Especial/Corresponsal Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Ayer jueves se cumplieron cinco años de la masacre de cinco hombres y tres mujeres ocurrida en el Fraccionamiento Valles de Anáhuac de Nuevo Laredo. Los autores intelectuales y materiales siguen gozando de su libertad.
Las víctimas de esta masacre eran originarias de Tamaulipas, así como de los estados de México, Oaxaca y Coahuila: Severiano Treviño Hernández, Cinoy Esmeralda Briseño Chapa, Luis Fernando Hernández Viesca, Enrique Pérez Chávez, Wilbert Irraestro Pérez, Juana Jetzel Graciano Magaña, José Daniel Saucedo Hernández, y Jennifer Hazel Romero López.
La tarde del jueves 5 de septiembre del 2019 funcionarios del Gobierno del Estado de Tamaulipas, anunciaron en un comunicado de prensa “…haber abatido a ocho integrantes de una célula criminal durante un supuesto enfrentamiento con autoridades estatales y federales…”.
Sin embargo, esa “versión oficial” fue desvirtuada de inmediato por una investigación sustentada en testimonios de al menos tres víctimas sobrevivientes y cuatro video grabaciones que fueron obtenidas por personal del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo y exhibidas en diferentes medios de comunicación nacionales y extranjeros obligando a las autoridades a reconocer su “Montaje”.
Cinco hombres y tres mujeres fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales por agentes de Inteligencia y Policía Estatal de Tamaulipas en 2019, con la complicidad de militares. La CNDH sin emitir recomendación a pesar de investigar violaciones graves a los derechos humanos
La reacción de las autoridades estatales encabezadas en ese tiempo por el entonces gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el Fiscal General de Justicia Irving Barrios Mojica y el vocero de prensa Francisco Juárez García fue una intensa campaña de criminalización en redes sociales de las víctimas, familiares e integrantes del Comité de Derechos Humanos, particularmente contra su presidente Raymundo Ramos Vázquez.
FISCALIA DE TAMAULIPAS SIMULA INVESTIGACION CON “FISCAL ESPECIAL”
Ante la evidencia de un desastroso montaje realizado por agentes del Centro de Análisis, Investigación y Estudios de Tamaulipas, (CAIET), la Policía Estatal y el Ejército Mexicano que participaron en la detención arbitraria, tortura y ejecución extrajudicial de las ocho víctimas y tres testigos sobrevivientes, el gobierno de Tamaulipas se vio obligado en nombrar un “Fiscal Especial” que concluyó la investigación responsabilizando únicamente a siete agentes de seguridad de al menos sesenta participantes.
De estos siete agentes, solamente dos fueron procesados por el delito de Homicidio Calificado, Abuso de Autoridad, Allanamiento y Declaraciones Falsas rendidas ante una Autoridad; José Rafael González Villalpando y Ricardo Guadalupe Mendoza Aguirre. El Fiscal Especial Gabriel Adelfo González Pérez solicitó a un Juez de Control cancelar las órdenes de aprehensión en contra de Zayra Concepción Guevara Garza, Juan Carlos Vicencio Zuviré y Azariel Urbina Arguelles, por apegarse al criterio de oportunidad (testigos protegidos), pero hasta la fecha se desconoce su paradero o si continúan dentro de la Policía Estatal.
Y finalmente otros dos agentes de la Policía Estatal comisionados al CAIET siguen prófugos de la justicia: Edith Esteban Cruz y Francisco Hernández Carbajal, por quienes la Fiscalía General de Justicia del Estado ofrece una recompensa de 200 mil pesos.
Por estos hechos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició el expediente de queja CNDH/2/2018/8078/Q, misma que intentó cerrar regresando la queja a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (CODHET), para que emitieran una Recomendación por tratarse de autoridades estatales los responsables de las violaciones a los derechos humanos.
Sin embargo, la CODHET regresó el Expediente de Queja a la CNDH para que se pronunciara ahora con el número CNDH/2/2022/12263/Q, mismo que hasta el momento no ha emitido una RECOMENDACIÓN por VIOLACIONES GRAVES A LOS DERECHOS HUMANOS.
El Vicealmirante de la Marina, Augusto Cruz Morales, entonces Secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas y principal responsable de este operativo ordenado por el entonces gobernador Cabeza de Vaca, nunca fue investigado por el “Fiscal Especial”, Adelfo Gabriel González Pérez, así como el Director del CAIET, Félix Arturo Rodríguez Rodríguez, hoy refugiado en el estado de Texas.
Imágenes cortesía: Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo Responsable de la Información: Raymundo Ramos Vázquez.
Ciudad Victoria y Matamoros, Tamaulipas, se convertirán en el escenario de un ejercicio democrático clave para la frontera norte de México. La Comisión de Asuntos de la Frontera Norte del Senado de la República llevará a cabo su Cuarta Audiencia Pública el próximo 16 y 17 de abril de 2026, con sede principal en Ciudad Victoria y actividades adicionales en Matamoros. Así lo anunció la senadora tamaulipeca Olga Sosa Ruíz durante la sexta reunión ordinaria de la comisión.
El objetivo es escuchar directamente a la ciudadanía, sectores productivos, academia, industria, población migrante y gobiernos locales para construir políticas públicas integrales que respondan a la realidad fronteriza. «Trasladar el Senado a territorio permite romper el centralismo y acercarnos a los verdaderos desafíos y oportunidades de la frontera”, destacó la legisladora. Entre los ejes principales se encuentran: fortalecer la unidad regional, potenciar el T-MEC como motor económico, atender temas de migración y seguridad, y enriquecer el trabajo legislativo con una visión plural e incluyente. La senadora reconoció la visión del presidente de la Comisión, Juan Carlos Loera, por impulsar estas audiencias en los estados fronterizos. «Esta participación plural fortalece la democracia y nos ayuda a diseñar propuestas legislativas más sensibles y eficaces para el desarrollo de Tamaulipas y la región norte”, añadió. Este ejercicio representa un modelo de acercamiento directo entre el Poder Legislativo y la sociedad fronteriza, buscando generar acciones concretas en materia económica, social y de cooperación binacional
Reynosa, Tamaulipas.- Esta mañana se registró un incidente en la Escuela Primaria Lauro Aguirre Justo Sierra, ubicada en la colonia Benito Juárez de Reynosa, sobre la avenida Héroes de la Reforma.
Según reportes preliminares, el hecho se originó a partir de un presunto caso de bullying que no había sido atendido por las autoridades escolares.
Alrededor de las 7:30 horas, un padre de familia confrontó a otros tutores y al personal docente, lo que derivó en un enfrentamiento físico en el plantel.
Posteriormente, circularon versiones entre los padres de familia de que un hombre había ingresado al interior de la escuela portando un arma y amenazando al personal.
Estas versiones generaron alarma, activaron los protocolos de seguridad y provocaron que varios padres acudieran a retirar a sus hijos antes de la hora habitual.
Elementos de la Guardia Estatal y de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas se presentaron en el lugar, resguardaron la zona y realizaron entrevistas con directivos y testigos.
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la presencia de un arma dentro del plantel ni se han reportado personas lesionadas.
La investigación continúa para esclarecer los hechos.
-Legisladora tamaulipeca destaca avance sobre el derecho a la protección de datos personales.
Ciudad de México, 24 de marzo de 2026.- El pleno del Senado de la República aprobó un dictamen en materia de protección de datos personales de la senadora tamaulipeca Olga Sosa Ruíz, para establecer el consentimiento para el tratamiento de datos personales, “Esta reforma establece que dicho consentimiento debe ser libre, específico, informado e inequívoco. Es decir, que las personas comprendan qué información entregan, para qué se utilizará y en qué condiciones será tratada” dijo la promovente.
La senadora tamaulipeca informó que la Constitución reconoce la protección de los datos personales como una garantía fundamental del derecho a la privacidad y a la libertad, y argumentó que la carta magna reconoce que “toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, así como al acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre el tratamiento de los mismos”. El dictamen de las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Transparencia, y de Estudios Legislativos, Primera, que adiciona un párrafo segundo al artículo 14 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como el artículo 7 Bis a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, fue aprobado por unanimidad con 98 votos. En tribuna, la senadora del Grupo Parlamentario de Morena, Olga Sosa Ruíz, subrayó que en la vida cotidiana las y los mexicanos comparten constantemente información personal a través de plataformas digitales, muchas veces sin conocer el uso o destino de sus datos, por ello destacó que la reforma fortalece el derecho a la protección de datos personales como una garantía fundamental vinculada a la privacidad y la libertad. “Porque detrás de cada dato hay una persona, una historia y una vida, y protegerlos es proteger a nuestra gente”, expresó. Explicó que se usa el teléfono para pedir comida, para comprar en línea, hacer un trámite, consultar el banco o registrarnos en alguna plataforma digital. “En cada una de esas acciones dejamos fragmentos de nuestra vida e identidad: nuestro nombre, nuestra dirección, nuestro número telefónico.” Y esta reforma significa una mayor protección para la ciudadanía y mayor certeza jurídica. La senadora Sosa Ruíz explicó “Las personas deben tener la certeza de que cuando entregan su información a una institución pública, a una empresa o a una plataforma digital, sus datos serán tratados con responsabilidad y dentro de la ley.” Asimismo, en el dictamen aprobado se contemplan medidas específicas para proteger a sectores en situación de vulnerabilidad, como niñas, niños, adolescentes y personas que requieren representación legal, mediante reglas claras que aseguren el adecuado resguardo de sus datos personales. Proteger los datos personales es proteger a la gente, sentenció la senadora promovente.
La madrugada de este martes se registró el choque de dos pipas (una cargada con gasolina y otra con lubricante), a la altura del kilómetro 9 de la carretera a Rumbo Nuevo. Al parecer una falla mecánica fue lo que ocasionó el choque y posteriormente un incendio. Autoridades y cuerpos de emergencias se encuentran en el lugar. La circulación por esa vialidad se encuentra cerrada. Tome sus precauciones.