Senadora tamaulipeca propone iniciativa en materia de seguridad y punto de acuerdo para crear programa de espacios verdes.

Ciudad de México. – La senadora por Tamaulipas, Olga Sosa Ruíz, presentó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional, con el objetivo de incorporar el concepto de “Amenaza Tecnológica Emergente” frente al uso ilícito de drones y otras herramientas tecnológicas cuando sean utilizados por generadores de violencia para ocasionar violencia grave, sabotaje, intimidación estratégica o vulnerar la estabilidad institucional del Estado mexicano.
Dentro de la exposición de motivos, argumentó que la disponibilidad de tecnologías con aplicaciones civiles, militares o criminales, han transformado profundamente la naturaleza de las amenazas contemporáneas. En ese contexto, señaló que organizaciones del crimen organizado han incorporado vehículos aéreos no tripulados adaptados para transportar y detonar explosivos, realizar labores de vigilancia o interferir comunicaciones, lo que representa un salto cualitativo en la letalidad de la violencia.
De acuerdo con información pública de la Secretaría de la Defensa Nacional, los ataques con drones explosivos pasaron de 5 casos en 2020 a más de 260 en la primera mitad de 2023, acumulando más de 600 incidentes en ese periodo.
En fechas recientes, en Camargo Tamaulipas, se suscitó un ataque con artefactos explosivos presuntamente lanzados desde un dron que dejó al menos un elemento de seguridad herido durante un operativo. El hecho reavivó la preocupación sobre la capacidad operativa de grupos criminales para emplear tecnología con fines delictivos.
Ante ese contexto, la senadora morenista subrayó que la actual Ley de Seguridad Nacional no contempla con precisión técnica la utilización de tecnologías autónomas o semiautónomas como instrumentos de agresión por parte de actores no estatales, lo que genera un vacío jurídico frente a una realidad estratégica emergente.
La reforma propuesta no crea nuevos delitos penales, sino que respeta los principios de legalidad, proporcionalidad y certeza jurídica, busca dotar a las autoridades competentes de un fundamento claro para la prevención, detección, monitoreo y neutralización de estas amenazas mediante mecanismos de inteligencia y coordinación estratégica.
“La seguridad nacional no es una categoría estática, es una función viva del Estado que debe adaptarse a los riesgos que emergen de los cambios científicos y tecnológicos.” enfatizó.
La reforma establece que serán considerados amenaza a la seguridad nacional los actos realizados mediante el uso, desarrollo o despliegue de tecnologías autonómas o controladas remotamente —incluidos sistemas aéreos no tripulados— cuando tengan por objeto generar violencia grave, sabotaje o afectar de manera sustancial la integridad territorial o el funcionamiento de las instituciones del Estado mexicano.
Con esta propuesta, se busca modernizar el régimen jurídico de seguridad nacional ante la evolución tecnológica de las amenazas y fortalecer la capacidad del Estado mexicano para preservar la estabilidad institucional y el orden constitucional.
En la misma sesión, la senadora presentó una proposición con punto de acuerdo para exhortar de manera respetuosa a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Turismo y los gobiernos estatales y municipales, a diseñar e implementar un Programa Federal de Muros, Techos y Espacios Verdes Urbanos dirigido prioritariamente a los municipios con mayor densidad poblacional y altos índices de contaminación.
Señala que esta propuesta se sustenta en el derecho constitucional a un medio ambiente sano y en el marco normativo ambiental vigente, además de considerar estándares internacionales de calidad del aire establecidos por la Organización Mundial de la Salud. El exhorto plantea lineamientos técnicos estrictos, subsidios fiscales y esquemas de participación público-privado para fomentar la instalación de infraestructura verde en espacios públicos estratégicos, con metas cuantificables de reducción de contaminantes y temperaturas, así como evaluaciones anuales de impacto ambiental y social.