Por:Zaira Rosas
Zairosas.22@gmail.com
La cancelación de la visa estadounidense de Andrés Manuel López Beltrán volvió
a colocar sobre la mesa una pregunta que va mucho más allá del hijo del
expresidente: ¿hasta dónde un permiso migratorio puede convertirse en una
herramienta de presión política?
López Beltrán informó el 14 de agosto que Estados Unidos había revocado su visa
y atribuyó la decisión a motivaciones políticas. Washington no ha hecho públicas
las razones particulares del caso, mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum
sostuvo que la medida tiene un sentido político, la consideró una forma de
injerencia y señaló que México no abrirá una investigación contra una persona
únicamente porque otro país decida retirarle su visa.
De acuerdo con Reuters, al menos 50 políticos mexicanos de distintas filiaciones
han enfrentado cancelaciones dentro de una estrategia estadounidense vinculada
al combate al crimen organizado, lo que sirve a la oposición del gobierno en turno
para vincular al hijo del ex presidente con actos ilícitos, sin mencionar que el
mismo participará en la boleta de los próximos comicios electorales.
El episodio permite observar que las visas han dejado de ser únicamente
documentos migratorios. También pueden convertirse en instrumentos
diplomáticos capaces de enviar mensajes sin romper relaciones entre países, pero
sí presionar a los mismos.
Hay ejemplos recientes. En febrero de 2026, Estados Unidos revocó las visas de
tres funcionarios del Gobierno de Chile, incluido el entonces ministro de
Transportes, Juan Carlos Muñoz, acusándolos de comprometer infraestructura
crítica de telecomunicaciones. El conflicto estaba relacionado con un proyecto de
cable submarino que conectaría a Chile con Hong Kong. El Gobierno chileno
rechazó las acusaciones y calificó la medida como unilateral y contraria a su
soberanía.
Brasil vivió una situación semejante en 2025. Washington impuso restricciones de
visa al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes y posteriormente
sanciones financieras, en medio del proceso judicial contra el expresidente Jair
Bolsonaro. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva respondió calificando esas
acciones como una interferencia en la soberanía brasileña. De igual forma en este
año en medio de un conflicto diplomático se le canceló la visa a Maria Luiza
Ribeiro Viotti, embajadora de Brasil en Washington, misma que Estados Unidos
propuso regresar si se cancelaba el conflicto.
Los casos son distintos, pero comparten una característica: Estados Unidos utiliza
una facultad legítima, decidir quién puede ingresar a su territorio, de una manera
que produce consecuencias políticas fuera de sus fronteras. Su propia legislación
contempla restricciones de entrada contra extranjeros por razones que incluyen
corrupción significativa, violaciones graves de derechos humanos y cuestiones de
política exterior o seguridad.
En México, sin embargo, la cancelación de la visa de López Beltrán rápidamente
se mezcló con acusaciones de corrupción, narcotráfico y delincuencia organizada.
Conviene separar ambos terrenos. La revocación de una visa no demuestra por sí
misma la comisión de un delito y, hasta ahora, las autoridades estadounidenses no
han presentado públicamente una acusación penal contra López Beltrán derivada
de esta decisión.
Por un lado, la oposición pide se abra una investigación, sin embargo, los
señalamientos actuales al momento son solo especulaciones y que estas
encuentren un terreno fértil en México se debe al reflejo de heridas como la
desesperanza y desconfianza latente en las instituciones.
A la par si comparamos los hechos con otras naciones es evidente que Estados
Unidos ha encontrado nuevas formas de levantar muros, valiéndose de sus
propias reglas y libertades jurídicas para intervenir en otras soberanías. No es
casualidad que en medio de todas las especulaciones, ellos elijan guardar silencio,
pues esto también es un mensaje al actual gobierno sobre el control de narrativas.
