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“El Que Sabe, Sabe”, era el título de aquella serie televisiva producida en México justo al iniciar la década del 80, bajo la dirección de los genios del cine nacional Felipe Cazals y Jorge Fons, en la que personajes ficticios interpretados por histriones de la talla de Ofelia Medina y Ernesto Gómez Cruz, junto a los difuntos Delia Casanova y Adalberto Martínez  “Resortes”, aprendían a leer, escribir, sumar, restar, multiplicar y dividir, en clases de instrucción básica para mayores de edad que impartía una muy jovencita (para entonces) Tina Román, historia que transcurría en un poblado del Estado de México, este sí existente en la realidad, de nombre Ayapango.   Fue una producción del Instituto Nacional de Educación para los Adcultos (INEA) que para nada tiene desperdicio hoy en día, ni como documento histórico, y mucho menos en calidad de material didáctico para el verdadero aprendizaje: a fin de cuentas, el conocimiento elemental en materia de alfabetización y matemáticas básicas sigue siendo el mismo.

Es lo que hacía el INEA, y lo que siguen haciendo los institutos estatales que fueron creados hace ya cosa de una década y media, si no es que más atrás, para descentralizar los servicios educativos en esa área, tal como ocurrió en todas las demás.  Hoy en día, el ITEA sigue realizando una labor muy ardua e importante para proporcionar las herramientas fundamentales del conocimiento universal e indispensable lo mismo a adolescentes que a personas entradas ya en años que no pudieron concluir o, en el peor de los casos, ni siquiera iniciar su instrucción primaria.  De ese modo, jóvenes que están incorporados ya al mercado laboral, pero que desean brincar ese escollo de preparación académica que les impide progresar, o por lo menos aspirar a un puesto de trabajo más elevado, logran obtener la enseñanza y, en consecuencia, el documento oficial que les hace falta para certificar que, en efecto, cursaron dichos estudios.  Como ya se ha dicho aquí, y de acuerdo con lo que han informado las citadas instancias y otras como el INEGI, en la mayoría de los casos se trata de personas, ya en la etapa de adolescencia o en la adultez, que dejaron trunca la primaria, o bien su educación secundaria.  Y la duración de esos cursos para obtener el aprendizaje que les resta oscila, actualmente, entre uno y dos años, cuando mucho.  Y al final lo que logran, en los hechos, es la validación de su escolaridad elemental.

Y la validación, como alternativa, podría ser una realidad.  En teoría, dentro del territorio nacional, nada impide que legalmente se dé la práctica de una educación así, puesto que, de hecho y al contrario: se la fomenta, cuando se habla de que instituciones como el ITEA tienen justamente el propósito de que nadie se quede sin la instrucción básica.  Que ya no se busca sólo erradicar el analfabetismo, como era el objetivo esencial cuando nació el INEA, sino además brindarle al mexicano promedio la oportunidad de tener, por lo menos, toda su instrucción básica y media, para que así tenga muchas más posibilidades de superación académica, profesional, económica y social a lo largo de su vida.  Y no, ni siquiera se estaría hablando de dejar sin estudiar a ningún niño con tal de que se les valide al llegar su adolescencia, lo cual sería totalmente aberrante y contradictorio, e incluso ilógico.  La opción de una validación de escolaridad básica abriría la puerta, en forma previa, a métodos alternos ya existentes, como la educación pública conjunta (lo que ocurre en las escuelitas de ejidos o poblaciones rurales de muy escasos habitantes, en las que se enseña a niños de todas las edades y grados dentro del mismo salón), la instrucción a distancia (telesecundaria, por ejemplo), la enseñanza en el hogar (por parte de los padres, ya sea que tengan uno o varios hijos, algo que aunque parezca extremo, e imposible, practican desde hace décadas algunas comunidades dentro de nuestro país, como los menonitas y testigos de Jehová), y por último, en un caso muy especial (el de los niños-genio): el sistema auto-didacta, algo que ha llegado a ser cosa común con infantes de un nivel de aprovechamiento, para no decir intelectual, mucho muy avanzado, a los que si acaso sólo asesora alguna institutriz o maestro particular.

¿Qué habría protestas, en todo caso y de cualquier modo, por parte de los mismos maestros que hoy en día rechazan la reforma educativa? ¿Que incluso se les daría una razón mucho más poderosa y de peso para dar sustento a su argumento de que se les quiere dejar sin trabajo para el resto de sus días? ¿Qué jamás lo permitirían?  Pero, es que ni siquiera se les tiene que pedir autorización: nadie en este territorio nacional, absolutamente nadie, tiene el derecho de impedir que un padre de familia le imparta la educación básica a sus hijos mediante el sistema o método que más adecuado le parezca, sea en una escuela pública, dentro de un colegio particular o, inclusive, al interior de su propia casa.  Siempre que demuestre, mediante la certificación consabida (la de preescolar, primaria y secundaria), que en efecto: el menor, o los menores, recibieron esa clase de instrucción.  Y una validación en ese sentido (la de los institutos de educación para los adultos –y adolescentes-) ya existe desde hace tiempo, mucho antes de que saliera en la televisión “El que Sabe, Sabe”.  Y lo mejor: ni siquiera será necesario reformar ley alguna.

Desde la redacción.

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