El combate a la extorsión en México, más allá de una acción táctica, se está convirtiendo en una estrategia estructural de recuperación económica y territorial. Al más puro estilo de Genaro García Luna, con golpes mediáticos en los medios de comunicación, ahora, el Gabinete de Seguridad Nacional, hace lo propio, y no es queja.
La “operación liberación” desplegada en el Estado de México bajo la Estrategia Nacional contra la Extorsión es la evidencia más clara del cambio de paradigma que vive el país con la llegada de un nuevo orden federal en materia de seguridad, alejado, guste o no, de la politiquería cuatrotesita,
En esta ocasión, la coordinación entre instituciones de seguridad y procuración de justicia claramente más ligadas a los intereses trasnacionales con una estrecha coordinación entre la Marina Armada de México, Defensa y Guardia Nacional con y policías estatales, sí, como cuando el comandante supremo era Enrique Peña Nieto, se logró romper un engranaje esencial de La Familia Michoacana, una organización criminal que durante años ha operado como un régimen fiscal paralelo. Este grupo impuso cuotas, acaparó productos básicos, controló la distribución de materiales de construcción, alimentos, minerales, insumos agrícolas y hasta servicios logísticos. Una red de extorsión multifacética, incrustada en la economía cotidiana de miles de personas.
El golpe no fue menor. Se desplegaron 63 células operativas y casi 3 mil elementos en 14 municipios mexiquenses. Se catearon 52 establecimientos donde la extorsión se mezclaba con el secuestro y el narcotráfico. Lo que hasta ahora se consideraba un “problema de seguridad” reveló una dimensión mucho más profunda: una economía sometida, obligada a tributar a la delincuencia.
Los aseguramientos lo confirman: animales de granja, cárnicos, materiales de construcción, vidrio, varilla, alimentos para animales, huevo, acero y hasta oficinas sindicales utilizadas como centros de operación delictiva. El grupo no solo extorsionaba, imponía una lógica de control económico regional que afectaba directamente la cadena productiva y al consumidor final.
La detención de Bernardo Alejandro “N” en Quintana Roo, en coordinación con la Fiscalía de aquella entidad, cierra momentáneamente una pinza sobre el liderazgo operativo de este grupo en el Estado de México. Pero más allá de los nombres y apellidos, lo significativo es el mensaje: el Estado mexicano no permitirá más que los grupos criminales suplanten su rol recaudatorio ni su facultad de organizar la vida económica.
La colaboración entre el Gabinete de Seguridad, las fiscalías estatales y federales, las fuerzas armadas y los cuerpos de inteligencia ha sido fundamental. Lo que sucedió en el Estado de México representa un modelo de intervención replicable, donde no solo se persiguen personas sino se desmantelan estructuras económicas criminales.
Desde el inicio de esta estrategia, 48 personas han sido detenidas. Lo importante ahora será sostener el ritmo de las investigaciones, garantizar procesos judiciales eficaces y proteger a los sectores productivos para evitar que nuevas redes sustituyan a las que hoy se están desmantelando. ¿Cuándo Tamaulipas?
En la intimidad… En el marco de su agenda institucional, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, sostuvo un encuentro de trabajo con el ministro presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, con quien abordó los desafíos inherentes a la transformación estructural del Poder Judicial de la Federación.
Durante la reunión, se destacó la relevancia histórica del proceso de elección, que marca un precedente a nivel internacional al consolidar un Poder Judicial emanado de la voluntad popular, dotado de legitimidad democrática y con el compromiso de garantizar el acceso efectivo a la justicia para todas y todos.
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