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La desatención familiar y social a la que se enfrentan millones de familias en México es abrumadora, la madre y el padre salen a trabajar para buscar alimento y sustento.

En esta búsqueda de ingreso invierten entre 8 y 12 horas por día, dejando a su prole a cargo de las o los hermanos mayores, quienes a su corta edad, no tienen los conocimientos para lidiar con la responsabilidad otorgada, y sin experiencia ni madurez se angustian al ver que las y los hermanos menores no responden a sus pueriles indicaciones.

Con la presión y miedo de entregar cuentas a quienes depositaron su confianza en ellos, recurren a medidas desesperadas para “disciplinar” a las y los infantes a su cargo, esto implica: maltrato físico, verbal, psicológico y emocional.

A menudo también sienten deseo de salir a jugar y distraerse, así que deciden dejar encerrados a los menores que les han confiado. Los cuidadores y los cuidados no ven que sus necesidades sean cubiertas.

En la medida que nuestra madre y padre nos ayudaron o fallaron en satisfacer nuestras necesidades de afecto siendo apenas infantes, empezamos a formarnos emocionalmente. Esto establece vínculos determinantes con las personas que nos rodean en el presente.

Las personas sentimos afecto o la falta de él, desde que estamos en el vientre. Registramos todas las emociones maternas y desde ahí hasta los 6 o 7 años, el trato que nos brinden determinará nuestro carácter.

Desde la infancia sentimos la amenaza de perder afecto de nuestra madre y padre si no acatamos sus indicaciones, es decir, desde muy temprana edad aprendemos a amarnos y apreciarnos o a rechazarnos y renunciar a nosotros mismos: “hacemos lo posible para cumplir con las expectativas de nuestra madre y padre.

Muchas veces esas personas están alimentadas de frustración o patrones deteriorados que nos convierten en víctimas o victimarios de abuso emocional a temprana edad”.

El asesinato del niño, Christopher Raymundo Márquez, quien se encontraba afuera de su casa cuando las y los adolescentes que lo asesinaron lo invitaron a “jugar” y a juntar leña para después estrangularlo, apuñalarlo, lapidar e inhumar, arrancarle cachetes y ojos atrapó la atención de la ciudadanía.

Saber de este asesinato, la forma en la que se cometió y las personas que lo hicieron fue lo que sacudió a la sociedad mexicana.

Leer y escuchar que los menores de edad declararon que “jugaban” al secuestro cuando asesinaron a Christopher fue escalofriante.

Las reacciones fueron múltiples.

En el fraccionamiento “Laderas de San Guillermo”, las familias se organizaban para reunir firmas y expulsar a la madre y padre de los menores infractores aunque la pareja ya se había marchado de aquel lugar por temor a las amenazas recibidas.
La madre de Christopher puso la denuncia.

Pero, ¿dónde quedaron las alertas que enviaban quienes asesinaron a Cristopher?

Las acciones de estos infantes y adolescentes fueron constantes, es decir, rompían vidrios, quemaban casas con animales dentro, uno de ellos quiso estrangular a su hermano menor, una de las niñas había sido expulsada de la escuela por golpear infantes que la acosaban.

Las y los vecinos habían notado el comportamiento disfuncional de la familia.
¿Por qué nadie brindó apoyo psicológico y social a las y los menores infractores y a sus familias antes de cometer la barbarie?

Los artículos que contiene la ley para la protección de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes del estado mexicano mencionan que: la prevención y atención de estas personas deberán ser consideradas por todas las instituciones públicas o privadas.
Las niñas y niños mexicanos deberán desarrollarse de forma integral: Conjunto de acciones que deben realizar el Estado, la Familia y la Sociedad a favor de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en condiciones de desventaja social, física o mental y que tienen por objeto garantizar el ejercicio de sus derechos, satisfacer sus necesidades básicas y propiciar su desarrollo biopsicosocial.
También estipula, que se deben aplicar acciones de prevención para evitar el deterioro de las condiciones de vida de las niñas, niños y adolescentes, así como las situaciones que pongan en riesgo su supervivencia y desarrollo.
Deberán recibir asistencia social: modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan al individuo su desarrollo integral, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, desprotección o desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva.

En los artículos de dicha ley también se menciona que se les otorgará atención Integral: Conjunto de acciones que deben realizar los Órganos Locales de Gobierno, familia y sociedad a favor de las niñas, niños y adolescentes para propiciar su desarrollo integral y garantizar sus derechos.

La ley también contempla a las organizaciones sociales y privadas para que realicen acciones a favor de las niñas, niños y adolescentes.

-¿Por qué lo estipulado en los artículos de dicha ley, no se aplica con eficiencia y eficacia?-

Mientras los ingresos de las familias de escasos recursos sigan siendo de sueldo mínimo y tengan que dedicar la mayor parte de su tiempo a trabajar, aunque esto represente descuidar a su descendencia, las familias no lograrán el anhelado bienestar, mientras las familias sigan sin recibir asesoría familiar para aminorar la disfuncionalidad, difícilmente entregarán a la sociedad mujeres y hombres con valores, mientras su desarrollo continúe dándose en “mini casas” que propician hacinamiento y una inadecuada interacción familiar, las cosas no cambiarán.

Mientras las familias no cuenten con las herramientas necesarias para desarrollarse en un ambiente sano, física, mental, emocional y económicamente, las familias mexicanas seguirán en el círculo vicioso de la violencia y la disfuncionalidad.

Nuevamente las instituciones le fallaron a Cristopher, a sus infantes y adolescentes asesinos.

Mientras la ley para la protección de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes del estado mexicano no se cumpla íntegramente, el estado y las familias mexicanas seguirán cosechando tormentas.
veronicacruzfrias@hotmail.com

 

 

 

 

Opinión

¿Ocurrencias o de realidades?

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Qué fácil es perderse en la pirotecnia de la grilla barata, esa que tanto le gusta al sistema para distraer el ojo ciudadano. Mientras en la zona metropolitana de Tampico, la alcaldesa Mónica Zacil Villarreal Anaya tiene que estirar la liga del debate turístico y empresarial frente a un grupúsculo de pseudoambientalistas —esos que descubren el amor por la naturaleza sólo cuando hay presupuesto o reflectores de por medio—, en la acera de enfrente, Erasmo González Robledo implora al cielo que cierren las llaves de la lluvia. Sí, el edil clama por un cese al agua para no ahogar su ambicioso proyecto de obra pública, demostrando que la planeación urbana en estos tiempos a veces depende más de la fe meteorológica que de la ingeniería, eso si, trae más de 200 millones de pesos para celebrar sus logros en este rubro del puro 2026.

Y si de la frontera sur viajamos al norte tamaulipeco; los tejedores de intrigas andan desatados. Intentan sembrar la discordia, amarrar navajas y armar un ring mediático entre Carmen Lilia Canturosas Villarreal y Ninfa Cantú Deándar. Pero se toparon con pared.

Con la firmeza que la caracteriza, y sin un ápice de temor, la secretaria dejó las cosas claras, pulcras y contundentes: ella y su familia nuclear aprecian, respetan y avalan el empeño, ahínco y entrega que los Canturosas le meten a su tierra. Al que quería ver sangre, le dieron una lección de madurez política.

Así, mientras Tamaulipas comienza a desbordarse en pasiones, celos y berrinches climáticos, en el piso más alto de la política social no se hace caso a los chismes de lavadero. Las baterías están puestas en lo que verdaderamente importa: el tejido social.

La doctora María de Villarreal, presidenta del DIF Tamaulipas, demostró una vez más que el verdadero poder radica en servir y no en el ruido. Sin hacer caso a rumores, el DIF Estatal acaba de asestar un golpe de autoridad humanista al entregar 1 millón 200 mil pesos en apoyos económicos y reconocimientos a seis organizaciones de la sociedad civil, ganadoras de la convocatoria Lazos del Bienestar 2026.

Esto no es discurso hueco de campaña; son datos duros. La directora general del organismo, Patricia Lara Ayala, lo puso sobre la mesa con claridad: bajo el liderazgo del gobernador, el doctor Américo Villarreal Anaya, el ser humano vuelve a estar en el centro de la política pública. Este programa no es una ocurrencia de escritorio; ya ha beneficiado a 247 mil personas mediante un acompañamiento real en 12 polígonos de 10 municipios tamaulipecos.

Cuando el gobierno y la sociedad civil caminan juntos, las costuras del estado se fortalecen. Las seis asociaciones que hoy reciben 200 mil pesos cada una no van a simular; van a transformar vidas:El Asilo de Nuestra Señora de Lourdes, Cáritas de Tampico y la Posada del Peregrino en la zona sur.

Nuestra Casita en Altamira.

Un Espacio Digno para Aprender y el proyecto de Fortalecimiento de Espacios Dignos en Matamoros.

En la intimidad..: Al final del día, la grilla puede nacer en Altamira, pero, se extingue y las obras quedan. Mientras los sospechosos de siempre siguen buscando la fractura y el aplauso fácil, la justicia social en Tamaulipas se construye con billetazo limpio a las causas nobles y con las manos limpias de quienes sí trabajan por la comunidad.

La invitación del DIF está abierta para las asociaciones que quieran sumarse. A los demás… que sigan amarrando navajas, que el presupuesto del bienestar ya tiene rumbo claro.

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Opinión

La tropa del… Nuevo Laredo

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“Todo, todo es diferente: todo, todo es diferente”, decia Juan Gabriel. La frontera tamaulipeca siempre ha tenido la peculiaridad de vivir en un ecosistema de realidades paralelas. Mientras de un lado del río Bravo el eco de las agencias de seguridad estadounidenses retumba como granadazo, acá en territorio mexicano el verbo gringo hace lo que el viento a Juárez.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos asestó un golpe sobre la mesa al imponer sanciones financieras a cuatro personas y 11 empresas presuntamente vinculadas al Cártel del Noreste. Para Washington, el CDN es un grupo terrorista extranjero con un fuerte y peligroso arraigo en Nuevo Laredo, Tamaulipas ¿neta?

Ante el estruendo del bombazo acusatorio qué lástima como esquirla al sector empresarial, el Gobierno de Tamaulipas reaccionó con el predecible “operativo del pronunciamiento”, pero, marcó una sana distancia, desvinculándose de cualquier negociación con las firmas señaladas. Sin embargo, la autoridad estatal no logró desmarcar a los neolaredenses, y mucho menos a sus representantes populares, del supuesto e histórico arraigo que el grupo criminal mantiene en la región.

El silencio en esa delgada línea a veces la convierte en una filosa e infalible guillotina en pleno proceso electoral 2026-2027.

Pero aún así, mientras el Departamento del Tesoro dibuja un mapa de vínculos financieros y redes criminales, el eje del poder transformador en Nuevo Laredo: la agenda pública, las sonrisas y los abrazos deben continuar al ritmo que marca el gobernador, por eso, Américo Villarreal Anaya y el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, encabezaron una comitiva de alta diplomacia institucional en la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales.

Ahí, se inauguró una plazoleta y se develó la escultura “La huella de COVECO. Un legado para las nuevas generaciones”. En ese auditorio, ante más de 3,000 estudiantes que buscan abrirse paso en una de las fronteras más complejas del mundo, el mandatario estatal habló de los cuatro pilares de la formación moderna: acceso a la información, investigación, acción social y, paradójicamente, el escrutinio para identificar datos veraces.

El rector encomió la alianza estratégica con el Ejecutivo y aplaudió el respaldo empresarial a través de la Fundación UAT, presidida por Eduardo Garza Robles —donante de la obra artística que fusiona al coyote, el venado y el correcaminos—. «Audacia, sensibilidad y determinación», fueron las cualidades universitarias que se ensalzaron bajo el sol neolaredense.

La paradoja es brutal. Por un lado, la UAT y el Gobierno del Estado intentan sembrar un «ancla de identidad, pertenencia y vocación de servicio» para rescatar el tejido social de una juventud que exige oportunidades. Por el otro, el aparato financiero de la superpotencia vecina nos recuerda que las estructuras delictivas siguen operando e infiltrándose en las venas económicas de la misma ciudad.

Fortalecer la identidad universitaria con obras de vanguardia es un paso trascendental y necesario; negar la importancia de la educación sería un error. Pero el verdadero reto para el gobernador Villarreal Anaya y para las autoridades locales no está en el corte del listón de unas oficinas de vinculación, sino en garantizar que esos 3,000 estudiantes de Comercio no terminen atrapados entre las trampas que lanza el dinero malo y la ley  del plomo.

En la intimidad… La rehabilitación del parque Valladolid, en la colonia Insurgentes, abre una oportunidad para mirar más allá de la inauguración encabezada por Mónica Villarreal Anaya. El Ayuntamiento reporta 51 parques intervenidos de un total de 117 registrados en Tampico. Es decir, la administración ha avanzado en casi la mitad de estos espacios, una cifra que empieza a dibujar una política pública con alcance municipal.

En el Valladolid se rehabilitaron mil 200 metros cuadrados, se repararon accesos, instalaron bancas y mesas de picnic, colocaron juegos infantiles y recuperaron áreas verdes. Son acciones concretas, necesarias, aunque su verdadero será cuando las familias verdaderamente le den vida a ese  lugar, los niños lo hagan suyo y la comunidad encuentre motivos para cuidarlo.

La recuperación de parques también tiene una dimensión social. No resuelve por sí solo los problemas de seguridad ni recompone automáticamente el tejido comunitario, pero ofrece condiciones para que la convivencia vuelva a ocurrir.

El reto para Mónica Villarreal consiste ahora en sostener lo rehabilitado. Pintar, instalar juegos y recuperar jardines es apenas una parte del trabajo. La otra, menos vistosa y más exigente, es garantizar mantenimiento, iluminación, limpieza y vigilancia, sin permitir que los espacios recién recuperados regresen al deterioro por falta de atención.

Cincuenta y un parques representan un avance; los 66 restantes, una tarea pendiente. La diferencia entre una obra de gobierno y una transformación duradera estará en la continuidad.

Al final, el éxito del parque Valladolid no dependerá de cuántas autoridades acudieron a su reinauguración, sino de cuántas familias regresen mañana. Y pasado mañana. Ahí, lejos del discurso oficial, comenzará la verdadera evaluación.

davidcastellanost@hotmail.com

@dect1608

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Opinión

¿De qué tienen miedo los aspirantes de Morena en el sur de Tamaulipas?

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José Luis García Castillo / #Opinión

Tanto se anunció el proceso para elegir coordinadores estatales, distritales y municipales de Morena, que ahora llama la atención el silencio de quienes antes parecían muy animados a participar.

Los registros para las coordinaciones distritales, relacionadas con las diputaciones federales, ya concluyeron y, al menos públicamente, no se han conocido anuncios de figuras políticas de Tamaulipas que hayan formalizado su participación.

Con las coordinaciones municipales, vinculadas al proceso para definir perfiles rumbo a las diputaciones locales y alcaldías, ocurre algo similar: hasta ahora no hay nombres que se hayan hecho públicos en el sur del estado.

¿Qué estará pasando al interior del partido que no pueden hablar de su registro o no quieren adelantarse? ¿Qué estarán esperando? ¿Alguna autorización? ¿El visto bueno?

A nivel nacional han trascendido inconformidades por algunas decisiones internas, pero falta saber si existe una situación similar en Tamaulipas.

El próximo año estarán en juego 36 diputaciones locales, ocho federales y las 43 presidencias municipales.

Hay mucho en juego y el silencio también genera preguntas.

Al final, serán los ciudadanos quienes decidan con su voto libre, razonado y secreto.

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Opinión

¿De veras estamos como Dinamarca?

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Por.- Alberto Dávila / #Opinión

En México, la salud pública se ha convertido en una de las grandes contradicciones del discurso político. Mientras desde los escritorios se presume la transformación del sistema sanitario, en los hospitales del IMSS, IMSS-Bienestar, ISSSTE, PEMEX y los centros de salud de todo el país, pacientes y trabajadores enfrentan una realidad que no se resuelve con conferencias ni declaraciones: faltan medicamentos, escasean los insumos y, en demasiadas ocasiones, no existen las condiciones mínimas para brindar una atención digna. La pregunta es inevitable: ¿de veras estamos como Dinamarca o solamente nos quieren vender esa imagen?

El problema no termina en una receta que el paciente debe surtir por su cuenta. También están los médicos, enfermeras, camilleros y demás trabajadores que, ante la falta de herramientas, materiales y equipo básico, terminan poniendo dinero de su bolsillo para sacar adelante sus jornadas. Es decir, el Estado no garantiza plenamente los recursos para trabajar, pero el personal de salud hace lo posible por no dejar desprotegida a la población. Eso no es eficiencia administrativa; es trasladar las deficiencias institucionales a quienes menos deberían cargar con ellas.

En el IMSS y el ISSSTE, instituciones que durante décadas han sido fundamentales para millones de familias, las quejas por la atención y el abasto siguen golpeando la confianza de los derechohabientes. En IMSS-Bienestar, el reto de ofrecer servicios a quienes no cuentan con seguridad social exige presupuesto suficiente, organización y capacidad operativa. Y en PEMEX, donde la atención médica forma parte de las prestaciones de sus trabajadores y sus familias, también existe una enorme responsabilidad institucional. Cambiar nombres, estructuras o logotipos no sirve de mucho si el paciente sigue saliendo con una receta sin surtir.

Aquí es donde la discusión deja de ser administrativa y se vuelve política. Porque cada medicamento que no llega, cada insumo que falta y cada equipo que no funciona obliga a preguntar quién planeó, quién compró, quién distribuyó y quién supervisó. No basta con culpar al pasado ni con señalar a los gobiernos anteriores como explicación permanente. Quien gobierna tiene la obligación de responder por el presente. Y si los recursos públicos son limitados, corresponde explicar con claridad cómo se utilizan, dónde están las prioridades y por qué las necesidades más elementales siguen sin resolverse.

Lo más grave es que el costo de estas fallas no se mide únicamente en presupuestos o estadísticas, sino en la angustia de una madre que busca un medicamento para su hijo, en el paciente que debe comprar material que esperaba encontrar en el hospital y en el trabajador que enfrenta una jornada complicada sin contar con todo lo necesario. La salud no puede depender de la capacidad económica de cada familia ni de la buena voluntad de quienes trabajan en los hospitales. Tampoco puede sostenerse indefinidamente a costa del sacrificio personal del personal sanitario. La vocación ayuda, pero no sustituye al presupuesto, la planeación ni la responsabilidad pública.

Por eso, ¿de veras estamos como Dinamarca? La pregunta ya no es una provocación, sino una exigencia de resultados. Un sistema de salud digno no se construye con propaganda ni con promesas, sino con medicamentos disponibles, instalaciones funcionales, personal suficiente, salarios justos y trabajadores que no tengan que comprar de su bolsillo las herramientas para cumplir con su deber. Si el discurso oficial habla de transformación, que la transformación se note en las farmacias hospitalarias, en los consultorios y en las salas de urgencias. Porque cuando la enfermedad llega, al ciudadano no le sirven los discursos: necesita atención, necesita medicamentos y necesita respuestas. Y de eso, hasta ahora, es de lo que más se exige cuentas.

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