Especial/Corresponsal Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Ayer jueves se cumplieron cinco años de la masacre de cinco hombres y tres mujeres ocurrida en el Fraccionamiento Valles de Anáhuac de Nuevo Laredo. Los autores intelectuales y materiales siguen gozando de su libertad.
Las víctimas de esta masacre eran originarias de Tamaulipas, así como de los estados de México, Oaxaca y Coahuila: Severiano Treviño Hernández, Cinoy Esmeralda Briseño Chapa, Luis Fernando Hernández Viesca, Enrique Pérez Chávez, Wilbert Irraestro Pérez, Juana Jetzel Graciano Magaña, José Daniel Saucedo Hernández, y Jennifer Hazel Romero López.
La tarde del jueves 5 de septiembre del 2019 funcionarios del Gobierno del Estado de Tamaulipas, anunciaron en un comunicado de prensa “…haber abatido a ocho integrantes de una célula criminal durante un supuesto enfrentamiento con autoridades estatales y federales…”.
Sin embargo, esa “versión oficial” fue desvirtuada de inmediato por una investigación sustentada en testimonios de al menos tres víctimas sobrevivientes y cuatro video grabaciones que fueron obtenidas por personal del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo y exhibidas en diferentes medios de comunicación nacionales y extranjeros obligando a las autoridades a reconocer su “Montaje”.
Cinco hombres y tres mujeres fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales por agentes de Inteligencia y Policía Estatal de Tamaulipas en 2019, con la complicidad de militares. La CNDH sin emitir recomendación a pesar de investigar violaciones graves a los derechos humanos
La reacción de las autoridades estatales encabezadas en ese tiempo por el entonces gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el Fiscal General de Justicia Irving Barrios Mojica y el vocero de prensa Francisco Juárez García fue una intensa campaña de criminalización en redes sociales de las víctimas, familiares e integrantes del Comité de Derechos Humanos, particularmente contra su presidente Raymundo Ramos Vázquez.
FISCALIA DE TAMAULIPAS SIMULA INVESTIGACION CON “FISCAL ESPECIAL”
Ante la evidencia de un desastroso montaje realizado por agentes del Centro de Análisis, Investigación y Estudios de Tamaulipas, (CAIET), la Policía Estatal y el Ejército Mexicano que participaron en la detención arbitraria, tortura y ejecución extrajudicial de las ocho víctimas y tres testigos sobrevivientes, el gobierno de Tamaulipas se vio obligado en nombrar un “Fiscal Especial” que concluyó la investigación responsabilizando únicamente a siete agentes de seguridad de al menos sesenta participantes.
De estos siete agentes, solamente dos fueron procesados por el delito de Homicidio Calificado, Abuso de Autoridad, Allanamiento y Declaraciones Falsas rendidas ante una Autoridad; José Rafael González Villalpando y Ricardo Guadalupe Mendoza Aguirre. El Fiscal Especial Gabriel Adelfo González Pérez solicitó a un Juez de Control cancelar las órdenes de aprehensión en contra de Zayra Concepción Guevara Garza, Juan Carlos Vicencio Zuviré y Azariel Urbina Arguelles, por apegarse al criterio de oportunidad (testigos protegidos), pero hasta la fecha se desconoce su paradero o si continúan dentro de la Policía Estatal.
Y finalmente otros dos agentes de la Policía Estatal comisionados al CAIET siguen prófugos de la justicia: Edith Esteban Cruz y Francisco Hernández Carbajal, por quienes la Fiscalía General de Justicia del Estado ofrece una recompensa de 200 mil pesos.
Por estos hechos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició el expediente de queja CNDH/2/2018/8078/Q, misma que intentó cerrar regresando la queja a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (CODHET), para que emitieran una Recomendación por tratarse de autoridades estatales los responsables de las violaciones a los derechos humanos.
Sin embargo, la CODHET regresó el Expediente de Queja a la CNDH para que se pronunciara ahora con el número CNDH/2/2022/12263/Q, mismo que hasta el momento no ha emitido una RECOMENDACIÓN por VIOLACIONES GRAVES A LOS DERECHOS HUMANOS.
El Vicealmirante de la Marina, Augusto Cruz Morales, entonces Secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas y principal responsable de este operativo ordenado por el entonces gobernador Cabeza de Vaca, nunca fue investigado por el “Fiscal Especial”, Adelfo Gabriel González Pérez, así como el Director del CAIET, Félix Arturo Rodríguez Rodríguez, hoy refugiado en el estado de Texas.
Imágenes cortesía: Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo Responsable de la Información: Raymundo Ramos Vázquez.
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Centro SICT Tamaulipas informó que actualmente se llevan a cabo labores de conservación en la Red Federal Libre de Peaje sobre la carretera Victoria–Monterrey.
Los trabajos se desarrollan en los tramos del kilómetro 9 al 24, del 41 al 46, del 54 al 61 y del 119 al 120.
Estas acciones buscan mantener en óptimas condiciones la vía y garantizar la seguridad de los usuarios.
Por seguridad de todas y todos, las autoridades recomiendan manejar con precaución, reducir la velocidad y respetar los señalamientos preventivos.
Asimismo, se pide atender en todo momento las indicaciones de las autoridades y del personal banderero presente en la zona.
El Centro SICT Tamaulipas hace un llamado a la población para circular con cuidado y evitar accidentes mientras duren las obras de mantenimiento en esta importante carretera federal.
-La iniciativa busca que las personas puedan saber si una llamada realmente proviene del número que dice ser y si está vinculada con una institución financiera registrada.
Ciudad de México. — Ante el crecimiento de los fraudes cometidos mediante llamadas telefónicas y la suplantación de instituciones financieras, la senadora Olga Sosa Ruíz, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa para fortalecer la seguridad de las comunicaciones y brindar a las personas usuarias herramientas que les permitan identificar llamadas auténticas.
La propuesta plantea reformar la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, con el propósito de establecer mecanismos de autenticación del identificador de origen de las llamadas y crear un registro de los números telefónicos utilizados por las instituciones financieras para comunicarse con sus usuarios.
La iniciativa responde a una problemática que ha adquirido dimensiones relevantes. De acuerdo con datos de la CONDUSEF, entre enero y abril de 2026 el 37.5 por ciento de las reclamaciones recibidas estuvo relacionado con un posible fraude. La Comisión informó que entre enero y mayo se habían registrado más de 35 mil reclamaciones relacionadas con posibles fraudes financieros.
Sosa Ruíz explicó que los delincuentes recurren cada vez más a la ingeniería social, haciéndose pasar por bancos u otras instituciones mediante llamadas relacionadas con supuestos cargos no reconocidos, bloqueos de cuentas, transferencias sospechosas, reembolsos o problemas de seguridad.
Por ello, la propuesta plantea que los concesionarios que presten servicios de voz implementen mecanismos interoperables que permitan autenticar el identificador de origen de las llamadas, preservar la integridad de esa información y poner el resultado a disposición de las personas usuarias.
Además, se propone que la CONDUSEF establezca y administre un registro de los números y demás identificadores que las instituciones financieras utilicen para comunicarse con sus clientes, incluyendo aquellos empleados por terceros que actúen en su nombre.
La medida no pretende bloquear automáticamente las llamadas no autenticadas, ya que una llamada sin autenticación no necesariamente es fraudulenta.
La autoridad técnica determinará, bajo criterios de proporcionalidad y neutralidad tecnológica, cuándo existen elementos objetivos de falsificación, alteración o uso no autorizado que ameriten medidas de advertencia, rastreo, mitigación o bloqueo.
La iniciativa establece además que la autenticación de una llamada no significará que su contenido sea verdadero ni que una operación financiera quede automáticamente autorizada.
Los mecanismos de seguridad y autenticación de cada institución continuarán siendo obligatorios.
-Inaugura exposición de Eduardo Handall en el Senado
La Senadora de la República, Olga Sosa Ruíz, inauguró la exposición del artista visual tamaulipeco Eduardo Handall, en el espacio designado por el Senado para promover el arte y la cultura de México.
La senadora afirmó que abrir las puertas del Senado a las expresiones artísticas significa reconocer que la cultura no debe permanecer alejada de la sociedad, sino estar al alcance de todas y todos. Por su parte Handall agradeció a la senadora por abrir un espacio como el Senado de la República para presentar su trabajo.
“Presentar Máscaras del ser precisamente aquí, tiene para mí un significado especial. Este es un espacio donde diariamente conviven ideas distintas,argumentos, decisiones, acuerdos y desacuerdos; pero detrás de cualquier cargo, de cualquier posición”, destacó el artista tamaulipeco.
Miguel Alemán, Tamaulipas.- La senadora Olga Sosa Ruíz destacó avances con acciones y resultados en la Ribereña gracias a la coordinación de autoridades federales, estatales y municipales, que mejoran la seguridad pública y permiten el retorno de familias a sus hogares.
Desde la frontera grande, atestiguó los segundos informes de gobierno de Adriana Hinojosa Ibañez, en Mier, y Ramiro Cortez Barrera, en Miguel Alemán.
Resaltó las 15 nuevas estaciones seguras impulsadas por el gobernador Américo Villarreal Anaya, que generarán un corredor económico y logístico en la región.
En Mier se reportaron obras de pavimentación, alumbrado público e instalación de luminarias que realzan el Pueblo Mágico.
En Miguel Alemán se avanzó en infraestructura, salud, educación, cultura y deporte.
El gobernador indicó que las estaciones se ubicarán cada 25 kilómetros para impulsar la economía local. “La paz no es la meta, la paz es el camino”, afirmó.
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Los foros estatales y regionales sobre la regulación de celulares en escuelas coinciden en prohibir su uso, afirmó Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación de Tamaulipas (SET).
“Sí es necesaria la prohibición… ya es consenso nacional que el 85 por ciento está a favor. Será instrucción de la Secretaría federal de Educación”, señaló.
Agregó que se requerirá una ley y una guía operativa con lineamientos y sanciones.
El mecanismo de revisión se definirá con padres de familia a través de las sociedades de padres.
El foro estatal de Tamaulipas se realizará el 28 de septiembre; la convocatoria se publicará este viernes para especialistas, docentes y familias.
Valdez García descartó oposición de comisiones de derechos humanos, pues la medida protege el derecho al aprendizaje.
El Gobierno de Tamaulipas, encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, se sumará a las disposiciones nacionales.