Por: Zaira Rosas
zairosas.22@gmail.com
El pasado 5 de abril se realizó uno de tantos festivales que tienen lugar en la
Ciudad de México: el AXE Ceremonia, un evento donde las personas se reunían
por una pasión compartida, la música. Sin embargo, en esta ocasión dos personas
perdieron la vida por la indebida colocación de una estructura en una grúa que
terminó colapsando sobre dos personas: Berenice Giles y Miguel Hernández.
Menciono sus nombres porque se suman a la larga lista de personas del ámbito
periodístico que fallecen en el ejercicio de su labor, porque sus familiares merecen
que se haga justicia y caigan los responsables de la irresponsabilidad que terminó
con los sueños de los jóvenes fotógrafos que se encontraban cubriendo un evento
sin siquiera contar con condiciones dignas laboralmente hablando.
Lo sucedido es solo la punta de un iceberg donde todos somos partícipes de que
la irresponsabilidad de paso a la impunidad y estos actos sigan teniendo lugar sin
los cuidados adecuados y explotando áreas verdes para el beneficio de empresas
que no cumplen con los procesos debidos de seguridad y atención. El 5 de abril
dos fotógrafos perdieron la vida, no obstante, el festival siguió como si nada
pasara, el show debía continuar.
El parque bicentenario es un espacio que desde la administración de Enrique
Peña Nieto se ha aprovechado para una gran variedad de eventos, fue
concesionado durante su gestión a Operadora de Proyectos de Entretenimiento
NLP, SA de CV, cuyo dueño de acuerdo a “Mexicanos contra la corrupción y la
impunidad” también está vinculado a la empresa de seguridad privada CAMSA,
misma que ya estuvo ligada a otra tragedia, pues era la encargada de vigilar la
estación de migración de Ciudad Juárez donde alrededor de 40 personas
perdieron la vida por un incendio en 2023.
Una vez ocurrida la tragedia todo mundo se lavó las manos, los comunicados del
festival decían que los fotógrafos recibieron atención médica para ser trasladados
con vida al hospital, versión que posteriormente fue desmentida. Aunque la
concesión le correspondía a la Operadora NLP, esta a su vez cedió la
organización del evento a Grupo ECO. Lo anterior nos deja con la misma pregunta
¿Quién es responsable de lo sucedido? Y tal como ocurre en el resto de
situaciones de México aún no tenemos respuesta.
¿Fue el gobierno por la falta se supervisión de protección civil durante el evento?
Pues aunque se habían realizado procesos de revisión donde no figuraba la
estructura que se desplomó, no hubo personas al pendiente en el momento y la
labor gubernamental no termina sólo con simples recomendaciones. ¿La
responsabilidad la tienen las empresas que por lucrar con este tipo de festivales
se olvidan de los procesos de seguridad? ¿O incluso recae en nosotros como
usuarios que terminamos olvidando que también como consumidores tenemos un
gran impacto, pues sin demanda la oferta de estos eventos no se incrementaría y
tampoco serían exagerados los costos por acudir a los mismos?
Nuevamente, el lamentable suceso nos deja ver mucho más, la impunidad con la
que grandes empresas pueden operar, cambiar de rubro o nombre y seguir con
grandes vínculos que favorezcan su desarrollo. La precarización laboral y la
desigualdad social que llevan a personas a aceptar condiciones infrahumanas de
trabajo con tal de ser partícipes de eventos de esta magnitud.
Tristemente también es un reflejo de la apatía, la superficialidad y el desinterés
social en el que podemos sumirnos, donde se prioriza un concierto masivo y no las
vidas humanas. ¿por qué no se paró el evento ante la tragedia? ¿cómo es que las
y los asistentes siguieron cantando y bailando pese a las pérdidas humanas?
Nuevamente nos encontramos ante una situación donde pareciera que el
entretenimiento pesa más que nuestra propia humanidad.
