Una organización de derechos humanos y periodistas ha alertado sobre la grave situación que enfrentan los defensores del medio ambiente en México. Desde 2016, al menos 84 personas han sido asesinadas, en posible relación con su labor de protección a los territorios, ecosistemas y recursos naturales del país.
De esas víctimas, siete eran mujeres y 77 hombres; además, 44 pertenecían a pueblos indígenas y una era afromexicana, según informó el Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC).
Este informe, publicado el 17 de julio, Día Nacional de las Personas Defensoras del Medio Ambiente, también señala que estos hechos se acompañan de múltiples agresiones, como criminalización, hostigamiento judicial, amenazas, vigilancia, desplazamiento forzado y desapariciones.
La organización recuerda que este día no solo conmemora a quienes arriesgan su vida por proteger el medio ambiente, sino que también exige justicia frente a la violencia, el despojo y la impunidad que enfrentan quienes resisten a megaproyectos destructivos y al crimen organizado en varias regiones del país.
Además, resaltan que las personas defensoras del medio ambiente son fundamentales para frenar la crisis climática, proteger los recursos naturales y preservar las formas de vida indígena en armonía con la naturaleza.
El informe advierte que el avance del crimen organizado en México, con actividades como tala ilegal, minería clandestina, tráfico de especies, apropiación de tierras y despojo violento, ha agravado aún más la situación, afectando tanto al medio ambiente como a quienes luchan por defenderlo.
El narcotráfico y las economías criminales están estrechamente vinculados a la degradación ambiental, generando escenarios de altísimo riesgo para todos.
La organización también hace un llamado a las autoridades mexicanas para que implementen con urgencia los marcos normativos existentes, como la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y el Mecanismo Federal de Protección.
Además, recuerda que México firmó y ratificó el Acuerdo de Escazú en 2020, un tratado internacional que obliga a los Estados a proteger a las personas defensoras del medio ambiente.
Por último, expresan su profunda preocupación por la posible eliminación del Instituto Nacional de Transparencia (INAI), ya que esto podría poner en riesgo el acceso a la información pública ambiental, un derecho fundamental para la ciudadanía.
El informe también destaca la necesidad de garantizar jueces y juezas especializados en derechos humanos y ambientales, que puedan impartir justicia de manera autónoma y sin presiones políticas o económicas.
información de Latinus.us
