OBSERVATORIO
Armando Martínez Manríquez, alcalde de Altamira, amenaza a la empresa Ferromex con parar sus trenes, debido a que no realizan la limpieza de su derecho de vía, con lo que estaría incurriendo en un delito federal al convocar abiertamente a ciudadanos para bloquear vías del tren si no atienden su llamado.
Durante la sesión informativa de ayer lunes, con un tono prepotente, dijo “es increíble la insensibilidad de este tipo de empresas, ojalá me escuchen, dicen que me ven, y que manden gente a limpiar y que no nos dejen todo el trabajo a Servicios Públicos. Ahí te encaro Claudia ahí te lo encargo, habla con ellos hoy, porque si no les vamos a hacer un paro, les vamos a parar el tren a ver qué van hacer”.
En nuestro país, las vías férreas son consideradas vías generales de comunicación de jurisdicción federal, reguladas por la Ley de Vías Generales de Comunicación y el Código Penal Federal (CPF).
El bloqueo o interrupción de estas vías no solo afecta el tránsito de mercancías y pasajeros, sino que genera impactos económicos significativos a nivel nacional.
El Código Penal sanciona a quien, por cualquier medio, interrumpa total o parcialmente los servicios que operan en las vías generales de comunicación o los medios de transporte.
Esto incluye explícitamente las vías férreas, que de acuerdo a la ley, por este delito se aplica prisión de 6 meses a 7 años y multa de hasta 500 veces el salario mínimo diario vigente.
La frase «Les vamos a hacer un paro a ver qué van a hacer» no es solo una expresión retórica; es una amenaza explícita de acción obstructiva, lo que podría encuadrarse en amenazas para forzar un acto.
Como servidor público, el alcalde enfrentaría agravantes como la inhabilitación para cargo público hasta 10 años, y responsabilidad administrativa por abuso de autoridad de acuerdo a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
¿Qué se ha creído el alcalde? ¿Es tanta su soberbia que puede amenazar así como así a bloqueos atentando contra las vías de comunicación?
Tal parece que se le olvidó que es un funcionario público y que como tal tiene responsabilidades que nada tienen que ver con la instigación al delito.
