Por: Zaira Rosas
zairosas.22@gmail.com
Dafne Zapata tenía 13 años, la edad de la adolescencia, esa etapa donde muchas
familias, en busca de disciplina o de nuevas alternativas para la formación de sus
hijas e hijos, consideran opciones distintas al modelo educativo tradicional. Entre
ellas se encuentran las llamadas escuelas militarizadas, instituciones que ofrecen
orden, valores y carácter como parte de su proyecto educativo. Sin embargo,
detrás de esa promesa existe un vacío institucional que durante años ha pasado
desapercibido: aunque algunas operan con reconocimiento oficial de estudios por
parte de la Secretaría de Educación Pública, la propia Secretaría de la Defensa
Nacional ha señalado que no las autoriza ni supervisa, dejando sus métodos
disciplinarios fuera de un esquema especializado de control.
Lamentablemente, el caso de Dafne no ha sido el único. Erick Terán, en la Ciudad
de México, y Zamir Pinto, en el Estado de México, son nombres de jóvenes que
también perdieron la vida tras permanecer en instituciones de este tipo. Aunque en
su momento parecieron casos aislados, hoy la muerte de Dafne reabre un debate
que nunca debió cerrarse: ¿qué ocurre al interior de estos planteles y quién vigila
las prácticas que se ejercen sobre niñas, niños y adolescentes?
Los testimonios de estudiantes y familiares coinciden en describir un patrón
preocupante: aislamiento de sus familias, ejercicios físicos extremos, castigos,
humillaciones y distintos tipos de violencia que poco tienen que ver con la
disciplina y mucho con prácticas que, de acreditarse, podrían constituir tratos
crueles, inhumanos o incluso tortura. La disciplina forma; la violencia somete.
Confundir una con la otra no sólo vulnera derechos, sino que pone en riesgo la
integridad e incluso la vida de quienes deberían encontrarse en un espacio
seguro.
Parte del problema radica en la percepción de que estas instituciones funcionan
bajo estándares militares oficiales. La realidad es distinta. La Defensa ha
precisado que no tiene facultades para autorizar ni supervisar este tipo de
escuelas, mientras que la incorporación al sistema educativo únicamente acredita
aspectos académicos, no los métodos de entrenamiento, convivencia o disciplina
que aplican fuera del aula. Ese vacío ha permitido que algunas instituciones
construyan una imagen de rigor y autoridad sin que exista una supervisión efectiva
sobre las condiciones en las que operan.
La madre de Dafne recibió llamadas avisándole que su hija no estaba bien, incluso
un video donde se le veían los golpes, todo por un accidente según le habían
comentado, después tuvo que recoger el cadáver de su hija quien según la
institución había desfallecido en las regaderas, aunque la autopsia revela
ahogamiento. Este patrón se repite en los otros casos, donde las madres aún
piden justicia, y tristemente no son los únicos pues ex estudiantes de este tipo de
academias relatan actos atroces que atenta contra derechos humanos.
En medio de este panorama la discusión no puede limitarse en si estamos a favor
o en contra de este tipo de lugares. Sin duda cualquier proceso educativo depería
contemplar valores como disciplina y respeto, lo que resulta inadmisible es que,
bajo ese discurso, se normalicen prácticas que atenten contra la dignidad y los
derechos de las personas y que se cree una especie de pacto de silencio colectivo
en este tipo de academias como resultado del miedo impuesto.
El caso de Dafne obliga a ir más allá de una indignación momentánea, si bien ya
hay una persona detenida, su caso es ejemplo de la irregularidad de muchas
instituciones, mismas que deberían contar con mecanismos permanentes de
supervisión, más allá de sus programas académicos, ¿quién regula el resto de
prácticas? Cómo es posible que con más de un caso reportado de abuso no se
haya dado continuidad a las investigaciones, al momento la presidenta Claudia
Sheinbaum ya pidió la revisión de estos espacios en Tamaulipas donde tuvieron
lugar los hechos, pero estas supuestas escuelas operan en otras entidades y
requieren del mismo rigor que tanto promueven para aprobar su existencia.
Las prácticas físicas que se promueven son un gancho atractivo para juventudes
que buscan moldear el carácter e incluso adquirir otras habilidades, sin embargo,
es indispensable que su realización esté sujeta a prácticas corroboradas y
supervisadas donde la salud no esté en riesgo.
