Por: Zaira Rosas
zairosas.22@gmail.com
Rubén Rocha Moya es probablemente uno de los nombres que más titulares han
acaparado en la semana, encabeza la lista de 10 funcionarios públicos señalados
por el gobierno de Estados Unidos de tener vínculos con el narcotráfico. Estos
señalamientos llegan a reforzar la agenda del país vecino que se ha empeñado en
desmantelar la corrupción de otras naciones con tal de desviar la atención de
asuntos propios.
Esta narrativa ha sido constantemente rechazada por el gobierno de México,
principalmente cuando los afectados en los señalamientos pertenecen a un mismo
partido, lo cual como bien ha señalado el mismo Rocha Moya, es un ataque
directo hacia la cuarta transformación. De ahí que la Presidenta defienda por
sobre todo la Soberanía Nacional y que la Secretaría de Relaciones Exteriores
siga exigiendo pruebas de culpabilidad respecto a las investigaciones.
Sin embargo, la respuesta institucional no ha disipado las dudas. Ante la presión
mediática y política, Rocha Moya solicitó licencia a su cargo, dejando como
gobernadora interina a Yeraldine Bonilla. Esta decisión ha abierto un nuevo
debate: para algunos, es un paso necesario mientras se esclarecen los hechos;
para otros, se trata de una estrategia que permite mantener cierto grado de
protección política, evitando consecuencias inmediatas como una eventual
extradición.
El contexto tampoco ayuda. En 2024, la detención de Ismael «El Mayo» Zambada
estuvo rodeada de versiones que apuntaban a una posible participación indirecta
de actores políticos locales, incluido el propio Rocha. A ello se suman los
señalamientos sobre la intervención del Cártel de Sinaloa en las elecciones de
2021, denuncias que la oposición llevó ante la Organización de los Estados
Americanos (OEA).
Aunque las autoridades electorales, como el Instituto Nacional Electoral,
sostuvieron que la violencia fue focalizada y no alteró los resultados, los datos son
inquietantes: 91 políticos asesinados durante ese proceso, incluidos 36
candidatos. Más que una narrativa, se trata de una evidencia de que el crimen
organizado ha logrado influir —directa o indirectamente— en la vida democrática
del país.
A este escenario se suma otro elemento delicado: la muerte de dos agentes de la
CIA en Chihuahua, quienes realizaban labores de investigación sin conocimiento
del gobierno federal. La colaboración con autoridades locales, como la
administración de Maru Campos, abre cuestionamientos sobre los límites de la
cooperación internacional y la consistencia del discurso soberanista.
En paralelo, sectores de la derecha han aprovechado este contexto para
posicionar la idea de un “narcogobierno”, utilizando las acusaciones como
herramienta de desgaste político contra la figura más emblemática del movimiento:
Andrés Manuel López Obrador. No obstante, reducir todo a una conspiración
externa sería tan ingenuo como negar la existencia de un problema estructural.
De cara a 2027, cuando al menos 17 entidades renovarán gubernaturas, el
verdadero desafío no será únicamente contener la presión internacional o las
narrativas opositoras, sino enfrentar una realidad incómoda: la infiltración del
crimen organizado en procesos electorales y estructuras de poder no es nueva, ni
exclusiva de un partido.
México debe defender su soberanía, sí, pero no solo frente a otros países, sino
también frente a los intereses criminales que han demostrado capacidad para
influir en candidaturas, campañas y gobiernos. Negar esta realidad bajo el
argumento de la unidad nacional solo profundiza el problema. La disyuntiva no es
entre creer o no en las acusaciones, sino entre asumir con responsabilidad la
magnitud del desafío o seguir atrapados en una guerra de perspectivas y el control
de las mismas.
Si algo está en juego en este momento no es solo la imagen de un gobierno o de
un partido, sino la viabilidad misma de la democracia mexicana frente a quienes,
desde dentro y fuera, buscan moldearla a su favor.
