En su reciente declaración, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, destacó la atipicidad de un evento que involucró a 31 migrantes en la franja fronteriza de Tamaulipas. Más allá de la cifra, la condena de cualquier acto de secuestro es totalmente innegable.
La sorpresa y desconcierto ante la falta de tacto de la funcionaria federal resuenan tanto en la comunidad tamaulipeca como en el ámbito nacional.
Reflexionar sobre la seguridad en Tamaulipas implica reconocer que la peligrosidad para los migrantes en la región es lamentablemente común.
El secuestro, ya sea de una persona o de 31, es condenable, pero la realidad de la región sugiere que lo atípico sería un tránsito seguro para los migrantes, libre de amenazas de grupos delincuenciales.
La falta de resiliencia por parte del gobierno federal queda evidente en la descoordinación que permea hasta la administración estatal. La confusión se traslada incluso a la federación, donde la ambigüedad entre liberación y rescate genera interrogantes sobre la efectividad de las acciones gubernamentales.
Ante la tibieza de las autoridades estatales, la federación se ve obligada a enmendar la plana, especialmente en un contexto crucial de cara al proceso electoral.
La incertidumbre persiste: ¿realmente se puede afirmar que todos los migrantes fueron entregados «sanos y salvos»? La privación de libertad y la falta de claridad sobre el futuro de los plagiados plantean interrogantes sobre posibles secuelas y traumas.
A corto plazo, la atención se dirige al juicio ciudadano en México y a la opinión pública internacional. El desafío para las autoridades es garantizar la seguridad de los migrantes y abordar de manera efectiva los retos que plantea la región de Tamaulipas en materia migratoria.
El envío de más efectivos militares y elementos de otras corporaciones hasta el momento no es garantía de un cambio en la situación por la que atraviesa la entidad tamaulipeca.
