“Para mí esta lucha no es un tema de venganza, es un tema de justicia, para que ninguna otra mujer lo viva”, expresó.
La legisladora ha sido violentada de diversas formas por no prestarse a participar en actos de corrupción.
La diputada federal Montserrat Arcos Velázquez presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (FISEL) por el delito de violencia política de género, en contra de Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y de Hugo Eduardo Gutiérrez Arroyo, secretario de Finanzas y Administración del partido.
Arcos Velázquez precisó que el motivo es por las amenazas e intimidaciones de las que ha sido víctima con el propósito de que accediera, cuando era presidenta del Organismo Nacional de Mujeres (ONMPRI), a simular el ejercicio de los recursos correspondientes al 3% de las prerrogativas que el Instituto Nacional Electoral (INE) le entrega a los partidos políticos por concepto de capacitación y empoderamiento político de las mujeres, para desviar 16 millones de pesos, a lo que se negó rotundamente.
“Les recuerdo que la simulación del uso de estos recursos es un delito, por lo que he acudido ante el INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) también para solicitar medidas cautelares y de protección porque temo por mi vida, y que hasta el momento no se me han dado, pero que además es un tema que viven muchas mujeres en el plano laboral y que no deben ocurrir”, expresó.
La legisladora tamaulipeca explicó que estas personas ejercieron el delito de violencia política de género contra una mujer al afectar el ejercicio de sus derechos políticos y electorales o el desempeño de su cargo, desde el momento en que la Secretaría de Finanzas del PRI empieza a ejercer unilateralmente el recurso del ONMPRI sin tomar en cuenta los estatutos del partido y el programa anual 2023.
“Quiero comentarles que también ejercieron el delito de amenazas o intimidaciones en contra de una mujer directa o indirectamente con el objetivo de inducirla u obligarla a presentar la renuncia a su cargo, como lo establece la Ley de Delitos Electorales”, dijo.
La diputada recordó que a raíz de su intervención del 5 de octubre en el Consejo Político Nacional donde se deslindó del manejo unilateral de los recursos del ONMPRI, ha sido excluida de todas las actividades del partido como convocatorias, al Consejo Político Nacional, la Comisión Política Permanente de manera presencial, además de que todas sus representantes estatales, lideresas, legisladoras y los presidentes de los comités directivos estatales del PRI, fueron conminados a no tener comunicación con ella.
Comentó que también denuncia el delito de quien impida por cualquier medio que las mujeres electas o designadas para cualquier cargo rindan protesta o ejerzan libremente su cargo o las actividades inherentes al mismo, como fue su caso en diciembre de 2023 cuando fue destituida, de lo que se enteró a través de las redes sociales.
Montserrat Arcos reveló que para poder tener comunicación con la Contraloría del PRI y realizar la entrega-recepción del organismo, fue sometida junto a su coordinadora administrativa, a una humillante revisión para certificar que no estuvieran documentando la conversación, situación que fue vergonzoso, y que ninguna mujer debe vivir.
“Para mí esta lucha no es un tema de venganza, es un tema de justicia en donde no podemos estar en una coyuntura de tener por primera vez a una mujer en la Presidencia de la República, y de que mujeres como tu servidora vean destruida su carrera por no aceptar formar parte de un acto de corrupción. Me motiva que ninguna otra mujer lo viva, que lo piensen dos veces antes de destruir la honorabilidad de una mujer que se ha dedicado a hacer política y que le ha servido a su partido”, concluyó.
Ciudad de México.– La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) realizó el relevo de mandos en nueve estados del país como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
En un comunicado emitido por la Sedena, se informó que A partir del 1 de mayo del presente año, fueron designados 20 Generales del Ejército, 1 General de la Fuerza Aérea y 7 Generales de la Guardia Nacional, para ocupar los cargos.
Los comandantes relevados corresponden a las Zonas Militares: 9/a en Culiacán, Sinaloa; 11/a en Guadalupe, Zacatecas; 12/a en San Luis Potosí; 15/a en La Mojonera y 41/a en Puerto Vallarta, Jalisco; 35/a en Chilpancingo, Guerrero; 37/a en Santa Lucía, Estado de México; 47/a en Piedras Negras, Coahuila; 28/a en Ixcotel, Oaxaca; y 31/a en Rancho Nuevo, Chiapas.
Se dio a conocer que estas designaciones se apegan a procedimientos rutinarios de la Política de Manejo de Recursos Humanos para la asignación de los mandos.
Ciudad de México.- Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Guardia Nacional detuvieron a Agustín Toledo Amaro, alcalde de Atlatlahucán, Morelos, como parte de la Operación Enjambre y la Estrategia Nacional contra la Extorsión.
A través de su cuenta en X, el secretario Omar García Harfuch informó que se cumplimentaron cuatro órdenes de aprehensión, entre ellas la de Toledo Amaro y la de Irving “N”, expresidente municipal de Yecapixtla. Las acciones cuentan con información del Centro Nacional de Inteligencia.
Las autoridades continúan buscando a Jesús Corona Damián, alcalde de Cuautla, también señalado en el operativo. Según fuentes federales, los ediles habrían sostenido reuniones con Júpiter Araujo Bernard, “El Barbas”, presunto líder del Cártel de Sinaloa en la región oriente de Morelos.
Toledo Amaro llegó a la alcaldía por la coalición PAN-PRI-PRD y Redes Sociales Progresistas.
Corona Damián y el expresidente de Yecapixtla también tienen antecedentes en partidos de oposición.
Con estas acciones, el gobierno federal intensifica el combate a grupos delictivos dedicados a la extorsión en Morelos, donde se ha registrado un aumento de actividades criminales en varios municipios.
San Antonio Texas.- La mañana del 15 de mayo, entre las 5 y 6 a.m., se reportó un incendio de un vehículo en el estacionamiento de un almacén en el 500 block de Richland Hills Drive, San Antonio, Texas.
Al lugar acudieron elementos de Bomberos, quienes encontraron dentro del vehículo los cuerpos calcinados de dos niños, de aproximadamente 5 y 7 años.
El médico forense confirmará oficialmente las identidades y causas exactas de muerte. Autoridades señalan a una mujer de nombre Marlene Vidal, de 34 años, residente de Edinburg, Texas, como la autora de estos trágicos hechos, por lo que fue detenida en la escena.
Según autoridades, ella es la madre de los niños y les dijo a los oficiales algo equivalente a “Yo soy a quien están buscando”.
La mujer fue interrogada y posteriormente acusada de asesinato capital.
Las autoridades indican que evidencia de la escena, declaraciones de ella misma y videos de cámaras de seguridad sugieren que la mujer actuó sola.
Se investiga la posibilidad de que la mujer presente problemas de salud mental y esto haya jugado un rol importante en estos hechos.
Un testigo que paseaba a su perro vio el vehículo en llamas y reportó el incidente; otra persona también llamó al 911.
Este es un caso extremadamente trágico que ha conmocionado a la comunidad.
Las autoridades lo describen como un evento desgarrador.
Se espera que en el transcurso de las horas se de a conocer más sobre lo ocurrido.
CDMX.- El ex secretario de Seguridad Pública, del Gobierno de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, fue detenido en Estados Unidos, además que también trascendió el aseguramiento de Enrique Díaz Vega, ex secretario de Finanzas del mismo gobierno de Rocha Moya.
Autoridades estadounidenses confirmaron la detención de Gerardo Mérida, al igual que el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.
De acuerdo al informe del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, en su cuenta oficial de X, Gerardo Mérida fue detenido en Arizona, en donde se abría entregado el pasado 11 de mayo y trasladado a Nueva York.
Sobre Enrique Díaz, hasta el momento la información surge como un trascendido de haberse entregado en Europa, sin que hasta el momento autoridades estadounidenses o del Gobierno de México, emitan comunicado oficial al respecto.
Ambos son señalados en la acusación de abril 2026 por presuntos vínculos con “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, incluyendo sobornos, filtración de información y colaboración para proteger operaciones de narcotráfico.