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Tuvieron que pasar décadas, la nación tuvo que perder miles de millones de pesos y el país debió sufrir miles de muertes e incluso ver cómo se desmoronó Petróleos Mexicanos para que Pemex reconociera que el robo de combustibles se convirtió en un problema de seguridad nacional.

Ya no se podía destruir más la máxima petrolera mexicana (Pemex) que finalmente en agosto de 2017 tuvo que actuar dentro del marco de la legalidad contra los ladrones de hidrocarburos, una poderosa y peligrosa franja financiera de los cárteles mexicanos que por lo contrario a México y a la población le han generado pérdidas de hasta 20 mil millones de pesos tan solo en los últimos tres años, cuando entre 2012 y el primer trimestre de 2017, se robaron al rededor de 12 millones 487 mil barriles de gasolinas, a través de sus tomas clandestinas, muchas de ellas en contubernio con el mismo personal de Pemex.

En un acto sin precedentes el fin de semana, unas horas previas al quinto informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, en Tamaulipas al norte de México; se desplegó un operativo de supervisión a las gasolineras de la región frontera con Estados Unidos, las corporaciones  policiacas federales y estatales que integran el Grupo de Coordinación (GCT) lograron clausurar la abastecedora de combustible marcada con el número E10021, domiciliada en la peligrosa Brecha 113 número 100 del municipio de Río Bravo, la gasolineria mantenía el negocio de combustibles pero el último registro de consumo con Petróleos Mexicanos estaba fechado en junio de 2015 y no tenía renovado su contrato de comercialización con la empresa de petróleo propiedad de los mexicanos.

Este inusual e insólito operativo efectuado por Pemex y las fuerzas federales, obligó a los representantes legales de Petróleos Mexicanos, interponer una denuncia formal ante la Procuraduría General de la República (PGR) por almacenamiento y posible venta ilegal de combustible. Por su parte, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas (PGJE) inició una carpeta de investigación por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, relacionados con la misma gasolinera que tenía un sello perteneciente a la empresa Promotora Internacional de Pesas y Medidas S.A. de C.V. «una empresa 100% MEXICANA, orientada a la productividad en el desarrollo de la Metrología en México y con la confianza de que el personal esta debidamente calificado» según dice su portal informativo.

Aunque no me lo crean, y por extraño que parezca, esta gasolinera pudiera estar operando fuera de la ley, pero en una de esas según como se mueven las cosas en Tamaulipas, ya las regalías ni siquiera podrían estar llegando a los auténticos empresarios gasolineros, porque la otra es que hayan estado siendo obligados a vender ese hidrocarburo. El asunto es que las bombas de servicio pese a la fecha del último contrato con Pemex, seguían en óptimas condiciones para el funcionamiento y además en los tanques de depósito se encontraron 24 mil litros de hidrocarburo; razón suficiente para que el GCT clausurará la gasolinera.

«Lo bueno cuenta y queremos que siga contando» y con estas acciones Pemex, que pudo ser una grandiosa perla negra que diera sustento a muchas generaciones, se convirtió en la perla mexicana en busca de una señal de permanencia en la reforma energética que impulsó el presidente de la nación.

davidcastellanost@hotmail.com

Opinión

Entre sanciones, premios y silencios

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Por: Zaira Rosas
zairosas.22@gmail.com

La creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela ha vuelto a colocar a
América Latina frente a una discusión que nunca termina de resolverse: ¿hasta
dónde llega la soberanía de los países? y ¿cuándo la comunidad internacional
decide intervenir, directa o indirectamente, en nombre de la democracia o la
seguridad?. La decisión del gobierno estadounidense de endurecer el bloqueo a
embarcaciones petroleras venezolanas no es solo una medida económica; es una
acción con profundas consecuencias políticas y humanitarias.
En este escenario, las declaraciones de la presidenta de México, Claudia
Sheinbaum, adquieren un peso especial. Su llamado a la Organización de las
Naciones Unidas para evitar un derramamiento de sangre y su insistencia en una
solución pacífica no son simples gestos diplomáticos. Provienen de una figura con
poder político real, de un país con tradición histórica de no intervención y con
autoridad moral en la región. Cuando México habla, no lo hace desde la
marginalidad, sino desde una posición que puede influir en el rumbo del debate
latinoamericano, principalmente en medio de un panorama con cambios recientes
entre los mandatarios de otros países.
La importancia de estas posturas radica en que ayudan a marcar límites. En un
contexto donde las decisiones de Estados Unidos suelen imponerse por su peso
económico y militar, una voz que apela al multilateralismo y a la diplomacia sirve
como contrapeso. Sin embargo, también expone una tensión interna: defender la
no intervención sin proponer mecanismos más activos puede convertir ese
principio en una postura pasiva frente a crisis prolongadas como la venezolana.
El reconocimiento internacional a María Corina Machado con el Premio Nobel de
la Paz suma una nueva capa al conflicto. El galardón visibiliza la lucha por los
derechos humanos y la democracia en Venezuela, pero también plantea
preguntas incómodas. En el pasado, los discursos de “liberación” y “defensa de la
democracia” han sido utilizados para justificar acciones militares o sanciones que
terminan afectando a la población civil más que a los gobiernos en el poder. El
Nobel, en ese sentido, puede ser un símbolo de esperanza, pero también un
elemento que algunos actores internacionales usan para reforzar agendas propias.
Aquí es donde la experiencia reciente obliga a mirar con cautela. Julian Assange,
fundador de WikiLeaks, documentó y denunció crímenes de guerra cometidos por
Estados Unidos en conflictos como Irak y Afganistán. Sus revelaciones mostraron
cómo, bajo el discurso de seguridad y libertad, se cometieron abusos graves que
costaron miles de vidas civiles. Recordar estas acusaciones no es un ejercicio del
pasado, sino una advertencia: la intervención extranjera rara vez es neutral o
desinteresada.

Por lo anterior Assange hace una acusación directa ala fundación Nóbel, pues
desde su perspectiva el reconocimiento a María Corina Machado puede reforzar
que se cometan “ crímenes de guerra” en lugar de fortalecer la paz, lo cual se
opone a la misión original del Nóbel, pues la premiada ha incitado de alguna forma
al gobierno de Trump para la intervención no pacífica en Venezuela.
Por eso, la postura de México no puede limitarse a declaraciones bien
intencionadas. Su liderazgo regional debería traducirse en propuestas concretas:
impulsar procesos de mediación reales, fortalecer canales humanitarios y
promover espacios donde la solución no dependa de sanciones unilaterales ni de
amenazas veladas. La diplomacia, cuando es activa y consistente, también es una
forma de ejercer poder.
La crisis venezolana no admite respuestas simples. Estados Unidos presiona
desde la fuerza; la oposición busca respaldo internacional; el gobierno de Maduro
se aferra al control interno. En medio, millones de personas civiles e inocentes,
viven las consecuencias. En ese contexto, las palabras de líderes como Claudia
Sheinbaum importan porque ayudan a definir qué tipo de región quiere ser
América Latina: una que repite discursos sin efecto o una capaz de construir
soluciones propias.
La pregunta que queda abierta no es solo qué pasará con Venezuela, sino si los
países de la región, México incluido, están dispuestos a asumir un papel más firme
y coherente para que la paz deje de ser solo una declaración y se convierta en
una política real.

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Opinión

Obra pública que se pisa… y poder que se construye

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La obra pública no se presume, se camina. Y en Tampico, al cierre de 2025, el Gobierno municipal parece haber entendido esa lógica con puntualidad quirúrgica. Un paquete extraordinario de obras que ronda los 196 millones de pesos, traducido en al menos 70 procesos licitatorios en ejecución, no es un dato menor.

El secretario de Obras Públicas, José Rogelio Ontiveros Arredondo, ha sido claro en la transparencia de la información al precisar que los trabajos avanzan conforme al calendario y varias vialidades estarán listas antes del 31 de diciembre. Otras, correctamente, cumplen primero con la introducción del sistema hidrosanitario, ese paso incómodo pero indispensable que durante años fue omitido y que convirtió muchas calles en parches temporales condenados al colapso.

La calle Irak, en la colonia Solidaridad, Voluntad y Trabajo, es más que una obra podríamos considerarla un símbolo. Una zona históricamente castigada por encharcamientos y abandono hoy aparece en la lista de prioridades del cierre de año.

El mensaje político es evidente y lo entienden los tampiqueños, el presupuesto se está convirtiendo en calle, drenaje y concreto, no en discursos. Y lo que sigue no es menor. Ontiveros Arredondo anticipa que 2026 será un año de mayor inyección de recursos para la infraestructura urbana, respaldado por un Presupuesto de Egresos aprobado por el Cabildo que prioriza pavimentaciones, redes hidrosanitarias y modernización vial.

Aquí está el punto fino de todo el asunto. No se trata solo de gastar más, sino de invertir con método, de sostener el ritmo y consolidar lo avanzado. La instrucción de la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya ha sido clara: trabajo continuo, coordinación interinstitucional y arranque de año sin pausas. Ese es el tipo de disciplina administrativa que suele marcar la diferencia entre un trienio correcto y uno que deja huella.

Con este paquete de obras, el Gobierno municipal cierra 2025 con resultados tangibles, a partir de este periodo decembrino la política cambia de tono; deja de ser promesa y empieza a ser advertencia de cara a lo que sigue.

En la intimidad… Mientras las retroexcavadoras avanzan en las colonias, en otro plano —menos visible pero igual de decisivo— Mónica Villarreal Anaya mueve piezas en la mesa federal. Esta semana, la Presidenta Municipal sostuvo una reunión de trabajo en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para gestionar recursos federales extraordinarios que fortalezcan la infraestructura social y turística de Tampico.

Acompañada por la secretaria de Finanzas del Ayuntamiento, Silvia Santamaría Góngora, la alcaldesa dialogó con Fernando Renoir Baca Rivera, Jefe de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP. El encuentro se centró en la presentación de proyectos y estrategias orientadas a atender sectores prioritarios y reducir desigualdades sociales que aún persisten en el municipio.

La alcaldesa fue directa: “Estamos trabajando de manera permanente para atraer recursos que fortalezcan la infraestructura social y turística en Tampico, ampliando las capacidades municipales para la cohesión social y la prosperidad compartida”. Detrás de la frase hay un mensaje político claro: quien no gestiona, se estanca.

Villarreal Anaya subrayó la importancia de llevar proyectos sólidos, viables y con rendición de cuentas, condición indispensable para acceder a esquemas de financiamiento federal extraordinario. No es improvisación; es planeación con visión de continuidad.

Y aquí conviene decirlo sin rodeos;  si Mónica Villarreal le saca provecho al Presupuesto 2026 que ella y su equipo han armado, si mantiene el ritmo de obra, la disciplina financiera y la gestión federal que hoy exhibe, terminará de afianzarse en la silla del poder municipal como ya lo ha hecho en varios frentes.

Que se cuiden todos y todas. La alcaldesa tiene trayectoria hecha, incluso desde mucho antes de algunos “adelantaditos” que hoy levantan la mano sin haber puesto un solo metro de pavimento. Y si en los próximos meses comienzan a verla mencionada en la lista de la sucesión a la grande, que nadie se sorprenda. En política, cuando la obra camina y el presupuesto responde, el poder —tarde o temprano— también avanza.

davidcastellanost@hotmail.com

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Opinión

Dámaso Anaya debe salir de la UAT

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Con estos de la 4T la educación pública suele ser el primer blanco del recorte, la simulación o la inercia burocrática, pero, la Universidad Autónoma de Tamaulipas acaba de colocar un punto y aparte que merece leerse con atención. Como señal política, académica e institucional.

El rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, informó un hecho inédito el 100 por ciento de los programas educativos de la Universidad están acreditados en calidad. No es una cifra hueca ni un reconocimiento decorativo. Es, en términos estrictos, la certificación de que toda la oferta académica cumple estándares nacionales y externos de evaluación, pertinencia y actualización ¡histórico!

Conviene recordar el punto de partida. Cuando Anaya asumió la rectoría, la UAT venía de un momento de empuje por recuperar su grandeza, pero, la Universidad tenía 89.9 por ciento de programas acreditados, lo que permitía que 94.4 por ciento de la matrícula cursara estudios reconocidos por su calidad. No era un mal escenario, pero sí uno incompleto. La diferencia entre avanzar y conformarse está, muchas veces, en la decisión política de cerrar brechas.

La apuesta fue clara desde el inicio, acreditación total.  No como consigna, sino como meta medible. En apenas dos años, la administración rectoral impulsó una estrategia integral de evaluación académica, mejora continua y fortalecimiento institucional que involucró a directores, docentes y personal administrativo. Nada se logra en solitario dentro de una universidad de este tamaño.

El propio rector lo ha dicho sin rodeos este avance es uno de los logros más significativos de su gestión. Y lo es porque garantiza algo elemental que suele olvidarse en el discurso educativo todos los estudiantes, sin excepción, cursan hoy programas evaluados, pertinentes y alineados a las exigencias del sector productivo y social.

Hay otro elemento que no debe soslayarse. Este resultado también refleja respaldo institucional y político del Gobierno del Estado. Cuando la educación se asume como eje de transformación y no como trámite administrativo, los resultados suelen aparecer. Aquí no hay milagros,  hay coordinación, seguimiento de indicadores y decisiones sostenidas.

La acreditación al 100 por ciento no es el punto final, pero sí un piso más alto desde el cual exigir más. Más investigación, mayor vinculación, mejores condiciones laborales y un impacto social que trascienda las aulas. En ese sentido, la UAT manda un mensaje claro; el de quiere ser —y competir como— la institución de educación superior más sólida del estado, por eso, Dámaso ya o muy pronto debe tener una encomienda mayor.

En la intimidad… Mientras la educación consolida estándares, Hidalgo, Tamaulipas, se prepara para jugar en otra liga: la del turismo religioso con visión de desarrollo. La inauguración de la Virgen de la Misericordia, una escultura monumental de más de 32 metros en El Chorrito, no es solo un acto de fe; es una estrategia territorial.

Esta obra atraerá a miles de peregrinos, pero también generará empleo, activará economías locales y detonará un desarrollo sostenible. No es un discurso voluntarista. La dependencia elaboró un análisis con base en series históricas y proyecciones reales.

“No es solo una proyección, es la prueba de que, cuando trabajamos unidos y con profesionalismo, convertimos nuestra riqueza cultural y natural en prosperidad real y duradera para todos”, explicó el funcionario. Los números acompañan el optimismo más de 65 mil visitantes estimados al cierre del año.

Las Rutas Cultural y de Naturaleza, acompañadas por este nuevo santuario, apuntan a experiencias auténticas que conectan fe, territorio y comunidad. Hernández Rodríguez lo resumió así: “El futuro del turismo en nuestro estado está despegando como nunca, gracias al impulso del gobernador Américo Villarreal Anaya, con más seguridad, infraestructura, conectividad y servicios”.

La Virgen de la Misericordia se perfila, así, como el nuevo corazón espiritual y turístico del noreste mexicano. Y en el fondo, el mensaje es el mismo que en la Universidad: cuando hay planeación, respaldo y visión, los proyectos dejan de ser promesas y empiezan a ser destino.

davidcastellanost@hotmail.com
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Opinión

Bad Bunny y el cambio de estructuras

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Por: Zaira Rosas
zairosas.22@gmail.com

¿La música es para todos? Se podría decir que sí, mas no es así cuando se trata
de la música en vivo que se capitaliza como experiencias. En los últimos años se
ha visto un auge en la demanda de conciertos, una parte va relacionada con el
encierro que se vivió en la pandemia y la otra con la demanda de experiencias
únicas que representan los conciertos.
En la lógica capitalista las vivencias irrepetibles son más costosas, a mayor poder
adquisitivo, mayor es la exclusividad y el privilegio, incluso se venden paquetes
VIP que hacen que un boleto duplique su valor y otorgue ciertos beneficios o
recuerdos únicos a quien lo adquiere.
Bad Bunny no escapa a esta lógica donde acudir a uno de sus conciertos es un
privilegio en cualquier sentido, partiendo desde la residencia que montó durante
un mes en Puerto Rico, misma que hizo que personas de todo el mundo se
trasladaran para vivir al ritmo de la orquesta lo que significa estar en esta isla.
Sus canciones son sinónimo de ritmos latinos, mueve a las masas, posiciona el
español como lengua y también es un ejemplo de revolución y protesta disfrazada
de popularidad. Los acrónimos en los títulos de sus canciones, las letras
irreverentes e incluso el Sapo Concho, protagonista del último disco, son ejemplos
de que el arte también puede ser una invitación a la protesta y la transformación.
En medio de una lógica capitalista y un sistema que destaca los privilegios el
escenario también es una revolución y así lo demostró el artista con su llegada a
México, donde programó 8 fechas con lleno total donde las secciones tuvieron un
cambio gracias a sus nuevas estructuras. Idealmente quienes pagan más tienen
de cerca al artista, pero en esta ocasión trajo la famosa “casita” a una nueva
sección, la más accesible donde democratiza este privilegio para más personas.
De inmediato los comentarios no se hicieron esperar, hubo quejas e inconformidad
por parte de quienes habían pagado el doble para ver a su artista “más cerca” y
ahora quienes adquirieron un boleto general pueden también disfrutar de esta
experiencia masiva. Lo anterior solo demuestra una lucha constante que prevalece
en medio de sistemas capitalistas, funciona para algunos, para otros no porque
incrementa las desigualdades, pero mientras tanto el Boricua más famoso del
momento nos recuerda que en ocasiones las narrativas pueden ser más
equilibradas y justas con una mayoría.
Su música masivamente popular, no solo consta de una buena combinación de
ritmos y grandes colaboraciones artísticas, tampoco se encuentra en un punto de
popularidad sin esfuerzo, el punto actual de Bad Bunny es el resultado de

innovación, creatividad, pero también vinculación social, tiene clara su meta,
cuáles son los dolores que carga la gente y cómo su fama es un punto
fundamental para marcar la diferencia en el entorno, desde 2020 es uno de los
artistas más escuchados en el mundo, aún en países como Estados Unidos donde
no predomina el español, él sigue posicionando el idioma en nuevos puntos de
consumo.
Tampoco es casualidad su incursión en películas del Hollywood donde representa
un punto de atracción para públicos latinos, pero también un contrapeso ante
ideologías de poder que buscan que predomine lo blanco y destinan a personas
latinas el mismo rol constantemente.
Bad Bunny no elimina la lógica capitalista del espectáculo, acudir a cualquier
sección de sus conciertos es en sí un privilegio, los boletos más baratos tenían un
costo mayor a mil pesos. Sin embargo, sí introduce fisuras que obligan a
replantear privilegios normalizados. Tal vez ahí radica la potencia de su propuesta:
usar la popularidad, los números y la atención masiva para incomodar, para
recordarnos que el arte no solo entretiene, también puede redistribuir miradas,
espacios y experiencias, sus cambios de estructura son también una muestra de
que el entretenimiento puede impulsar cambios que resuenen más allá de un
concierto.

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