Lic. David Aponte Director Editorial del periódico El Universal/ Ciudad de México

En relación con la información publicada por El Universal el domingo 21 de
diciembre de 2025, bajo el encabezado “Políticos acumulan concesiones de agua
que equivalen a más de 2 mil albercas olímpicas al año”, y en particular con las
referencias hechas al gobernador del Estado de Tamaulipas, Américo Villarreal
Anaya, es necesario realizar las siguientes precisiones fundamentales en apego al
derecho de réplica y al deber democrático de conducirse con la verdad.
La nota incurre en imprecisiones relevantes al sugerir que el gobernador concentra
concesiones, cuando esas nunca han estado registradas jurídicamente a nombre
del titular del Ejecutivo Estatal, como lo permite constatar el Registro Público de
Derechos de Agua, regulado por la Comisión Nacional del Agua en apego a la Ley
de Aguas Nacionales.
En el caso de las concesiones ubicadas en el estado de Guanajuato, hace
aproximadamente seis años dejaron de formar parte del patrimonio familiar, toda
vez que los terrenos en los que se encontraban fueron propiedad de su señor
padre, heredados a su señora madre (ya fallecida) y que fueron vendidos en su
momento.
Presentarlas como concesiones “vigentes” asociadas al gobernador resulta,
cuando menos, una afirmación desactualizada y carente de verificación y por tanto
falsa.
Respecto a las concesiones localizadas en el municipio de Padilla, Tamaulipas, la
información publicada omite un dato esencial: dichas concesiones pertenecieron al
padre del gobernador, quien falleció hace 15 años. El proceso al que hoy se hace
referencia corresponde exclusivamente a un trámite de regularización sucesoria,
previsto en la legislación vigente, y se localiza en un rancho de carácter familiar,
sin que ello implique apropiación indebida, privatización del recurso ni
contradicción alguna con la postura pública del gobernador en materia de agua.
Resulta particularmente preocupante que la nota pretenda construir una narrativa
política de supuesta acumulación personal, sin distinguir entre propiedad,
herencia, transmisión legal, uso efectivo del recurso y titularidad real, conceptos
jurídicos que no son intercambiables y cuya confusión induce a interpretaciones
erróneas en la opinión pública.

El gobernador Américo Villarreal Anaya ha sostenido de manera consistente que
el agua es un bien nacional, estratégico y de interés público, y ha llamado a
superar la lógica privatizadora para garantizar justicia hídrica, sostenibilidad y
acceso equitativo. Ninguna de las situaciones mencionadas en la nota contradice
esa postura, ni en los hechos ni en el marco legal.
La libertad de expresión y el periodismo de investigación son pilares de la
democracia, pero su ejercicio exige rigor, contextualización y veracidad. Por ello,
se solicita respetuosamente a El Universal que publique esta aclaración en
condiciones de equidad, a fin de restituir el derecho de las audiencias a una
información completa y veraz, y de preservar los estándares de responsabilidad
periodística que históricamente han distinguido a este medio.
Atentamente:
Lic. Francisco Cuéllar Cardona
Coordinador de Comunicación Social
del Gobierno de Tamaulipas.