Especial/Corresponsal Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Ayer jueves se cumplieron cinco años de la masacre de cinco hombres y tres mujeres ocurrida en el Fraccionamiento Valles de Anáhuac de Nuevo Laredo. Los autores intelectuales y materiales siguen gozando de su libertad.
Las víctimas de esta masacre eran originarias de Tamaulipas, así como de los estados de México, Oaxaca y Coahuila: Severiano Treviño Hernández, Cinoy Esmeralda Briseño Chapa, Luis Fernando Hernández Viesca, Enrique Pérez Chávez, Wilbert Irraestro Pérez, Juana Jetzel Graciano Magaña, José Daniel Saucedo Hernández, y Jennifer Hazel Romero López.
La tarde del jueves 5 de septiembre del 2019 funcionarios del Gobierno del Estado de Tamaulipas, anunciaron en un comunicado de prensa “…haber abatido a ocho integrantes de una célula criminal durante un supuesto enfrentamiento con autoridades estatales y federales…”.
Sin embargo, esa “versión oficial” fue desvirtuada de inmediato por una investigación sustentada en testimonios de al menos tres víctimas sobrevivientes y cuatro video grabaciones que fueron obtenidas por personal del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo y exhibidas en diferentes medios de comunicación nacionales y extranjeros obligando a las autoridades a reconocer su “Montaje”.
Cinco hombres y tres mujeres fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales por agentes de Inteligencia y Policía Estatal de Tamaulipas en 2019, con la complicidad de militares. La CNDH sin emitir recomendación a pesar de investigar violaciones graves a los derechos humanos
La reacción de las autoridades estatales encabezadas en ese tiempo por el entonces gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el Fiscal General de Justicia Irving Barrios Mojica y el vocero de prensa Francisco Juárez García fue una intensa campaña de criminalización en redes sociales de las víctimas, familiares e integrantes del Comité de Derechos Humanos, particularmente contra su presidente Raymundo Ramos Vázquez.
FISCALIA DE TAMAULIPAS SIMULA INVESTIGACION CON “FISCAL ESPECIAL”
Ante la evidencia de un desastroso montaje realizado por agentes del Centro de Análisis, Investigación y Estudios de Tamaulipas, (CAIET), la Policía Estatal y el Ejército Mexicano que participaron en la detención arbitraria, tortura y ejecución extrajudicial de las ocho víctimas y tres testigos sobrevivientes, el gobierno de Tamaulipas se vio obligado en nombrar un “Fiscal Especial” que concluyó la investigación responsabilizando únicamente a siete agentes de seguridad de al menos sesenta participantes.
De estos siete agentes, solamente dos fueron procesados por el delito de Homicidio Calificado, Abuso de Autoridad, Allanamiento y Declaraciones Falsas rendidas ante una Autoridad; José Rafael González Villalpando y Ricardo Guadalupe Mendoza Aguirre. El Fiscal Especial Gabriel Adelfo González Pérez solicitó a un Juez de Control cancelar las órdenes de aprehensión en contra de Zayra Concepción Guevara Garza, Juan Carlos Vicencio Zuviré y Azariel Urbina Arguelles, por apegarse al criterio de oportunidad (testigos protegidos), pero hasta la fecha se desconoce su paradero o si continúan dentro de la Policía Estatal.
Y finalmente otros dos agentes de la Policía Estatal comisionados al CAIET siguen prófugos de la justicia: Edith Esteban Cruz y Francisco Hernández Carbajal, por quienes la Fiscalía General de Justicia del Estado ofrece una recompensa de 200 mil pesos.
Por estos hechos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició el expediente de queja CNDH/2/2018/8078/Q, misma que intentó cerrar regresando la queja a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (CODHET), para que emitieran una Recomendación por tratarse de autoridades estatales los responsables de las violaciones a los derechos humanos.
Sin embargo, la CODHET regresó el Expediente de Queja a la CNDH para que se pronunciara ahora con el número CNDH/2/2022/12263/Q, mismo que hasta el momento no ha emitido una RECOMENDACIÓN por VIOLACIONES GRAVES A LOS DERECHOS HUMANOS.
El Vicealmirante de la Marina, Augusto Cruz Morales, entonces Secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas y principal responsable de este operativo ordenado por el entonces gobernador Cabeza de Vaca, nunca fue investigado por el “Fiscal Especial”, Adelfo Gabriel González Pérez, así como el Director del CAIET, Félix Arturo Rodríguez Rodríguez, hoy refugiado en el estado de Texas.
Imágenes cortesía: Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo Responsable de la Información: Raymundo Ramos Vázquez.
Bustamante, Tamaulipas.- El Gobierno del Estado, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, dirigida por Luis Gerardo González de la Fuente, y en estrecha coordinación con autoridades federales y municipales, informó que se mantienen activas las labores de atención y combate del incendio forestal registrado en el Cerro El Tepozán. De acuerdo con el reporte más reciente, el siniestro presenta un 70 por ciento de control y un 60 por ciento de liquidación, resultado del trabajo coordinado de 128 elementos pertenecientes a diversas dependencias, entre ellas la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, instancias estatales y municipales, así como voluntarios. El Centro Estatal de Manejo del Fuego informó que la superficie afectada es de aproximadamente 200 hectáreas, con predominio de vegetación de matorral desértico rosetófilo. El titular de Protección Civil Estatal, destacó que, por instrucciones del gobernador Américo Villarreal Anaya, se llevó a cabo un sobrevuelo de valoración como parte de la estrategia operativa, lo que permitió identificar los frentes activos, accesos y el comportamiento del incendio, fortaleciendo así la toma de decisiones para su atención en campo. Asimismo, reiteró que el Gobierno del Estado mantiene una coordinación permanente para atender de manera oportuna este tipo de emergencias. Finalmente, se exhorta a la ciudadanía a evitar acercarse a la zona afectada y a atender en todo momento las indicaciones de las autoridades, con el fin de no entorpecer las labores operativas y prevenir riesgos.
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El gobernador del estado de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, anunció ajustes en su gabinete de gobierno como parte de una decisión estratégica orientada a fortalecer la capacidad institucional, consolidar resultados y acelerar el proceso de transformación humanista que vive la entidad. Estos cambios responden a la visión de construir un gobierno cada vez más eficiente, cercano y con mayor capacidad de respuesta a las necesidades de las y los tamaulipecos, en áreas clave como Salud, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, y Comunicación Social.
En este sentido, el gobernador designó a la doctora Adriana Marcela Hernández Campos como titular de la Secretaría de Salud y Directora General del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Tamaulipas; a Karl Heinz Becker Hernández como titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente; y a Gerardo Algarín Hernández como titular de la Coordinación de Comunicación Social del Ejecutivo del Estado.
Estos nombramientos reflejan la determinación del Ejecutivo estatal de fortalecer la estructura de gobierno con perfiles de alta capacidad, experiencia y compromiso, que permitan seguir avanzando con paso firme en la consolidación de un modelo de gobierno humanista, eficiente y orientado a resultados.
“El objetivo es claro, fortalecer el trabajo del gobierno para servir mejor a las y los tamaulipecos. Estamos en una etapa de consolidación que exige capacidad, compromiso, lealtad, coordinación y resultados. Por ello, tomamos decisiones firmes que nos permitan responder con mayor eficacia a las demandas de la ciudadanía”, expresó el gobernador Américo Villarreal Anaya.
El mandatario estatal subrayó que su administración mantiene una ruta clara basada en principios de honestidad, cercanía con la gente y responsabilidad en el ejercicio público, elementos que han permitido avanzar en la recuperación institucional del estado y en la generación de bienestar para las familias.
Asimismo, reiteró que estos ajustes forman parte de un proceso permanente de evaluación y fortalecimiento del gabinete, con el propósito de garantizar que cada área del gobierno contribuya de manera efectiva a los objetivos del estado.
“El compromiso de este gobierno es con la gente. Cada decisión que tomamos tiene como prioridad mejorar la calidad de vida de las familias tamaulipecas, consolidar el desarrollo del estado y dar resultados que se vean, se sientan y se sostengan en el tiempo”, puntualizó. Los nombramientos entran en vigor a partir de esta fecha y consolidan un gabinete alineado, fortalecido y enfocado en seguir construyendo un Tamaulipas con mayor bienestar, justicia y oportunidades para todas y todos.
-La propuesta busca garantizar atención psicológica, continuidad educativa, acompañamiento jurídico y acceso a programas sociales para hijas, hijos y personas dependientes de las víctimas.
Ciudad de México. – La senadora de Morena, Olga Sosa Ruíz, presentó en el Senado de la República una Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de reconocimiento y protección integral de víctimas indirectas de feminicidio.
Su propuesta plantea establecer de manera expresa el reconocimiento automático de hijas, hijos y personas dependientes de las mujeres que han sido víctimas de feminicidio, a fin de asegurar medidas de atención y protección de manera inmediata, sin que sea necesario esperar una sentencia firme.
La senadora en la exposición de motivos señaló que esta iniciativa se sustenta en los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente en su artículo 1°, que reconoce el principio pro-persona y la obligación del Estado de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Asimismo, el artículo 4° establece la protección de la familia y el interés superior de la niñez como ejes rectores de la actuación del Estado.
Enfatizó que el feminicidio, es una forma extrema de violencia contra las mujeres, no sólo vulnera el derecho a la vida de la víctima directa, sino que provoca consecuencias profundas en su entorno familiar, afectando el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, su estabilidad emocional, educativa y material, dificultando la subsistencia y el desarrollo.
Aunque la Ley General de Víctimas reconoce como víctimas indirectas a familiares o personas a cargo de la víctima directa, en la práctica persisten vacíos normativos en los casos de feminicidio, especialmente cuando existen infancias dependientes de las mujeres asesinadas. Esta falta de disposiciones específicas ha generado respuestas institucionales asimétricas, problemáticas administrativas y escenarios de revictimización.
Por ello, la senadora Olga Sosa, propone garantizar medidas de protección integral que incluyan atención psicológica especializada, continuidad educativa, acompañamiento jurídico y acceso prioritario a programas sociales, esto con el objetivo de brindar condiciones que permitan restituir derechos y prevenir escenarios de abandono institucional.
Su proyecto legislativo también retoma criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México, donde se determinó la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la falta de prevención, investigación y sanción adecuada de feminicidios, así su obligación a reparar integralmente a las víctimas y a sus familiares.
De igual forma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que las víctimas de violaciones graves a derechos humanos tienen derecho a la reparación integral del daño, la cual debe incluir medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición.
La iniciativa presentada por la senadora también plantea fortalecer la coordinación institucional mediante la vinculación con el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, con el propósito de asegurar una respuesta articulada entre autoridades y garantizar la protección, asistencia y reparación integral de quienes resultan afectados por este delito.
Con esta reforma, se busca fortalecer el enfoque de género, materializar el principio del interés superior de la niñez y avanzar en la construcción de una política pública integral que contribuya a romper el ciclo de violencia, abandono y desprotección que con frecuencia enfrentan las familias de víctimas de feminicidio.
Ciudad Mante, Tamaulipas. – Con el compromiso de fortalecer la alimentación y el bienestar de las familias tamaulipecas, el Sistema DIF Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, dio inicio a la primera entrega de canastas alimentarias del año en los 43 municipios de la entidad.
A través de los programas Voluntad de Ayudar a las Familias y Voluntad de Ayudar en los Primeros 1,000 Días y Primera Infancia, se beneficia a 63 mil 913 personas, quienes forman parte de los grupos de atención prioritaria en el estado. Estas acciones contribuyen al acceso y consumo de alimentos nutritivos e inocuos, mediante la entrega de insumos con criterios de calidad nutricia. Además, se complementan con orientación y educación alimentaria, así como con mecanismos de aseguramiento de calidad, promoviendo una mejor alimentación y el ejercicio del derecho universal a una vida digna.
El programa Voluntad de Ayudar a las Familias atiende actualmente a 63 mil 113 personas registradas en el padrón de beneficiarios. Está dirigido a personas con discapacidad, personas mayores, quienes enfrentan condiciones de mala nutrición, educadoras y educadores comunitarios de CONAFE, personas con enfermedades terminales y familias con ingresos iguales o menores a los establecidos por el CONEVAL.
Por su parte, el programa Voluntad de Ayudar en los Primeros 1,000 Días y Primera Infancia beneficia a 800 personas, entre ellas mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, niñas y niños de seis meses a cinco años once meses de comunidades rurales, urbanas o indígenas con alto y muy alto grado de marginación. También incluye a población atendida en centros de cuidado infantil del DIF y servicios de CONAFE.
Los apoyos alimentarios incluyen productos básicos como harina de maíz nixtamalizado, arroz, avena, frijol, lenteja, garbanzo, atún, leche descremada, verduras y frutas, seleccionados para complementar la alimentación de las familias beneficiarias.
Con estas acciones, las y los Mensajeros de Paz fortalecen la Estrategia Integral de Asistencia Social, Alimentación y Desarrollo Comunitario (EIASADC) 2026, impulsando una atención cercana, con humanismo y empatía.