Un joven de 19 años resultó involucrado en un accidente vial la noche de ayer cuando conducía una camioneta Renault Duster por el Libramiento Naciones Unidas, a la altura de la intersección con avenida Las Torres.

De acuerdo con la versión del conductor, perdió el control del vehículo al intentar evitar la colisión con otro automóvil que se le atravesó. Como consecuencia, la camioneta subió al camellón central y colisionó contra dos árboles.

Elementos de Vialidad y cuerpos de emergencia acudieron al lugar para atender la situación. El joven conductor fue valorado en el sitio y resultó ileso.

No se reportaron lesionados adicionales ni daños a terceros. Las autoridades realizaron el peritaje correspondiente para determinar las causas del percance.

*Iniciativa fomenta la justicia social para el campo mexicano.

*Se busca prevenir prácticas ruinosas.

Ciudad de México.- La senadora Olga Patricia Sosa Ruíz, presidenta de la Comisión de Agricultura e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 5 y se incorpora el artículo 32 Bis a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, con el objetivo de impulsar mejores prácticas para el campo mexicano, encaminadas hacia el bienestar social y desarrollo sostenible.

La senadora argumentó que el campo mexicano atraviesa una crisis derivada de la venta de productos agroalimentarios a precios que no cubren los costos de producción, situación en la que la cadena de comercialización, dominada por grandes compradores, obliga al productor primario a sacrificar su economía.

Destacó que “no estamos frente a un problema de productividad individual ni de falta de trabajo, sino ante profundas asimetrías en la cadena de comercialización”, señalando que, aunque la fortaleza del campo mexicano existe, se debilita ante las pérdidas constantes, lo que ha generado desilusión y ha provocado que las nuevas generaciones no estén dispuestas a continuar en un sector donde el esfuerzo no se ve recompensado.

Señaló que, el respaldo del Estado previsto en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, “compensan la pérdida, pero no corrigen las causas estructurales que la generan”. Añadió que los subsidios públicos no alcanzan para prevenir el daño, por lo que es necesario transitar de un modelo reactivo a uno preventivo.

La senadora Sosa Ruíz explicó que la iniciativa contempla, en primer término, incorporar el principio de viabilidad económica de las actividades agropecuarias mediante la prevención de prácticas que colocan los precios por debajo de los costos de producción; y, en segundo lugar, adicionar un artículo que defina de manera expresa las prácticas ruinosas de comercialización.

Entre dichas prácticas, destacó “la imposición de precios por debajo de los costos de producción, el traslado desproporcionado de riesgos y la imposición de condiciones contractuales abusivas”.

Aclaró que la iniciativa no fija precios ni crea subsidios que afecten la libre competencia, ya que respeta la dinámica de oferta y demanda, pero establece límites para evitar distorsiones que hoy generan pérdida y endeudamiento sistemático entre las campesinas y los campesinos mexicanos.

La reforma tiene el propósito de combatir las prácticas ruinosas y proteger al productor primario, transformando al sistema agroalimentario en su conjunto, permitiendo consolidar procesos más estables y seguros de reinversión productiva a lo largo de toda la cadena.

La senadora agregó que, para continuar con la transformación del país, en congruencia con la visión de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el segundo piso de la Cuarta Transformación, es indispensable garantizar un trato justo a uno de los sectores estratégicos más importantes del país: el campo mexicano.

Finalmente, la senadora concluyó señalando que “fortalecer al productor rural es fortalecer a México”. La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Desarrollo Rural y Estudios Legislativos Primera de la Cámara de Senadores.

Hidalgo, Tamaulipas.–Con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención y
avanzar en la erradicación del gusano barrenador del ganado, el subsecretario de
Desarrollo Pecuario y Forestal, Cuauhtémoc Amaya García, sostuvo un diálogo
directo con productoras y productores del municipio de Hidalgo, a quienes brindó
información detallada sobre la identificación de esta plaga y las medidas que se
implementan para su control.
Durante la jornada informativa, el funcionario explicó de manera puntual el
procedimiento para realizar reportes ante la detección de posibles casos, así como
las instancias correspondientes a las que pueden acudir. En este sentido, reiteró
que los reportes pueden efectuarse con total confianza, sin la aplicación de
cuarentenas ni sanciones, priorizando la prevención y la atención oportuna.
Cuauhtémoc Amaya García participó en esta actividad en representación del
secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores,
reafirmando el compromiso del Gobierno del Estado con la sanidad animal y el
acompañamiento permanente a las y los productores pecuarios.
Asimismo, como parte de las acciones preventivas, se realizó la entrega gratuita
de cicatrizante, con el propósito de atender de manera inmediata cualquier herida
detectada en el ganado y evitar la propagación del gusano barrenador,
fortaleciendo así las medidas de protección zoosanitaria en la región.

-Refrenda Senadora Olga Sosa, su compromiso por la justicia social ante la reforma en el artículo 123 por la reducción de la jornada laboral y refiere beneficios para trabajadores del campo con el certificado laboral.

CDMX.- La Senadora Olga Sosa Ruíz se pronunció a favor de la reducción de la jornada laboral de 48 horas a 40 horas semanales, la cual será aplicada de forma gradual entre 2026 y 2030, esto tras el encuentro sostenido por parte del secretario del trabajo y previsión social del gobierno Federal, Marat Baruch Bolaños Lopez, quien dialogó en el Senado sobre la reforma en materia de reducción de la jornada laboral, cumpliendo con los compromisos de la cuarta transformación, y atendiendo sobre todo una deuda histórica con los derechos de la clase trabajadora, reforma que beneficiará a 13.4 millones de personas trabajadoras.
En ese sentido, la senadora morenista señaló que resulta relevante destacar el hecho que la fracción IV del artículo 123 constitucional no se ha modificado desde 1974, lo que implica un rezago en materia de bienestar social en el país y señaló que la reforma busca atender la recomendación número 116 de la OIT1, que establece como meta social, la jornada de 40 horas alineada con la dignidad laboral.
Olga Sosa destacó la importancia de avanzar en materia de justicia laboral, misma a la que responde la reducción de la jornada, aseverando que la integridad de los trabajadores materializa los compromisos de la cuarta transformación, y agregó que bajo ningún caso, la reducción de la jornada implica una disminución a los salarios o prestaciones de las y los trabajadores.
Subrayó que esta reforma se da en un contexto de avance del bienestar social, porque aboga por la atención de la salud física y mental de las personas, permitiéndoles un tiempo mayoritario para el descanso adecuado, convivencia familiar y esparcimiento personal, lo que fortalece la calidad de vida en la relación entre la vida personal y la vida laboral.

Certificado laboral para la agro exportación, coloca en el centro la dignidad humana y el trabajo justo

Dentro de esta misma agenda legislativa, marcada por el respeto a los derechos laborales de las y los mexicanos, la Senadora se refirió al certificado laboral para la Agroexportación, que pretende beneficiar a 200 mil personas trabajadoras agrícolas, un hecho sin precedentes en la dignificación del trabajo en el campo, garantizando que las personas trabajadoras agrícolas que participan en la producción de bienes destinados a la exportación, cuenten con empleo formal, Seguridad Social y condiciones laborales dignas.
En este tema, Olga Sosa Ruíz dijo que la iniciativa busca erradicar la informalidad laboral en la agro exportación, garantizando trabajo digno y consolidando un modelo de desarrollo con justicia social, refiriendo que en México más de 2.5 millones de personas trabajadoras agrícolas, laboran en condiciones de informalidad y alrededor de 200 mil forman parte del sector agro exportador, uno de los motores económicos del país.
En esta realidad histórica se plantea el certificado laboral para la agroexportación, un proyecto pendiente por presentar que se inscribe plenamente en los principios del segundo piso en la cuarta transformación, y en el que la Senadora ha expresado su coincidencia con esta visión, considerando que no puede haber crecimiento económico, sin justicia social.
Este proyecto se sustenta en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, específicamente en el artículo 40, fracción 1, que faculta a la Secretaría del trabajo y previsión social para emitir certificaciones laborales, y plantea una reforma a la Ley Federal del Trabajo, mediante la adición del artículo 283 Quáter, para crear formalmente el certificado laboral, estableciendo criterios claros de cumplimiento laboral y la Seguridad Social para los empleados agro exportadores.