Por: Zaira Rosas
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Hay cifras que deberían impedirnos dormir. Mil seiscientos dientes de leche es una de ellas. Esa es la cantidad de piezas dentales que el colectivo Buscando Cuerpos en Todo México denuncia haber recuperado, desde 2021, en un predio de Zacapu, Michoacán.
Aunque la Fiscalía estatal asegura no tener registro del hallazgo y aún falta determinar científicamente el origen de las piezas y el número de posibles víctimas, la denuncia nos enfrenta a una pregunta estremecedora: ¿hasta dónde ha llegado la violencia en México? Es evidente que ha alcanzado a las infancias y aún así seguimos ignorando la realidad de nuestro país.
La desaparición de personas es una herida abierta que atraviesa generaciones. Según el informe 2026 de Red Lupa, elaborado con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, México superó las 135 mil personas desaparecidas.
Al 16 de mayo, el Estado de México, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán y Nuevo León concentraban el 42% de los casos. Más preocupante aún: el 18% de las personas registradas tenía entre cero y 19 años.
La infancia y la juventud tampoco están a salvo, lo sabemos desde décadas atrás con procesos de reclutamiento forzado y múltiples víctimas documentadas, sin embargo, pareciera que nos vamos acostumbrando al incremento de cifras y a la par va disminuyendo la empatía y sensibilidad.
Mientras tanto el país va desarrollando una geografía alterna, cada vez más profunda: la de las fosas clandestinas. La Plataforma Ciudadana de Fosas documentó al menos 1,006 hallazgos reportados por medios de comunicación entre 2023 y 2024. Sonora, Guanajuato, Colima, Jalisco y Chihuahua concentraron el mayor número. Detrás de cada excavación hay historias interrumpidas, familias esperando respuestas y una deuda de justicia que continúa creciendo.
Frente a esta realidad, las madres buscadoras se han convertido en protagonistas de una lucha que nunca debió corresponderles. Mujeres que, armadas con palas, varillas, fotografías y una esperanza inquebrantable, recorren terrenos baldíos, montañas y basureros buscando a quienes les fueron arrebatados.
No son investigadoras ni peritas forenses por obligación profesional; son madres que han tenido que aprender a buscar ante la insuficiencia de las instituciones.
Su labor surge de la necesidad, pero nos invita a visibilizar una realidad que se empeña en seguir oculta, pues mientras la fiscalía de Michoacán no tiene registros de los hallazgos, las madres relatan participación y conocimiento de las autoridades en los mismos, estas vivencias son similares en los distintos puntos de búsqueda donde los familiares se han dedicado a las labores por falta de respuestas de sus propias instituciones.
Visibilizar a las madres buscadoras y colectivos de búsqueda es también proteger su integridad, dar valor al trabajo que desempeñan y exigir también transparencia a las distintas dependencias sobre los hallazgos, pues de acuerdo a organizaciones como ARTÍCULO 19, la transparencia respecto a las fosas clandestinas ha retrocedido.
El caso de Michoacán exige una investigación rigurosa, transparente y sin especulaciones. Es indispensable conocer la historia detrás de estos restos, ¿cómo llegaron tantos menores hasta este punto? ¿Dónde están sus familias? Las cifras no pueden sustituir los nombres, ni la indignación reemplazar a la justicia.
Hemos aprendido a convivir con fichas de búsqueda, rostros impresos en postes y
noticias sobre nuevas fosas.
Pero acostumbrarnos al horror es otra forma de permitir que continúe. No podemos aceptar que las madres tengan que escarbar la tierra para obtener respuestas que el Estado les debe desde hace décadas. Y encontrar los restos tampoco significa terminar con la búsqueda. De acuerdo
con una estimación publicada por Fundar en 2026, al cierre de 2024 había más de 79 mil cuerpos sin identificar en México. Son miles de familias que podrían tener una respuesta en algún servicio forense, pero siguen esperando.
Se necesitan recursos para realizar pruebas genéticas, registros que permitan cruzar la información de personas desaparecidas con los restos recuperados y fiscalías que investiguen cada hallazgo.
El caso de Michoacán vuelve a poner sobre la mesa todo lo que falta por hacer.
Es necesario esclarecer el origen de las piezas dentales denunciadas, determinar a quiénes pertenecieron e investigar qué ocurrió. Pero también es urgente preguntarnos qué estamos haciendo para evitar que más niñas y niños desaparezcan o caigan en manos del crimen organizado. Las madres buscadoras llevan años encontrando lo que el país no ha podido, no ha sabido o no ha querido buscar.
