Para garantizar condiciones dignas a las y los trabajadores
Ciudad Victoria, Tamaulipas.– La Secretaría del Trabajo y Previsión Social de
Tamaulipas (STPS) informó que el Estado avanza en el proceso de
implementación de la Ley Silla, normativa que busca garantizar condiciones
dignas en los centros de trabajo, especialmente para aquellas y aquellos
empleados que permanecen largos periodos de pie.
La dependencia precisó que, aunque no existe un registro formal de empresas que
ya cuentan con estas adecuaciones, se mantiene una relación constante con
organizaciones empresariales y cámaras productivas, además de haber realizado
sesiones informativas con el sector patronal para orientar sobre la correcta
aplicación de la ley.
El titular de la STPS, Luis Gerardo Illoldi Reyes, destacó que el proceso será
gradual y con un enfoque empático hacia las empresas, privilegiando la
orientación antes que la sanción.
Durante las inspecciones donde detecte el incumplimiento, se otorgará un plazo
razonable para que los centros de trabajo se pongan al corriente, destacando que
será hasta el mes de diciembre, entrará en vigor su obligatoriedad.
Agregó que solo en casos de reincidencia o ante quejas por parte de los
trabajadores, el Estado podrá turnar los expedientes a la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social Federal, que es la instancia facultada para aplicar sanciones
económicas que pueden alcanzar hasta 100 mil pesos, dependiendo de la
gravedad y las condiciones de cada situación.
El funcionario aclaró que la Ley Silla es obligatoria para todas las empresas,
aunque se contemplan excepciones específicas, como en el caso de constructoras
o actividades donde el cumplimiento literal de la disposición sea impracticable. En
esos escenarios, se establecen observaciones y medidas alternativas para
salvaguardar la integridad de las y los trabajadores.
Illoldi Reyes dijo que con estas acciones, el Gobierno de Tamaulipas, encabezado
por el doctor Américo Villarreal Anaya, reafirma su compromiso con un modelo
humanista y de transformación, que coloca al centro de las políticas públicas el
bienestar de las y los trabajadores, promoviendo condiciones laborales más
dignas y equitativas en el estado.
