Por Bernardo Gallardo
El caso de Carlota «N», la abuela justiciera de Chalco, es el reflejo más crudo de un sistema de justicia que no opera en tiempo y forma.
La mujer de 74 años tomó un arma y decidió hacer lo que las autoridades debieron resolver: defender su propiedad.
Más allá de la indignación o el debate sobre su culpabilidad, este hecho expone tres problemas graves de nuestra sociedad: la inacción gubernamental ante la invasión de propiedades, la facilidad con la que los ciudadanos pueden acceder a armas de fuego y, finalmente, la peligrosa romantización de la violencia en redes sociales.
Desde hace años, el fenómeno de los “paracaidistas” ha sido una plaga en el país. Personas que, sin respaldo legal, toman posesión de casas ajenas mientras las autoridades se muestran incapaces o simplemente indiferentes a actuar con celeridad.
En este caso, si la denuncia de despojo hubiera sido atendida con prontitud, no estaríamos lamentando la muerte de dos personas ni la detención de una anciana que, con toda la desesperación de quien se siente abandonado por la ley, decidió empuñar un arma.
Y aquí surge el segundo problema: la facilidad con la que los ciudadanos pueden acceder a armas de fuego. ¿Cómo es posible que una mujer de la tercera edad pueda conseguir una pistola y utilizarla sin que nadie lo note hasta que es demasiado tarde?
Su distribución, convierte a ciudadanos comunes en jueces, jurados y verdugos de su propia causa.
Pero quizás el punto más preocupante es la manera en que una tragedia se convierte en espectáculo. En las últimas horas, la imagen de Carlota ha sido utilizada para memes, canciones y mensajes que la glorifican como una especie de heroína del pueblo. Se olvida que aquí hubo dos vidas perdidas y una mujer que pasará sus últimos años en prisión por un acto desesperado.
La romantización de la violencia, lejos de ser una protesta legítima, se convierte en una apología al delito. El gobierno, una vez más, llega tarde; La falta de justicia oportuna es lo que genera este tipo de situaciones, donde la desesperación lleva a las personas a actuar por cuenta propia.
No se trata de justificar lo ocurrido, sino de entender que la raíz del problema sigue siendo la misma: un sistema de justicia inoperante, una regulación de armas pobre y una sociedad que ha normalizado la violencia como respuesta. ¿Cuántas “abuelas justicieras” más necesitaremos para que la autoridad haga su trabajo?
