Especial/Corresponsal Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Ayer jueves se cumplieron cinco años de la masacre de cinco hombres y tres mujeres ocurrida en el Fraccionamiento Valles de Anáhuac de Nuevo Laredo. Los autores intelectuales y materiales siguen gozando de su libertad.
Las víctimas de esta masacre eran originarias de Tamaulipas, así como de los estados de México, Oaxaca y Coahuila: Severiano Treviño Hernández, Cinoy Esmeralda Briseño Chapa, Luis Fernando Hernández Viesca, Enrique Pérez Chávez, Wilbert Irraestro Pérez, Juana Jetzel Graciano Magaña, José Daniel Saucedo Hernández, y Jennifer Hazel Romero López.
La tarde del jueves 5 de septiembre del 2019 funcionarios del Gobierno del Estado de Tamaulipas, anunciaron en un comunicado de prensa “…haber abatido a ocho integrantes de una célula criminal durante un supuesto enfrentamiento con autoridades estatales y federales…”.
Sin embargo, esa “versión oficial” fue desvirtuada de inmediato por una investigación sustentada en testimonios de al menos tres víctimas sobrevivientes y cuatro video grabaciones que fueron obtenidas por personal del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo y exhibidas en diferentes medios de comunicación nacionales y extranjeros obligando a las autoridades a reconocer su “Montaje”.
Cinco hombres y tres mujeres fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales por agentes de Inteligencia y Policía Estatal de Tamaulipas en 2019, con la complicidad de militares. La CNDH sin emitir recomendación a pesar de investigar violaciones graves a los derechos humanos
La reacción de las autoridades estatales encabezadas en ese tiempo por el entonces gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el Fiscal General de Justicia Irving Barrios Mojica y el vocero de prensa Francisco Juárez García fue una intensa campaña de criminalización en redes sociales de las víctimas, familiares e integrantes del Comité de Derechos Humanos, particularmente contra su presidente Raymundo Ramos Vázquez.
FISCALIA DE TAMAULIPAS SIMULA INVESTIGACION CON “FISCAL ESPECIAL”
Ante la evidencia de un desastroso montaje realizado por agentes del Centro de Análisis, Investigación y Estudios de Tamaulipas, (CAIET), la Policía Estatal y el Ejército Mexicano que participaron en la detención arbitraria, tortura y ejecución extrajudicial de las ocho víctimas y tres testigos sobrevivientes, el gobierno de Tamaulipas se vio obligado en nombrar un “Fiscal Especial” que concluyó la investigación responsabilizando únicamente a siete agentes de seguridad de al menos sesenta participantes.
De estos siete agentes, solamente dos fueron procesados por el delito de Homicidio Calificado, Abuso de Autoridad, Allanamiento y Declaraciones Falsas rendidas ante una Autoridad; José Rafael González Villalpando y Ricardo Guadalupe Mendoza Aguirre. El Fiscal Especial Gabriel Adelfo González Pérez solicitó a un Juez de Control cancelar las órdenes de aprehensión en contra de Zayra Concepción Guevara Garza, Juan Carlos Vicencio Zuviré y Azariel Urbina Arguelles, por apegarse al criterio de oportunidad (testigos protegidos), pero hasta la fecha se desconoce su paradero o si continúan dentro de la Policía Estatal.
Y finalmente otros dos agentes de la Policía Estatal comisionados al CAIET siguen prófugos de la justicia: Edith Esteban Cruz y Francisco Hernández Carbajal, por quienes la Fiscalía General de Justicia del Estado ofrece una recompensa de 200 mil pesos.
Por estos hechos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició el expediente de queja CNDH/2/2018/8078/Q, misma que intentó cerrar regresando la queja a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (CODHET), para que emitieran una Recomendación por tratarse de autoridades estatales los responsables de las violaciones a los derechos humanos.
Sin embargo, la CODHET regresó el Expediente de Queja a la CNDH para que se pronunciara ahora con el número CNDH/2/2022/12263/Q, mismo que hasta el momento no ha emitido una RECOMENDACIÓN por VIOLACIONES GRAVES A LOS DERECHOS HUMANOS.
El Vicealmirante de la Marina, Augusto Cruz Morales, entonces Secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas y principal responsable de este operativo ordenado por el entonces gobernador Cabeza de Vaca, nunca fue investigado por el “Fiscal Especial”, Adelfo Gabriel González Pérez, así como el Director del CAIET, Félix Arturo Rodríguez Rodríguez, hoy refugiado en el estado de Texas.
Imágenes cortesía: Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo Responsable de la Información: Raymundo Ramos Vázquez.
Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Mauricio Cansino Báez tomó posesión como nuevo coordinador estatal de la Guardia Nacional en Tamaulipas, en una ceremonia atestiguada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, quien reconoció la labor de la institución en el fortalecimiento de la seguridad y los programas de integración social.
Durante la ceremonia, Américo Villarreal afirmó que la entidad da estricto cumplimiento a la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum, privilegiando la coordinación, confianza y comunicación permanente, lo que ha permitido resultados avalados por instituciones nacionales.
Destacó el papel fundamental de la Guardia Nacional en la generación de inteligencia y el incremento de elementos, junto con la Guardia Estatal, para labores de disuasión, prevención y atención de hechos delictivos.
El general Andrés Ojeda Ramírez tomó la protesta al nuevo coordinador, quien cuenta con amplia trayectoria militar.
-La legisladora por Tamaulipas destacó que no de los objetivos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es fortalecer la soberanía alimentaria mediante un campo más productivo, sustentable y resiliente.
Querétaro, Qro., 5 de agosto de 2026. La senadora Olga Patricia Sosa Ruíz, presidenta de la Comisión de Agricultura del Senado de la República, participó en el lanzamiento del primer Forward Farm en México, un espacio de innovación agrícola que demuestra, en condiciones reales de producción, cómo la ciencia, la tecnología y las prácticas regenerativas pueden contribuir a construir un campo más productivo, sustentable y competitivo.
La congresista consideró que la transformación del campo requiere poner la ciencia y la tecnología al servicio de quienes producen nuestros alimentos y afirmó que innovar significa producir más con menos recursos, cuidar el agua, proteger nuestros suelos y generar mayor bienestar para las familias rurales.
Olga Sosa señaló que uno de los objetivos impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es fortalecer la soberanía alimentaria del país mediante un campo más productivo, sustentable y resiliente, capaz de garantizar alimentos suficientes para la población y mejores oportunidades para las y los productores. Durante el recorrido por el Rancho Hontoria, en el estado de Querétaro, la legisladora destacó que México atraviesa un momento decisivo para transformar el campo mediante el conocimiento, la innovación y la colaboración entre productores, instituciones públicas, centros de investigación y empresas comprometidas con el desarrollo agroalimentario. En ese contexto, destacó que el campo mexicano enfrenta tres grandes desafíos: elevar la productividad con innovación, fortalecer la seguridad alimentaria y responder a los efectos del cambio climático.
“Más del 70 por ciento de nuestros productores son pequeños productores; la agricultura utiliza alrededor del 76 por ciento del agua concesionada en el país y todavía dependemos de importaciones de productos estratégicos como el maíz amarillo, el trigo y la soya. Estos desafíos nos obligan a impulsar soluciones que incrementen la productividad sin comprometer nuestros recursos naturales”, afirmó. Durante la presentación se mostraron diversas tecnologías que ya están transformando la agricultura y que pueden contribuir a mejorar la rentabilidad de las unidades de producción. Entre ellas destacan herramientas digitales que permiten monitorear el desarrollo de los cultivos en tiempo real; sistemas inteligentes que, mediante WhatsApp, indican al productor cuándo realizar el riego y la cantidad de agua necesaria para optimizar su uso; agricultura de precisión para aplicar fertilizantes únicamente donde el cultivo lo requiere; así como el empleo de drones para realizar aplicaciones agrícolas con mayor eficiencia, reduciendo costos, tiempo e insumos. Asimismo, se presentaron plataformas de monitoreo agrícola, como FieldView™ y CARLOTA, que permiten a los productores tomar decisiones con base en información precisa sobre el comportamiento de sus cultivos, favoreciendo un uso más eficiente del agua, los fertilizantes y los insumos agrícolas. La legisladora señaló que estas innovaciones representan una oportunidad para incrementar la productividad, mejorar los ingresos de las y los productores y avanzar hacia una agricultura más resiliente frente a la sequía y los efectos del cambio climático. “Cuando la tecnología llega a las parcelas, el productor toma mejores decisiones, reduce costos, aprovecha mejor el agua y aumenta la productividad. Esa es la ruta para fortalecer la soberanía alimentaria, impulsar la prosperidad compartida y generar bienestar en las comunidades rurales”, expresó. La presidenta de la Comisión de Agricultura reiteró que desde el Senado continuará impulsando un marco legal que fortalezca la investigación científica, la innovación, la transferencia tecnológica y la adopción de nuevas herramientas por parte de pequeños y medianos productores, con el propósito de que los beneficios del desarrollo tecnológico lleguen a todas las regiones del país. Finalmente, Olga Sosa reconoció la puesta en marcha del primer Forward Farm en México como un ejemplo de colaboración entre el sector productivo, la academia, las autoridades y la iniciativa privada para demostrar que es posible producir más alimentos con menor impacto ambiental, haciendo del conocimiento y la innovación motores del desarrollo rural. “El futuro del campo mexicano se construye con innovación, sustentabilidad y justicia para quienes trabajan la tierra. Cuando la tecnología se convierte en una herramienta de bienestar, gana el productor, gana el medio ambiente y gana México”, concluyó.
-La iniciativa busca convertir el relevo generacional en una prioridad nacional, con capacitación, financiamiento, tecnología y oportunidades productivas para las juventudes rurales.
Ciudad de México, 4 de agosto de 2026. – Con el objetivo de abrir oportunidades productivas para las nuevas generaciones y asegurar la continuidad de la producción agroalimentaria nacional, la senadora Olga Patricia Sosa Ruíz presentó la iniciativa denominada “Ley Semilla”, que propone reconocer el relevo generacional como un eje estratégico de la política de desarrollo rural sustentable. Y fortalecer así la participación de las juventudes en las actividades agropecuarias, forestales, pesqueras, acuícolas y agroindustriales. La legisladora por Tamaulipas advirtió que el futuro de la producción alimentaria nacional depende de que las nuevas generaciones encuentren en el campo oportunidades reales de desarrollo, ingresos dignos, acceso a tecnología y condiciones para emprender. De acuerdo con el Censo Agropecuario 2022, el 46% de las personas productoras en México tiene entre 45 y 65 años, mientras que el 26.8% supera los 65 años. A esta situación se suma la migración juvenil: entre 2015 y 2020, alrededor de 201 mil jóvenes dejaron localidades rurales, entre otras razones, para buscar empleo o continuar sus estudios. Olga Sosa señaló que la salida de las juventudes no responde a una falta de interés por el campo, sino a obstáculos estructurales como los bajos ingresos, la ausencia de financiamiento, el limitado acceso a maquinaria y tecnología, la falta de certeza sobre la tierra y las dificultades para comercializar la producción. La propuesta reforma la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para reconocer legalmente el relevo generacional como el proceso de incorporación, permanencia, participación y sucesión de las personas jóvenes en las actividades productivas del medio rural. Asimismo, establece que las políticas de capacitación deberán garantizar a las juventudes rurales acceso preferente a asistencia técnica, innovación, transferencia de tecnología, financiamiento, maquinaria, infraestructura y equipamiento para desarrollar proyectos productivos sustentables. La iniciativa también ordena diseñar programas integrales en materia de formación empresarial, emprendimiento, digitalización, comercialización y generación de valor agregado. Además, impulsa la incorporación de jóvenes a las organizaciones de productores y a sus órganos de representación, con el objetivo de renovar liderazgos y fortalecer la competitividad de las cadenas agroalimentarias. También se plantea promover la elaboración de una Estrategia Nacional para el Relevo Generacional en el Campo Mexicano, con la participación de instituciones educativas, centros de investigación, organizaciones de productores y organismos especializados. “Invertir en las juventudes rurales es sembrar el futuro del campo mexicano, preservar los conocimientos de quienes han trabajado la tierra durante décadas y abrirle la puerta a una nueva generación de productores con tecnología, innovación y capacidad empresarial”, concluyó la senadora.
-La secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar, destacó que la publicación del Segundo Informe Subnacional Voluntario en la plataforma de las Naciones Unidas da proyección internacional a los avances de Tamaulipas en el cumplimiento de la Agenda 2030.
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Los avances de Tamaulipas en reducción de la pobreza, salud, educación, crecimiento económico y políticas públicas sostenibles adquirieron proyección internacional con la publicación del Segundo Informe Subnacional Voluntario del estado en la plataforma oficial de las Naciones Unidas y su incorporación al repositorio internacional de Informes Locales y Subnacionales Voluntarios. La secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar, señaló que esta publicación permite mostrar ante la comunidad internacional los resultados alcanzados por Tamaulipas y compartir las políticas públicas y buenas prácticas implementadas para avanzar en el cumplimiento de la Agenda 2030. “Este informe da cuenta de los importantes avances que ha logrado Tamaulipas y del trabajo coordinado que realizamos para impulsar un desarrollo sostenible e incluyente. Su publicación en la plataforma de las Naciones Unidas fortalece la proyección internacional del estado y permite compartir las acciones que están generando beneficios concretos para las familias tamaulipecas”, expresó. Entre los principales resultados destaca la reducción del 42.4 % de la pobreza multidimensional, al pasar de 1.23 millones de personas en esta condición en 2020 a 720 mil en 2024, de acuerdo con las mediciones oficiales del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. El informe también documenta una cobertura educativa superior a 918 mil estudiantes y la disminución de la mortalidad materna, de 44 casos en 2021 a 13 en 2023. En materia económica, registra un Producto Interno Bruto estatal superior a 764 mil millones de pesos y una Población Económicamente Activa de 1.7 millones de personas. Cantú Deándar destacó que, bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya, el 100 % de los programas presupuestarios estatales se encuentra alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como parte de una política humanista orientada a reducir las desigualdades, ampliar las oportunidades y transformar el crecimiento económico en bienestar social. La incorporación del informe a la plataforma de las Naciones Unidas permite que la experiencia de Tamaulipas forme parte del diálogo internacional sobre desarrollo sostenible y proyecta un modelo de gobierno que convierte la planeación y la evaluación de resultados en mayor bienestar para las familias.