“Accidentes”, sobran, lo que falta es Estado. Al menos 60 siniestros vehiculares asociados al alcohol se registran cada mes en Tamaulipas. Más de 400 al año. No son cifras inventadas: son la quinta causa de muerte en el estado y, al mismo tiempo, una de las formas más claras de morir que pudieron evitarse. Aun así, el fenómeno se repite con una regularidad que se normaliza.
Y esa es la dimensión del problema que obligó a la diputada Úrsula Patricia Salazar Mojica a presentar una iniciativa de reforma al Código Penal, con un objetivo directo: endurecer las sanciones contra quienes conduzcan bajo los efectos del alcohol u otras sustancias y provoquen la muerte de terceros.
Tamaulipas registra un repunte cercano al 45 por ciento en accidentes relacionados con conductores ebrios, particularmente entre jóvenes. Es decir, no sólo no se ha contenido el problema: está creciendo. Y lo hace en un contexto donde la consecuencia jurídica sigue siendo débil o inexistente.
“La conducción en estado de ebriedad no es un accidente”, dijo la legisladora. Y tiene razón. No lo es. Es una decisión. Una cadena de decisiones que comienza con el consumo y termina, muchas veces, con la muerte de alguien más. El problema es que el sistema de justicia sigue tratándolo como si fuera un descuido.
Precisamente esa es la gran falla del sistema. La ley habla de justicia pronta, completa e imparcial —como lo establece el artículo 17 constitucional— pero, la realidad en Tamaulipas muestra otra cosa: conductores que huyen, investigaciones que no concluyen y sanciones que no corresponden a la gravedad del daño.
La iniciativa conocida como “Ley Ezequiel” no surge de una súper idea. Surge de un patrón. De casos donde el responsable escapa. De expedientes que se diluyen. De familias que no encuentran justicia.
El planteamiento incluye reforzar operativos de alcoholímetro y campañas de prevención. Pero esos mecanismos ya existen. El problema no es su ausencia, sino su intermitencia. Su aplicación selectiva. Su incapacidad para convertirse en una política constante y efectiva. Al ciudadano se le tiene que dar en donde le duele.
En Tamaulipas, como en buena parte del país, el alcohol al volante no sólo mata. También exhibe. Exhibe la fragilidad de las instituciones, la tolerancia social al riesgo y la falta de consecuencias reales.
El caso que motivó esta iniciativa —la muerte de Ezequiel— es repetición. Es estadística. Es síntoma.
En la intimidad… Mientras el Congreso discute cómo castigar la irresponsabilidad al volante, el gobierno de Américo Villarreal Anaya presume resultados en otra dimensión: la del turismo y la seguridad.
Más de 2.2 millones de visitantes llegaron a Tamaulipas durante Semana Santa. La cifra no es menor. Confirma que, al menos en percepción, el estado logró sostener condiciones de tranquilidad en sus principales destinos, particularmente en el sur, donde la vigilancia se concentró en playa Miramar.
El propio mandatario llamó a no soltar el ritmo. “Hay que consolidar este impulso”, dijo frente a su gabinete. Y los datos lo respaldan: diversificación turística, presencia en Pueblos Mágicos, crecimiento en destinos de naturaleza.
Pero hay un contraste inevitable. Mientras el estado logra atraer visitantes con operativos, logística y coordinación institucional, en las calles persiste una falla más básica: garantizar que quien toma un volante bajo los efectos del alcohol enfrente consecuencias reales.
Porque la seguridad no sólo se mide en turistas que llegan.
También en ciudadanos que regresan a casa.
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