Tampico, Tamaulipas.- Burocracia, la falta de voluntad y las limitaciones legales mantienen a las autoridades municipales atadas de manos para prevenir o atender las agresiones cometidas por personas con padecimientos de salud mental que viven en situación de calle.
En las últimas dos semanas se registraron al menos dos casos graves en el municipio, lo que alertó a las autoridades y a la sociedad.
El secretario del Ayuntamiento de Tampico, Carlos Alberto García Porres, y la directora del Instituto de la Mujer, Libby Zacil Adame Estrada, sostuvieron una reunión para analizar el caso de una mujer con trastornos mentales que agredió a dos personas, una de ellas menor de edad.
Al término del encuentro, ambos funcionarios señalaron que la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) no da trámite penal en este tipo de situaciones —sin que se haya precisado públicamente el motivo exacto— y que las instituciones de salud, incluido el Hospital Psiquiátrico de Tampico, suelen requerir un familiar responsable para aceptar ingresos, lo que complica la atención de las personas en condición de calle o que incluso ni sus familiares se quieren hacer cargo.
“Tenemos que hacer presión con Fiscalía y que ya no pase esto, que reciban a las personas que cometen los delitos y le den el trámite correspondiente. Es en lo que tenemos que hacer énfasis porque no nos corresponde a nosotros, le corresponde a Fiscalía y necesitamos que ellos acepten el trabajo que se tiene que hace y que lo han”, dijo García Porres.
Coincidieron que se trata de un tema que deberá ser abordado detalladamente para que se resuelva y que se pueda proteger a los ciudadanos y a las propias personas con estos padecimientos mentales para que no se hagan daño ellos mismos.
Lo único que le queda al ciudadano, es comunicarse al 911, reportar en caso de que se sientan amenazados por alguna de estas personas, ponerse en resguardo y esperar a que la guardia Estatal responda al llamado.
