La Procuraduría de la Defensa del Niño, la Niña, el Adolescente y la Familia ha registrado un aumento en las denuncias de adultos mayores que han sido despojados de sus tarjetas de Pensiones del Bienestar por parte de sus propios hijos. Francisca Arteaga Hernández, delegada municipal de la dependencia, informó que cada mes se atienden al menos dos casos en los que los hijos intentan quedarse con el control de la tarjeta y, por ende, con el dinero de la pensión.
«Nos hemos encontrado con situaciones en las que los beneficiarios no tienen acceso al dinero que les corresponde por la Pensión Universal o la Pensión del Bienestar porque uno de sus hijos tiene la tarjeta. En algunos casos, otro hijo acude a nosotros para denunciar que su hermano no está entregando el dinero a su padre o madre como corresponde», señaló Arteaga Hernández.
La delegada explicó que estos casos suelen implicar que los hijos asumen la gestión de la tarjeta del Banco del Bienestar bajo el pretexto de que sus padres no saben manejar los cajeros automáticos. Sin embargo, lo preocupante es que, en muchas ocasiones, el dinero no se utiliza en beneficio de los abuelitos, sino que se gasta en otros fines.
Arteaga Hernández enfatizó que la situación es delicada, ya que los adultos mayores se encuentran en una posición vulnerable y dependen de ese recurso para cubrir sus necesidades básicas. La delegación de la Procuraduría ha comenzado a intervenir en estos casos, ofreciendo asistencia legal y protección a los afectados.
Para aquellos que están pasando por una situación similar, la Procuraduría de la Defensa del Niño, la Niña, el Adolescente y la Familia pone a disposición su apoyo. Los interesados pueden solicitar ayuda llamando al teléfono 833 162 05 20 y agendando una cita para recibir orientación y acompañamiento en la defensa de sus derechos.
La funcionaria subrayó la importancia de que los abuelitos y sus familias conozcan sus derechos y busquen apoyo en caso de estar siendo afectados por este tipo de situaciones, recordando que la pensión es un derecho que debe ser respetado y utilizado exclusivamente para el bienestar de los adultos mayores.