Le adelanto, no hay palabras ni retórica que describa a los colaboradores de Armando Martínez Manríquez como se lo merecen, y es que hay momentos en los que el lenguaje se queda corto, y un individuo se convierte en estiércol humano en dos palabras.
La muerte de Michel y Karina, de cinco y tres años tras el incendio en el fraccionamiento “Canarios”, no es una nota roja. Es una fractura moral. Y la respuesta del gobierno municipal no fue torpe ni desafortunada. Fue cobarde e inhumana.
Cobarde porque, ante el horror absoluto —dos niñas murieron y pudieron haber quedado calcinadas- el Gobierno municipal de Altamira, en voz de su secretario general José Francisco Pérez Ramírez, eligió buscar culpables hacia abajo.
Cobarde porque, incapaz de sostener la mirada del dolor, prefirió culpar a una familia rota, diciendo que las niñas estaban solas en su casa.
El gobierno fue cobarde porque, en vez de reconocer su propia incapacidad operativa desde la Dirección de Protección Civil, decidió manchar el trabajo de quienes sí entraron al fuego.
Eso no es gobernar. Eso es quererse lavar las manos con cenizas, y claro, quedaron más empuercados moralmente. Sí, el secretario, y todos los que se arrugaron en asumir responsabilidades.
Las declaraciones del secretario del Ayuntamiento, Francisco Pérez Ramírez, no son un desliz verbal. Son una posición de indiferencia. Hablan desde la comodidad del cargo, desde la protección del escritorio, desde la distancia obscena que separa a quien administra un puesto de quien carga un cuerpo sin vida, ¡sin vida hdttp..!
Cuestionar que las niñas estuvieran solas. Cuestionar a los bomberos voluntarios. Cuestionar incluso la forma en que se recuperaron los cuerpos.
¿De verdad ese era el momento?
¿De verdad esa era la prioridad?
Cuando un funcionario hace eso, no demuestra firmeza. Demuestra miedo. Miedo a aceptar que el Estado falló. Miedo a decir “no llegamos”. Miedo a reconocer que Protección Civil fue rebasada y que, otra vez, fueron los ciudadanos quienes hicieron el trabajo que la autoridad no pudo.
Los bomberos voluntarios y Salvatore Vargas no necesitan defensa institucional. Sus actos hablan por ellos. Entraron cuando había fuego. Salieron con lo único que quedaba: dos cuerpos diminutos que merecían respeto. Entregarlos directamente a los técnicos en urgencias médicas no fue un error: fue el último acto de humanidad posible.
Atacar eso no es ignorancia técnica.
Es bajeza moral.
Y mientras la ciudad ardía —en dolor y en rabia— el alcalde Armando Martínez Manríquez guardó silencio. No un silencio prudente. Un silencio desconectado, ajeno, ofensivo. Un silencio que terminó de confirmar que esta administración no supo, no quiso o no pudo estar a la altura del momento más trágico que enfrentó su municipio.
Gobernar no es aparecer cuando conviene.
Gobernar no es deslindarse cuando duele.
Gobernar no es señalar a los más débiles para proteger a los más cómodos.
Lo ocurrido en Canarios fue una prueba. Y el gobierno municipal de Altamira la perdió por completo. No por falta de discursos, sino por falta de carácter. Porque cuando el poder enfrenta la muerte de dos niñas y responde con reproche, lo que queda claro es que no entiende para qué existe.
Hoy, Altamira tiene un problema de conciencia.
Por cierto, eso no se corrige con mañaneras todas las semanas, ni con comunicados, declaraciones tardías, ni con silencios calculados. Se corrige con algo que aquí brilló por su ausencia: decencia.
En la intimidad… Mientras en Altamira el poder municipal se encogía ante la tragedia, en otra esfera del tablero político tamaulipeco se movían piezas de mayor calado.
El gobernador Américo Villarreal Anaya confirmó lo que ya había anticipado la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante la conferencia matutina de este lunes: el próximo sábado estará en Tamaulipas, en lo que será su primera visita oficial al estado en 2026.
“No es un trascendido, lo confirmó ella hoy en la mañana: va a estar el próximo sábado en la capital, aquí en Ciudad Victoria”, dijo el mandatario estatal, tras encabezar la ceremonia de honores y la inauguración del Museo Legislativo.
“Seguramente nos vendrá a anunciar algunas de las cosas que hemos estado platicando con ella, de las grandes oportunidades de desarrollo e infraestructura para México, y que esto también traiga beneficios para Tamaulipas”, adelantó.
En corto, en Palacio se habla de consolidación. De proyectos. De continuidad. Villarreal Anaya presume avances en salud, educación, mejoras salariales, prestaciones, desarrollo económico, infraestructura y seguridad pública, respaldados —dice— por indicadores nacionales.
La lectura política es clara: mientras algunos gobiernos municipales se pierden en declaraciones torpes y reacciones pequeñas, el poder real se mueve en otro nivel, donde la agenda no es el deslinde, sino la ejecución.
La presidenta viene. Y con ella, la posibilidad de que Tamaulipas avance.
La pregunta incómoda es otra: ¿quiénes estarán a la altura cuando el escrutinio sea nacional y no solo local? Porque gobernar, cuando la tragedia ya pasó, es fácil.
Lo difícil —y lo verdaderamente revelador— es gobernar cuando el dolor todavía arde, y gobernar es también evitar.
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