A los verdaderos jefes de las corporaciones de tránsito en el sur de Tamaulipas -los que deciden con un billete o una llamada a quién dejan pasar—: por favor, hagan conciencia.

No vendan el orden vial por unos pesos.
No sean cómplices de una tragedia anunciada.
Porque cuando una de esas “dinamitas con ruedas” se lleve de filo un autobús lleno de estudiantes o una familia completa, no bastarán los comunicados de condolencias en redes sociales con cientos de likes.

Este martes otra vez un tráiler quedó atorado en el paso a desnivel frente al Hotel Posada de Tampico.
Una vez más, la autoridad se hizo de la vista gorda.
Y de nueva cuenta, la vida de cientos de ciudadanos estuvo en riesgo por culpa de una red de omisión, corrupción y negligencia que hoy gobierna las calles de la zona metropolitana de Tampico.

Las direcciones de Tránsito y Vialidad de Altamira, Ciudad Madero y Tampico son un desorden con uniforme. Nuevamente como en el 2010 y antes, han perdido el control del tráfico pesado, permiten el paso de unidades de carga a cualquier hora, y con ello, han entregado la gobernabilidad vial a los transportistas.

Hoy los verdaderos jefes de la calle no están en los palacios municipales; manejan tráileres de 30 toneladas que cruzan avenidas no permitidas, mientras los oficiales solamente los observan —y quizás, alguien ya les cobró— desde la sombra.

Los titulares de Tránsito y Vialidad de los tres municipios conurbados, y si la línea de mando lo exige, la responsabilidad alcanza a los secretarios de los tres ayuntamiento Carlos García, Héctor Marín, y José Francisco Pérez Ramírez; de Tampico; Ciudad Madero y Altamira, respectivamente. Porque cuando la autoridad calla, consiente lo ilegal.

Atención que si la complacencia continúa, será cuestión de tiempo para que aquí ocurra una tragedia como la de Iztapalapa, donde un camión cargado con gas explotó y destrozó una colonia entera. En Tampico, Ciudad Madero y Altamira los “socavones” son heridas abiertas en el pavimento, y el tránsito pesado pasa sobre ellas todos los días. Nadie regula, nadie corrige. En cualquier momento la tierra puede ceder y detonar el desastre.

El sur industrial se mueve con combustible, acero, cemento y amoniaco. No se trata de frenar la economía ni de cerrar los puertos; se trata de poner orden; de fijar rutas, de sancionar, de reeducar al chofer y al mando.
Porque la opacidad también mata, y los tres gobiernos municipales lo saben.

El reto de los alcaldes no es menor o controlan a los tráileres, o los tráileres seguirán controlando a las ciudades.

En la intimidad… El gobernador Américo Villarreal Anaya expresó todo su respaldo a la Estrategia de Proximidad y Labor Social para la zona sur de Tamaulipas, que este día presentó el coordinador territorial de la Guardia Nacional Región Golfo, general Ignacio Murillo Rodríguez, la cual se llevará a cabo en seis municipios de esta zona sur de Tamaulipas.

Al presidir la sesión itinerante de la Mesa de Paz, acompañado por la presidenta del Sistema DIF Estatal, doctora María de Villarreal, en las instalaciones de la Expo Tampico, en donde también asistieron integrantes de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia, el mandatario estatal expresó que esta reunión de trabajo es un ejemplo de la unión y participación que se tiene en Tamaulipas para lograr mejores oportunidades y tiempos de solución de los problemas.

«En Tamaulipas, estamos echados para adelante y queremos seguir avanzando y significar a nuestro estado en cada uno de los rubros que se evalúan a nivel nacional como una entidad que se distingue por su capacidad de trabajo, de organización y de aportar también a las grandes decisiones que se toman desde el gobierno federal, hoy comandado por nuestra gran presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo», dijo.

«Estamos atentos de sumarnos con estas iniciativas que usted nos hace el favor de presentarnos el día de hoy y poder tener seguramente mejores resultados e indicadores de los que aquí se han mostrado con la implementación de estos nuevos programas», agregó.

A nombre de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia, Jorge Charles Coll, dio la bienvenida a esta iniciativa y expresó la disposición de la organización para sumarse y trabajar en conjunto para que la zona conurbada siga manteniendo los mejores resultados en seguridad.

En la reunión también participaron: Miguel Rivas Hernández, comandante primera zona naval; Newton Manuel Chávez, comandante de la 48 zona militar, y Adolfo Amparán Hernández, coordinador estatal de la Guardia Nacional en Tamaulipas entre otras autoridades.

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Tamaulipas conmemora tres años de la creación de su Guardia Estatal, una corporación que —según el gobernador Américo Villarreal Anaya— ha logrado consolidar su presencia en todo el territorio, con mayor formación, capacitación, equipamiento y disciplina. Los resultados, dijo, son visibles en los indicadores de seguridad nacional y en la percepción ciudadana.

Durante la ceremonia cívica celebrada en el complejo estatal de Seguridad Pública, el mandatario aseguró que el trabajo coordinado entre Ejército, Marina, Guardia Nacional y Guardia Estatal ha permitido fortalecer la prevención, la inteligencia y la permanencia de las fuerzas del orden en las regiones más vulnerables de la entidad.

“Trabajamos en inteligencia, trabajamos en prevención y vemos las causas que motivan las conductas delincuenciales para tratarlas de mitigar y evitar”, expuso Villarreal Anaya. Añadió que el trabajo conjunto entre los diferentes cuerpos de seguridad está generando resultados medibles y perceptibles, tanto en los reportes oficiales como en la vida cotidiana de los tamaulipecos.

El gobernador reconoció el esfuerzo de las y los elementos de la Guardia Estatal, cuya presencia, afirmó, ya se percibe en carreteras, zonas urbanas y comunidades donde antes predominaba la ausencia institucional.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, general Carlos Arturo Pancardo Escudero, informó que el gobierno estatal avanza en la actualización del marco normativo en materia de seguridad pública, en armonía con las disposiciones federales. Destacó que esta reestructuración incluye la transferencia del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública a la Secretaría de Seguridad Pública, medida aprobada por el Congreso y publicada el pasado 4 de noviembre en el Periódico Oficial del Estado.

“Este aniversario es un momento para reafirmar nuestro compromiso con la profesionalización; la Guardia Estatal continúa fortaleciendo sus procesos de formación, capacitación y certificación buscando siempre alinearse a los más altos estándares nacionales e internacionales”, expresó Pancardo Escudero.

Durante la ceremonia se entregaron reconocimientos post mortem a las familias de los oficiales Óscar David Banda Porras, Yener González Hernández y Víctor E. Guillén García, caídos en el cumplimiento de su deber. También se distinguió con un reconocimiento y estímulo económico a Jorge Patricio Ruiz Salas, autor del nuevo himno de la corporación, además de otorgarse ascensos, menciones honoríficas por méritos académicos y deportivos, y nuevo equipo táctico.

El acto concluyó con una ofrenda floral y un minuto de silencio en el Memorial de la Guardia Estatal, en presencia de autoridades estatales, militares y legislativas, entre ellas Tania Contreras López, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia; la diputada Eva Reyes, presidenta del Congreso local; el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González; y el diputado Marco Gallegos, presidente de la Comisión de Seguridad Pública.

En la intimidad… Mientras el discurso oficial celebra avances, en el Fraccionamiento La Florida, en Altamira, los vecinos viven otra realidad. El pasado sábado, denunciaron un presunto caso de abuso de autoridad cometido por elementos de la Guardia Estatal, quienes presuntamente golpearon y detuvieron violentamente a un joven de 20 años.

De acuerdo con los testimonios, al menos cuatro patrullas y varias motocicletas irrumpieron en la zona, donde sin aparente motivo agredieron al joven antes de subirlo a una unidad oficial. Marina Cabriales, madre del afectado, relató que su hijo es un trabajador honesto y que la actuación de los agentes fue “prepotente y sin justificación”.

Los vecinos que intentaron grabar los hechos o interceder por el joven también fueron agredidos verbalmente. “Nos amenazaron porque dijimos que iríamos a la mañanera para denunciar públicamente lo que hicieron, incluso mencionamos al gobernador Américo Villarreal, y eso los enfureció más”, contó una vecina.

Según los reportes vecinales, una mujer resultó golpeada y otros habitantes fueron intimidados por los agentes para impedir que registraran la escena.

La comunidad exigió que la Secretaría de Seguridad Pública y las autoridades estatales investiguen y sancionen el actuar de los elementos involucrados. En el papel, la Guardia Estatal cumple tres años de profesionalización; en la calle, los ciudadanos siguen esperando que esa disciplina también se note en el trato.

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Cuando una campaña logra conectar con el electorado, el reconocimiento suele centrarse en el candidato. Sin embargo, detrás de cada proyecto ganador hay mentes que piensan, diseñan y ejecutan con precisión quirúrgica. En el caso de los Napolitans Victory Awards 2025, los reflectores internacionales apuntaron hacia dos consultores tamaulipecos que rompieron el molde y colocaron el nombre de México en lo más alto: Álvaro Balderas y Erik Nájera.

Ambos fundadores de Solid Media se llevaron tres de las cuatro categorías en disputa en el certamen más prestigioso del mundo en materia de comunicación política, organizado por The Washington Academy of Political Arts & Sciences (WAPAS). Su talento fue reconocido en Excelencia en un Esfuerzo Digital/Tecnológico, Tecnología del Año Aplicada a la Política y Campaña del Año: Movilización de Bases/Campaña de Tierra/Activismo. Tres galardones que no solo confirman su liderazgo, sino también su capacidad para competir al nivel de las grandes firmas globales.

Balderas y Nájera pertenecen a una nueva generación de estrategas que entienden que las victorias electorales no se alcanzan con intuiciones ni discursos, sino con información, análisis y tecnología aplicada. Desde Tamaulipas han desarrollado sistemas propios capaces de medir comportamientos electorales en tiempo real, optimizar la comunicación política y potenciar la movilización ciudadana.

La dupla viajó a Washington, D.C., para representar a México con una propuesta profesional que combina creatividad con rigor técnico. Lo suyo no fue casualidad ni golpe de suerte: detrás hay años de trabajo, innovación constante y un entendimiento profundo del entorno político nacional. Los Napolitans —el equivalente al Oscar de la consultoría política— no se otorgan a promesas, sino a resultados.

El éxito de Solid Media es la evidencia de que la política contemporánea puede profesionalizarse y evolucionar sin perder el sentido ético ni ciudadano. Balderas y Nájera demuestran que, desde el norte del país, también se construyen modelos competitivos y metodologías que marcan tendencia en América Latina.

“Desde Tamaulipas demostramos que sí se puede innovar y competir con lo mejor del mundo”, dijo recientemente Álvaro Balderas, CEO de Solid Media. La frase resume una visión moderna y pragmática: hacer política con inteligencia, comunicar con precisión y construir confianza a partir de la verdad.

El reconocimiento internacional es, en sí mismo, un punto de inflexión para la industria mexicana de la consultoría política. Con estos premios, Balderas y Nájera no solo consolidan su reputación, sino que abren una puerta para que más talento nacional irrumpa en el mapa global de la estrategia electoral.

En la intimidad… La pistola con la que presuntamente asesinaron a Carlos Manzo fue identificada preliminarmente como una Beretta modelo 92, calibre 9 mm. La Fiscalía de Michoacán deberá esclarecer si perteneció a alguna corporación militar o de las fuerzas federales.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado, el arma ya fue asegurada, pero el hallazgo plantea una línea de investigación relevante: determinar si esa pistola pertenece o perteneció a una institución oficial. De ser así, se abriría un nuevo capítulo sobre el posible tráfico interno de armamento o la complicidad de estructuras oficiales con grupos criminales.

Los peritos en balística deberán garantizar la cadena de custodia, restaurar el número de serie —que habría sido borrado— y cotejar los datos con los registros de armas de las fuerzas policiales y militares. Ese proceso permitirá vincular los hallazgos con el expediente del homicidio del alcalde de Uruapan

El hecho de que el arma pudiera tener un origen institucional pone en duda los mecanismos de control y resguardo de armamento del Estado, más de seis años después del inicio de la llamada Cuarta Transformación.

El seguimiento del caso debe realizarse con absoluta transparencia. La ciudadanía de Uruapan y de todo el país necesita certeza sobre si ese crimen se cometió con recursos del Estado o si el arma fue desviada de una corporación oficial. El país no soporta más silencios ni simulaciones en torno a la violencia política.

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Por: Zaira Rosas
zairosas.22@gmail.com

Las imágenes de las favelas de Río de Janeiro tomadas desde el aire son tan potentes como dolorosas: techos de lámina, calles estrechas, humo, y el eco de los disparos que dejaron más de sesenta personas muertas en una sola jornada.
Una nueva masacre, una más en el largo historial de “operativos” que prometen devolver la seguridad, pero terminan repitiendo el mismo guion: cuerpos caídos en los márgenes, comunidades heridas y una justicia que nunca llega.
La reciente incursión en los complejos del Alemão y da Penha involucró a más de dos mil quinientos agentes. El objetivo oficial era desmantelar redes del narcotráfico, pero los resultados recuerdan más a una guerra interna que a una acción de seguridad pública. En Brasil, estas operaciones han sido justificadas por años como “necesarias”, aunque en la práctica se convierten en castigos colectivos sobre los más pobres. Y esa tendencia no es ajena a la región.
En gran parte de América Latina, la promesa de “recuperar la seguridad” se ha convertido en una excusa para normalizar la violencia institucional. Desde las favelas de Río hasta los barrios populares de San Salvador, el patrón se repite: políticas que priorizan el control y el miedo, mientras relegan la inversión social, la educación y las oportunidades. Lo que se presenta como una estrategia de orden, muchas veces encubre la renuncia del Estado a garantizar derechos de manera integral.
Cuando la policía entra disparando a zonas donde el Estado nunca llegó con escuelas o centros de salud, el mensaje es claro: para algunos, la presencia del Estado solo se manifiesta a través del uso de la fuerza. El problema no es la búsqueda de seguridad, sino el tipo de seguridad que estamos construyendo. Una seguridad entendida como eliminación del otro, no como construcción de comunidad.
Esta construcción ya se vio antes en las comunas de Colombia y hoy décadas después los estragos aún son palpables, recordando que la violencia nunca será el camino y la construcción de paz es una urgencia necesaria pero de nada sirve si esta se obtiene mediante la violencia y el uso constante de armas.
Las consecuencias en derechos humanos son profundas. Las familias viven bajo un miedo permanente; los jóvenes crecen estigmatizados por el solo hecho de nacer donde nacieron; y las mujeres, que cargan con la reconstrucción cotidiana tras cada operativo, quedan invisibles en las estadísticas.
Cada muerte sin investigación, cada detención arbitraria, cada allanamiento sin orden judicial erosiona no sólo la ley, sino la confianza colectiva.
El Salvador es el otro espejo. Su régimen de excepción ha sido presentado como un “modelo de éxito” por la reducción de homicidios, pero detrás de las cifras hay más de ochenta mil detenciones, miles de denuncias por tortura, muertes bajo custodia y un retroceso preocupante en libertades básicas. No hay democracia que pueda sostenerse si la paz se construye sobre el miedo.
México debería mirar con atención estos ejemplos antes de repetirlos. La tentación de militarizar la seguridad o de asumir que el fin justifica los medios siempre aparece en contextos de desesperación. Pero una política que sacrifica derechos en nombre de la paz, termina tarde o temprano, sacrificando también la paz misma.
El país necesita estrategias integrales que vayan más allá de la fuerza: inversión en comunidades, fortalecimiento policial civil, programas de reinserción que contemplen también la justicia restaurativa, transparencia judicial y, sobre todo, una visión de seguridad centrada en las personas, no en los territorios
conquistados.
La verdadera seguridad se mide no por el número de arrestos o de operativos exitosos, sino por la cantidad de vidas que logra preservar.
Mirar a las favelas brasileñas no debería servir para señalar con distancia, sino para anticipar lo que puede ocurrir cuando la desigualdad se combina con la impunidad y la política renuncia al diálogo. Que esa masacre nos recuerde que cada operativo que olvida los derechos humanos no es una victoria contra el crimen, sino una derrota del Estado.