Por momentos, la relación entre el poder público y la autonomía universitaria en Tamaulipas ha sido vista con suspicacia, y para variar, la historia reciente del estado obliga a cuestionar cualquier cercanía entre gobierno y academia. Pero hay hechos que obligan a matizar, a reconocer y, cuando es necesario, a decirlo con claridad: hoy la Universidad Autónoma de Tamaulipas está entregando resultados.

Y desde Tampico, la noticia resonó en todo el estado. Bajo la conducción de Dámaso Anaya Alvarado, la UAT ha alcanzado el 100% de sus programas educativos acreditados y el 100% de su matrícula inscrita en programas de calidad. Dicho en términos simples: no hay un solo estudiante fuera de estándares académicos evaluados, ninguno. Sin rodeos, un hito histórico.

Y lo es porque en el ecosistema universitario mexicano, donde las acreditaciones suelen ser parciales, dispersas o, en el peor de los casos, abandonadas, lograr la cobertura total implica disciplina institucional, inversión sostenida y, sobre todo, una comunidad académica alineada en objetivos comunes. No se trata de una medalla burocrática; es una estructura completa funcionando.

El propio rector lo dijo con precisión: “Alcanzar el 100% de Programas Educativos Acreditados y el 100% de estudiantes formándose en programas de calidad, representa uno de los logros más significativos en la historia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas”. No hay exageración en esa frase.

Pero el punto más relevante no está en el porcentaje, sino en lo que significa hacia afuera. La educación pública, particularmente en estados con brechas sociales profundas, no puede darse el lujo de ser mediocre. Cada programa acreditado es una garantía —no absoluta, pero sí verificable— de que un estudiante tendrá herramientas reales para competir, para insertarse en el mercado laboral y, en el mejor de los casos, para transformar su entorno.

Ahí es donde el discurso institucional encuentra sentido: cuando la calidad académica se traduce en movilidad social.

En ese contexto, también es inevitable reconocer el entorno político que ha acompañado este proceso. El propio rector hizo referencia al respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya. Y aquí es donde conviene ser puntuales: la cercanía entre gobierno y universidad solo es válida cuando produce resultados tangibles y respeta la vida académica. Hoy, al menos en este indicador, la ecuación parece estar funcionando.

La UAT no solo se posiciona en el ámbito estatal, sino que se coloca entre las cinco universidades del país con el 100% de sus programas acreditados. No es propaganda; es un dato verificable que la ubica en un nivel competitivo nacional.

Porque la acreditación no puede convertirse en un techo. Debe ser el piso mínimo. La exigencia siguiente es que esa calidad se refleje en innovación, investigación aplicada, vinculación efectiva con el sector productivo y, sobre todo, en egresados que no solo encuentren empleo, sino que incidan en el desarrollo regional.

La universidad ya cumplió con la forma. Ahora tiene que demostrar fondo.

La intimidad… Mientras en Tamaulipas se consolidan avances en educación, en el centro del país se mueven las piezas del bienestar social. El gobernador Américo Villarreal Anaya sostuvo un encuentro en Palacio Nacional con Carlos Torres Rosas, secretario técnico del Gabinete de la Presidencia y coordinador de Programas de Bienestar.

El mensaje posterior fue directo: “De la mano vamos a seguir impulsando acciones que benefician directamente a las y los tamaulipecos, porque el bienestar de nuestra gente es nuestra prioridad”.

No es una reunión menor. Este año, los 18 Programas de Bienestar del Gobierno Federal proyectan una inversión superior a los 24 mil 500 millones de pesos en Tamaulipas, con impacto en uno de cada cuatro habitantes del estado.

Educación de calidad y política social alineada. Dos ejes que, si logran sostenerse en el tiempo, podrían comenzar a modificar inercias históricas en la entidad.

El desafío, como siempre, no está en anunciarlo. Está en cumplirlo.

davidcastellanost@hotmail.com

@dect1608

Por: Zaira Rosas
zairosas.22@gmail.com

Llevo más de 7 años dando clases a universitarios, disfruto profundamente ver sus
procesos de aprendizaje y transformación de datos, pero también aprendo con el
cambio de generación, sin embargo últimamente tengo la sensación de lidiar con
múltiples segmentos, por un lado encuentro empatía con quienes nacieron a
principios de los 2000, de repente veo un cambio considerable en quienes llegaron
a finales de 2005 y me asombro con los términos para expresar cosas cotidianas
de quienes aún no llegan al nivel universitario pero parecieran saberlo todo gracias
a su gran conexión digital.
Esa percepción no es casual. Vivimos en una época donde el acceso a la
información ha dejado de ser un privilegio para convertirse en una sobrecarga
constante. Cada minuto se suben más de 500 horas de contenido a YouTube,
mientras plataformas como TikTok y X nos exponen a flujos inagotables de
noticias, opiniones y tendencias. Sin tomar en cuenta la posible falta de veracidad
en datos. En el aula, esto se traduce en estudiantes que llegan con referentes
múltiples, pero no necesariamente con mayor profundidad.
La saturación también alcanza a las noticias. De acuerdo con el Reuters Institute
for the Study of Journalism, una proporción creciente de personas evita informarse
porque se siente abrumada por la cantidad de contenido disponible. Es decir,
nunca habíamos tenido tanto acceso a la información y, al mismo tiempo, nunca
había sido tan difícil procesarla. Por lo que en ocasiones puede resultar más
sencillo ignorar lo que ocurre en otras fronteras pues el simple hecho de que todas
las portadas hablen de Irán no necesariamente nos refiere a un mayor
entendimiento de la política exterior.
En este contexto, no sorprende que las nuevas generaciones comiencen a
romantizar la desconexión. Cada vez es más común escuchar sobre la necesidad
de “desaparecer” de redes o pasar tiempo sin dispositivos. Lo que antes era
normal —estar presente sin interrupciones digitales— hoy se percibe como un lujo.
Estudios del Pew Research Center muestran que muchos jóvenes reconocen
sentirse abrumados por la cantidad de información que consumen, lo que impulsa
estos intentos de pausa.
Sin embargo, la desconexión por sí sola no resuelve el problema. Como docente,
es evidente que no solo ha cambiado la cantidad de información que circula, sino
la forma en que se procesa. La inmediatez ha modificado hábitos cognitivos: se
privilegia la respuesta rápida sobre la reflexión, el resumen sobre el análisis, la
opinión sobre el argumento. Se sabe “de todo un poco”, pero rara vez se
profundiza.

Este fenómeno impacta directamente en la educación. Hoy, herramientas como
ChatGPT permiten obtener respuestas, explicaciones y hasta textos completos en
segundos. Su utilidad es innegable, pero también plantea un riesgo: la ilusión de
aprendizaje. Acceder a información no equivale a comprenderla. Diversos estudios
en psicología cognitiva advierten que cuando las respuestas están siempre
disponibles, las personas tienden a sobreestimar lo que realmente saben.
En el aula, esto se manifiesta en estudiantes que pueden reproducir información
con facilidad, pero que enfrentan dificultades al momento de analizarla,
cuestionarla o relacionarla. No es que el pensamiento crítico desaparezca, pero sí
se transforma y, en algunos casos, se debilita si no se ejercita de forma
intencional.
Esto obliga a replantear la educación. Más que competir con la velocidad de la
tecnología, el reto está en recuperar espacios de reflexión, quizás mediante
dinámicas que de igual forma resulten atrapantes y nos brinden la misma
dopamina inmediata que el mundo digital, pues en la actualidad el valor no estriba
en el conocimiento de datos, sino en el manejo de los mismos y la creatividad con
la que podremos transformarlos para brindar soluciones actuales.
No es sólo la universidad, es crear nuevos planteamientos de enseñanza, pues el
exceso de información hace que incluso las escuelas pierdan valor ante una oferta
más amplia en el mundo digital, lo que pocos olvidamos es que la educación
presencial brinda otras herramientas como los vínculos humanos, la empatía y el
desarrollo personal, por ello en medio de mundos digitales más que una moda la
desconexión oportuna también debe entenderse como una necesidad.

El intento de Tamaulipas por seguir creciendo y reposicionarse, obedece en gran medida al enfoque nacional y competitividad internacional que empuja el sector empresaria local, y de los alrededores de la etidad.

Porque mientras buena parte de la conversación nacional sigue concentrada en el Bajío o en el fenómeno “nearshoring” del norte profundo, en la franja del Golfo se está ensayando algo aún más poderoso: la reconstrucción de un territorio que durante años fue funcional para la economía… pero inviable para la inversión.

Por eso la reactivación de la ruta Monterrey–Tampico, y la conexión de Ciudad Victoria con el AIFA no son anuncios de conectividad aérea. Son señales. Y están dirigidas, más que al turista, a quien toma decisiones: inversionistas, operadores logísticos, actores energéticos… y sí, también al poder político en la Ciudad de México.

Tamaulipas está diciendo: ya no somos solo tránsito… queremos ser destino.

El problema es que ese tipo de declaraciones no se validan en conferencias. Se validan en mercado.

Hoy, el estado concentra activos estratégicos que, en cualquier otro contexto, lo colocarían en el centro de la conversación nacional: puertos clave en el Golfo, infraestructura energética, cruces fronterizos de alto flujo y una ubicación geopolítica privilegiada para el comercio con Estados Unidos.

Sin embargo, durante más de una década, esa ventaja competitiva convivió con un factor que la anulaba: la percepción de riesgo.

Ahí está el punto de inflexión.

De acuerdo con cifras oficiales, Tamaulipas ha registrado reducciones sostenidas en delitos de alto impacto en los últimos años. Pero en términos de inversión, la seguridad no se mide en estadísticas… se mide en decisiones.

Y las decisiones toman tiempo.

Por eso la conectividad aérea es relevante, pero no suficiente. Porque ningún fondo de inversión ni ninguna empresa global ajusta su portafolio por la apertura de una ruta. Lo hace cuando identifica condiciones estructurales: certidumbre jurídica, estabilidad operativa, capital humano y, sobre todo, gobernabilidad.

Porque si lo logró, estamos frente a una de las historias de reposicionamiento más importantes del país en los últimos años.
Pero si no, el riesgo es otro: que la narrativa corra más rápido que la realidad.

Y en economía, cuando eso ocurre, el costo es alto.

Hay otro ángulo que en la Ciudad de México no debería pasarse por alto: el energético.

El Golfo de México vuelve a adquirir relevancia en la discusión nacional e internacional. Infraestructura, puertos, logística y cercanía con Estados Unidos colocan a Tamaulipas en una posición que, bien capitalizada, podría convertirlo en pieza clave del siguiente ciclo económico del país.

Pero eso exige algo más que ubicación: exige ejecución.
Hoy, el gobierno estatal apuesta a que el momento es ahora. A que la combinación entre seguridad, infraestructura y narrativa puede atraer lo que durante años se mantuvo al margen.

La apuesta es alta. Y el margen de error, mínimo.

Porque en el tablero nacional, Tamaulipas ya no compite solo con sus vecinos. Compite con regiones enteras que llevan años construyendo condiciones para captar inversión.

Y ahí no hay espacio para improvisación.

En la intimidad…Mientras el reposicionamiento económico busca validación en el centro del país, en la costa tamaulipeca ocurre algo que explica más de lo que parece: orden.

Más de 16 mil huevos de tortuga marina protegidos en la actual temporada no son una anécdota ambiental. Son un indicador de control territorial, coordinación institucional y cambio social.

Altamira, con más de 6 mil 600 huevos, y Playa Miramar, con más de 4 mil, reflejan una tendencia que va más allá de la conservación: la capacidad de una comunidad para respetar reglas.

Y eso, para quien invierte, vale más que cualquier discurso.
Porque el desarrollo no empieza con el capital.

Empieza cuando un territorio demuestra que puede cuidarse a sí mismo.

Tamaulipas quiere ser visto distinto.

davidcastellanost@hotmail.com
@dect1608

“Accidentes”, sobran, lo que falta es Estado. Al menos 60 siniestros vehiculares asociados al alcohol se registran cada mes en Tamaulipas. Más de 400 al año. No son cifras inventadas: son la quinta causa de muerte en el estado y, al mismo tiempo, una de las formas más claras de morir que pudieron evitarse. Aun así, el fenómeno se repite con una regularidad que se normaliza.

Y esa es la dimensión del problema que obligó a la diputada Úrsula Patricia Salazar Mojica a presentar una iniciativa de reforma al Código Penal, con un objetivo directo: endurecer las sanciones contra quienes conduzcan bajo los efectos del alcohol u otras sustancias y provoquen la muerte de terceros.

Tamaulipas registra un repunte cercano al 45 por ciento en accidentes relacionados con conductores ebrios, particularmente entre jóvenes. Es decir, no sólo no se ha contenido el problema: está creciendo. Y lo hace en un contexto donde la consecuencia jurídica sigue siendo débil o inexistente.

“La conducción en estado de ebriedad no es un accidente”, dijo la legisladora. Y tiene razón. No lo es. Es una decisión. Una cadena de decisiones que comienza con el consumo y termina, muchas veces, con la muerte de alguien más. El problema es que el sistema de justicia sigue tratándolo como si fuera un descuido.

Precisamente esa es la gran falla del sistema. La ley habla de justicia pronta, completa e imparcial —como lo establece el artículo 17 constitucional— pero, la realidad en Tamaulipas muestra otra cosa: conductores que huyen, investigaciones que no concluyen y sanciones que no corresponden a la gravedad del daño.

La iniciativa conocida como “Ley Ezequiel” no surge de una súper idea. Surge de un patrón. De casos donde el responsable escapa. De expedientes que se diluyen. De familias que no encuentran justicia.

El planteamiento incluye reforzar operativos de alcoholímetro y campañas de prevención. Pero esos mecanismos ya existen. El problema no es su ausencia, sino su intermitencia. Su aplicación selectiva. Su incapacidad para convertirse en una política constante y efectiva. Al ciudadano se le tiene que dar en donde le duele.

En Tamaulipas, como en buena parte del país, el alcohol al volante no sólo mata. También exhibe. Exhibe la fragilidad de las instituciones, la tolerancia social al riesgo y la falta de consecuencias reales.

El caso que motivó esta iniciativa —la muerte de Ezequiel— es repetición. Es estadística. Es síntoma.

En la intimidad… Mientras el Congreso discute cómo castigar la irresponsabilidad al volante, el gobierno de Américo Villarreal Anaya presume resultados en otra dimensión: la del turismo y la seguridad.

Más de 2.2 millones de visitantes llegaron a Tamaulipas durante Semana Santa. La cifra no es menor. Confirma que, al menos en percepción, el estado logró sostener condiciones de tranquilidad en sus principales destinos, particularmente en el sur, donde la vigilancia se concentró en playa Miramar.

El propio mandatario llamó a no soltar el ritmo. “Hay que consolidar este impulso”, dijo frente a su gabinete. Y los datos lo respaldan: diversificación turística, presencia en Pueblos Mágicos, crecimiento en destinos de naturaleza.

Pero hay un contraste inevitable. Mientras el estado logra atraer visitantes con operativos, logística y coordinación institucional, en las calles persiste una falla más básica: garantizar que quien toma un volante bajo los efectos del alcohol enfrente consecuencias reales.

Porque la seguridad no sólo se mide en turistas que llegan.
También en ciudadanos que regresan a casa.

davidcastellanost@hotmail.com
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