Ciudad Victoria, Tamaulipas. – La Secretaría de Salud de Tamaulipas interpuso 70 denuncias, 14 de ellas penales, contra el exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca y exfuncionarios de su administración por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos que generaron un quebranto al erario superior a los 343 millones de pesos.
Estas irregularidades están vinculadas a empresas de los hermanos Carmona, según informó el director jurídico de la Secretaría de Salud, Iván Saldaña Magaña, en conferencia de prensa.
Las empresas señaladas, Grupo Industrial Permart (representada por Julio César Carmona Angulo) y Grupo Industrial Joser (representada por Carlos Alejandro Romero Guerra), habrían recibido pagos por 343,966,000 pesos durante los ejercicios fiscales 2017 y 2018.
Estos contratos, relacionados con servicios de mantenimiento a hospitales estatales, presentan indicios de uso indebido de atribuciones, operaciones con recursos de procedencia ilícita y otras anomalías.
Las denuncias fueron presentadas ante el Congreso del Estado, la Auditoría Superior del Estado, la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Tamaulipas.
Entre los principales implicados están el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, la exsecretaria de Salud Gloria de Jesús Molina Gamboa, el exsubsecretario de Planeación y Vinculación Horacio García Rojas Guerra, el exsubsecretario de Administración y Finanzas Alejandro Aguilar Poegner, y el exdirector de Compras Román Castillo Airola.
Según Saldaña Magaña, el modus operandi consistió en asociar a estas empresas con exfuncionarios para adjudicar contratos por hasta 500 millones de pesos, de los cuales 157 millones quedaron sin cubrir, sin que los proveedores iniciaran acciones legales, lo que levanta sospechas.
El titular de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, junto a la secretaria Anticorrupción, Norma Angélica Pedraza Melo, y la secretaria de Administración, Luisa Eugenia Manautou Galván, respaldaron la presentación de las denuncias. Saldaña Magaña subrayó que no se trata de una persecución política, sino de un esfuerzo por transparentar actos que dañaron las finanzas estatales y afectaron los servicios de salud en Tamaulipas.
La colaboración de exfuncionarios de la administración pasada ha sido clave para destapar estas irregularidades.