En el inicio del año, Tamaulipas se encuentra ante la posibilidad de registrar una serie de amparos debido a la aprobación de nuevos impuestos por parte de la administración del gobernador morenista, Américo Villarreal Anaya.
Se esperaría que las decisiones tributarias se tomen considerando la actual situación económica, social y política, por la que atraviesa el país y el estado, el aumento del impuesto al hospedaje y la introducción del impuesto ‘verde’ han generado molestias entre diversos sectores empresarial medio y alto.
La opacidad en la gestión del impuesto al hospedaje genera descontento en la iniciativa privada. Se sostiene que funcionarios gubernamentales, a través de un fideicomiso sin acceso abierto, manejan este impuesto, sin la participación activa de los empresarios del sector. La destinación de estos fondos a seguridad en 2024, sin consulta previa, ha generado rechazo, especialmente porque en ningún otro estado del país este impuesto se utiliza para este fin.
El impuesto al hospedaje experimentará un incremento del 50 por ciento en 2024, pasando del 2 al 3 por ciento, a pesar de que la propuesta inicial era del 3.5 por ciento. Además, el impuesto ‘verde’ gravará con 882 pesos por cada tonelada de gases de efecto invernadero (GEI).
Es altamente probable su impacto especialmente a tortillerías y panaderías, cuyas operaciones se basan en combustibles fósiles, enfrentando costos significativos.
Todo parece indicar que los responsables de estructurar los nuevos impuestos optaron por quedar bien con el ejecutivo estatal y no visualizaron las consecuencias económicas.
En lo que va del sexenio federal y estatal han repetido “no son iguales”, en clara alusión a otros partidos, pero en el caso del “impuesto verde”, ya había sido intentado ser aplicado por el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, el cual fue suspendido ante la promoción de amparos.
En lo que sí difieren es que el nuevo gravamen es más agresivo que el del pasado gobierno estatal panista.
Se revela una clara falta de comunicación y colaboración entre el gobierno y la iniciativa privada en Tamaulipas. La aplicación de impuestos sin la participación de los afectados plantea preguntas sobre el interés de abordar de manera justa las necesidades fiscales de la región.
En pleno año electoral parece que alguien en Tamaulipas no hizo los adecuados cálculos fiscales y políticos.
