Especial/Corresponsal Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Ayer jueves se cumplieron cinco años de la masacre de cinco hombres y tres mujeres ocurrida en el Fraccionamiento Valles de Anáhuac de Nuevo Laredo. Los autores intelectuales y materiales siguen gozando de su libertad.
Las víctimas de esta masacre eran originarias de Tamaulipas, así como de los estados de México, Oaxaca y Coahuila: Severiano Treviño Hernández, Cinoy Esmeralda Briseño Chapa, Luis Fernando Hernández Viesca, Enrique Pérez Chávez, Wilbert Irraestro Pérez, Juana Jetzel Graciano Magaña, José Daniel Saucedo Hernández, y Jennifer Hazel Romero López.
La tarde del jueves 5 de septiembre del 2019 funcionarios del Gobierno del Estado de Tamaulipas, anunciaron en un comunicado de prensa “…haber abatido a ocho integrantes de una célula criminal durante un supuesto enfrentamiento con autoridades estatales y federales…”.
Sin embargo, esa “versión oficial” fue desvirtuada de inmediato por una investigación sustentada en testimonios de al menos tres víctimas sobrevivientes y cuatro video grabaciones que fueron obtenidas por personal del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo y exhibidas en diferentes medios de comunicación nacionales y extranjeros obligando a las autoridades a reconocer su “Montaje”.
Cinco hombres y tres mujeres fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales por agentes de Inteligencia y Policía Estatal de Tamaulipas en 2019, con la complicidad de militares. La CNDH sin emitir recomendación a pesar de investigar violaciones graves a los derechos humanos
La reacción de las autoridades estatales encabezadas en ese tiempo por el entonces gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el Fiscal General de Justicia Irving Barrios Mojica y el vocero de prensa Francisco Juárez García fue una intensa campaña de criminalización en redes sociales de las víctimas, familiares e integrantes del Comité de Derechos Humanos, particularmente contra su presidente Raymundo Ramos Vázquez.
FISCALIA DE TAMAULIPAS SIMULA INVESTIGACION CON “FISCAL ESPECIAL”
Ante la evidencia de un desastroso montaje realizado por agentes del Centro de Análisis, Investigación y Estudios de Tamaulipas, (CAIET), la Policía Estatal y el Ejército Mexicano que participaron en la detención arbitraria, tortura y ejecución extrajudicial de las ocho víctimas y tres testigos sobrevivientes, el gobierno de Tamaulipas se vio obligado en nombrar un “Fiscal Especial” que concluyó la investigación responsabilizando únicamente a siete agentes de seguridad de al menos sesenta participantes.
De estos siete agentes, solamente dos fueron procesados por el delito de Homicidio Calificado, Abuso de Autoridad, Allanamiento y Declaraciones Falsas rendidas ante una Autoridad; José Rafael González Villalpando y Ricardo Guadalupe Mendoza Aguirre. El Fiscal Especial Gabriel Adelfo González Pérez solicitó a un Juez de Control cancelar las órdenes de aprehensión en contra de Zayra Concepción Guevara Garza, Juan Carlos Vicencio Zuviré y Azariel Urbina Arguelles, por apegarse al criterio de oportunidad (testigos protegidos), pero hasta la fecha se desconoce su paradero o si continúan dentro de la Policía Estatal.
Y finalmente otros dos agentes de la Policía Estatal comisionados al CAIET siguen prófugos de la justicia: Edith Esteban Cruz y Francisco Hernández Carbajal, por quienes la Fiscalía General de Justicia del Estado ofrece una recompensa de 200 mil pesos.
Por estos hechos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició el expediente de queja CNDH/2/2018/8078/Q, misma que intentó cerrar regresando la queja a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (CODHET), para que emitieran una Recomendación por tratarse de autoridades estatales los responsables de las violaciones a los derechos humanos.
Sin embargo, la CODHET regresó el Expediente de Queja a la CNDH para que se pronunciara ahora con el número CNDH/2/2022/12263/Q, mismo que hasta el momento no ha emitido una RECOMENDACIÓN por VIOLACIONES GRAVES A LOS DERECHOS HUMANOS.
El Vicealmirante de la Marina, Augusto Cruz Morales, entonces Secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas y principal responsable de este operativo ordenado por el entonces gobernador Cabeza de Vaca, nunca fue investigado por el “Fiscal Especial”, Adelfo Gabriel González Pérez, así como el Director del CAIET, Félix Arturo Rodríguez Rodríguez, hoy refugiado en el estado de Texas.
Imágenes cortesía: Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo Responsable de la Información: Raymundo Ramos Vázquez.
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas obtuvo la vinculación a proceso contra Roberto Alejandro “N”, Jonathan Isaí “N” y Juan Antonio “N” por el delito de extorsión agravada, tras el análisis de un Órgano Jurisdiccional.
Los hechos ocurrieron el 3 de septiembre de 2026, cuando los tres masculinos arribaron a un establecimiento comercial, amenazaron al propietario y le exigieron un pago relacionado con la comercialización de sus productos.
La víctima alertó a la Guardia Estatal, que llegó al lugar y detuvo a los señalados.
El Juez de Control formuló la imputación, los vinculó a proceso y fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.
Tula, Tamaulipas.- La senadora Olga Sosa Ruiz reconoció los informes de los alcaldes René Lara Cisneros (Tula) y Sindy Paholet Monita Ramírez (Palmillas), y respaldó a los municipios del altiplano tamaulipeco, calificados como orgullo de la entidad.
Destacó la visión municipalista del gobernador Américo Villarreal Anaya y el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum, que han permitido reducir la pobreza multidimensional mediante programas de bienestar.
La colaboración federación-estado-municipios eleva el bienestar en comunidades agrícolas con legado histórico.
En Tula, Pueblo Mágico, se fortaleció la educación con infraestructura y transporte escolar, apoyos de semilla de maíz, maquinaria, programa Mujeres Rurales, reparación de caminos, infraestructura urbana y promoción turística (festivales del cabrito y la gordita).
Estado y federación destinan 2 mil millones de pesos anuales en programas sociales.
En Palmillas se mejoraron caminos rurales, red hidráulica, apoyos a agricultura, ganadería, mujeres, adultos mayores y juventudes, además de empleo temporal, alimentos escolares, Nutrimar y becas.
Se invierten 173 millones de pesos en infraestructura, beneficiando a 745 personas con 14 programas.
La política humanista y colaborativa; así como la suma de esfuerzos estado, federación y municipios, dan resultados en Tamaulipas
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La senadora de la República, Olga Sosa Ruíz, destacó la visión municipalista del gobernador Américo Villarreal Anaya al asistir a los informes de gobierno de los alcaldes tamaulipecos.
“Hacemos equipo con el gobernador Américo Villarreal Anaya para impulsar una legislación emanada desde el territorio. El gobernador fomenta la unidad de nuestro Tamaulipas con su presencia en los informes de Gobierno”, enfatizó Olga Sosa, tras atestiguar los informes de Praxedis Guajardo Reyna, de Hidalgo y Eduardo Gattás Báez, de Victoria.
El gobernador Américo Villarreal destacó las políticas públicas para fortalecer y ampliar las capacidades de los ayuntamientos, manteniendo un gobierno de territorio y cercano a la gente.
En Ciudad Victoria, el mandatario agradeció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para la realización de obras como la segunda línea del acueducto; los programas de bienestar y la construcción de la súper carretera del Golfo de México.
Además, estado y federación invierten en este municipio 13 mil 400 millones de pesos, destacando más de 4 mil millones de pesos en obras públicas y 312 millones en útiles, becas y uniformes escolares.
En el Segundo Informe de su quinto año de gobierno, el alcalde Eduardo Gattás Báez, enlistó obras y acciones de su administración entre las que destacan la liquidación de la deuda de 103 millones de pesos de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, pavimentaciones y servicios públicos como la recolección de basura.
Gattás Báez enfatizó la cercanía con la ciudadanía a través del día del pueblo, en el que se escucha y atiende a la población para encontrar soluciones a sus demandas.
En Hidalgo destacan obras de agua y de vivienda
En su segunda rendición de cuentas al pueblo de Hidalgo, el presidente municipal Praxedis Guajardo enlistó los logros alcanzados en infraestructura educativa, pavimentaciones, agua potable para las comunidades, mejoramiento de vivienda, campo y seguridad en coordinación con el estado y la federación.
En este municipio con vocación ganadera y turística federación y estado apoyan con obras de infraestructura, construcción de viviendas bienestar y programas sociales que benefician a cinco mil 500 personas, entre adultos mayores, mujeres, jóvenes y estudiantes, con una inversión anual de 205 millones de pesos.
De igual forma destaca la construcción de cien casas de la CONAVI y la reparación de las compuertas de la presa Pedro José Méndez.
Padilla y Güemez, Tamaulipas. – La senadora Olga Sosa Ruíz, presidenta de la Comisión de Agricultura del Senado, reconoció los avances de estos municipios agrícolas al asistir a los segundos informes de gobierno de Enrique Quintanilla Selvera y José Lorenzo Morales Amaro.
La construcción de la súper carretera Golfo Norte, que inicia en octubre, generará empleos y dinamizará la economía de la región centro del estado, al cruzar por estas localidades de vocación productiva. Sosa destacó el impulso a la educación, el equipamiento escolar, el transporte estudiantil y la mejora de servicios públicos y caminos rurales.
El gobernador Américo Villarreal Anaya subrayó la colaboración entre estado, federación y municipios para detonar el desarrollo según la vocación de cada zona.
En Padilla se invirtió en rehabilitación de calles, fertilizantes, tecnificación de riego y diésel, mientras la federación beneficia a 3 mil 700 personas vulnerables.
En Güemez se avanzó en mejoramiento de vivienda para mujeres jefas de familia, combate al gusano barrenador para reactivar la exportación de ganado y obras de caminos, agua potable, educación y salud. Entre 2022 y 2026 se han aplicado 851 millones de pesos federales y estatales; este año más de cuatro mil personas reciben apoyos sociales.