Especial/Corresponsal Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Ayer jueves se cumplieron cinco años de la masacre de cinco hombres y tres mujeres ocurrida en el Fraccionamiento Valles de Anáhuac de Nuevo Laredo. Los autores intelectuales y materiales siguen gozando de su libertad.
Las víctimas de esta masacre eran originarias de Tamaulipas, así como de los estados de México, Oaxaca y Coahuila: Severiano Treviño Hernández, Cinoy Esmeralda Briseño Chapa, Luis Fernando Hernández Viesca, Enrique Pérez Chávez, Wilbert Irraestro Pérez, Juana Jetzel Graciano Magaña, José Daniel Saucedo Hernández, y Jennifer Hazel Romero López.
La tarde del jueves 5 de septiembre del 2019 funcionarios del Gobierno del Estado de Tamaulipas, anunciaron en un comunicado de prensa “…haber abatido a ocho integrantes de una célula criminal durante un supuesto enfrentamiento con autoridades estatales y federales…”.
Sin embargo, esa “versión oficial” fue desvirtuada de inmediato por una investigación sustentada en testimonios de al menos tres víctimas sobrevivientes y cuatro video grabaciones que fueron obtenidas por personal del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo y exhibidas en diferentes medios de comunicación nacionales y extranjeros obligando a las autoridades a reconocer su “Montaje”.
Cinco hombres y tres mujeres fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales por agentes de Inteligencia y Policía Estatal de Tamaulipas en 2019, con la complicidad de militares. La CNDH sin emitir recomendación a pesar de investigar violaciones graves a los derechos humanos
La reacción de las autoridades estatales encabezadas en ese tiempo por el entonces gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el Fiscal General de Justicia Irving Barrios Mojica y el vocero de prensa Francisco Juárez García fue una intensa campaña de criminalización en redes sociales de las víctimas, familiares e integrantes del Comité de Derechos Humanos, particularmente contra su presidente Raymundo Ramos Vázquez.
FISCALIA DE TAMAULIPAS SIMULA INVESTIGACION CON “FISCAL ESPECIAL”
Ante la evidencia de un desastroso montaje realizado por agentes del Centro de Análisis, Investigación y Estudios de Tamaulipas, (CAIET), la Policía Estatal y el Ejército Mexicano que participaron en la detención arbitraria, tortura y ejecución extrajudicial de las ocho víctimas y tres testigos sobrevivientes, el gobierno de Tamaulipas se vio obligado en nombrar un “Fiscal Especial” que concluyó la investigación responsabilizando únicamente a siete agentes de seguridad de al menos sesenta participantes.
De estos siete agentes, solamente dos fueron procesados por el delito de Homicidio Calificado, Abuso de Autoridad, Allanamiento y Declaraciones Falsas rendidas ante una Autoridad; José Rafael González Villalpando y Ricardo Guadalupe Mendoza Aguirre. El Fiscal Especial Gabriel Adelfo González Pérez solicitó a un Juez de Control cancelar las órdenes de aprehensión en contra de Zayra Concepción Guevara Garza, Juan Carlos Vicencio Zuviré y Azariel Urbina Arguelles, por apegarse al criterio de oportunidad (testigos protegidos), pero hasta la fecha se desconoce su paradero o si continúan dentro de la Policía Estatal.
Y finalmente otros dos agentes de la Policía Estatal comisionados al CAIET siguen prófugos de la justicia: Edith Esteban Cruz y Francisco Hernández Carbajal, por quienes la Fiscalía General de Justicia del Estado ofrece una recompensa de 200 mil pesos.
Por estos hechos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició el expediente de queja CNDH/2/2018/8078/Q, misma que intentó cerrar regresando la queja a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (CODHET), para que emitieran una Recomendación por tratarse de autoridades estatales los responsables de las violaciones a los derechos humanos.
Sin embargo, la CODHET regresó el Expediente de Queja a la CNDH para que se pronunciara ahora con el número CNDH/2/2022/12263/Q, mismo que hasta el momento no ha emitido una RECOMENDACIÓN por VIOLACIONES GRAVES A LOS DERECHOS HUMANOS.
El Vicealmirante de la Marina, Augusto Cruz Morales, entonces Secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas y principal responsable de este operativo ordenado por el entonces gobernador Cabeza de Vaca, nunca fue investigado por el “Fiscal Especial”, Adelfo Gabriel González Pérez, así como el Director del CAIET, Félix Arturo Rodríguez Rodríguez, hoy refugiado en el estado de Texas.
Imágenes cortesía: Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo Responsable de la Información: Raymundo Ramos Vázquez.
Ciudad Victoria, Tamaulipas. – La Coordinación Estatal de Protección Civil de Tamaulipas entregó el documento de aprobación del Programa Interno de Protección Civil a la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas (USJT), consolidando acciones de prevención, capacitación y respuesta ante emergencias dentro de la institución educativa. Luis Gerardo González de la Fuente, coordinador estatal de Protección Civil, destacó la importancia de fomentar una cultura de protección civil y mantener brigadas internas capacitadas. Asimismo, reconoció el respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya en estas acciones. «Contar con brigadas internas capacitadas y un programa de protección civil actualizado es clave para garantizar la seguridad de toda la comunidad educativa. Agradecemos el apoyo del gobernador Américo Villarreal Anaya, quien impulsa estas iniciativas para proteger la vida de estudiantes, docentes y trabajadores», afirmó González de la Fuente. Como parte de estas acciones, se realizaron mejoras en instalaciones eléctricas y sistemas contra incendios, se adquirió equipo especializado y se consolidaron brigadas internas de respuesta, fortaleciendo así la capacidad de la universidad para atender cualquier contingencia. El secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Carlos Arturo Pancardo Escudero, subrayó que “no hay nada más importante que la vida y la seguridad de estudiantes, docentes, trabajadores y cadetes”, destacando que la USJT mantiene su formación bajo los más altos estándares internacionales, incluidos los de CALEA y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En el acto participaron autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública, directivos de la USJT e integrantes de las brigadas internas de Protección Civil, demostrando un trabajo coordinado entre instituciones.
González, Tamaulipas.- Personal de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero comisionado a la Estación Segura Villa Manuel acudió al kilómetro siete de la Carretera Federal 80 Libramiento Villa Manuel-González en donde se registró una volcadura de tractocamión que obstruyó parcialmente la vialidad.
De acuerdo al conductor, el accidente derivó de una maniobra mal ejecutada mientras viajaba desde el municipio de Altamira, en la cual, el peso total de la unidad terminó por inclinarlo hacia un lado, provocando la volcadura.
La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) reitera el llamado a conducir con precaución, respetando los señalamientos viales y límites de velocidad establecidos.
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Subsecretaría del Transporte Público del Gobierno de Tamaulipas informó que, de mayo a agosto del presente ejercicio fiscal 2026, los concesionarios del transporte público con adeudos superiores a los 100 mil pesos podrán regularizar su situación mediante un pago único de 14 mil 800 pesos, gracias al decreto emitido por el gobernador Américo Villarreal Anaya. El subsecretario del Transporte Público, Armando Núñez Montelongo, explicó que este beneficio será aplicable a las y los concesionarios del servicio público de pasajeros respecto de los vehículos afectos a la concesión, siempre que cumplan con los requisitos establecidos. Entre ellos, destacó que el vehículo deberá estar inscrito en el Padrón Vehicular del Estado, contar con título de concesión vigente y realizar el pago de la tarifa especial de 14 mil 800 pesos, importe que comprenderá los conceptos de control vehicular adeudados hasta el ejercicio fiscal 2026. El funcionario estatal señaló que algunos concesionarios acumulaban adeudos de hasta 120 mil pesos, derivado de más de ocho años sin incrementos en la tarifa del transporte público, situación que impactó considerablemente su economía. “Muchos transportistas ya contaban con descuentos previos, pero aun así mantenían deudas elevadas. Ahora, con este pago único, podrán regularizar placas, engomado y tarjeta de circulación”, indicó. “Por instrucciones y gracias al respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya, hoy se brinda una oportunidad real para que los concesionarios puedan ponerse al corriente. Este decreto representa un alivio económico importante y demuestra el compromiso de este gobierno humanista con las familias que dependen del transporte público”, expresó Núñez Montelongo. El beneficio estará vigente durante mayo, junio, julio y agosto de 2026, y actualmente se analiza la posibilidad de que la Secretaría de Finanzas autorice pagos en parcialidades para quienes no puedan cubrir la cantidad en una sola exhibición.
Finalmente, Núñez Montelongo destacó que, además de este programa de regularización, se impulsa el mejoramiento de las unidades del transporte público mediante la renovación de vidrios, asientos, pasamanos y la implementación de una nueva identidad cromática, con el propósito de ofrecer un servicio más digno, seguro y eficiente para las y los usuarios de Tamaulipas.
Matamoros, Tamaulipas.– En coordinación con la Secretaría de Salud y el Patrimonio de la Beneficencia Pública, el Sistema DIF Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, continúa desarrollando la campaña de valoraciones oftalmológicas “Bienestar en tu mirada”, a través de ocho sedes distribuidas en diferentes regiones del estado.
La jornada inició a finales de abril en Nuevo Laredo y durante mayo se ha llevado a cabo en Reynosa, Valle Hermoso y Matamoros. Las próximas valoraciones se realizarán en Tampico del 18 al 22 de mayo; en El Mante del 25 al 28 de mayo; en Tula el 1 de junio y en Jaumave el 2 de junio.
Mediante estas ocho sedes se brinda atención a habitantes de 24 municipios de las zonas fronteriza, centro, sur y altiplano tamaulipeco, acercando los servicios en hospitales, centros de salud, jurisdicciones sanitarias y espacios comunitarios de cada localidad.
Las valoraciones permitirán identificar a las personas candidatas a procedimientos médicos o quirúrgicos que contribuyan a mejorar su visión y, con ello, su calidad de vida y bienestar familiar.
De esta manera, los Mensajeros de Paz continúan respaldando a personas y grupos de atención prioritaria que enfrentan padecimientos oftalmológicos y que, por motivos económicos, no cuentan con acceso a tratamientos especializados o cirugías para recuperar su visión y continuar con sus actividades cotidianas.