-Aprueba Congreso del Estado sancionar el uso de la inteligencia artificial y programas maliciosos al equiparse a la extorsión.
Cd. Victoria, Tamaulipas. – Los avances en tecnologías de la información y la comunicación, más allá de los beneficios que brinda a los usuarios de diferentes plataformas, también han propiciado conductas delictivas que requieren de una atención oportuna con acciones concretas por parte de las autoridades.
Por este motivo, la diputada Úrsula Salazar Mojica, presentó ante el pleno legislativo del Congreso del Estado un dictamen que tiene como propósito adicionar disposiciones al Código Penal para el Estado de Tamaulipas, a efecto de sancionar el uso de la Inteligencia Artificial y programas maliciosos como parte de la equiparación al delito de extorsión, reconociendo estas conductas al relacionarse con la violencia digital.
“Por violencia digital debemos entender todo acto o acción dolosa realizada mediante el uso de tecnologías de la información, por la que se exponga, exhiba, intercambie o comparta archivos multimedia reales o simulados de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, causando daño psicológico y emocional en su vida privada o en su imagen propia”, detalló la legisladora tampiqueña,
Salazar Mojica, indicó que de este punto deriva la necesidad de reconocer estas nuevas dimensiones en la comisión de delitos, como en el caso de la extorsión, equiparando los supuestos al hacer uso de programas informáticos e inteligencia artificial con la finalidad de obtener un lucro o perjudicar a la víctima o a terceras personas en su honor y dignidad.
En razón a lo anterior, solicitó a los integrantes del pleno legislativo, respaldar a favor el presente asunto, a efecto de generar un marco jurídico penal a la vanguardia, que responda a las nuevas dimensiones delictivas, en fortalecimiento a la seguridad digital de nuestra sociedad.
El proyecto de decreto fue sometido a votación resultando aprobado por unanimidad por lo que la presidenta de la mesa directiva, ordenó expedir el decreto correspondiente y remitir al ejecutivo estatal para los efectos constitucionales.
