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Tal como si fuera un camarón, Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, rindió un informe de lo que antes fuera la PGR; ocupó 100 días, la terminó de descabezar, le sacó toda la mengambrea, podredumbre, la corrupción, tropelías y el despilfarro de la mafia del poder; la dejó al servicio y a conveniencia del presidente, y del mismo pueblo sabio.

El reporte incluye información sobre los dolorosos y mediáticos casos de: Ayotzinapa; la Estafa Maestra; Odebrecht y Tlahuelilpan; pero centra sus detalles radiográficos de la ex PGR en un impresionante rezago en averiguaciones previas; despilfarro económico en la adquisición de bienes inmuebles, aviones, drones, blindadas; un descontrol absoluto en las tareas y labores del personal, incluso una deficiencia lapidaria en el funcionamiento del sistema judicial, y hasta algunas propiedades sospechosamente fueron puestas a la venta. 

Se encontró un rezago injustificado de más de 300 mil averiguaciones previas y carpetas de investigación sin resolver; no había un sistema de oficialía de partes en la Ciudad de México y en toda la República para administrar estas tareas; por lo cual, cada unidad podía recibir los casos que quería o le convenía sin ningún orden, ni verificación, por lo que el promedio general de eficiencia no alcanzaba más del 5% del volumen total de asuntos tramitados; un Agente del Ministerio Público, conforme podía llevar un caso, ninguno o hasta mil, debido al inexistente programa de verificación sobre el número de averiguaciones previas y carpetas de investigación.

Se encontraron más de 21 mil órdenes de aprehensión incumplidas y más de 28 mil mandamientos ministeriales en igual situación. Para el caso de los Servicios Periciales, el rezago en la emisión de dictámenes era de más de 3 mil.

De 4 mil elementos policíacos en activo, para todo el país, 800 habían sido adscritos a servicios de protección y seguridad a funcionarios, ex funcionarios, políticos y personas diversas.

Respecto a lo que Gertz Manero, refiere como “Estructura Administrativa”, reportó una evidente anarquía, con áreas de atención a la ciudadanía con grave escasez de personal de apoyo; mientras que, por otro lado, había áreas no prioritarias, con exceso de personal desperdiciado o subutilizado.

De allí se desprende el despilfarro económico del personal teniendo un número desproporcionado de funcionarios de alta jerarquía, así como plazas eventuales y contratos de honorarios con elevadas percepciones sin que estuvieran establecidas con precisión sus obligaciones laborales, ni su vinculación, evaluación de resultados y productividad.

Tampoco había control del gasto corriente reflejándose en gastos no justificados o inútiles; tanto en viáticos, como en servicios de apoyo, contratos de mantenimiento, talleres de reparación y gastos diversos no justificados. Aquí al fiscal se le olvidó reportar algún montó, pero bueno.

Dice que detectó una falta evidente de control sobre el uso y el estado de la flota de transporte terrestre, compuesta por un total de 4 mil vehículos, entre propios y arrendados, que incluye un gran número de unidades blindadas para uso de altos funcionarios y sus allegados.

Gertz, habla de compras multimillonarias de aeronaves, las cuales se adquirieron a precios evidentemente inflados y con un propósito injustificado, destacando que entre 2013 y 2015, se realizó una inversión de más de mil millones de pesos en la adquisición, mantenimiento, capacitación y seguros de aeronaves no tripuladas (drones), mediante adjudicación directa, sin contar con un estudio de necesidades y de costos competitivos, ni un informe de resultados que pueda demostrar su utilidad en judicializaciones concretas.

Este rubro en particular, le dedicó un poco más de tiempo el titular de la FGR, pues dice que asimismo, en octubre de 2013, la Procuraduría adquirió un avión Bombardier Challenger 605 transcontinental con un precio que ascendió a 19.5 millones de dólares, mientras que el precio real de comercialización señalado en los sistemas de valuación internacionales era de 15.5 millones de dólares (cuatro millones de dólares de sobreprecio).

La presunta corrupción ventilada, da una injustificada falta de control en la utilización de la infraestructura inmobiliaria, con edificios rentados a precios exorbitantes, con muchas deficiencias en su funcionalidad; por otro lado, existen propiedades de la Institución vacías y abandonadas; además de 6 inmuebles que fueron otorgados para su venta oficial en el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), y que se desviaron hacia intereses particulares, lesionando gravemente el patrimonio de la Institución.

El informe de los 100 días de Gertz Manero al frente de la Fiscalía, es de poco menos de diez hojas; y referente a los gastos de Seguridad Pública, ventiló que se aplicaron los fondos en forma irracional y sospechosa, sin mecanismos de supervisión adecuada, lo que propiciaba que el presupuesto se ejerciera de manera discrecional e inexplicable, que en ocasiones permitieron gastar más de 144 millones de pesos, en una sola área, que no había ejercido durante años, recursos significativos en ese rubro.

En el ejercicio del gasto en las Delegaciones Estatales, se han encontrado gastos elevados e injustificados en diversos rubros, por ejemplo, rentas, vigilancia, limpieza, jardinería, servicios, entre otros.

Los neoliberales mafiosos del poder les dejaron una flota aérea de 35 helicópteros y 17 aviones. Los izquierdistas ya revisaron las necesidades reales de operación y se redujo dicha flota en un 74%, conservando solo las aeronaves necesarias para las operaciones sustantivas, y cancelando todas las unidades de lujo, que no son adecuadas para las operaciones que realiza la Fiscalía.  

En los casos de compras millonarias de aeronaves y drones sin justificar, o a altos precios, se han iniciado auditorías administrativas y técnicas a los contratos, analizando sus costos y su legalidad.

Sobre la adquisición de vehículos blindados, se están revisando los contratos correspondientes, a fin de determinar si existen irregularidades. 

En cuanto a la infraestructura inmobiliaria, ya están reorganizando las áreas de ocupación y concluyendo los contratos de arrendamiento de los inmuebles innecesarios, a fin de optimizar al máximo los edificios propios, incluyendo la recuperación de inmuebles que se otorgaron para venta a través del INDAABIN, por estar supuestamente dañados en los sismos de septiembre de 2017 y que esa Institución pretendía concesionar comercialmente por cuarenta años, despojando así a la Fiscalía General de la República de su patrimonio.

De nombres, de presuntos responsables, de carpetas de investigación apresuradas; procesos iniciados y/o cualquier otro indicio que lleve con los estafadores, el mejor fiscal en la historia de México, no dijo nada nadita de nada. 

davidcastellanost@hotmail.com
@dect1608

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Opinión

La mujer del pelotero

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La historia de terror que atraviesan los 47 trabajadores federales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en Tamaulipas es más que un simple conflicto laboral. Es una retórica fallida que evidencia el fondo de una contradicción institucional.

La dependencia encargada de vigilar que se respeten los derechos laborales… no puede garantizar los de su propio personal.

Aunque han guardado silencio por varios meses, lo de hoy es insostenible. Semanas sin pago, y no es la primera vez. Ha ocurrido antes. Han sufrido hasta tres meses sin salario, dicen. Sin retroactividad. Sin explicación clara.

Y ahora, una transición. Opaca y represora, comentaron los trabajadores federales, pues dicen que solo a través de una videollamada. Les bajaron instrucción. Un cambio de esquema, y punto. Van a pasar del orden federal al estatal. Sin reglas claras. Sin certezas. Sin garantías laborales.

El secretario Marath Baruch Bolaños López no ha dado la cara. Y ese silencio pesa más que cualquier pecado que haya cometido con anterioridad el mismo PRI en toda su historia.

No se trata de un simple ajuste administrativo. Es la estabilidad de personas que llevan décadas en el servicio público. Hay casos de más de 30 años de antigüedad. Trayectorias completas que hoy se reducen a una condición: firma o te quedas sin ingreso.

Renunciar a la antigüedad. A la compensación. A derechos adquiridos.

Aceptar un salario menor.

Firmar contratos temporales.

Trabajar, en los hechos, en condiciones de informalidad… dentro de una institución que sanciona precisamente eso.

La ironía… Los trabajadores de la STPS exigen a empresas que otorguen prestaciones, que respeten la ley, que garanticen estabilidad… mientras ellos no tienen nada de eso.

Ni siquiera porque el artículo 123 constitucional lo deja en claro: La irrenunciabilidad de derechos no es negociable. Y la progresividad laboral no va con los retrocesos.

La jurisprudencia es clara: en procesos de reestructuración, los derechos deben respetarse íntegramente.

Aquí pretenden que ocurra lo contrario.

Se reduce salario. Se eliminan prestaciones. Se borra antigüedad.

Se precariza.

Y se hace con presión.

Con la urgencia del trabajador que necesita cobrar para sostener a su familia.

Porque si el Estado puede desdibujar derechos laborales bajo el argumento de una “transición”, entonces cualquier empresa podría intentar lo mismo.

En la intimidad…. Mientras en un frente se discuten derechos laborales que se diluyen, en otro se construyen políticas públicas que, al menos en papel, buscan sostener a la población.

En Tampico, la administración de Mónica Villarreal Anaya ha apostado por un modelo concreto en materia de salud: atender la diabetes con seguimiento real, no con campañas de ocasión.

El Centro de Control de Diabetes (CECODIAT), en Morelos y Borreguera, ya tiene números que respaldan el discurso: más de 800 consultas diabetológicas, 992 de nutrición y un 56 por ciento de control metabólico en pacientes registrados.

En México la diabetes sigue siendo una de las principales causas de muerte, hablar de control —no de atención aislada— es hablar de política pública bien enfocada.

davidcastellanost@hotmail.com
@dect1608

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Opinión

Un legado social para nuevas juventudes

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Por: Zaira Rosas
zairosas.22@gmail.com

Era 2013 cuando conocí en persona a Rossana Reguillo. Acababa de leer un libro suyo donde analizaba a los policías en México; su narrativa bastó para volverme su admiradora y querer entender el mundo como ella lo hacía.

Ese texto reunía entrevistas con policías en Guadalajara, pero revelaba algo más profundo: la inseguridad en México no es un fenómeno lineal, sino un entramado de voces, contextos y silencios.

Para comprenderla, decía implícitamente, hay que escuchar a todas sus personas, conocer su vida y las motivaciones detrás de cada acto.

La vida intelectual de Reguillo estuvo marcada por una curiosidad inagotable y un compromiso ético con la realidad. Fue catedrática en el ITESO y formó parte del Consejo Consultivo de Comunicación de la IBERO Puebla. Sin embargo, su influencia desbordó las aulas. Siempre se mantuvo cercana a las juventudes, no desde la condescendencia, sino desde el reconocimiento de su potencia crítica y creativa.

Escuchaba, cuestionaba y acompañaba, la primera vez que pude escucharle parecía ser alguien que nos conociera de toda la vida y pese a su gran sabiduría se mostró atenta a nuestras inquietudes y nunca soberbia.

Su mayor acierto —y quizá su legado más poderoso— fue la capacidad de mirar de frente el horror sin simplificarlo. En sus análisis sobre violencia, desapariciones, narcotráfico y desigualdad, evitó las narrativas cómodas.

En lugar de eso, construyó relatos complejos donde cabían el dolor, la resistencia y las contradicciones de México. Supo leer los signos de su tiempo, tanto en las calles como en los espacios digitales.

Por eso impulsó proyectos como el Signa Lab, donde exploró cómo se construyen las conversaciones públicas en internet y cómo circula la información en contextos de crisis.

Reguillo entendía que narrar es también disputar el sentido. Sus textos no solo describían la realidad: la interrogaban. ¿Quién tiene derecho a contar la historia? ¿Qué voces quedan fuera? ¿Cómo se construye el miedo? En sus escritos sobre México, la violencia nunca fue un espectáculo, sino una pregunta abierta que exigía responsabilidad colectiva.

Nos enseñó que detrás de cada cifra hay vidas, y detrás de cada discurso, intereses.

Honrar su legado hoy implica más que recordarla: exige actuar. Para las juventudes, su ejemplo ofrece varias rutas. Primero, informarse con rigor y no conformarse con explicaciones superficiales. Segundo, escuchar activamente, especialmente a quienes han sido históricamente silenciados. Tercero, apropiarse de los espacios digitales con conciencia crítica, entendiendo que también ahí se construye la realidad social. Y, sobre todo, atreverse a cuestionar incluso las propias certezas.

En un contexto saturado de información, mantener la criticidad es un acto político. Reguillo nos enseñó a analizar siempre todas las partes, a desconfiar de las versiones únicas y a buscar las conexiones profundas entre los fenómenos. Su legado invita a mirar más allá de lo evidente y a asumir la responsabilidad de pensar el mundo en colectivo.

La revolución de ideas puede tener lugar en múltiples espacios, incluso en las plataformas digitales donde los discursos pueden desafiar el autoritarismo, cerrar los ojos ante la complejidad de nuevas formas de comunicación, sería traicionar su memoria.

En cambio, honrarla implica sostener la incomodidad de las preguntas difíciles, defender el pensamiento crítico y poner por delante el bien común.

Porque, como ella mostró a lo largo de su vida, entender es el primer paso para transformar la realidad que nos trastoca aunque no siempre parezca que algo lejano también nos afecta.

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Opinión

¿Hasta cuándo reaccionarán nuestras autoridades?

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Hace poco más de una semana se registró una mortandad masiva de peces en el estero El Camalote, y esto rápidamente se convirtió en una contingencia ambiental.

De inmediato, autoridades locales como el Ayuntamiento de Altamira y Comapa Sur tuvieron que intervenir ante el retraso de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

A seis días del incidente, el gobierno de Tamaulipas informó que la situación está controlada y que no existe riesgo de contaminación del agua potable.

Según las autoridades, el problema se originó por alteraciones hidrodinámicas que provocaron un desequilibrio en la salinidad, afectando a las especies que no lograron adaptarse.

Sin embargo, este episodio volvió a poner en evidencia la vulnerabilidad crónica de la zona sur de Tamaulipas.

El estero El Camalote, donde se ubican las esclusas que regulan el agua dulce que abastece a cientos de miles de personas en Tampico, Madero y Altamira, se encuentra en constante riesgo.

Y las autoridades parecen reaccionar hasta que tienen el problema encima.

¿Ha visto usted a algún diputado federal de Tamaulipas plantear esta problemática en el Congreso de la Unión?

¿Alguno ha promovido reuniones con altos funcionarios de Conagua o gestionado recursos federales para el mantenimiento urgente de las esclusas y los 22 kilómetros de diques?

¿Los alcaldes de la zona sur se han reunido para emitir un pronunciamiento conjunto y exigir atención prioritaria al gobierno federal?

Por eso este fue uno de los temas en la Mesa de Análisis de los lunes por la noche en MVS Noticias.

Sepa usted que, hasta ahora, no existe un proyecto ejecutivo integral para el mantenimiento y rehabilitación de las esclusas del Camalote, ni se han realizado batimetrías recientes ni un dragado que aumente la capacidad de almacenamiento.

El Gobierno de Tamaulipas impulsa el proyecto del dique El Moralillo, que cuenta con el respaldo del gobernador Américo Villarreal y avanza en su etapa técnica, pero aún está lejos de concretarse.

No es suficiente.

Es necesario que los diputados federales cumplan con su verdadera función: legislar, fiscalizar y gestionar recursos para resolver problemas reales de la gente, en lugar de limitarse a llenar sus perfiles de redes sociales con fotos posando entre curules, pescando o comiendo tacos mientras “descubren” Tamaulipas.

También urge que el sector empresarial asuma una postura más firme y use su influencia para presionar a los representantes populares. Y a nosotros, como sociedad, nos corresponde no olvidar el riesgo real de quedarnos sin agua.

Nunca lo habíamos imaginado … y ocurrió.

Que no nos vuelva a pasar.

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Opinión

Preguntas sin respuestas

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El dato es contundente y, en cualquier escritorio de comunicación social, suficiente para construir un titular: Tamaulipas no registra casos de sarampión en lo que va del año y presume una cobertura de vacunación del 98.5 por ciento. Lo dijo el gobernador Américo Villarreal Anaya frente a personal de salud al que, además, se le entregaron medallas por décadas de servicio.

¡Magnánimo! ¡Colosal! ¡Imperial! ¡Jerárquico! Un gobierno que presume resultados y un sector que recibe reconocimiento público. Pero…

¿Dónde están los reportes técnicos que respalden ese 98.5 por ciento? ¿Cuál es la base poblacional utilizada? ¿Se trata de cobertura real o de dosis distribuidas? ¿Qué municipios concentran los rezagos y cuáles sostienen el promedio estatal? ¿Cómo se está midiendo la eficacia en campo en comunidades donde históricamente el acceso a servicios de salud es irregular?

Qué importa todo lo demás, estamos ante  un logro sanitario sólido, histórico como el mismo ingreso de la 4T a nuestra entidad.

Y bueno, era de esperarse; la secretaria de Salud, Adriana Marcela Hernández Campos, habló de confianza construida con la ciudadanía, sin embargo, su simple llegada no válida el logro, pero, a ella le toca sostener el optimismo oficial sin reservas.

Porque mientras se reparten medallas —legítimas, necesarias— también persisten los reportes de hospitales con carencias, pregúntenle al Dr Juárez Durán -a quien enviamos un fuerte abrazo y deseamos que pronto ya se encuentre al 2 mil por ciento- ese hombre es el director del “Dr. Carlos Canseco”, de Tampico, un gigantesco cascarón hospitalario, y aquí como en el resto de los nosocomio a del sector público con tiempos de espera prolongados y personal que opera al límite. El contraste es inevitable: reconocimiento simbólico por un lado, desgaste operativo por el otro.

Marggid Rodríguez Avendaño, bueno, caray, el asunto del IMSS Bienestar sigue en fase de ajuste. Y ahí es donde el esfuerzo, humanismo y entrega del gobernador Américo Villarreal Anaya, encuentra personajes endebles que provocan fragilidades estructurales en la infraestructura gubernamental, no basta con afirmar que el sistema se fortalece; hay que demostrarlo en cada consulta, en cada abasto, en cada turno cubierto.

El dato del sarampión puede ser un logro. Pero sin información abierta, también puede ser apenas un enunciado.

En la intimidad… Mientras en el templete se habla de un sistema sólido, en la base laboral se discute otra cosa: cuánto tiempo puede un trabajador enfermo sostenerse antes de quedar desprotegido.

El diputado Armando Zertuche Zuani y el SUTSPET empujan una reforma que, en los hechos, desnuda una contradicción. Si el sistema de salud funciona, ¿por qué sus propios trabajadores tienen solo 60 días de licencia para enfrentar enfermedades graves?

El delegado sindical Alejandro Reyes lo plantea sin matices: no alcanza. Y cualquiera que haya pasado por un tratamiento oncológico o una recuperación neurológica lo sabe.

La iniciativa ya está en la antesala de la Comisión de Salud, presidida por Víctor Manuel García Fuentes. Ahí se va a definir si el discurso de bienestar también aplica hacia adentro del aparato estatal o si se queda, como tantas veces, en la superficie.

Porque al final, la política pública se mide en eso: en lo que resuelve cuando el reflector se apaga.

davidcastellanost@hotmail.com
@dect1608

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