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Solamente los ignorantes se sorprendieron de que el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, participara en la derrota electoral escrita el pasado 5 de junio, cuando el priismo sucumbió en diversos estados como sucedió en Tamaulipas, donde ganó el panista, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. El jefe de la política interna sabía perfectamente que iba a ser más que difícil que el PRI, mantuviera el poder en una entidad tan golpeada por el régimen político enquistado desde hace 86 años, misma donde a partir de ahora se investigan a 37 ex empleados gubernamentales, un alcalde y 12 ex regidores. El chino Chong, habría firmado otro pacto en la “Ruta-2018”, entonces con letras chiquitas venia escrito “no a la cacería de brujas” pero si el castigo a los más corruptos tamaulipecos.

Entonces a dos meses de que comenzó su mandato el nuevo gobernador tamaulipeco, Cabeza de Vaca, se anunció que fueron llamados a comparecer 37 ex servidores públicos – mandos medios y superiores- de la administración pasada gubernamental, exacto la de Egidio Torre Cantú.

Enseguida lo que se les puede venir…

ARTÍCULO 219.- Al responsable del delito de peculado se le impondrán las siguientes sanciones:

I.- Cuando el monto de lo distraído o de los fondos utilizados indebidamente no exceda de tres mil días de salario o no sea valuable, se impondrán de dos a seis años de prisión, multa de cien a cuatrocientos días de salario y destitución e inhabilitación de tres a seis años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

II.- Cuando el monto de lo distraído o de los fondos utilizados indebidamente excedan de tres mil días de salario, se impondrán de seis a catorce años de prisión, multa de doscientos a cuatrocientos días de salario y destitución e inhabilitación de seis a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

¡Espero que no les haya dado frio!

Pero el tamaño de la corrupción vivida en Tamaulipas durante los últimos años, se puede ejemplificar con la administración municipal de Tampico 2013-2016 que encabezó el priista, Gustavo Rodolfo Torres Salinas, quien se aventó tremendas anomalías en relación a transferencias de dinero correspondiente a fondos federales y estatales que no deben ser utilizados para otra índole; y la utilización de una tarjeta de crédito American Express, adjudicada a este político que sueña con ser Senador de la Republica. El gran hombrecito de nombre, Gustavo Rodolfo, gastó la cantidad de 589 mil pesos tan solo en el transcurso de un mes con cargo al plástico que solamente el utilizaba.

Pero mientras Gustavo, mataba la vaca, 12 de sus ex regidores le agarraban la pata para destazarla con calma. Perdone usted que lo exprese de tal manera pero es que la Comisión de Transparencia del Ayuntamiento de Tampico 2016-2018, dio a conocer un saldo pendiente originado por préstamos económicos desde 45 mil, hasta 600 mil pesos a ex ediles y trabajadores de la pasada administración municipal, monto que al entrar en funciones el presente gobierno, correspondía a 2 millones 710 mil pesos.

A estas alturas algunos de los ex regidores ya hicieron algunos pagos parciales y solamente uno ya finiquito el adeudo, sin embargo la figura del préstamo no existe en recursos públicos. Entonces es peculado para ambas partes y más grave aún, si el dinero «prestado» correspondía a una cuenta de índole federal. Circunstancia que no puede ser desconocida por los ex ediles tampiqueños ya que el delito no se extingue por reparar parcialmente  el daño y arriba ya leyeron a lo que se pueden enfrentar.

Los ex regidores que recibieron préstamos y las cantidades económicas, son las siguientes: Claudia Rosas Marín de Nueva Alianza, quien recibió 133 mil 324 pesos y resta por saldar 100 mil pesos; Dorely Meza Reyes del PRI, recibió 345 mil, y debe el total de la cantidad; Jorge Arturo Robles de León, también del PRI,  tomó prestados 45 mil pesos, y resta pagar el total de la cantidad; Xóchitl Reséndiz, otra priista, agarró 88 mil 324 pesos, debe 55 mil pesos; Clara Alicia Gallardo Tenorio, de la misma calaña tricolor, recibió 133 mil pesos y debe 100 mil pesos; Margarita Juárez Paz, se le otorgó 197 mil pesos, debe el total de la cantidad y creo que esta joven mujer es la más cruel de todos ya que no solamente jineteo el dinero del pueblo, sino que guardo silencio total pese a que dos de sus amigos fueron desaparecidos en su gestión como regidora y nunca tuvo calidad moral para exigir justicia; mientras tanto el panista Julián Aurelio Zorrilla Estrada, solicitó 516 mil pesos y según este jueves deposito 500 mil; Aura Giovanni del Ángel Serna, de Acción Nacional,  pidió prestados  90 mil pesos, de los cuales debe 81 mil pesos; igual de los doble moralistas del PAN, José Alfredo Gallegos Neri, recibió 222 mil pesos, debe su totalidad; mientras que Rufina García Ramírez, la lideresa priista de las enchiladas rojas, recibió 60 mil 326 pesos y mantiene un adeudo de 33 mil 360.

La lista continua con otro sinvergüenza como Bonifacio Bandala Olivo, quien se despachó con la cuchara grande al llevarse 600 mil pesos. También fueron evidenciados los empleados Mónica Ledesma Morales, quien recibió 15 mil pesos y debe el total del monto; Carlos Omar Fernández Cobos, solicitó 9 mil pesos y debe 6 mil; y Juan Carlos Guerrero, quien recibió 11 mil 400 pesos, y actualmente debe 10 mil 200 pesos.

Todos ellos deberán ser juzgados por la justicia que en base al ARTÍCULO 218.- Comete el delito de peculado:

I.- El servidor público que indebidamente utilice fondos públicos u otorgue alguno de los actos a que se refiere el artículo relativo al uso indebido de atribuciones y facultades con el objeto de promover la imagen política o social de su persona, la de su superior jerárquico o la de un tercero, o realice dicha conducta con el fin de denigrar a cualquier persona;

II.- Todo servidor público que para usos propios o ajenos distraiga de su fin destinado dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado o al Municipio, a un organismo descentralizado o a un particular, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito o por cualquier otra causa.

III.- El que solicite o acepte realizar las promociones o denigraciones a que se refiere la fracción anterior, a cambio de fondos público o del disfrute de los beneficios derivados de los actos a que se refiere el artículo de uso indebido de atribuciones y facultades

IV.- Cualquier persona que sin tener el carácter de servidor público y estando obligada legalmente a la custodia, administración o aplicación de recursos públicos estatales o municipales, los distraiga de su objeto para usos propios o ajenos o les dé una aplicación distinta a la que se les destinó.

 

Con lo anterior, el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, deberá ser muy cuidadoso si llega a nombrar al ex regidor Miguel Pérez Álvarez como titular de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) Zona Conurbada, ya que también solicitó “prestados” 355 mil pesos, liquidando dicha cantidad el pasado 29 de octubre y cabe precisar que Miguel Pérez, presidio la Comisión de Transparencia, por tanto ¡ojo gobernador! este personaje no parece que sea un buen nacido tamaulipeco como para que lo meta a la nómina gubernamental y menos en una oficina descentralizada que maneja muchos millones de pesos de los tamaulipecos a quien usted prometió cuidar y proteger.

Así mientras poco a poco se siguen ventilando las corruptelas de los políticos del pasado inmediato. La Contraloría Gubernamental elaboró 55 oficios relacionados con el proceso entrega recepción de los cuales se desprendieron 37 citatorios. Varias de las comparecencias se han venido ya desahogando y otras más están pendientes de ser cumplidas. Hasta ahora sólo 17 de los ex servidores públicos, especialmente mandos superiores, han atendido a la citación lo cual no los exime de responsabilidades.

En los días pasados se han venido citando a ex servidores públicos de 6 dependencias, 4 organismos públicos descentralizados y de oficinas del ejecutivo estatal.

En el caso de la Secretaría de Obras Públicas que estuvo a cargo de Manuel Rodríguez Morales, se tiene considerada la comparecencia de 3 ex servidores públicos; 6 de la Secretaría de Educación en donde ordenó Diodoro Guerra Rodríguez, uno de los ex rectores del Instituto Politécnico Nacional (IPN); 5 de la Secretaría de Salud de donde despachó, Norberto Treviño García Manzo; 5 de la Secretaría de Finanzas que estuvo a compromiso del actual Diputado Federal, Miguel González Salum y que finalmente terminó en manos de Jorge Silvestre Abrego Adame; 4 de la Contraloría Gubernamental que manejó, Hilda Cavazos Contreras; y 5 de la Secretaría de Administración, oficina bajo la tutela de Fernando Salinas Zambrano.

Entonces la lista parece interminable y por lo que toca a los organismos públicos descentralizados, 2 corresponden al Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo; 2 del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física y Educativa; uno del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes; y uno de la Comisión Estatal de Aguas de Tamaulipas. Mientras que de las oficinas del Ejecutivo Estatal están considerados 2 ex servidores públicos y uno de Comunicación Social.

¡ay como me dueles Tamaulipas!

¿Agustín porque te fuiste?

davidcastellanost@hotmail.com

Opinión

La hora de cerrar filas

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Algo peligroso está cambiando al interior de Morena. No precisamente en el discurso acartonado de los eventos oficiales ni en las eternas lisonjas que durante estos años han saturado los rituales políticos del movimiento guinda. No. Esto es algo más delicado; se trata de una etapa de revisión interna, de disciplina política y de cierre de filas frente a un ambiente nacional e internacional cada vez más hostil, no solamente para Claudia Sheinbaum, sino para todos los  que visten la casaca de Morena, desde alcaldes, gobernadores hasta legisladores federales y senadores.

La tarde de este miércoles, el coordinador de los diputados morenistas, Ricardo Monreal Ávila, confirmó que hoy 7 de mayo a las 13:00 horas, la presidenta recibirá en Palacio Nacional a congresistas de Morena, PT y Partido Verde. Oficialmente será una “visita de cortesía”, pero, políticamente, es mucho más que eso.

Será la primera gran revisión de caja. El primer pase de lista real del segundo piso de la Cuarta Transformación.

Y en medio de ese turbulento momento en las entrañas del movimiento fundado por Andrés Manuel López Obrador, una voz particularmente interesante desde Tamaulipas: la de la diputada federal morenista, “la maestra”, Blanca Narro Panameño.

Antes de viajar a la CDMX, tuvo una encerrona previa en el Distrito VI, no habló como quien busca reflector. Tampoco como quien pretende convertirse en heroína discursiva del momento. Habló con amplitud de entendimiento que Morena desde hace 7 años y 5 meses dejó de ser oposición y hoy carga el peso completo del poder… y de sus consecuencias.

Porque afuera arrecian presiones internacionales, ataques mediáticos y embestidas políticas disfrazadas de análisis geopolítico, adentro también comienza a crecer la exigencia de resultados, territorio y cercanía real con la ciudadanía, así, como las acusaciones entre camaradas y compañeros.

Y dicho lo anterior, Blanca Narro dejó una frase interesante: “el trabajo se hace desde casa y no necesitamos ayuda de nadie”. Sí, tenía dedicatoria; no fue una frase venida de la ocurrencia, ni improvisada. Fue un mensaje político.

México enfrenta presiones externas que buscan influir en la vida pública nacional; Morena intenta construir una narrativa de unidad en torno a Claudia Sheinbaum. Y guste o no, el obradorismo heredó que la soberanía también se defiende controlando la narrativa interna y cerrando filas.

Por eso la reunión de este jueves no es cualquier cosa. Mientras muchos imaginan una comida protocolaria en Palacio Nacional, en realidad será un ejercicio de alineación política. Morena necesita saber quién está en territorio, quién sigue caminando colonias, quién mantiene estructura viva y quién ya se siente funcionario de escritorio.

Y ahí Narro  Panameño, que entiende perfectamente el mensaje que baja desde el centro del país, insiste en regresar a territorio, tocar puertas, debatir con ciudadanos café en mano y volver a ese modelo de cercanía que Morena presume como su principal diferencia. Hoy el oficialismo más que nunca teme desconectarse de la calle.

La propia diputada reconoce que fueron 48 sesiones legislativas, 44 presenciales y múltiples reformas constitucionales en un periodo intenso. Pero también entiende que la política no se gana únicamente levantando la mano en San Lázaro.

Se gana abajo.

En la conversación incómoda.

En la colonia olvidada.

En el ejido.

En el mercado.

En el desgaste territorial.

Morena sabe que viene la batalla por el 2027. Y también sabe que el desgaste natural del poder ya comenzó.

Por eso la reunión de mañana con Claudia Sheinbaum tiene un enorme fondo político: medir lealtades, revisar operación, fortalecer narrativa y recordarles a todos que el movimiento no quiere funcionarios de elección metidos en la oficina… sino soldados de territorio.

En la intimidad… Como que ya se le viene haciendo costumbre a la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya eso de los llenos totales, los escenarios multitudinarios y las fotografías con auténtico aroma a campaña permanente.

Lo ocurrido en la colonia Vicente Guerrero, sector Moscú, no fue un evento menor. Más de dos mil despicadoras y despicadores reunidos alrededor de una agenda social que mezcla cercanía, territorio y simbolismo político. Y sí, las imágenes pesan… y pesan mucho.

Porque mientras muchos alcaldes todavía batallan para llenar un auditorio, Mónica Villarreal comienza a mostrar algo que en política vale oro puro: convocatoria natural.

La entrega de permisos sanitarios gratuitos en coordinación con la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios terminó convirtiéndose en un poderoso acto de músculo social. Mujeres trabajadoras, sector popular, narrativa humanista y respaldo institucional del gobierno estatal.

Y además hay otro detalle que no debe perderse de vista: la alcaldesa entendió perfectamente que el símbolo político más rentable hoy en Tamaulipas es la cercanía emocional.

Abrazar causas sociales.

Reconocer oficios invisibilizados.

Hablarle directo al trabajador.

Y convertir actos administrativos en eventos con identidad popular.

Mientras tanto, en la mesa política estatal ya hay quienes comienzan a observar con atención el crecimiento operativo y mediático de la alcaldesa porteña. Porque una cosa es gobernar… y otra muy distinta comenzar a construir presencia con aroma de liderazgo regional.

davidcastellanost@hotmail.com

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Opinión

Decisiones simplonas

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La Universidad Autónoma de Tamaulipas puso en marcha un programa piloto de transporte gratuito entre Altamira y el Centro Universitario Tampico-Madero. Un camión, una ruta, 60 estudiantes. En papel, poco. En contexto, mucho más de lo que parece.

El problema nunca ha sido llegar a la universidad. El problema es todo lo que pasa antes de llegar.

Horas perdidas en traslados, rutas inseguras, costos que se acumulan como una gotera constante en economías familiares frágiles. Eso no aparece ni en los medios de comunicación más “independientes”. Tampoco se mide en indicadores académicos. Pero ahí se decide, todos los días, quién continúa y quién se queda en el camino.

Y el  rector Dámaso Anaya Alvarado decidió intervenir justo para aliviar ese mal. No en el discurso aspiracional que tanto le gusta a la burocracia universitaria. Se metió en lo incómodo: en la logística, en el desgaste, en lo que normalmente se deja al estudiante, en las tenebrosas filas del más allá. 

La ruta —35.4 kilómetros, salida a las 8:00 de la mañana desde Altamira, paradas en puntos donde la ciudad se vuelve más áspera que académica— no es solo un trayecto. Es una forma de reconocer que la educación pública no puede seguir operando como si todos los estudiantes vivieran a la vuelta del campus.

Si el programa funciona, si logra sostenerse, si se amplía, entonces la UAT no habrá puesto un camión: habrá tocado una de las variables más subestimadas de la deserción. Y eso, en términos reales, pesa más que muchos convenios firmados para la foto.

México está lleno de programas piloto que nunca dejaron de serlo. Buenas intenciones que murieron en la fase de prueba. Proyectos que sirvieron para anunciar, pero no para transformar, pero, aquí Dámaso no se juega el aplauso inmediato, se juega algo más complejo: credibilidad. La que se construye cuando una decisión se sostiene en el tiempo, incluso cuando deja de ser novedad. Una decisión simplona, pero, que nadie más que aquel que está verdaderamente involucrado la toma. 

Sin rodeos:  la UAT tomó una decisión que otras universidades han evitado por años. Meterse en la vida cotidiana del estudiante sin rodeos.

Y eso, en un sistema que suele evadir lo esencial, merece ser observado con lupa… y con respeto.

En la intimidad… Reynosa no falla: exhibe.

Dos elementos de la Guardia Estatal —Pizaña y Toledo— asesinados en una emboscada. López, herido de gravedad. Y detrás de la tragedia, una escena que no debería existir: una patrulla sola.

No es un accidente. Es una decisión.

¿Quién permitió que una unidad operara sin respaldo en una de las plazas más violentas del país? ¿Bajo qué criterio se normalizó ese nivel de exposición? ¿Dónde estaba la coordinación con fuerzas federales?

No hay forma de suavizarlo: mandar una patrulla sola en Reynosa es dejarla a su suerte.

Y cuando el Estado deja a su suerte a quienes portan el uniforme, lo que sigue no es sorpresa, es consecuencia.

La Secretaría de Seguridad Pública tiene una responsabilidad directa. No en abstracto. Directa. Porque esto no se explica con retórica ni con comunicados de ocasión. Se explica con decisiones operativas que alguien tomó —o peor, que alguien dejó de tomar.

Pizaña y Toledo ya no pueden exigir respuestas. López está peleando por su vida. Los que quedan, sí.

Y la pregunta es brutal por su sencillez: ¿cuántas veces más se va a repetir este patrón?

Porque si la respuesta es “ninguna”, entonces alguien tiene que rendir cuentas hoy. No mañana. No cuando baje la presión. Hoy.

En Reynosa no falta diagnóstico. Falta responsabilidad.

Y eso ya costó demasiado.

davidcastellanost@hotmail.com

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Opinión

¿Narcogobierno o guerra narrativa?

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Por: Zaira Rosas
zairosas.22@gmail.com

Rubén Rocha Moya es probablemente uno de los nombres que más titulares han
acaparado en la semana, encabeza la lista de 10 funcionarios públicos señalados
por el gobierno de Estados Unidos de tener vínculos con el narcotráfico. Estos
señalamientos llegan a reforzar la agenda del país vecino que se ha empeñado en
desmantelar la corrupción de otras naciones con tal de desviar la atención de
asuntos propios.
Esta narrativa ha sido constantemente rechazada por el gobierno de México,
principalmente cuando los afectados en los señalamientos pertenecen a un mismo
partido, lo cual como bien ha señalado el mismo Rocha Moya, es un ataque
directo hacia la cuarta transformación. De ahí que la Presidenta defienda por
sobre todo la Soberanía Nacional y que la Secretaría de Relaciones Exteriores
siga exigiendo pruebas de culpabilidad respecto a las investigaciones.
Sin embargo, la respuesta institucional no ha disipado las dudas. Ante la presión
mediática y política, Rocha Moya solicitó licencia a su cargo, dejando como
gobernadora interina a Yeraldine Bonilla. Esta decisión ha abierto un nuevo
debate: para algunos, es un paso necesario mientras se esclarecen los hechos;
para otros, se trata de una estrategia que permite mantener cierto grado de
protección política, evitando consecuencias inmediatas como una eventual
extradición.
El contexto tampoco ayuda. En 2024, la detención de Ismael «El Mayo» Zambada
estuvo rodeada de versiones que apuntaban a una posible participación indirecta
de actores políticos locales, incluido el propio Rocha. A ello se suman los
señalamientos sobre la intervención del Cártel de Sinaloa en las elecciones de
2021, denuncias que la oposición llevó ante la Organización de los Estados
Americanos (OEA).
Aunque las autoridades electorales, como el Instituto Nacional Electoral,
sostuvieron que la violencia fue focalizada y no alteró los resultados, los datos son
inquietantes: 91 políticos asesinados durante ese proceso, incluidos 36
candidatos. Más que una narrativa, se trata de una evidencia de que el crimen
organizado ha logrado influir —directa o indirectamente— en la vida democrática
del país.
A este escenario se suma otro elemento delicado: la muerte de dos agentes de la
CIA en Chihuahua, quienes realizaban labores de investigación sin conocimiento
del gobierno federal. La colaboración con autoridades locales, como la
administración de Maru Campos, abre cuestionamientos sobre los límites de la
cooperación internacional y la consistencia del discurso soberanista.

En paralelo, sectores de la derecha han aprovechado este contexto para
posicionar la idea de un “narcogobierno”, utilizando las acusaciones como
herramienta de desgaste político contra la figura más emblemática del movimiento:
Andrés Manuel López Obrador. No obstante, reducir todo a una conspiración
externa sería tan ingenuo como negar la existencia de un problema estructural.
De cara a 2027, cuando al menos 17 entidades renovarán gubernaturas, el
verdadero desafío no será únicamente contener la presión internacional o las
narrativas opositoras, sino enfrentar una realidad incómoda: la infiltración del
crimen organizado en procesos electorales y estructuras de poder no es nueva, ni
exclusiva de un partido.
México debe defender su soberanía, sí, pero no solo frente a otros países, sino
también frente a los intereses criminales que han demostrado capacidad para
influir en candidaturas, campañas y gobiernos. Negar esta realidad bajo el
argumento de la unidad nacional solo profundiza el problema. La disyuntiva no es
entre creer o no en las acusaciones, sino entre asumir con responsabilidad la
magnitud del desafío o seguir atrapados en una guerra de perspectivas y el control
de las mismas.
Si algo está en juego en este momento no es solo la imagen de un gobierno o de
un partido, sino la viabilidad misma de la democracia mexicana frente a quienes,
desde dentro y fuera, buscan moldearla a su favor.

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Opinión

El nuevo Tamaulipas

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El estado de Tamaulipas poco a poco supera la tormenta que oscureció su horizonte y futuro durante años. Hoy, gracias al esfuerzo coordinado entre los tres niveles de gobierno que se viene fortaleciendo desde el 2012 y a la fecha, ha permitido ver una luz de esperanza –y no es broma, aunque parezca una frase muy trillada–. El asunto es que la gobernanza se dio a la  tarea de construir su riqueza natural en un paradero turístico.

Pero esa acción tan arriesgada es debatir con todo, es arrebatar la conversación. Es decirle al visitante —y al propio tamaulipeco— que aquí también hay belleza, identidad, futuro y la oportunidad de ofrecer una nueva historia.

El anuncio del secretario de Turismo, Benjamín Hernández Rodríguez, sobre el desarrollo de nuevos paraderos turísticos no se queda en la superficie. Particularmente, el caso de Miquihuana resulta simbólico. No es el destino tradicional, no es el escaparate inmediato. Es, más bien, una invitación a mirar hacia adentro: montañas, bosques, silencio… y una posibilidad distinta de turismo.

NO politicemos, que se fortalezca la infraestructura, que se edifique. Que el turismo se extienda y sea factor de cambio, porque, hoy el visitante no busca solo hospedaje, busca experiencia. Senderismo, ciclismo de montaña, contacto real con la naturaleza. Busca autenticidad. Y en ese terreno, Tamaulipas tiene ventaja si sabe jugarla.

Los paradores turísticos, bien planteados, pueden convertirse en nodos estratégicos: conectan caminos, ordenan flujos, generan empleo local y, sobre todo, dan sentido a regiones que históricamente han estado fuera del mapa turístico nacional.

La administración de Américo Villarreal Anaya parece entenderlo. Hay una narrativa en construcción: inversión sostenida, visión de largo plazo y una apuesta por diversificar la oferta turística.

El éxito de estos proyectos no dependerá de la obra en sí, sino de su operación. De la capacidad de mantenerlos, de integrarlos a las comunidades, de evitar que se conviertan en elefantes blancos o en espacios desconectados de la realidad local.

Si logran consolidarse, estos paradores pueden cambiar el mapa turístico del estado. Si no, serán una buena intención más.

Por lo pronto, la señal está ahí: Tamaulipas quiere dejar de ser visto solo desde sus problemas y empezar a ser reconocido por su potencial.

En la intimidad… Mientras el turismo intenta abrir nuevas rutas, en otro frente igual de estratégico se está gestando una transformación silenciosa pero profunda: la ciencia.

La Universidad Autónoma de Tamaulipas no solo está creciendo, está redefiniendo su papel en el desarrollo del estado. Bajo la rectoría de Dámaso Anaya Alvarado, la institución ha logrado duplicar su capacidad científica en apenas dos años, al pasar de poco más de cien proyectos a más de 200 en 2025.

No es un dato menor. Es una declaración de rumbo.

Lo relevante no es solo el número, sino el enfoque: investigación orientada a resolver problemas concretos. Desde salud pública hasta sostenibilidad ambiental, pasando por modelos productivos y cultura de paz. Es decir, una ciencia que deja el laboratorio para instalarse en la vida cotidiana.

La vinculación con los tres niveles de gobierno, en proyectos como el Puerto Seco en Ciudad Victoria o el Puerto del Norte en Matamoros, revela otra dimensión: la academia como actor estratégico en la toma de decisiones.

Más del 80 % de sus cuerpos académicos en consolidación, crecimiento sostenido en posgrados y una producción científica en expansión dibujan a una universidad que entendió algo clave: el conocimiento que no impacta, se queda corto.

Tamaulipas, entre paradores turísticos y laboratorios universitarios, parece estar apostando a algo más profundo que la coyuntura: a construir futuro.

davidcastellanost@hotmail.com
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