Autoridades de Mérida declararon ilegal la detención policial de trabajadoras sexuales en la región, debido a ir contrario a los artículos 1 y 5 de la Constitución Federal en donde establece el derecho a no discriminación y trabajo.
Tras un amparo presentado por 16 trabajadoras sexuales, el 29 de octubre del 2020 el Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Decimocuarto Distrito, confirmó como inconstitucional la detención del trabajo sexual en vía pública, yendo en contra de los artículos 1 y 5 de la Constitución Federal los cuales establecen el derecho a la no discriminación y al trabajo, respectivamente.
La denuncia por las trabajadoras fue dada tras los operativos en su contra por la Policía Municipal de Mérida, que resultaron en violaciones a los derechos humanos como persecuciones, extorsión, amenazas, hostigamiento, robo y lo que se puede considerar como tortura. La jueza que emitió el amparo recalcó que la fracción VI del artículo 15 del Reglamento de Mérida que sancionaba a las trabajadoras sexuales, generaba discriminación en contra de las personas que se dedicaban a esta labor, violando sus derechos a la igualdad de trabajo.
