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Solamente los ignorantes se sorprendieron de que el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, participara en la derrota electoral escrita el pasado 5 de junio, cuando el priismo sucumbió en diversos estados como sucedió en Tamaulipas, donde ganó el panista, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. El jefe de la política interna sabía perfectamente que iba a ser más que difícil que el PRI, mantuviera el poder en una entidad tan golpeada por el régimen político enquistado desde hace 86 años, misma donde a partir de ahora se investigan a 37 ex empleados gubernamentales, un alcalde y 12 ex regidores. El chino Chong, habría firmado otro pacto en la “Ruta-2018”, entonces con letras chiquitas venia escrito “no a la cacería de brujas” pero si el castigo a los más corruptos tamaulipecos.

Entonces a dos meses de que comenzó su mandato el nuevo gobernador tamaulipeco, Cabeza de Vaca, se anunció que fueron llamados a comparecer 37 ex servidores públicos – mandos medios y superiores- de la administración pasada gubernamental, exacto la de Egidio Torre Cantú.

Enseguida lo que se les puede venir…

ARTÍCULO 219.- Al responsable del delito de peculado se le impondrán las siguientes sanciones:

I.- Cuando el monto de lo distraído o de los fondos utilizados indebidamente no exceda de tres mil días de salario o no sea valuable, se impondrán de dos a seis años de prisión, multa de cien a cuatrocientos días de salario y destitución e inhabilitación de tres a seis años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

II.- Cuando el monto de lo distraído o de los fondos utilizados indebidamente excedan de tres mil días de salario, se impondrán de seis a catorce años de prisión, multa de doscientos a cuatrocientos días de salario y destitución e inhabilitación de seis a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

¡Espero que no les haya dado frio!

Pero el tamaño de la corrupción vivida en Tamaulipas durante los últimos años, se puede ejemplificar con la administración municipal de Tampico 2013-2016 que encabezó el priista, Gustavo Rodolfo Torres Salinas, quien se aventó tremendas anomalías en relación a transferencias de dinero correspondiente a fondos federales y estatales que no deben ser utilizados para otra índole; y la utilización de una tarjeta de crédito American Express, adjudicada a este político que sueña con ser Senador de la Republica. El gran hombrecito de nombre, Gustavo Rodolfo, gastó la cantidad de 589 mil pesos tan solo en el transcurso de un mes con cargo al plástico que solamente el utilizaba.

Pero mientras Gustavo, mataba la vaca, 12 de sus ex regidores le agarraban la pata para destazarla con calma. Perdone usted que lo exprese de tal manera pero es que la Comisión de Transparencia del Ayuntamiento de Tampico 2016-2018, dio a conocer un saldo pendiente originado por préstamos económicos desde 45 mil, hasta 600 mil pesos a ex ediles y trabajadores de la pasada administración municipal, monto que al entrar en funciones el presente gobierno, correspondía a 2 millones 710 mil pesos.

A estas alturas algunos de los ex regidores ya hicieron algunos pagos parciales y solamente uno ya finiquito el adeudo, sin embargo la figura del préstamo no existe en recursos públicos. Entonces es peculado para ambas partes y más grave aún, si el dinero «prestado» correspondía a una cuenta de índole federal. Circunstancia que no puede ser desconocida por los ex ediles tampiqueños ya que el delito no se extingue por reparar parcialmente  el daño y arriba ya leyeron a lo que se pueden enfrentar.

Los ex regidores que recibieron préstamos y las cantidades económicas, son las siguientes: Claudia Rosas Marín de Nueva Alianza, quien recibió 133 mil 324 pesos y resta por saldar 100 mil pesos; Dorely Meza Reyes del PRI, recibió 345 mil, y debe el total de la cantidad; Jorge Arturo Robles de León, también del PRI,  tomó prestados 45 mil pesos, y resta pagar el total de la cantidad; Xóchitl Reséndiz, otra priista, agarró 88 mil 324 pesos, debe 55 mil pesos; Clara Alicia Gallardo Tenorio, de la misma calaña tricolor, recibió 133 mil pesos y debe 100 mil pesos; Margarita Juárez Paz, se le otorgó 197 mil pesos, debe el total de la cantidad y creo que esta joven mujer es la más cruel de todos ya que no solamente jineteo el dinero del pueblo, sino que guardo silencio total pese a que dos de sus amigos fueron desaparecidos en su gestión como regidora y nunca tuvo calidad moral para exigir justicia; mientras tanto el panista Julián Aurelio Zorrilla Estrada, solicitó 516 mil pesos y según este jueves deposito 500 mil; Aura Giovanni del Ángel Serna, de Acción Nacional,  pidió prestados  90 mil pesos, de los cuales debe 81 mil pesos; igual de los doble moralistas del PAN, José Alfredo Gallegos Neri, recibió 222 mil pesos, debe su totalidad; mientras que Rufina García Ramírez, la lideresa priista de las enchiladas rojas, recibió 60 mil 326 pesos y mantiene un adeudo de 33 mil 360.

La lista continua con otro sinvergüenza como Bonifacio Bandala Olivo, quien se despachó con la cuchara grande al llevarse 600 mil pesos. También fueron evidenciados los empleados Mónica Ledesma Morales, quien recibió 15 mil pesos y debe el total del monto; Carlos Omar Fernández Cobos, solicitó 9 mil pesos y debe 6 mil; y Juan Carlos Guerrero, quien recibió 11 mil 400 pesos, y actualmente debe 10 mil 200 pesos.

Todos ellos deberán ser juzgados por la justicia que en base al ARTÍCULO 218.- Comete el delito de peculado:

I.- El servidor público que indebidamente utilice fondos públicos u otorgue alguno de los actos a que se refiere el artículo relativo al uso indebido de atribuciones y facultades con el objeto de promover la imagen política o social de su persona, la de su superior jerárquico o la de un tercero, o realice dicha conducta con el fin de denigrar a cualquier persona;

II.- Todo servidor público que para usos propios o ajenos distraiga de su fin destinado dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado o al Municipio, a un organismo descentralizado o a un particular, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito o por cualquier otra causa.

III.- El que solicite o acepte realizar las promociones o denigraciones a que se refiere la fracción anterior, a cambio de fondos público o del disfrute de los beneficios derivados de los actos a que se refiere el artículo de uso indebido de atribuciones y facultades

IV.- Cualquier persona que sin tener el carácter de servidor público y estando obligada legalmente a la custodia, administración o aplicación de recursos públicos estatales o municipales, los distraiga de su objeto para usos propios o ajenos o les dé una aplicación distinta a la que se les destinó.

 

Con lo anterior, el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, deberá ser muy cuidadoso si llega a nombrar al ex regidor Miguel Pérez Álvarez como titular de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) Zona Conurbada, ya que también solicitó “prestados” 355 mil pesos, liquidando dicha cantidad el pasado 29 de octubre y cabe precisar que Miguel Pérez, presidio la Comisión de Transparencia, por tanto ¡ojo gobernador! este personaje no parece que sea un buen nacido tamaulipeco como para que lo meta a la nómina gubernamental y menos en una oficina descentralizada que maneja muchos millones de pesos de los tamaulipecos a quien usted prometió cuidar y proteger.

Así mientras poco a poco se siguen ventilando las corruptelas de los políticos del pasado inmediato. La Contraloría Gubernamental elaboró 55 oficios relacionados con el proceso entrega recepción de los cuales se desprendieron 37 citatorios. Varias de las comparecencias se han venido ya desahogando y otras más están pendientes de ser cumplidas. Hasta ahora sólo 17 de los ex servidores públicos, especialmente mandos superiores, han atendido a la citación lo cual no los exime de responsabilidades.

En los días pasados se han venido citando a ex servidores públicos de 6 dependencias, 4 organismos públicos descentralizados y de oficinas del ejecutivo estatal.

En el caso de la Secretaría de Obras Públicas que estuvo a cargo de Manuel Rodríguez Morales, se tiene considerada la comparecencia de 3 ex servidores públicos; 6 de la Secretaría de Educación en donde ordenó Diodoro Guerra Rodríguez, uno de los ex rectores del Instituto Politécnico Nacional (IPN); 5 de la Secretaría de Salud de donde despachó, Norberto Treviño García Manzo; 5 de la Secretaría de Finanzas que estuvo a compromiso del actual Diputado Federal, Miguel González Salum y que finalmente terminó en manos de Jorge Silvestre Abrego Adame; 4 de la Contraloría Gubernamental que manejó, Hilda Cavazos Contreras; y 5 de la Secretaría de Administración, oficina bajo la tutela de Fernando Salinas Zambrano.

Entonces la lista parece interminable y por lo que toca a los organismos públicos descentralizados, 2 corresponden al Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo; 2 del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física y Educativa; uno del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes; y uno de la Comisión Estatal de Aguas de Tamaulipas. Mientras que de las oficinas del Ejecutivo Estatal están considerados 2 ex servidores públicos y uno de Comunicación Social.

¡ay como me dueles Tamaulipas!

¿Agustín porque te fuiste?

davidcastellanost@hotmail.com

Opinión

Entre el triunfo y la persecución

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Por: Zaira Rosaszairosas.22@gmail.com

La presencia de Bad Bunny en el escenario del Super Bowl, ya sea como parte del
espectáculo o como figura central de la conversación cultural que rodea al evento,
trasciende lo musical y se convierte en un símbolo potente de las contradicciones
que viven hoy millones de personas latinas en Estados Unidos. No se trata
únicamente de un artista exitoso participando en el evento deportivo más visto del
momento, sino de lo que representa que un puertorriqueño, cantando
mayoritariamente en español y sin diluir su identidad, ocupe un espacio
históricamente reservado para una narrativa anglosajona dominante.

Bad Bunny no es una excepción aislada. Es el resultado de una transformación
cultural medible: según datos de la RIAA, la música latina ha crecido de forma
sostenida en la última década y representa ya una parte clave del mercado
musical estadounidense. Spotify ha reportado que Bad Bunny fue el artista más
escuchado a nivel global durante varios años consecutivos, demostrando que el
español no es una barrera, sino una fuerza cultural. Sin embargo, su visibilidad
también explica por qué existen opiniones tan divididas. Para algunos sectores, su
éxito es motivo de orgullo y representación; para otros, incomodidad y rechazo
ante un Estados Unidos que ya no se parece al imaginario tradicional.

Esa tensión se hizo explícita cuando Bad Bunny utilizó su discurso en los Grammy
para denunciar las políticas migratorias y pronunciar un claro “ICE out”, en
referencia al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. No fue un gesto
improvisado. ICE ha sido duramente criticado por organizaciones como Human
Rights Watch y la ACLU por prácticas que incluyen detenciones masivas,
separaciones familiares y deportaciones aceleradas, como la que pretenden
implementar con la familia de Liam, el niño que ICE usó como carnada y se volvió
un caso emblemático para analizar las violaciones a derechos humanos y la
movilidad de las personas.

De acuerdo con cifras oficiales del propio Departamento de Seguridad Nacional,
cientos de miles de personas son detenidas cada año por el servicio de Control de
Inmigración y Aduanas, muchas de ellas sin antecedentes penales graves. En ese
contexto, que un artista latino utilice una plataforma global para cuestionar ese
sistema es, para algunos, un acto de valentía; para otros, una “politización
innecesaria” del entretenimiento, sin embargo es innegable la incomodidad que su
posicionamiento genera a las políticas actuales, pues es de igual forma uno de los
artistas más escuchados que a la par refuerza la cultura que tanto se persigue.

Aquí es donde el contraste se vuelve más incómodo. Mientras artistas latinos
llenan estadios, encabezan listas de popularidad y aparecen en los eventos más
vistos del país, millones de personas migrantes —muchas provenientes de las

mismas regiones que celebran esos triunfos— viven bajo el miedo constante a la
deportación. Es la paradoja de un país que consume cultura latina, pero
criminaliza a personas con este origen. El éxito de Bad Bunny no borra esa
realidad; al contrario, la ilumina.

Por eso su presencia en un escenario como el Super Bowl no es neutral.
Representa una narrativa alternativa: la de quienes no piden permiso para existir
ni para hablar. Las reacciones negativas, muchas veces cargadas de xenofobia o
rechazo al español, revelan que el debate no es sobre música, sino sobre poder,
identidad y pertenencia.

Entre el triunfo y la persecución, Bad Bunny encarna una verdad incómoda: el
mismo país que aplaude a los latinos cuando entretienen, los persigue cuando
migran. Su voz, amplificada por escenarios globales, no resuelve esa
contradicción, pero obliga a mirarla de frente. Y quizá ahí radica su mayor impacto.

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Opinión

América en blanco… Bad Bunny y el idioma del poder

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No fue un espectáculo de medio tiempo. Fue un ritual de poder, un escaparate ideológico, una declaración cultural a todo el mundo. En el escenario más visto del planeta, Benito Antonio Martínez Ocasio —Bad Bunny— sostuvo sobre sus hombros algo más pesado que un show: la representación simbólica de millones de latinos que existen, trabajan y disputan sentido en Estados Unidos, pero, más allá de eso, el puertorriqueño no apareció para provocar, ni para confrontar, sino para decir lo que casi nadie se atreve a decir en voz alta sin gritarlo: God Bless America.

El festín latino encabezado por el puertorriqueño en un país atrapado en la discusión migratoria, polarizado por la política y fatigado por la retórica del miedo. Bad Bunny no gritó. Administró símbolos. No confrontó. Desarmó con cultura, y le puso orden al mensaje que pocos se atreven a observar.

Cuando citó “God Bless America”, no lo hizo como un acto de sumisión ni de ironía, sino como una reapropiación. La canción de Irving Berlin —oración civil, himno no oficial— apareció ahí como una súplica de paz en tiempos de fractura. No fue casual. Fue una forma de recordar que América no es una trinchera, sino una suma, y todo en medio de una coyuntura política convulsa en todo el planeta; allí ondeó una bandera blanca de paz.

Ese gesto cobró mayor profundidad al entrelazarse con “Die With a Smile”. La balada de Lady Gaga y Bruno Mars, transformada por el pulso latino, dejó de ser una historia íntima para convertirse en una idea colectiva: amar incluso cuando el mundo parece caminar hacia el colapso. El mensaje no fue romántico; fue político en su sentido más amplio: resistir sin odio, y sin miedo… aquí, habría agitado con sutileza esa misma bandera blanca.

La presencia de Ricky Martin, ¡espectacular! Su aparición no fue nostalgia ni cameo —por breve que haya sido su participación—. El boricua interpretó apenas unas líneas de “LO QUE LE PASÓ A HAWAii”, claro, de Bad Bunny quien le  cedió el micrófono para que cantara una de las canciones de protesta más claras de su repertorio. Ahí se colocó el punto más incómodo del espectáculo: la gentrificación, el despojo silencioso, la transformación de territorios en mercancía. Puerto Rico, Ciudad de México, Miami, Los Ángeles. El mapa no necesita ser dibujado: el fenómeno es compartido, y ese fragmento caló hondo en toda América y el mundo. Sí, barrios enteros de América Latina,  de Estados Unidos y Europa viven hoy la misma tensión entre capital, identidad y territorio.

Y nada fue casual; todo ocurrió sin caer en excesos. Bad Bunny, vestidó de blanco, Ricky Martín, igual, y Lady Gaga, de azul, como el cielo pero con elegancia, sin estridencias, ni exentresidades, sin consignas explícitas, sin agendas impostadas. Fue una decisión estética y ética. No cruzar la línea de la decencia ni de la provocación gratuita, eso también es una forma de posicionarse. En tiempos de humanos creyendose animales o renegando; el domingo la mesura se volvió una acción disruptiva.

Bad Bunny no negó la complejidad de la política pública estadounidense ni caricaturizó sus dilemas. Entendió algo esencial: que la cultura puede abrir conversaciones donde la política solo levanta muros. “Juntos somos América”. Y esa frase, mostrada en el ovoide se convirtió en un sello historico, de respeto,  empatia y entendimiento, porque  Bad Bunny no gritó, ordenó. No señaló enemigos, propuso convivencia en una  América que puede ser homogénea, pero, es plural, mestiza y contradictoria

Lo ocurrido en el Super Bowl fue un festín latino, sí. Pero, sobre todo, fue una demostración de poder. De cómo el idioma, la música y la identidad pueden ocupar espacios con elegacia y nivel. No fue rebeldía; fue pertenencia, amor y disputa bien ganada.

En la intimidad… Durante la quinta emisión del programa Diálogos con Américo, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, subrayó la relevancia del discurso pronunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 5 de febrero, en el marco del 109 Aniversario de la Constitución de 1917. Aseguró que se trata de un mensaje que permite dimensionar el sentido social de las reformas constitucionales y de las leyes secundarias impulsadas con el objetivo de recuperar la soberanía y el bienestar colectivo.

El mandatario destacó la importancia de conocer a fondo las 22 reformas constitucionales y las más de 50 modificaciones a leyes secundarias, al considerar que devuelven a la Constitución su vocación social.

En otro punto, Villarreal Anaya afirmó que la energía es la palanca del desarrollo en Tamaulipas. Recordó que el estado genera actualmente 8 mil 569 megawatts, de los cuales mil 722 provienen de fuentes limpias como la energía eólica. Añadió que existen condiciones para que la entidad retome el liderazgo nacional en este sector, con proyectos en gas, ciclo combinado, energía fotovoltaica y biocombustibles.

Destacó además la autorización de la Comisión Federal de Electricidad para la reclasificación de tarifas eléctricas en municipios como Güémez, Abasolo, El Mante, Padilla y González, beneficio que se reflejará en los recibos durante el próximo verano, así como el avance del programa de electrificación que permitirá llevar energía al 100 por ciento de los hogares tamaulipecos.

Diálogos con Américo, conducido por Héctor Cabrera, se transmite los domingos a las 18:00 horas a través del Sistema Estatal de Radio y Televisión Tamaulipas.

davidcastellanost@hotmail.com
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Opinión

Operativo enjambre en Tamaulipas

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El nuevo fiscal anticorrupción en Tamaulipas, Andrés Norberto García Repper Favila, después de ser designado este jueves en una sesión del congreso del estado, dejó abierta la posibilidad de que se realice en esta entidad el “Operativo Enjambre”.

Se trata de una estrategia implementada en 2024, encabezada por el Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch y que ha llevado a la detención de servidores públicos de diferentes nieles de gobierno e incluso a alcaldes de distintos municipios del país, principalmente del Estado de México, Michoacán y más recientemente el caso del alcalde de Tequila Jalisco.

El objetivo principal del Operativo Enjambre es desarticular redes criminales infiltradas en gobiernos locales, combatiendo la corrupción, la extorsión (cobro de piso), y los vínculos entre servidores públicos y grupos delictivos como el crimen organizado.

En Tamaulipas existen expedientes contra ex servidores públicos que están en proceso de investigación por diversos delitos.

El nuevo fiscal anticorrupción se comprometió a lo que dicen todos cuando llegan, a investigar parejo, sin filias ni fobias en la misma línea con la que ha actuado en estos temas la federación.

Pero aclaró que no se trata de dar palos de ciego, ni una cacería de brujas, dijo que se tiene que investigar con metodología y con ciencia.

Esperemos que cuando le lleguen nuevas denuncias por casos relacionados con corrupción y extorsión, realmente no le tiemble la mano, se integren los expedientes y  concluyan las investigaciones como mucha gente quiere que acaben, con los funcionarios corruptos y coludidos en la cárcel.

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Opinión

Evidentes abstenciones en el Congreso  

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No es común que la Suprema Corte voltee a ver hacia el norte sin que haya un litigio incómodo, una controversia constitucional o un expediente de por medio. Por eso, la firma de un convenio con la UAT, merece la pena detenerse, desconfiar un poco y luego analizar con cabeza fría.

La alianza entre la Universidad Autónoma de Tamaulipas y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), definitivamente  es el intento de la corte por recuperar su legitimidad social, claro, desde ese cambio extraño por “decreto presidencial”, se les perdió el respeto, y no podían seguir hablándose a sí misma desde el mármol; necesitaban bajar al territorio, a las aulas, a las regiones donde la justicia se vive —o se padece— todos los días.

Y por supuesto que debían elegir escuelas públicas de prestigio. La Universidad Autónoma de Tamaulipas, con todo y sus asegunes -como todas-  fue aceptada para jugar en las grandes ligas, y la idea universitaria de convertir el servicio social en una relación estructural con el Máximo Tribunal ¡ufff! Es como debutar con un golazo de chilena, así como los de Hugo Sánchez.

La apuesta por formar abogados que no solo sepan citar tesis aisladas, sino que entiendan cómo se construye una sentencia, cómo se procesa una denuncia y, sobre todo, cómo pesa la justicia cuando toca intereses reales.

El rector Dámaso Anaya Alvarado no vendió humo. Habló de visión institucional, y además, los datos respaldan el discurso: casi 200 estudiantes ya pasaron por instancias vinculadas a la Corte y otros 380 están en fila. En un estado como Tamaulipas, donde la ley suele llegar tarde o torcida, ese contacto temprano con la justicia constitucional puede marcar la diferencia entre el burócrata obediente y el jurista con criterio propio.

La presencia del ministro Irving Espinosa Betanzo y el respaldo explícito del presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, colocan este convenio en otra dimensión. La SCJN sabe que las universidades públicas son semilleros de legitimidad y la UAT si ya venía trabajando para seguir trascendiendo, esta firma le sienta en la mesa donde se toman las decisiones jurídicas del país.

En la intimidad… Mientras tanto, el poder se sigue acomodando con precisión.

La bancada de Morena y sus aliados en el Congreso local eligieron por mayoría a Andrés Norberto García-Repper Fávila como fiscal Anticorrupción, cerrando una pinza que comenzó en diciembre con la llegada de Jesús Govea Orozco a la Fiscalía General y se consolidó con la renovación del Poder Judicial encabezada por Tania Contreras tras la elección de 2025.

García Repper perdió la elección judicial, sí, incluso con acordeón en mano. Pero entendió algo que muchos no: en política no siempre gana el que llega primero, sino el que sabe esperar. Aceptó su lugar en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, se mantuvo dentro del sistema y aguardó su turno. Hoy cobra esa factura.

No es tamaulipeco, pero forma parte de un poderoso grupo político dentro del sistema tamaulipeco, además, demostró disciplina y paciencia, y ahora se gradúa como una pieza confiable para cerrar el círculo del poder en la entidad. 

Con Ejecutivo, Legislativo y ahora todo el andamiaje judicial alineado, Tamaulipas entra en una nueva etapa: la del control total. Aquí ya no se trata de equilibrios, sino de administración del poder. El opositor que quiera sobrevivir tendrá que ser, al menos, aceptable para el centro del país y para Palacio estatal.

El propio García Repper lo dejó claro, sin decirlo del todo:

“La Fiscalía Anticorrupción es un órgano técnico que investiga denuncias cuando las recibe; no es una instancia para persecuciones o cacerías de brujas”, podríamos creerle todo, la mitad o nada, pero, conociendo su retórica, fue bastante mesurado, y esa, es una buena señala para todos. 

En concreto:  habrá investigaciones, sí, pero con orden, con límites y con nombre y apellido bien medidos. En Tamaulipas, todo parece indicar que la justicia no será estridente. Será selectiva. Y eso, para bien o para mal, también es una definición de poder.

Las abstenciones lo dicen todo. 

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