Por: Zaira Rosas
zairosas.22@gmail.com
Dos escándalos sacuden los cimientos de morena, por un lado, el caso de
huachicol fiscal que involucra al ex titular de marina Rafael Ojeda Durán, este caso
no es menor, pues salpica gravemente a las fuerzas armadas en un caso de
corrupción profunda. En la otra cara de la moneda tenemos la detención de
Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de seguridad de Adán Augusto López,
mientras fue gobernador de Tabasco.
El segundo caso hace cuestionar las decisiones de una transformación fallida
pues fue como secretario de seguridad en Tabasco que Hernán Bermúdez
Requena operaba la organización criminal, “La barredora”, mientras tanto el ahora
líder del senado ha tratado de deslindarse y declarado que está dispuesto a
participar en la investigación y que él mismo pidió que se investigara a su ex
colaborador.
Y si lo anterior no fuese suficiente para opacar los números positivos en materia
de seguridad de la actual gestión presidencial, tenemos los gastos desmedidos de
miembros del partido que se presenta como el defensor de los pobres, desde los
viajes con cenas de más de 40 mil pesos a Tokio, hasta quienes dicen que la
austeridad es solo para el gobierno y no para gastos personales.
El problema nunca ha sido el partido político en turno. El verdadero enemigo es la
corrupción estructural de México. Según el Índice de Percepción de la Corrupción
2023 de Transparencia Internacional, México ocupa el lugar 126 de 180 países,
con una calificación de 31 puntos sobre 100, por debajo de naciones como
Colombia, Etiopía o Gambia. Es decir, la percepción de corrupción en el país sigue
siendo altísima pese a las promesas de transformación.
El costo tampoco es menor. El Banco Mundial estima que la corrupción en México
representa entre el 2% y el 10% del PIB anual, lo que equivale a billones de pesos
que podrían invertirse en salud, educación o infraestructura. La ASF (Auditoría
Superior de la Federación) reportó en su informe de 2022 irregularidades por más
de 64 mil millones de pesos en el ejercicio del gasto público.
En cuanto al caso de huachicol fiscal, las cifras son alarmantes: solo en 2023, el
SAT detectó pérdidas por más de 64 mil millones de pesos debido a la facturación
falsa y contrabando de combustibles. La violencia asociada no es menor. En los
últimos dos años han fallecido al menos cinco personas relacionadas con aduanas
y procesos de ingreso de hidrocarburos y fentanilo; la última, Adrián Omar del
Ángel, murió durante una práctica de tiro real en circunstancias cuestionables.
Los hechos anteriores además de develar que la transformación no alcanzó para
combatir la corrupción, develan que las fuerzas armadas están llevadas por
personas que son igual de corruptibles que quienes se han desempeñado en otros
cargos, por lo que sin importar quien está al frente seguimos sin poder confiar en
las distintas redes de seguridad.
Llega entonces el cuestionamiento constante ¿cómo combatir el cáncer de la
corrupción en el país? No basta con el combate como discurso, se requiere de
fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas, transparentar los procesos no
solo en las reformas y propuestas fiscales, sino también establecer mecanismos
de vigilancia al interior de las diversas dependencias.
La corrupción es el mayor obstáculo para cualquier proyecto de nación, pero no es
invencible. Si algo han demostrado los primeros resultados en materia de
seguridad es que, con estrategias claras y consistentes, sí es posible transformar
realidades. El desafío ahora es trasladar esa misma voluntad al combate de la
impunidad y la influencia del crimen organizado, con instituciones sólidas y con
una ciudadanía vigilante que no permita retrocesos. Ahí se juega la verdadera
transformación.
