Xalapa, Veracruz. Un total de 44 personas fueron detenidas durante 56 cateos realizados en 40 municipios de Veracruz, como parte de los operativos de seguridad desplegados por la Fiscalía General del Estado entre el 26 de octubre y el 1 de noviembre.

Las intervenciones fueron ejecutadas por las Fiscalías Regionales con órdenes judiciales y en coordinación con elementos de la Defensa, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Seguridad Pública estatal y corporaciones municipales.

De acuerdo con el reporte oficial, los operativos abarcaron municipios de las zonas norte, centro y sur, entre ellos Poza Rica, Tuxpan, Álamo Temapache, Papantla, Xalapa, Boca del Río, Cosoleacaque y Coatzacoalcos.

Durante las diligencias fueron aseguradas armas de fuego, armas blancas, cargadores, cartuchos, teléfonos celulares, vehículos, motocicletas y dosis de sustancias con características de drogas.

Las 44 personas detenidas quedaron a disposición de las autoridades competentes, que determinarán su situación jurídica conforme al debido proceso.

Monterrey, Nuevo León. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) definirá este martes 3 de noviembre si autoriza el trasvase de agua de la presa El Cuchillo, en Nuevo León, hacia la Marte R. Gómez, en Tamaulipas, para atender las necesidades del Distrito de Riego 026.

La decisión será analizada por el Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas, luego de que las lluvias de octubre modificaron los niveles de almacenamiento de ambas presas.

Al 1 de noviembre, El Cuchillo registraba 712.2 millones de metros cúbicos, equivalentes al 63.4 por ciento de su capacidad, mientras que la Marte R. Gómez almacenaba 582.4 millones, que representan el 74.5 por ciento.

El acuerdo de coordinación firmado en 1996 establece condiciones para realizar la transferencia, aunque la resolución corresponde a la autoridad federal.

El tema ha generado diferencias entre autoridades de Nuevo León y Tamaulipas, mientras productores agrícolas esperan conocer la determinación que tendrá efectos en el suministro de agua para el próximo ciclo de riego.

San Luis Potosí, SLP.– El Gobierno de San Luis Potosí destinará más de mil 200 millones de pesos a la modernización de carreteras del Altiplano a partir de 2027, anunció el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, como parte de un programa de infraestructura para mejorar la conectividad regional.

Entre los proyectos contemplados se encuentran la rehabilitación de las carreteras Moctezuma-Venado y Venado-Charcas, además del corredor Charcas-Santo Domingo-Salinas y dos caminos en el municipio de Villa de Ramos.

El programa busca fortalecer la comunicación entre comunidades, facilitar el traslado de mercancías y mejorar la conexión con Zacatecas a través de Ahualulco.

El mandatario también confirmó la continuidad de obras en la Huasteca Potosina, particularmente en los tramos Tanquián de Escobedo-San Vicente Tancuayalab y San Vicente Tancuayalab-Tamuín.

Asimismo, adelantó que está próxima a concluir la carretera San Vicente Tancuayalab-El Higo, Veracruz, una conexión de importancia para la movilidad y el intercambio comercial entre ambas entidades.

Monterrey, Nuevo León.– La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó presuntos esquemas de triangulación de recursos públicos en Nuevo León que habrían derivado en transferencias millonarias a un despacho jurídico relacionado con el gobernador Samuel García y su familia.

De acuerdo con información publicada por Grupo Reforma, una de las empresas involucradas, TXAT Latam, recibió contratos estatales por al menos 440 millones de pesos para suministrar chalecos antibalas, radios portátiles y otros artículos.

La investigación periodística señala que esa compañía habría transferido al menos 60.4 millones de pesos al despacho jurídico mediante intermediarios, entre ellos empresas señaladas por presuntas operaciones irregulares.

Por su parte, el titular de la ASF informó sobre esquemas de triangulación mediante proveedores y constructoras que habrían canalizado al menos 728.13 millones de pesos al despacho.

Los señalamientos corresponden a la revisión de recursos públicos de 2025 y deberán ser investigados por las autoridades competentes para determinar posibles responsabilidades.