En la teoría constitucional, la procuración e impartición de justicia deben operar bajo principios de autonomía, imparcialidad y estricto apego a derecho, al margen de los ciclos electorales. Sin embargo, en la práctica institucional de Tamaulipas, la línea entre la Fiscalía General de Justicia y el aparato gubernamental en turno ha mostrado una cercanía que cuestiona la verdadera independencia del sistema judicial.
Un caso emblemático de esta parálisis institucional cumple exactamente 15 años (180 meses) sin una resolución definitiva. El 12 de noviembre de 2011, en el cruce de las calles 16 y Olivia Ramírez en la capital tamaulipeca, un vehículo oficial propiedad del Gobierno del Estado, conducido por Marcelino Loredo Huerta -quien de acuerdo con los registros del caso se presume manejaba en estado de ebriedad- y por cierto, actualmente empleado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), impactó el automóvil en el que viajaban tres menores de edad: Alejandra Nava Cárdenas, Camila Cantú González y José Miguel Vizcarra Cantú. Los tres perdieron la vida.
A década y media de distancia, el expediente refleja una constante omisión a través de distintas etapas políticas e institucionales en la entidad:
Tres administraciones estatales: El caso ha atravesado los sexenios encabezados por distintos partidos políticos, desde el gobierno priista de Egidio Torre Cantú, pasando por la alternancia panista de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, hasta la actual administración morenista de Américo Villarreal Anaya. Ninguno de los cambios de siglas en el Ejecutivo estatal se tradujo en voluntad política para destrabar el proceso.
Ocho titulares en el Poder Judicial: Durante estos 180 meses, la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia ha cambiado de manos en ocho ocasiones, desde Alejandro Etienne Llano hasta la actual titular, Tania Gisela López Contreras, sin que el relevo en las magistraturas garantizara celeridad procesal.
De acuerdo con los antecedentes disponibles, el presunto responsable señalado en las investigaciones no ha sido detenido ni sometido a un juicio que derive en una sentencia firme, permaneciendo en libertad tras tres lustros.
La persistencia de este expediente sin cierre evidencia que la alternancia partidista no ha sido sinónimo de autonomía para las instituciones encargadas de procurar justicia.
Cuando un vehículo oficial y un servidor público están involucrados en un hecho de esta magnitud, la falta de resultados alimenta la percepción de que la cercanía entre las fiscalías y el poder político termina por proteger a la estructura gubernamental por encima de los derechos de las víctimas.
Quince años representan una carga insostenible para las familias de Alejandra, Camila y José Miguel. La exigencia de justicia no puede estar sujeta a los tiempos políticos ni a la conveniencia de las administraciones en turno. Mientras el sistema judicial no logre desvincular su actuación de las dinámicas del poder ejecutivo, la deuda con las víctimas seguirá abierta, dejando sin respuesta la pregunta fundamental tras 180 meses de espera: ¿hasta cuándo?
En la intimidad… El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, participó en la LXIX Asamblea General Ordinaria de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), celebrada en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
En la sesión, última ordinaria del año, se presentó el balance de la gestión 2023-2027 del Secretario General Ejecutivo, Dr. Luis González Placencia, quien destacó la consolidación de la ANUIES como actor político y moral de México, bajo un modelo de gobernanza solidaria, con defensa de la autonomía universitaria y representatividad histórica en todo el país.
En el marco de este encuentro, el rector de la UAT estrechó lazos con autoridades académicas y refrendó el compromiso de la institución frente a los retos de la educación superior en México.
Durante la Asamblea se aprobó el ingreso de 15 nuevas instituciones, con lo que la Asociación expande su membresía a 293 instituciones de educación superior. Asimismo, se informó sobre el proceso de elección de la persona titular de la Secretaría General Ejecutiva para el periodo 2027-2031.
En los trabajos participaron la titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), Dra. Rosaura Ruiz Gutiérrez, quien presentó la propuesta de política pública para transformar la educación superior y el desarrollo científico, y el subsecretario de Educación Superior, Dr. Ricardo Villanueva Lomelí, quien expuso los avances presupuestales y reformas estructurales impulsadas por la administración federal.
Con su participación, el rector Dámaso Anaya Alvarado refrendó el compromiso de la UAT de contribuir activamente a la agenda nacional de la educación superior y de sumar sus capacidades académicas, científicas y de vinculación al fortalecimiento del sistema universitario mexicano.
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