El nuevo fiscal anticorrupción en Tamaulipas, Andrés Norberto García Repper Favila, después de ser designado este jueves en una sesión del congreso del estado, dejó abierta la posibilidad de que se realice en esta entidad el “Operativo Enjambre”.

Se trata de una estrategia implementada en 2024, encabezada por el Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch y que ha llevado a la detención de servidores públicos de diferentes nieles de gobierno e incluso a alcaldes de distintos municipios del país, principalmente del Estado de México, Michoacán y más recientemente el caso del alcalde de Tequila Jalisco.

El objetivo principal del Operativo Enjambre es desarticular redes criminales infiltradas en gobiernos locales, combatiendo la corrupción, la extorsión (cobro de piso), y los vínculos entre servidores públicos y grupos delictivos como el crimen organizado.

En Tamaulipas existen expedientes contra ex servidores públicos que están en proceso de investigación por diversos delitos.

El nuevo fiscal anticorrupción se comprometió a lo que dicen todos cuando llegan, a investigar parejo, sin filias ni fobias en la misma línea con la que ha actuado en estos temas la federación.

Pero aclaró que no se trata de dar palos de ciego, ni una cacería de brujas, dijo que se tiene que investigar con metodología y con ciencia.

Esperemos que cuando le lleguen nuevas denuncias por casos relacionados con corrupción y extorsión, realmente no le tiemble la mano, se integren los expedientes y  concluyan las investigaciones como mucha gente quiere que acaben, con los funcionarios corruptos y coludidos en la cárcel.

No es común que la Suprema Corte voltee a ver hacia el norte sin que haya un litigio incómodo, una controversia constitucional o un expediente de por medio. Por eso, la firma de un convenio con la UAT, merece la pena detenerse, desconfiar un poco y luego analizar con cabeza fría.

La alianza entre la Universidad Autónoma de Tamaulipas y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), definitivamente  es el intento de la corte por recuperar su legitimidad social, claro, desde ese cambio extraño por “decreto presidencial”, se les perdió el respeto, y no podían seguir hablándose a sí misma desde el mármol; necesitaban bajar al territorio, a las aulas, a las regiones donde la justicia se vive —o se padece— todos los días.

Y por supuesto que debían elegir escuelas públicas de prestigio. La Universidad Autónoma de Tamaulipas, con todo y sus asegunes -como todas-  fue aceptada para jugar en las grandes ligas, y la idea universitaria de convertir el servicio social en una relación estructural con el Máximo Tribunal ¡ufff! Es como debutar con un golazo de chilena, así como los de Hugo Sánchez.

La apuesta por formar abogados que no solo sepan citar tesis aisladas, sino que entiendan cómo se construye una sentencia, cómo se procesa una denuncia y, sobre todo, cómo pesa la justicia cuando toca intereses reales.

El rector Dámaso Anaya Alvarado no vendió humo. Habló de visión institucional, y además, los datos respaldan el discurso: casi 200 estudiantes ya pasaron por instancias vinculadas a la Corte y otros 380 están en fila. En un estado como Tamaulipas, donde la ley suele llegar tarde o torcida, ese contacto temprano con la justicia constitucional puede marcar la diferencia entre el burócrata obediente y el jurista con criterio propio.

La presencia del ministro Irving Espinosa Betanzo y el respaldo explícito del presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, colocan este convenio en otra dimensión. La SCJN sabe que las universidades públicas son semilleros de legitimidad y la UAT si ya venía trabajando para seguir trascendiendo, esta firma le sienta en la mesa donde se toman las decisiones jurídicas del país.

En la intimidad… Mientras tanto, el poder se sigue acomodando con precisión.

La bancada de Morena y sus aliados en el Congreso local eligieron por mayoría a Andrés Norberto García-Repper Fávila como fiscal Anticorrupción, cerrando una pinza que comenzó en diciembre con la llegada de Jesús Govea Orozco a la Fiscalía General y se consolidó con la renovación del Poder Judicial encabezada por Tania Contreras tras la elección de 2025.

García Repper perdió la elección judicial, sí, incluso con acordeón en mano. Pero entendió algo que muchos no: en política no siempre gana el que llega primero, sino el que sabe esperar. Aceptó su lugar en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, se mantuvo dentro del sistema y aguardó su turno. Hoy cobra esa factura.

No es tamaulipeco, pero forma parte de un poderoso grupo político dentro del sistema tamaulipeco, además, demostró disciplina y paciencia, y ahora se gradúa como una pieza confiable para cerrar el círculo del poder en la entidad. 

Con Ejecutivo, Legislativo y ahora todo el andamiaje judicial alineado, Tamaulipas entra en una nueva etapa: la del control total. Aquí ya no se trata de equilibrios, sino de administración del poder. El opositor que quiera sobrevivir tendrá que ser, al menos, aceptable para el centro del país y para Palacio estatal.

El propio García Repper lo dejó claro, sin decirlo del todo:

“La Fiscalía Anticorrupción es un órgano técnico que investiga denuncias cuando las recibe; no es una instancia para persecuciones o cacerías de brujas”, podríamos creerle todo, la mitad o nada, pero, conociendo su retórica, fue bastante mesurado, y esa, es una buena señala para todos. 

En concreto:  habrá investigaciones, sí, pero con orden, con límites y con nombre y apellido bien medidos. En Tamaulipas, todo parece indicar que la justicia no será estridente. Será selectiva. Y eso, para bien o para mal, también es una definición de poder.

Las abstenciones lo dicen todo. 

davidcastellanost@hotmail.com

@dect1608

Por: Zaira Rosas
zairosas.22@gmail.com

El reciente suceso que marcó al proyecto del Tren Interoceánico tras el trágico
descarrilamiento del 28 de diciembre de 2025 en Oaxaca parece haber encontrado
un blanco sencillo para las exigencias de respuesta inmediata: la detención de los
presuntos responsables, especialmente del conductor y del supervisor de turno.

La Fiscalía General de la República (FGR) determinó que el tren circulaba a exceso
de velocidad —65 km/h en una curva donde la norma establece 50 km/h— y basó
gran parte de su dictamen en los datos recuperados de la “caja negra” y otros
peritajes técnicos. Con ello, se detuvo primero al maquinista y después al jefe de
despachadores, quienes ahora enfrentan cargos por homicidio y lesiones
culposas, además de haber sido vinculados a proceso con prisión preventiva.

Para muchos, la pronta acción de la FGR y el respaldo público de la presidenta de
la República buscan transmitir una idea de justicia eficaz y transparente. La
versión oficial insiste en que las conclusiones son producto de peritajes científicos
y que la evidencia apunta al factor humano como detonante directo del accidente.

El exceso de velocidad es una constante que coincide entre las personas
sobrevivientes y quienes llegaron a ayudar a los heridos, de igual forma respecto a
las suposiciones de fallas técnicas graves en la infraestructura y el sistema de
frenado del tren han sido descartadas.

Sin embargo, alrededor de este enfoque de “culpabilidad individual” han florecido
críticas de periodistas, analistas y actores políticos que señalan riesgos de
simplificar la lectura de los hechos. Algunos sectores, como legisladores de la
oposición, han señalado que la detención de los conductores podría convertirse en
un “chivo expiatorio” si no se investiga de fondo el entramado que posibilitó el
accidente, desde la construcción de la infraestructura hasta su operación. El
proyecto del Tren Interoceánico no solo fue una obra emblemática para la
administración federal, sino también un despliegue de contratos, obras y
decisiones políticas complejas que ya habían sido cuestionadas antes del
siniestro.

Diversos reportes y análisis periodísticos han recordado que la Auditoría Superior
de la Federación (ASF) ya había señalado irregularidades y deficiencias técnicas
en tramos de la línea antes del accidente, incluyendo falta de estudios adecuados,
posibles omisiones en los diseños y preocupaciones sobre la geometría de la vía
en zonas críticas como las curvas pronunciadas de Nizanda. Más allá de la
velocidad del tren, estas observaciones ponen en tela de juicio si el diseño y la
supervisión técnica de las obras se hicieron conforme a las normas ferroviarias
actuales.

Las voces de sobrevivientes y testigos coinciden con la versión oficial, pero
también subraya el hecho de que este acontecimiento sugiere fallas en protocolos
de seguridad y advertencia, mismos que uno de los detenidos señala no haber
recibido la capacitación para ejecutarlos. El hecho de que el tren operara sin
seguro para pasajeros durante su primer año de funcionamiento ha sido otra pieza
controversial en el análisis público.

En este cruce de versiones hay una tensión evidente entre obtener respuestas
rápidas y asumir una investigación compleja que busque responsabilidades en
múltiples niveles. Detener al conductor y al supervisor puede ser parte del proceso
de justicia, sobre todo si efectivamente hubo negligencia humana directa. No
obstante, ¿es esta práctica suficiente para que pueda hablarse de un proceso
justo en sentido amplio? La justicia no solo se mide por cuántas detenciones se
realizan, sino por la profundidad y alcance de las investigaciones que permitan
identificar todas las causas —técnicas, administrativas y estructurales— que
pudieron haber contribuido al accidente.

Si el foco se limita a los operadores sin atender otras fallas previamente señaladas
desde el diseño, supervisión y administración del tren, se corre el riesgo de que la
responsabilidad final recaiga desproporcionadamente sobre individuos y no sobre
el sistema que también fue partícipe del accidente. Esto podría traducirse en la
impunidad, por lo que más allá de la detención del conductor, lo que se requiere
para que haya justicia verdadera es un proceso integral y transparente, que
examine tanto el actuar humano como las condiciones materiales y organizativas
que permitieron la tragedia.

En el sur de Tamaulipas hay problemas que no admiten maquillaje ni discursos cómodos. Los socavones son uno de ellos. No se negocian con la retórica ni se posponen con boletines. Están ahí, abriéndose paso bajo calles, avenidas y colonias enteras, recordándonos que durante décadas se dejó envejecer una infraestructura vital hasta llevarla al límite.

A ver. Sin rodeos: todo el crédito del avance es para el gobernador Américo Villarreal Anaya. No porque el problema haya desaparecido —sería falso afirmarlo— sino porque, frente a la adversidad técnica, financiera y política, decidió respaldar a la actual administración de la COMAPA Sur cuando lo fácil era soltarla y convertirla en chivo expiatorio, y eso que motivos y cuadros había de sobra.

Los números no mienten. Durante 2025, la COMAPA Zona Sur destinó 218.4 millones de pesos a la atención de 268 socavones en la zona conurbada. No fue una decisión estética ni electoral, fue una reorientación forzada por la realidad: el subsuelo colapsando representa un riesgo directo para la vida de las personas. De esos hundimientos, 122 se localizaron en Tampico y 146 en Ciudad Madero. Se atendieron 74 en Tampico (64.3%) y 94 en Madero (60.6%). Incluso, entre el 21 y el 27 de enero, aparecieron dos más, como recordatorio de que el problema sigue vivo.

Atender socavones implicó sacrificar otras obras. Recursos que estaban previstos para redes hidráulicas, distribución y pavimentación tuvieron que canalizarse a tapar literalmente los hoyos del pasado. Esa es la parte incómoda que pocos quieren decir: gobernar también es elegir qué se deja de hacer para evitar una tragedia mayor.

Y aun así, en medio de ese escenario adverso, la COMAPA Sur cerró 2025 con un dato que rompe inercias históricas: 26.5 kilómetros de drenaje sanitario instalados, cuando el promedio anual de administraciones anteriores rondaba apenas los cinco kilómetros. No es un milagro. Es gestión bajo presión.

La gerencia general del organismo, ha sido claro al señalar que estos resultados se explican por una reorganización operativa en una red con más de medio siglo de antigüedad. Priorizar los socavones fue una decisión de seguridad comunitaria, no de lucimiento personal.

Todo esto se informa, además, a horas de un corte programado en el suministro de agua potable, que afectará a más de cien colonias de Tampico y Ciudad Madero a partir de las 20:00 horas de este sábado, con restablecimiento paulatino el domingo. La molestia ciudadana es comprensible. Pero también lo es la necesidad de intervenir un sistema que ya no soporta parches improvisados.

Aquí está el punto central: sin respaldo político, la COMAPA Sur no habría tenido margen para reorientar recursos ni para sostener decisiones impopulares pero necesarias. Américo Villarreal entendió que gobernar no siempre da aplausos inmediatos, pero sí evita desgracias futuras. Y eso, en estos tiempos, no es menor.

En la intimidad… La Universidad Autónoma de Tamaulipas dio ayer una señal de estabilidad institucional. La Asamblea Universitaria aprobó el presupuesto para el ejercicio 2026, presentado por el rector Dámaso Anaya Alvarado, tras haber sido previamente analizado y avalado por el Honorable Patronato Universitario.

Con fundamento en el artículo 30, fracción VIII, del Estatuto Orgánico de la UAT, el rector expuso ante el pleno el proyecto de ingresos y egresos, subrayando que se trata de una herramienta central para la conducción ordenada de la vida universitaria, bajo criterios de transparencia, rendición de cuentas, equilibrio presupuestal y apego a la normatividad.

Tras el análisis y la deliberación correspondientes, la Asamblea refrendó su respaldo a la planeación financiera, avalando decisiones orientadas al desarrollo institucional. En su mensaje, Dámaso Anaya destacó que el crecimiento de la UAT ha sido gradual y ordenado: primero en infraestructura, luego en matrícula y, actualmente, con un énfasis claro en el posgrado, la investigación y la producción académica.

La planeación aprobada permitirá atender el crecimiento sostenido de la comunidad estudiantil, mejorar las condiciones de enseñanza y fortalecer la vinculación con los sectores productivos y los distintos niveles de gobierno.

La sesión fue presidida por el rector y contó con la participación de integrantes del gabinete de Rectoría, directores, docentes y estudiantes asambleístas de las 26 dependencias académicas de la UAT, con presencia de las zonas sur, centro y norte del estado, tanto de manera presencial como a distancia. Una fotografía de orden financiero en tiempos donde no sobra.

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