que, más allá de los discursos y las reuniones formales, Prieto Herrera ha hecho de la atención personalizada una de sus principales herramientas de trabajo. A través de sus redes sociales y un grupo de gestión que ha establecido con su equipo, ha logrado canalizar las necesidades de los ciudadanos de manera eficaz y directa. Este tipo de trabajo implica una dedicación que muchos políticos no están dispuestos a asumir: escuchar, responder y actuar en consecuencia.

La semana culminó con un gesto lleno de calidez humana. Humberto se Prieto Herrera cerró su agenda de trabajo en la colonia Margarita Maza de Juárez, donde, además de entregar más apoyos, se unió a la celebración anticipada del Día de la Candelaria, un festejo comunitario lleno de tradición, que tuvo lugar en la casa de la señora Socorro Alberto, quien generosamente abrió las puertas de su hogar para compartir con los vecinos un día de tamales y convivencia. Un evento aparentemente sencillo, pero que simboliza el vínculo entre un político y la comunidad a la que sirve.

A veces, es en estos pequeños gestos, lejos de los reflectores y las cámaras, donde realmente se mide el compromiso de un servidor público. Humberto Prieto Herrera ha mostrado que, a pesar de los numerosos desafíos y responsabilidades de su cargo, no hay excusa para no estar presente en los momentos que realmente importan para los ciudadanos. Esta es la política que necesitamos: aquella que se construye desde abajo, en contacto directo con las personas, reconociendo y atendiendo sus necesidades.

Este tipo de liderazgo nos recuerda que los verdaderos cambios no solo se logran a través de reformas legislativas o discursos grandilocuentes, sino también en los pequeños actos de solidaridad, en la disposición de estar ahí cuando se necesita y en la capacidad de escuchar y responder a las demandas de los más desamparados.

Humberto Prieto Herrera ha dado una lección de lo que significa estar al servicio de la comunidad. En un entorno político donde la desconexión entre representantes y representados es cada vez más evidente, su ejemplo destaca como un recordatorio de que la política no es solo un trabajo de oficina: es, sobre todo, un trabajo de corazón.

En la intimidad… El presidente municipal de Altamira, Dr. Armando Martínez Manríquez, envió  un documento a la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior Agrario, Claudia Dinorah Velázquez González, solicitando la reconsideración del Acuerdo General 2/2025.

Esta decisión administrativa afecta gravemente al sector agrario de la zona al modificar la competencia territorial de los Tribunales Unitarios Agrarios de los Distritos 30 y 43, y propone la eliminación de la sede alterna del Distrito 30ª, ubicada en Altamira, Tamaulipas.

El alcalde expresó  su preocupación, ya que esta reestructuración obligaría a los campesinos de la región a perder el acceso inmediato a la justicia agraria. En su solicitud, pidió  que se deje sin efecto el acuerdo y que se mantenga la sede del Tribunal en Altamira, argumentando que la medida no responde a criterios de justicia social y equidad.

Además, destacó  el compromiso del Ayuntamiento de Altamira, que invirtió 2 millones 580 mil pesos para remodelar las instalaciones del Tribunal, garantizando un espacio adecuado para su funcionamiento. También señaló  que la decisión de mover la sede carece de justificación, ya que el Tribunal en Altamira proporciona acceso equitativo a campesinos y comunidades de Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo y San Luis Potosí.

Finalmente, el alcalde subrayó  que esta reestructuración podría ser discriminatoria y violatoria de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Reiteró  su llamado a garantizar la justicia pronta y expedita para las comunidades campesinas de la región, asegurando la permanencia de la sede del Tribunal en Altamira.

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