¿Ya está listo para salir de paseo?
Le recomiendo algo: no baje la guardia.

Hoy, el crimen ya no solo revienta la puerta o hace boquetes en las paredes. Le manda un mensaje.

Para dimensionarlo con crudeza:
7 de cada 10 fraudes en el país ya ocurren por medios digitales.
Más de 13 millones de mexicanos han sido víctimas de phishing.
Se registran miles de millones de intentos de ciberataques cada año.

Y precisamente en estas vacaciones de Semana Santa —cuando más confiado se siente, cuando más comparte, cuando más se distrae— es cuando alguien más lo está observando para convertirlo en víctima.

Así es como México está enfrentando una nueva guerra.
No se libra en las calles.
No se escucha.
No se ve. Es digital.

Es una modalidad sin fronteras, invisible, donde el crimen ya no necesita proximidad física, porque ya habita en su celular.

Debe saber que en Tamaulipas, la curva es ascendente y preocupante. Al menos 400 “quejas” mensuales por fraudes, préstamos falsos y robo de cuentas de WhatsApp.

Una dinámica delincuencial que ya no distingue entre la zona sur —Tampico, Madero, Altamira— ni la frontera —Reynosa, Matamoros— ni la capital —Ciudad Victoria—. El problema es silencioso.

Y en periodos vacacionales como Semana Santa, el ciudadano baja la guardia. Viaja. Comparte ubicaciones. Publica en tiempo real. Responde mensajes sin verificar. Confía de más.

Mientras usted sube una historia, alguien puede estar intentando entrar a su cuenta.
Mientras responde un “hola, soy yo”, alguien más está clonando su identidad digital.

Se trata de un clic.

En la intimidad… Desde el municipio General Pánfilo Natera, en Zacatecas, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, colocó sobre la mesa uno de los ejes discursivos más claros del actual gobierno: el protagonismo político y social de las mujeres en la continuidad del proyecto de nación.

En el llamado segundo piso de la Cuarta Transformación, Montiel subrayó que “es tiempo de mujeres”, y puso como ejemplo la Pensión Mujeres Bienestar, dirigida a mexicanas de 60 a 64 años, como un reconocimiento institucional a décadas de trabajo no remunerado en el ámbito familiar y comunitario.

“Cuando llegó la Cuarta Transformación, también llegaron los Programas de Bienestar, los programas que han cumplido nuestro ideal que por el bien de todos, primero los pobres, esa es nuestra lucha central del proyecto de nación y en 2024 nuestro pueblo dijo que la transformación continuara, pero que la encabezara la primera mujer presidenta de México y nuestra presidenta se comprometió a que no llegaría sola, que llegaríamos todas con ella y así ha sido”, afirmó.

La funcionaria precisó que este programa fue instruido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como parte de sus compromisos de campaña. Actualmente, más de 3 millones de mujeres reciben un apoyo bimestral de 3 mil 100 pesos, entregado de manera directa a través de la Tarjeta Bienestar.

En Zacatecas, el alcance ya es tangible: 36 mil mujeres mayores de 60 años forman parte del padrón de beneficiarias.

Montiel fue más allá del dato operativo y colocó el enfoque político: en 2026, el gobierno federal destinará un billón de pesos a los Programas de Bienestar, consolidándolos como la columna vertebral del modelo social.

“Verlas a ustedes contentas y tranquilas de recibir un apoyo que quizás nunca habían recibido por todo su esfuerzo y su trabajo, es un orgullo”, sostuvo.

En medio de un país que también enfrenta nuevas formas de violencia —como la digital—, el contraste es inevitable: mientras una parte del Estado busca contener brechas históricas, otra realidad exige atención urgente en terrenos donde la ley aún corre detrás del delito.

Dos Méxicos que conviven.
Uno que transfiere recursos.
Otro que pierde seguridad… incluso sin darse cuenta.

Por: Zaira Rosas
zairosas.22@gmail.com

México atraviesa momentos de tensión entre la guerra en Oriente Medio y los
constantes derrames de petróleo en el Golfo de México, dos fenómenos
aparentemente distantes pero que convergen en un mismo punto: la vulnerabilidad
energética, ambiental y económica del país.

En el ámbito nacional, los derrames de crudo asociados a Petróleos Mexicanos
(PEMEX) han encendido alertas sobre el estado de la infraestructura petrolera.
Tan solo en los últimos años, diversos incidentes en ductos y plataformas han
evidenciado fallas operativas y falta de mantenimiento. Desde 2023 se registran
fugas constantes en las zonas de Campeche, pasando por Tabasco, Veracruz y
hasta Tamaulipas.

El derrame más reciente evidenció también la falta de protocolos de acción
inmediata y la evasión de responsabilidad donde el tema alcanzó la agenda
pública y la conferencia presidencial solo después de que pobladores difundieran
pruebas del daño. Declaraciones de Rocío Nahle minimizaron en un inicio la
magnitud del incidente, lo que incrementó la percepción de falta de transparencia.

El impacto ambiental es profundo. Las imágenes muestran todo tipo de especies
muertas a causa de la gran mancha de chapopote que cruza los mares, incluso
aunque esta no llegue hasta las playas, deja secuelas que grupos ambientales
llevan años reportando y por si esto fuese poco, también hay consecuencias
sociales inmediatas.

El sector pesquero ha sido uno de los más golpeados. Comunidades costeras
dependen directamente de la pesca para subsistir, y cada derrame representa días
o semanas sin actividad productiva. En algunos casos recientes, pescadores han
reportado pérdidas significativas debido a la contaminación de sus zonas de
captura. A esto se suma el golpe al turismo: playas contaminadas, manchas
visibles de petróleo y malos olores ahuyentan visitantes, afectando economías
locales que dependen de esta industria.

Ante este panorama, resulta urgente que México revise a fondo la infraestructura
de PEMEX. No se trata únicamente de atender emergencias, sino de prevenirlas
mediante inversión en mantenimiento, modernización tecnológica y protocolos
más estrictos de seguridad. La transición energética también debería formar parte
de la discusión, reduciendo la dependencia de un modelo que, además de

contaminante, se muestra cada vez más frágil, sin embargo aún necesario como
se ha demostrado en el panorama con otras fronteras.

En paralelo, el contexto internacional añade otra capa de incertidumbre. El
conflicto en Oriente Medio, una de las principales zonas productoras de petróleo
del mundo, tiene repercusiones globales. Aunque México no es un actor directo en
la guerra, sí resiente sus efectos a través de la volatilidad en los precios del crudo
y los combustibles. Históricamente, tensiones en esta región han provocado
incrementos en el precio del barril, lo que impacta costos de transporte,
producción y, en última instancia, el bolsillo de los consumidores.

Por ejemplo, durante conflictos previos en la región, el precio internacional del
petróleo ha llegado a incrementarse más de un 20% en periodos cortos. Esto
repercute directamente en economías como la mexicana, donde los combustibles
siguen siendo un componente clave para múltiples sectores productivos. Así, la
combinación de problemas internos y presiones externas configura un escenario
complejo.

Frente a ello, la sociedad mexicana debe adoptar una postura de cautela
informada. No se trata de caer en pánico, sino de entender que la prolongación de
conflictos internacionales y la falta de control en la infraestructura energética
nacional pueden generar efectos acumulativos. La prevención, tanto a nivel
gubernamental como ciudadano, es clave: uso responsable de recursos y
planeación financiera, de momento el Gobierno de México ha adoptado distintas
políticas similares a las desarrolladas durante la guerra de Ucrania, que parecen
mitigar el impacto de la inflación a casi un mes de conflicto en Oriente Medio.

Como ciudadanos podemos adoptar también medidas que ayuden a la economía
nacional, disminuir el consumo de importaciones y considerar fortalecer el
consumo local, esto además ayuda a disminuir también los traslados que han
hecho que el principal apoyo a combustibles se considere en el Diésel.

El Golfo de México nos volvió a recordar que no se dejará ante la irresponsabilidad de los humanos, y en medio de una enorme crisis por hidrocarburo, estas manchas de tan gigantesca contaminación siguen siendo expulsadas hacia las costas del territorio mexicano, y no se dará por vencido.

Pero, más allá de las vacaciones de Semana Santa, este contaminante podría interrumpir uno de los ciclos más delicados de la vida marina: la anidación de la tortuga lora, una especie cuya supervivencia depende, en buena medida, de lo que ocurra en las playas de Tamaulipas en las próximas semanas.

Este fin de semana inició la temporada de anidación en Playa Tepehuajes, en Soto la Marina, y el gobernador Américo Villarreal Anaya, encabezó un operativo a contratiempo, porque la mancha ya está frente a sus costas y comenzó la afectación directa.

La tortuga lora no es cualquier especie. Cerca del 90 por ciento de su anidación mundial ocurre en las costas tamaulipecas. Es decir, lo que aquí se proteja —o se pierda— tiene repercusiones globales. Por eso, los datos no son menores: más de 314 mil huevos resguardados y más de 177 mil crías liberadas en la temporada 2025, cifras que reflejan un avance sostenido en los programas de conservación coordinados por la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas.

El problema es que la naturaleza no opera en compartimentos estancos. Mientras brigadas recorren playas, detectan nidos y trasladan huevos a corrales de incubación, el mar arrastra residuos que no distinguen entre zonas protegidas y áreas de riesgo. El hidrocarburo no pide permiso. Se filtra, contamina, altera.

Ahí es donde la política pública enfrenta su prueba más incómoda: la congruencia. El gobierno estatal, a través de dependencias como la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, encabezada por Karl Heinz Becker Hernández, y con el respaldo operativo de figuras como Eduardo Rocha Orozco, ha construido una narrativa de conservación que, en los números, muestra resultados. Pero la contingencia actual obliga a ir más allá del discurso.

Porque mientras en tierra se protege, en el mar se contiene… o se intenta. Y en ese intento se juega no sólo la viabilidad de una especie emblemática, sino la credibilidad de una estrategia ambiental que hoy está bajo presión.

La presencia de funcionarios como Héctor Joel Villegas González, Pedro Cepeda Anaya, Walter Jiménez y Carlos Arturo Pancardo Escudero en el arranque de la temporada envía una señal clara: el tema está en la agenda de primer nivel. La pregunta es si eso será suficiente frente a un fenómeno que no reconoce tiempos políticos ni calendarios administrativos.

La tortuga lora, silenciosa y persistente, regresa cada año a las mismas playas. Lo hace por instinto, no por confianza. Nosotros, en cambio, sí deberíamos cuestionar si estamos haciendo lo necesario para que ese regreso siga siendo posible.

En la intimidad… El Sistema DIF Tampico, en coordinación con la Universidad Autónoma de Tamaulipas, puso en marcha el programa “Inclusión en cada Sonrisa”, enfocado en brindar atención odontológica gratuita a personas con discapacidad.

El arranque en el Centro de Rehabilitación Integral (CRI) Tampico no sólo dejó las primeras valoraciones dentales sin costo, sino una definición clara de alcance. La subdirectora del CRI, Keila Doria Betancourt, lo planteó sin rodeos: “El objetivo es que ‘Inclusión en cada Sonrisa’ no se limite al CRI, sino que se extienda a cada uno de los centros del DIF”.

El respaldo académico también está sobre la mesa. La participación de la Facultad de Odontología, encabezada por Rogelio Oliver Parra, y del Centro de Investigación representado por Jorge Luna, confirma que cuando la colaboración institucional se sostiene en el tiempo, los resultados dejan de ser eventuales.

En medio de crisis mayores, estos esfuerzos suelen pasar desapercibidos. Pero son, en el fondo, los que terminan definiendo el rostro cotidiano de un gobierno.

davidcastellanost@hotmail.com
@dect1608

En Tamaulipas, hablar del sistema penitenciario obliga a salir de la zona de confort. Ni todo es fracaso, ni todo es avance. En medio, sí, casi siempre porque su realidad es compleja, incómoda y medible. Asi, en todo el país, solo que en lugares aun más fea, turbia y lugubre la vida en su interior.

El gobierno de Américo Villarreal Anaya ha destinado más de 9.3 millones de pesos para fortalecer la infraestructura tecnológica en los Centros de Ejecución de Sanciones. Cámaras, sistemas de videovigilancia y mecanismos de inhibición de señal forman parte de una apuesta que, en el papel, apunta a mejorar el control interno y reducir riesgos.

A ello se suman 12 millones de pesos adicionales, canalizados a través del FASP 2025, para el arrendamiento de 25 vehículos que buscan optimizar la operación en los cinco CEDES del estado. Ambulancias, vans, sedanes y pick-ups que, más allá del inventario, reflejan una intención de modernizar la logística penitenciaria.

Ha cifras que van a favor del jefe del ejecutivo estatal: 4 mil 500 personas privadas de la libertad recibieron uniformes, calzado y artículos básicos; se brindaron cerca de 13 mil 500 servicios de salud; se registraron 256 acciones educativas y más de 22 mil actividades deportivas. Además, mil 290 internos accedieron a capacitación laboral y más de mil 100 participaron en actividades culturales.
Pero, ¿esto reduce la reincidencia delictiva?

Ojala que la cantidad de uniformes entregados y los talleres impartidos, sirvan para transformar conductas y evitar que quienes egresan del CEDES vuelvan, a delinquir y regresen tras las rejas.
Invertir en infraestructura y servicios es apenas el primer paso. Lo que sigue —y donde históricamente han fallado los gobiernos— es construir mecanismos de evaluación reales, transparentes y sostenidos en el tiempo. Sin ellos, cualquier avance corre el riesgo de quedarse en estadística.

En México, pero, sobre todo en Tamaulipas necesita un sistema penitenciario que funcione más allá de los informes. Uno que no sólo contenga, sino que verdaderamente reintegre.
Y eso, hasta hoy, sigue siendo una deuda estructural.

En la intimidad…. A partir del 1 y hasta el 30 de abril, el Servicio de Administración Tributaria abre el periodo para la Declaración Anual 2025 de personas físicas. Un trámite que, como cada año, combina obligación fiscal y prueba de paciencia.

El SAT ha incorporado mejoras: precarga de información, detección de inconsistencias y nuevas herramientas para deducciones. En el papel, el proceso es más ágil. En la práctica, dependerá —como siempre— de la experiencia de cada contribuyente frente al sistema.

Hay reglas claras: deberán declarar quienes superen los 400 mil pesos anuales por salarios, quienes hayan tenido más de un empleador o ingresos adicionales. También hay matices, como los contribuyentes en RESICO, que podrían estar exentos según su situación.

El dato relevante no es menor: si el saldo a favor supera los 10 mil pesos, será obligatorio el uso de la e.firma. Y si hay impuesto a pagar, podrá cubrirse en hasta seis parcialidades, siempre que se cumpla en tiempo.

Más allá de la técnica, el mensaje es simple: el cumplimiento fiscal ya no admite postergaciones. El SAT ha cerrado márgenes y automatizado procesos.

En un país donde históricamente la cultura tributaria ha sido frágil, abril vuelve a recordarnos que la formalidad no es opcional.

Es, cada vez más, inevitable.

davidcastellanost@hotmail.com
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