Especial/Corresponsal Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Ayer jueves se cumplieron cinco años de la masacre de cinco hombres y tres mujeres ocurrida en el Fraccionamiento Valles de Anáhuac de Nuevo Laredo. Los autores intelectuales y materiales siguen gozando de su libertad.
Las víctimas de esta masacre eran originarias de Tamaulipas, así como de los estados de México, Oaxaca y Coahuila: Severiano Treviño Hernández, Cinoy Esmeralda Briseño Chapa, Luis Fernando Hernández Viesca, Enrique Pérez Chávez, Wilbert Irraestro Pérez, Juana Jetzel Graciano Magaña, José Daniel Saucedo Hernández, y Jennifer Hazel Romero López.
La tarde del jueves 5 de septiembre del 2019 funcionarios del Gobierno del Estado de Tamaulipas, anunciaron en un comunicado de prensa “…haber abatido a ocho integrantes de una célula criminal durante un supuesto enfrentamiento con autoridades estatales y federales…”.
Sin embargo, esa “versión oficial” fue desvirtuada de inmediato por una investigación sustentada en testimonios de al menos tres víctimas sobrevivientes y cuatro video grabaciones que fueron obtenidas por personal del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo y exhibidas en diferentes medios de comunicación nacionales y extranjeros obligando a las autoridades a reconocer su “Montaje”.
Cinco hombres y tres mujeres fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales por agentes de Inteligencia y Policía Estatal de Tamaulipas en 2019, con la complicidad de militares. La CNDH sin emitir recomendación a pesar de investigar violaciones graves a los derechos humanos
La reacción de las autoridades estatales encabezadas en ese tiempo por el entonces gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el Fiscal General de Justicia Irving Barrios Mojica y el vocero de prensa Francisco Juárez García fue una intensa campaña de criminalización en redes sociales de las víctimas, familiares e integrantes del Comité de Derechos Humanos, particularmente contra su presidente Raymundo Ramos Vázquez.
FISCALIA DE TAMAULIPAS SIMULA INVESTIGACION CON “FISCAL ESPECIAL”
Ante la evidencia de un desastroso montaje realizado por agentes del Centro de Análisis, Investigación y Estudios de Tamaulipas, (CAIET), la Policía Estatal y el Ejército Mexicano que participaron en la detención arbitraria, tortura y ejecución extrajudicial de las ocho víctimas y tres testigos sobrevivientes, el gobierno de Tamaulipas se vio obligado en nombrar un “Fiscal Especial” que concluyó la investigación responsabilizando únicamente a siete agentes de seguridad de al menos sesenta participantes.
De estos siete agentes, solamente dos fueron procesados por el delito de Homicidio Calificado, Abuso de Autoridad, Allanamiento y Declaraciones Falsas rendidas ante una Autoridad; José Rafael González Villalpando y Ricardo Guadalupe Mendoza Aguirre. El Fiscal Especial Gabriel Adelfo González Pérez solicitó a un Juez de Control cancelar las órdenes de aprehensión en contra de Zayra Concepción Guevara Garza, Juan Carlos Vicencio Zuviré y Azariel Urbina Arguelles, por apegarse al criterio de oportunidad (testigos protegidos), pero hasta la fecha se desconoce su paradero o si continúan dentro de la Policía Estatal.
Y finalmente otros dos agentes de la Policía Estatal comisionados al CAIET siguen prófugos de la justicia: Edith Esteban Cruz y Francisco Hernández Carbajal, por quienes la Fiscalía General de Justicia del Estado ofrece una recompensa de 200 mil pesos.
Por estos hechos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició el expediente de queja CNDH/2/2018/8078/Q, misma que intentó cerrar regresando la queja a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (CODHET), para que emitieran una Recomendación por tratarse de autoridades estatales los responsables de las violaciones a los derechos humanos.
Sin embargo, la CODHET regresó el Expediente de Queja a la CNDH para que se pronunciara ahora con el número CNDH/2/2022/12263/Q, mismo que hasta el momento no ha emitido una RECOMENDACIÓN por VIOLACIONES GRAVES A LOS DERECHOS HUMANOS.
El Vicealmirante de la Marina, Augusto Cruz Morales, entonces Secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas y principal responsable de este operativo ordenado por el entonces gobernador Cabeza de Vaca, nunca fue investigado por el “Fiscal Especial”, Adelfo Gabriel González Pérez, así como el Director del CAIET, Félix Arturo Rodríguez Rodríguez, hoy refugiado en el estado de Texas.
Imágenes cortesía: Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo Responsable de la Información: Raymundo Ramos Vázquez.
Ciudad Victoria, Tamaulipas – El Fiscal General de Justicia de Tamaulipas, Eduardo Govea Orozco, confirmó que los hechos registrados el 30 de diciembre de 2025 en el Hospital Infantil de Tamaulipas ya están totalmente esclarecidos y se procede en términos procesales.
“La investigación, iniciada a finales del año pasado, se ha enriquecido con nuevos elementos. El hecho está esclarecido, aunque no puedo dar más detalles por ahora”, afirmó el fiscal en entrevista al arribar a Palacio de Gobierno.
Govea Orozco resaltó la comunicación permanente con las víctimas para mantenerlas informadas sobre los avances y la identificación de los responsables.
“Reitero, el caso está esclarecido y avanzamos conforme a derecho”, señaló.
Desde el inicio, la Fiscalía ha contado con la plena colaboración del titular del Hospital Infantil y las autoridades del Sistema de Salud estatal en la investigación.
Senadora tamaulipeca propone iniciativa en materia de seguridad y punto de acuerdo para crear programa de espacios verdes.
Ciudad de México. – La senadora por Tamaulipas, Olga Sosa Ruíz, presentó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional, con el objetivo de incorporar el concepto de “Amenaza Tecnológica Emergente” frente al uso ilícito de drones y otras herramientas tecnológicas cuando sean utilizados por generadores de violencia para ocasionar violencia grave, sabotaje, intimidación estratégica o vulnerar la estabilidad institucional del Estado mexicano. Dentro de la exposición de motivos, argumentó que la disponibilidad de tecnologías con aplicaciones civiles, militares o criminales, han transformado profundamente la naturaleza de las amenazas contemporáneas. En ese contexto, señaló que organizaciones del crimen organizado han incorporado vehículos aéreos no tripulados adaptados para transportar y detonar explosivos, realizar labores de vigilancia o interferir comunicaciones, lo que representa un salto cualitativo en la letalidad de la violencia. De acuerdo con información pública de la Secretaría de la Defensa Nacional, los ataques con drones explosivos pasaron de 5 casos en 2020 a más de 260 en la primera mitad de 2023, acumulando más de 600 incidentes en ese periodo. En fechas recientes, en Camargo Tamaulipas, se suscitó un ataque con artefactos explosivos presuntamente lanzados desde un dron que dejó al menos un elemento de seguridad herido durante un operativo. El hecho reavivó la preocupación sobre la capacidad operativa de grupos criminales para emplear tecnología con fines delictivos. Ante ese contexto, la senadora morenista subrayó que la actual Ley de Seguridad Nacional no contempla con precisión técnica la utilización de tecnologías autónomas o semiautónomas como instrumentos de agresión por parte de actores no estatales, lo que genera un vacío jurídico frente a una realidad estratégica emergente. La reforma propuesta no crea nuevos delitos penales, sino que respeta los principios de legalidad, proporcionalidad y certeza jurídica, busca dotar a las autoridades competentes de un fundamento claro para la prevención, detección, monitoreo y neutralización de estas amenazas mediante mecanismos de inteligencia y coordinación estratégica. “La seguridad nacional no es una categoría estática, es una función viva del Estado que debe adaptarse a los riesgos que emergen de los cambios científicos y tecnológicos.” enfatizó. La reforma establece que serán considerados amenaza a la seguridad nacional los actos realizados mediante el uso, desarrollo o despliegue de tecnologías autonómas o controladas remotamente —incluidos sistemas aéreos no tripulados— cuando tengan por objeto generar violencia grave, sabotaje o afectar de manera sustancial la integridad territorial o el funcionamiento de las instituciones del Estado mexicano. Con esta propuesta, se busca modernizar el régimen jurídico de seguridad nacional ante la evolución tecnológica de las amenazas y fortalecer la capacidad del Estado mexicano para preservar la estabilidad institucional y el orden constitucional. En la misma sesión, la senadora presentó una proposición con punto de acuerdo para exhortar de manera respetuosa a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Turismo y los gobiernos estatales y municipales, a diseñar e implementar un Programa Federal de Muros, Techos y Espacios Verdes Urbanos dirigido prioritariamente a los municipios con mayor densidad poblacional y altos índices de contaminación. Señala que esta propuesta se sustenta en el derecho constitucional a un medio ambiente sano y en el marco normativo ambiental vigente, además de considerar estándares internacionales de calidad del aire establecidos por la Organización Mundial de la Salud. El exhorto plantea lineamientos técnicos estrictos, subsidios fiscales y esquemas de participación público-privado para fomentar la instalación de infraestructura verde en espacios públicos estratégicos, con metas cuantificables de reducción de contaminantes y temperaturas, así como evaluaciones anuales de impacto ambiental y social.
Personal de la Guardia Estatal intervino en un incidente ocurrido afuera de un centro de salud en Reynosa, Tamaulipas, para rescatar a un bebé que había quedado al interior de un automóvil.
Según la información proporcionada por la madre del menor, previamente había acudido al centro para aplicar una vacunación al bebé y lo colocó en su portabebés dentro del vehículo.
Al intentar ingresar al auto, este se cerró con las llaves en el interior y el control remoto dejó de funcionar.
Ante la situación, se solicitó apoyo a las autoridades.
Al arribar al lugar, los elementos de la Guardia Estatal procedieron a romper uno de los vidrios del vehículo para acceder rápidamente al interior y extraer al menor.
El bebé fue atendido y puesto a salvo sin que se reporten lesiones o afectaciones a su salud.
La madre precisó que no se trató de un caso de abandono, (como se había manejado la información en un principio) sino de un accidente derivado del bloqueo del sistema de cierre del automóvil.
Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Un joven de 22 años identificado como Eduardo N. perdió la vida este miércoles tras perder el control de una motocicleta que conducía en la calle San Salomón de la colonia Villas de San Miguel.
De acuerdo con reportes preliminares, el conductor circulaba en una motocicleta Vento 300 de color negro, la cual se encontraba prestada.
Al pasar sobre un tope, perdió el dominio de la unidad, lo que provocó que fuera proyectado al pavimento.
La motocicleta impactó contra una camioneta Jeep Liberty estacionada y una GMC modelo 2004 que era conducida por Bryan N.
Elementos de emergencia acudieron al lugar para brindar atención al motociclista, quien fue trasladado en una ambulancia de Protección Civil. Sin embargo, falleció durante el traslado.
Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado tomó conocimiento del hecho para realizar las investigaciones correspondientes.