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Solamente los ignorantes se sorprendieron de que el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, participara en la derrota electoral escrita el pasado 5 de junio, cuando el priismo sucumbió en diversos estados como sucedió en Tamaulipas, donde ganó el panista, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. El jefe de la política interna sabía perfectamente que iba a ser más que difícil que el PRI, mantuviera el poder en una entidad tan golpeada por el régimen político enquistado desde hace 86 años, misma donde a partir de ahora se investigan a 37 ex empleados gubernamentales, un alcalde y 12 ex regidores. El chino Chong, habría firmado otro pacto en la “Ruta-2018”, entonces con letras chiquitas venia escrito “no a la cacería de brujas” pero si el castigo a los más corruptos tamaulipecos.

Entonces a dos meses de que comenzó su mandato el nuevo gobernador tamaulipeco, Cabeza de Vaca, se anunció que fueron llamados a comparecer 37 ex servidores públicos – mandos medios y superiores- de la administración pasada gubernamental, exacto la de Egidio Torre Cantú.

Enseguida lo que se les puede venir…

ARTÍCULO 219.- Al responsable del delito de peculado se le impondrán las siguientes sanciones:

I.- Cuando el monto de lo distraído o de los fondos utilizados indebidamente no exceda de tres mil días de salario o no sea valuable, se impondrán de dos a seis años de prisión, multa de cien a cuatrocientos días de salario y destitución e inhabilitación de tres a seis años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

II.- Cuando el monto de lo distraído o de los fondos utilizados indebidamente excedan de tres mil días de salario, se impondrán de seis a catorce años de prisión, multa de doscientos a cuatrocientos días de salario y destitución e inhabilitación de seis a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

¡Espero que no les haya dado frio!

Pero el tamaño de la corrupción vivida en Tamaulipas durante los últimos años, se puede ejemplificar con la administración municipal de Tampico 2013-2016 que encabezó el priista, Gustavo Rodolfo Torres Salinas, quien se aventó tremendas anomalías en relación a transferencias de dinero correspondiente a fondos federales y estatales que no deben ser utilizados para otra índole; y la utilización de una tarjeta de crédito American Express, adjudicada a este político que sueña con ser Senador de la Republica. El gran hombrecito de nombre, Gustavo Rodolfo, gastó la cantidad de 589 mil pesos tan solo en el transcurso de un mes con cargo al plástico que solamente el utilizaba.

Pero mientras Gustavo, mataba la vaca, 12 de sus ex regidores le agarraban la pata para destazarla con calma. Perdone usted que lo exprese de tal manera pero es que la Comisión de Transparencia del Ayuntamiento de Tampico 2016-2018, dio a conocer un saldo pendiente originado por préstamos económicos desde 45 mil, hasta 600 mil pesos a ex ediles y trabajadores de la pasada administración municipal, monto que al entrar en funciones el presente gobierno, correspondía a 2 millones 710 mil pesos.

A estas alturas algunos de los ex regidores ya hicieron algunos pagos parciales y solamente uno ya finiquito el adeudo, sin embargo la figura del préstamo no existe en recursos públicos. Entonces es peculado para ambas partes y más grave aún, si el dinero «prestado» correspondía a una cuenta de índole federal. Circunstancia que no puede ser desconocida por los ex ediles tampiqueños ya que el delito no se extingue por reparar parcialmente  el daño y arriba ya leyeron a lo que se pueden enfrentar.

Los ex regidores que recibieron préstamos y las cantidades económicas, son las siguientes: Claudia Rosas Marín de Nueva Alianza, quien recibió 133 mil 324 pesos y resta por saldar 100 mil pesos; Dorely Meza Reyes del PRI, recibió 345 mil, y debe el total de la cantidad; Jorge Arturo Robles de León, también del PRI,  tomó prestados 45 mil pesos, y resta pagar el total de la cantidad; Xóchitl Reséndiz, otra priista, agarró 88 mil 324 pesos, debe 55 mil pesos; Clara Alicia Gallardo Tenorio, de la misma calaña tricolor, recibió 133 mil pesos y debe 100 mil pesos; Margarita Juárez Paz, se le otorgó 197 mil pesos, debe el total de la cantidad y creo que esta joven mujer es la más cruel de todos ya que no solamente jineteo el dinero del pueblo, sino que guardo silencio total pese a que dos de sus amigos fueron desaparecidos en su gestión como regidora y nunca tuvo calidad moral para exigir justicia; mientras tanto el panista Julián Aurelio Zorrilla Estrada, solicitó 516 mil pesos y según este jueves deposito 500 mil; Aura Giovanni del Ángel Serna, de Acción Nacional,  pidió prestados  90 mil pesos, de los cuales debe 81 mil pesos; igual de los doble moralistas del PAN, José Alfredo Gallegos Neri, recibió 222 mil pesos, debe su totalidad; mientras que Rufina García Ramírez, la lideresa priista de las enchiladas rojas, recibió 60 mil 326 pesos y mantiene un adeudo de 33 mil 360.

La lista continua con otro sinvergüenza como Bonifacio Bandala Olivo, quien se despachó con la cuchara grande al llevarse 600 mil pesos. También fueron evidenciados los empleados Mónica Ledesma Morales, quien recibió 15 mil pesos y debe el total del monto; Carlos Omar Fernández Cobos, solicitó 9 mil pesos y debe 6 mil; y Juan Carlos Guerrero, quien recibió 11 mil 400 pesos, y actualmente debe 10 mil 200 pesos.

Todos ellos deberán ser juzgados por la justicia que en base al ARTÍCULO 218.- Comete el delito de peculado:

I.- El servidor público que indebidamente utilice fondos públicos u otorgue alguno de los actos a que se refiere el artículo relativo al uso indebido de atribuciones y facultades con el objeto de promover la imagen política o social de su persona, la de su superior jerárquico o la de un tercero, o realice dicha conducta con el fin de denigrar a cualquier persona;

II.- Todo servidor público que para usos propios o ajenos distraiga de su fin destinado dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado o al Municipio, a un organismo descentralizado o a un particular, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito o por cualquier otra causa.

III.- El que solicite o acepte realizar las promociones o denigraciones a que se refiere la fracción anterior, a cambio de fondos público o del disfrute de los beneficios derivados de los actos a que se refiere el artículo de uso indebido de atribuciones y facultades

IV.- Cualquier persona que sin tener el carácter de servidor público y estando obligada legalmente a la custodia, administración o aplicación de recursos públicos estatales o municipales, los distraiga de su objeto para usos propios o ajenos o les dé una aplicación distinta a la que se les destinó.

 

Con lo anterior, el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, deberá ser muy cuidadoso si llega a nombrar al ex regidor Miguel Pérez Álvarez como titular de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) Zona Conurbada, ya que también solicitó “prestados” 355 mil pesos, liquidando dicha cantidad el pasado 29 de octubre y cabe precisar que Miguel Pérez, presidio la Comisión de Transparencia, por tanto ¡ojo gobernador! este personaje no parece que sea un buen nacido tamaulipeco como para que lo meta a la nómina gubernamental y menos en una oficina descentralizada que maneja muchos millones de pesos de los tamaulipecos a quien usted prometió cuidar y proteger.

Así mientras poco a poco se siguen ventilando las corruptelas de los políticos del pasado inmediato. La Contraloría Gubernamental elaboró 55 oficios relacionados con el proceso entrega recepción de los cuales se desprendieron 37 citatorios. Varias de las comparecencias se han venido ya desahogando y otras más están pendientes de ser cumplidas. Hasta ahora sólo 17 de los ex servidores públicos, especialmente mandos superiores, han atendido a la citación lo cual no los exime de responsabilidades.

En los días pasados se han venido citando a ex servidores públicos de 6 dependencias, 4 organismos públicos descentralizados y de oficinas del ejecutivo estatal.

En el caso de la Secretaría de Obras Públicas que estuvo a cargo de Manuel Rodríguez Morales, se tiene considerada la comparecencia de 3 ex servidores públicos; 6 de la Secretaría de Educación en donde ordenó Diodoro Guerra Rodríguez, uno de los ex rectores del Instituto Politécnico Nacional (IPN); 5 de la Secretaría de Salud de donde despachó, Norberto Treviño García Manzo; 5 de la Secretaría de Finanzas que estuvo a compromiso del actual Diputado Federal, Miguel González Salum y que finalmente terminó en manos de Jorge Silvestre Abrego Adame; 4 de la Contraloría Gubernamental que manejó, Hilda Cavazos Contreras; y 5 de la Secretaría de Administración, oficina bajo la tutela de Fernando Salinas Zambrano.

Entonces la lista parece interminable y por lo que toca a los organismos públicos descentralizados, 2 corresponden al Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo; 2 del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física y Educativa; uno del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes; y uno de la Comisión Estatal de Aguas de Tamaulipas. Mientras que de las oficinas del Ejecutivo Estatal están considerados 2 ex servidores públicos y uno de Comunicación Social.

¡ay como me dueles Tamaulipas!

¿Agustín porque te fuiste?

davidcastellanost@hotmail.com

Opinión

La mujer del pelotero

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La historia de terror que atraviesan los 47 trabajadores federales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en Tamaulipas es más que un simple conflicto laboral. Es una retórica fallida que evidencia el fondo de una contradicción institucional.

La dependencia encargada de vigilar que se respeten los derechos laborales… no puede garantizar los de su propio personal.

Aunque han guardado silencio por varios meses, lo de hoy es insostenible. Semanas sin pago, y no es la primera vez. Ha ocurrido antes. Han sufrido hasta tres meses sin salario, dicen. Sin retroactividad. Sin explicación clara.

Y ahora, una transición. Opaca y represora, comentaron los trabajadores federales, pues dicen que solo a través de una videollamada. Les bajaron instrucción. Un cambio de esquema, y punto. Van a pasar del orden federal al estatal. Sin reglas claras. Sin certezas. Sin garantías laborales.

El secretario Marath Baruch Bolaños López no ha dado la cara. Y ese silencio pesa más que cualquier pecado que haya cometido con anterioridad el mismo PRI en toda su historia.

No se trata de un simple ajuste administrativo. Es la estabilidad de personas que llevan décadas en el servicio público. Hay casos de más de 30 años de antigüedad. Trayectorias completas que hoy se reducen a una condición: firma o te quedas sin ingreso.

Renunciar a la antigüedad. A la compensación. A derechos adquiridos.

Aceptar un salario menor.

Firmar contratos temporales.

Trabajar, en los hechos, en condiciones de informalidad… dentro de una institución que sanciona precisamente eso.

La ironía… Los trabajadores de la STPS exigen a empresas que otorguen prestaciones, que respeten la ley, que garanticen estabilidad… mientras ellos no tienen nada de eso.

Ni siquiera porque el artículo 123 constitucional lo deja en claro: La irrenunciabilidad de derechos no es negociable. Y la progresividad laboral no va con los retrocesos.

La jurisprudencia es clara: en procesos de reestructuración, los derechos deben respetarse íntegramente.

Aquí pretenden que ocurra lo contrario.

Se reduce salario. Se eliminan prestaciones. Se borra antigüedad.

Se precariza.

Y se hace con presión.

Con la urgencia del trabajador que necesita cobrar para sostener a su familia.

Porque si el Estado puede desdibujar derechos laborales bajo el argumento de una “transición”, entonces cualquier empresa podría intentar lo mismo.

En la intimidad…. Mientras en un frente se discuten derechos laborales que se diluyen, en otro se construyen políticas públicas que, al menos en papel, buscan sostener a la población.

En Tampico, la administración de Mónica Villarreal Anaya ha apostado por un modelo concreto en materia de salud: atender la diabetes con seguimiento real, no con campañas de ocasión.

El Centro de Control de Diabetes (CECODIAT), en Morelos y Borreguera, ya tiene números que respaldan el discurso: más de 800 consultas diabetológicas, 992 de nutrición y un 56 por ciento de control metabólico en pacientes registrados.

En México la diabetes sigue siendo una de las principales causas de muerte, hablar de control —no de atención aislada— es hablar de política pública bien enfocada.

davidcastellanost@hotmail.com
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Opinión

Un legado social para nuevas juventudes

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Por: Zaira Rosas
zairosas.22@gmail.com

Era 2013 cuando conocí en persona a Rossana Reguillo. Acababa de leer un libro suyo donde analizaba a los policías en México; su narrativa bastó para volverme su admiradora y querer entender el mundo como ella lo hacía.

Ese texto reunía entrevistas con policías en Guadalajara, pero revelaba algo más profundo: la inseguridad en México no es un fenómeno lineal, sino un entramado de voces, contextos y silencios.

Para comprenderla, decía implícitamente, hay que escuchar a todas sus personas, conocer su vida y las motivaciones detrás de cada acto.

La vida intelectual de Reguillo estuvo marcada por una curiosidad inagotable y un compromiso ético con la realidad. Fue catedrática en el ITESO y formó parte del Consejo Consultivo de Comunicación de la IBERO Puebla. Sin embargo, su influencia desbordó las aulas. Siempre se mantuvo cercana a las juventudes, no desde la condescendencia, sino desde el reconocimiento de su potencia crítica y creativa.

Escuchaba, cuestionaba y acompañaba, la primera vez que pude escucharle parecía ser alguien que nos conociera de toda la vida y pese a su gran sabiduría se mostró atenta a nuestras inquietudes y nunca soberbia.

Su mayor acierto —y quizá su legado más poderoso— fue la capacidad de mirar de frente el horror sin simplificarlo. En sus análisis sobre violencia, desapariciones, narcotráfico y desigualdad, evitó las narrativas cómodas.

En lugar de eso, construyó relatos complejos donde cabían el dolor, la resistencia y las contradicciones de México. Supo leer los signos de su tiempo, tanto en las calles como en los espacios digitales.

Por eso impulsó proyectos como el Signa Lab, donde exploró cómo se construyen las conversaciones públicas en internet y cómo circula la información en contextos de crisis.

Reguillo entendía que narrar es también disputar el sentido. Sus textos no solo describían la realidad: la interrogaban. ¿Quién tiene derecho a contar la historia? ¿Qué voces quedan fuera? ¿Cómo se construye el miedo? En sus escritos sobre México, la violencia nunca fue un espectáculo, sino una pregunta abierta que exigía responsabilidad colectiva.

Nos enseñó que detrás de cada cifra hay vidas, y detrás de cada discurso, intereses.

Honrar su legado hoy implica más que recordarla: exige actuar. Para las juventudes, su ejemplo ofrece varias rutas. Primero, informarse con rigor y no conformarse con explicaciones superficiales. Segundo, escuchar activamente, especialmente a quienes han sido históricamente silenciados. Tercero, apropiarse de los espacios digitales con conciencia crítica, entendiendo que también ahí se construye la realidad social. Y, sobre todo, atreverse a cuestionar incluso las propias certezas.

En un contexto saturado de información, mantener la criticidad es un acto político. Reguillo nos enseñó a analizar siempre todas las partes, a desconfiar de las versiones únicas y a buscar las conexiones profundas entre los fenómenos. Su legado invita a mirar más allá de lo evidente y a asumir la responsabilidad de pensar el mundo en colectivo.

La revolución de ideas puede tener lugar en múltiples espacios, incluso en las plataformas digitales donde los discursos pueden desafiar el autoritarismo, cerrar los ojos ante la complejidad de nuevas formas de comunicación, sería traicionar su memoria.

En cambio, honrarla implica sostener la incomodidad de las preguntas difíciles, defender el pensamiento crítico y poner por delante el bien común.

Porque, como ella mostró a lo largo de su vida, entender es el primer paso para transformar la realidad que nos trastoca aunque no siempre parezca que algo lejano también nos afecta.

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Opinión

¿Hasta cuándo reaccionarán nuestras autoridades?

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Hace poco más de una semana se registró una mortandad masiva de peces en el estero El Camalote, y esto rápidamente se convirtió en una contingencia ambiental.

De inmediato, autoridades locales como el Ayuntamiento de Altamira y Comapa Sur tuvieron que intervenir ante el retraso de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

A seis días del incidente, el gobierno de Tamaulipas informó que la situación está controlada y que no existe riesgo de contaminación del agua potable.

Según las autoridades, el problema se originó por alteraciones hidrodinámicas que provocaron un desequilibrio en la salinidad, afectando a las especies que no lograron adaptarse.

Sin embargo, este episodio volvió a poner en evidencia la vulnerabilidad crónica de la zona sur de Tamaulipas.

El estero El Camalote, donde se ubican las esclusas que regulan el agua dulce que abastece a cientos de miles de personas en Tampico, Madero y Altamira, se encuentra en constante riesgo.

Y las autoridades parecen reaccionar hasta que tienen el problema encima.

¿Ha visto usted a algún diputado federal de Tamaulipas plantear esta problemática en el Congreso de la Unión?

¿Alguno ha promovido reuniones con altos funcionarios de Conagua o gestionado recursos federales para el mantenimiento urgente de las esclusas y los 22 kilómetros de diques?

¿Los alcaldes de la zona sur se han reunido para emitir un pronunciamiento conjunto y exigir atención prioritaria al gobierno federal?

Por eso este fue uno de los temas en la Mesa de Análisis de los lunes por la noche en MVS Noticias.

Sepa usted que, hasta ahora, no existe un proyecto ejecutivo integral para el mantenimiento y rehabilitación de las esclusas del Camalote, ni se han realizado batimetrías recientes ni un dragado que aumente la capacidad de almacenamiento.

El Gobierno de Tamaulipas impulsa el proyecto del dique El Moralillo, que cuenta con el respaldo del gobernador Américo Villarreal y avanza en su etapa técnica, pero aún está lejos de concretarse.

No es suficiente.

Es necesario que los diputados federales cumplan con su verdadera función: legislar, fiscalizar y gestionar recursos para resolver problemas reales de la gente, en lugar de limitarse a llenar sus perfiles de redes sociales con fotos posando entre curules, pescando o comiendo tacos mientras “descubren” Tamaulipas.

También urge que el sector empresarial asuma una postura más firme y use su influencia para presionar a los representantes populares. Y a nosotros, como sociedad, nos corresponde no olvidar el riesgo real de quedarnos sin agua.

Nunca lo habíamos imaginado … y ocurrió.

Que no nos vuelva a pasar.

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Opinión

Preguntas sin respuestas

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El dato es contundente y, en cualquier escritorio de comunicación social, suficiente para construir un titular: Tamaulipas no registra casos de sarampión en lo que va del año y presume una cobertura de vacunación del 98.5 por ciento. Lo dijo el gobernador Américo Villarreal Anaya frente a personal de salud al que, además, se le entregaron medallas por décadas de servicio.

¡Magnánimo! ¡Colosal! ¡Imperial! ¡Jerárquico! Un gobierno que presume resultados y un sector que recibe reconocimiento público. Pero…

¿Dónde están los reportes técnicos que respalden ese 98.5 por ciento? ¿Cuál es la base poblacional utilizada? ¿Se trata de cobertura real o de dosis distribuidas? ¿Qué municipios concentran los rezagos y cuáles sostienen el promedio estatal? ¿Cómo se está midiendo la eficacia en campo en comunidades donde históricamente el acceso a servicios de salud es irregular?

Qué importa todo lo demás, estamos ante  un logro sanitario sólido, histórico como el mismo ingreso de la 4T a nuestra entidad.

Y bueno, era de esperarse; la secretaria de Salud, Adriana Marcela Hernández Campos, habló de confianza construida con la ciudadanía, sin embargo, su simple llegada no válida el logro, pero, a ella le toca sostener el optimismo oficial sin reservas.

Porque mientras se reparten medallas —legítimas, necesarias— también persisten los reportes de hospitales con carencias, pregúntenle al Dr Juárez Durán -a quien enviamos un fuerte abrazo y deseamos que pronto ya se encuentre al 2 mil por ciento- ese hombre es el director del “Dr. Carlos Canseco”, de Tampico, un gigantesco cascarón hospitalario, y aquí como en el resto de los nosocomio a del sector público con tiempos de espera prolongados y personal que opera al límite. El contraste es inevitable: reconocimiento simbólico por un lado, desgaste operativo por el otro.

Marggid Rodríguez Avendaño, bueno, caray, el asunto del IMSS Bienestar sigue en fase de ajuste. Y ahí es donde el esfuerzo, humanismo y entrega del gobernador Américo Villarreal Anaya, encuentra personajes endebles que provocan fragilidades estructurales en la infraestructura gubernamental, no basta con afirmar que el sistema se fortalece; hay que demostrarlo en cada consulta, en cada abasto, en cada turno cubierto.

El dato del sarampión puede ser un logro. Pero sin información abierta, también puede ser apenas un enunciado.

En la intimidad… Mientras en el templete se habla de un sistema sólido, en la base laboral se discute otra cosa: cuánto tiempo puede un trabajador enfermo sostenerse antes de quedar desprotegido.

El diputado Armando Zertuche Zuani y el SUTSPET empujan una reforma que, en los hechos, desnuda una contradicción. Si el sistema de salud funciona, ¿por qué sus propios trabajadores tienen solo 60 días de licencia para enfrentar enfermedades graves?

El delegado sindical Alejandro Reyes lo plantea sin matices: no alcanza. Y cualquiera que haya pasado por un tratamiento oncológico o una recuperación neurológica lo sabe.

La iniciativa ya está en la antesala de la Comisión de Salud, presidida por Víctor Manuel García Fuentes. Ahí se va a definir si el discurso de bienestar también aplica hacia adentro del aparato estatal o si se queda, como tantas veces, en la superficie.

Porque al final, la política pública se mide en eso: en lo que resuelve cuando el reflector se apaga.

davidcastellanost@hotmail.com
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