El Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) situado en Altamira es un asentamiento irregular: el inmueble no sólo ha estado en litigio por ese motivo durante al menos los últimos seis años, sino que además ya existen ordenamientos judiciales para que el terreno donde fue construida dicha instalación le sea devuelto al grupo de socios del Corporativo Gremio Unido de Alijadores (GUA) que lo reclaman, como lo han hecho también por la misma instancia, y con resultados igualmente favorables, tratándose de otros bienes inmuebles que les fueron peleados a distintos particulares.
En los primeros años del sexenio de Eugenio Hernández Flores como gobernador de Tamaulipas, es decir: entre el período 2005-2007, la administración estatal adquirió, mediante operación de compra-venta y a cambio de una cantidad multimillonaria, una extensa propiedad situada sobre la carretera Tampico-Mante, en un tramo conocido hoy en día como Libramiento Altamira, y que pertenecía al GUA, organismo cooperativista que de hecho tenía fincados ahí varios almacenes, los que habían sido erigidos aprovechando la estratégica ubicación del predio: junto a las vías del ferrocarril y muy cerca del corredor industrial.
Pero la transacción, hecha entonces, como se dijo ya, con recursos públicos, no perseguía un bien común (el bienestar colectivo), si bien se la presentó como una obra de beneficencia (de caridad). El único propósito fue comprar los terrenos a un grupo de particulares, representados por su entonces presidente, Ramón Martínez Del Ángel, para luego, casi de inmediato, regalarle ese nuevo patrimonio público a otros particulares constituidos en una asociación civil denominada Fundación Teletón. Acto «noble y humanitario» por el que, en cadena nacional, en vivo y a todo color, no se le agradeció a todo un pueblo o mejor dicho: a toda una población, la de Tamaulipas, sino más bien a un gobierno, y particularmente a un gobernante: el ex mandatario Hernández Flores, de triste memoria y mala fama para la mayoría de los tamaulipecos.
Para la compra de los referidos territorios, y he aquí lo más importante en términos de evidencia y registros documentales de tales hechos: el gobierno del estado les pidió a todos los presidentes municipales de aquellas ciudades en las que había afinidad ideológica respecto a la mayoría en el cabildo, que precisamente formalizaran el donativo estatal pasando por sesión ordinaria la donación de, por ejemplo en el caso de Tampico,150 millones de pesos, para la especie de «vaquita», «polla», o como sea que se quiera llamar a esa cooperacha masiva y oficial que, con dinero de los ciudadanos, hicieron autoridades municipales y de la entidad para aportar a la causa del Teletón, y que se construyera el CRIT que actualmente existe en Altamira.
Si alguien quisiera corroborar lo escrito en el párrafo anterior, le bastaría con consultar el historial de las actas de sesiones correspondientes a la gestión municipal porteña que presidió, entre el año 2008 y 2010, el exalcalde Oscar Rolando Pérez Inguanzo, viejo conocido de los tampiqueños. En aquella asamblea ordinaria de munícipes incluso se dio como explicación, en una especie de presión o chantaje sentimental, que era una «loable labor» para la cual todos los municipios estaban haciendo ya lo propio. De modo que, para empezar, el terreno donde está ahora el CRIT Altamira no les habría costado un solo peso a los de la fundación ya citada, sino que lo habrían pagado todos los tamaulipecos sin consulta pública de por medio y sin llevarse en todo caso el crédito que correspondía, sino más bien por obra y gracia de sus flamantes representantes populares y recayendo todos los aplausos en la, muy recordada aún, figura del gobernador Eugenio Hernández, que aparte se dio el lujo de aparecer en la televisión haciendo «sus» respectivos donativos cada año de todo su gobierno.
Pero el abogado Carlos García, representante jurídico del grupo de alijadores que en un principio era encabezado por el socio del GUA, Joaquín Jerez, acaba de revelarle a este periodista que se emitió un mandato judicial para restituirle a la parte demandante el predio que ocupan las instalaciones del CRIT, dado que se declaró ilegal, completamente clandestina, la operación hecha entre Ramón Martínez Del Ángel y el gobernador Eugenio Hernández Flores, al no haber hecho el primero aquello que por ley estaba obligado a hacer, como presidente de una sociedad cooperativista: tomar en cuenta en asamblea formal al resto de los integrantes del Consejo de Administración del respectivo gremio para dicha transacción. Al no proceder así, quedó sin efectos legales toda acción de tales características, por escandaloso e inverosímil que pueda resultar el caso.
Y sin embargo, los ganadores de la demanda aclaran que no le arrebatarán la propiedad al CRIT: los niños beneficiados por la fundación no tienen culpa de las transas hechas por otros. Más bien harán legal, ahora sí, la donación, que de origen no fue sino una estafa doble: al Teletón y a los tamaulipecos todos. Ya si los de la fundación quieren explicar en qué se invirtieron los miles de millones de pesos recaudados en la campaña de aquel año cuya bandera utilizada fue el estado de Tamaulipas (tomando en cuenta que el terreno se los donaron y aparte los cuarenta y tres municipios que conforman esta entidad, y el gobierno estatal mismo, le aportaron a esa misma causa cientos de millones de pesos -o tal vez miles, ya en conjunto-), sería como un acto de responsabilidad social, de conciencia y criterio propio, por parte de esa muy renombrada asociación civil. Sería una cuestión, pues, de escrúpulos y sentido moral.
